Muchas voces, desde posiciones nacionalistas, acusan al Gobierno español de incumplir los plazos fijados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin duda, el Gobierno podía haber sido más diligente en esta materia (y en muchas otras). Pero esta acusación se basa en contemplar el Estatuto de forma aislada, sin tomar en consideración el contexto.
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081225/53606149724.html
Lo primero que hay que recordar es que el artículo 157.3 de la Constitución (que sigue vigente y tiene rango superior al Estatuto) dispone que Mediante ley orgánica podrá regulares el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Este precepto prevé, claramente, una norma general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común, al servicio de los principios que, en esta materia, sienta el artículo 156.1 de la propia Constitución: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Ello implica, necesariamente, una negociación multilateral, aun cuando de la misma pudiera resultar un régimen financiero para Cataluña distinto de los vigentes en las restantes Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista jurídico, cabría este régimen distinto; desde la perspectiva política, ya es otro cantar. Cualquier diferencia será vista por las restantes Comunidades como un privilegio para Cataluña y, en consecuencia, todas se opondrán frontalmente. De forma que, políticamente, la bilateralidad es una fantasía.
En cuanto al incumplimiento de los plazos, habría que matizar una cosa: ¿cree alguien que si el Gobierno hubiese planteado, dentro del plazo estatutario, un acuerdo inaceptable para la Generalitat, ésta se hubiese sentido obligada a aceptarlo para respetar el plazo? Es evidente que no. ¿Qué ocurre, pues? ¿Dejaría el plazo de tener carácter vinculante en ese caso, o el carácter obligatorio se refiere sólo al Gobierno estatal, no a la Generalitat?
La respuesta, en cualquier caso, es que ese plazo no es más que una declaración de intenciones, que hubiera debido omitirse en la redacción del Estatuto. Se trata de un calendario político (estoy tentado de decir que carente de ningún valor) que no debió publicarse en los diarios oficiales, sino en la prensa común. Y, si alguien tiene dudas, baste una pregunta: ¿qué sanción establece la norma -el Estatuto- para el caso de incumplimiento?
viernes, 26 de diciembre de 2008
jueves, 25 de diciembre de 2008
Sanciones a jueces
Un lector pide que le expliquen el desequilibrio entre las sanciones impuestas al juez que no ejecutó una sentencia firme por pederastia (la situación de libertad permitió al condenado asesinar a una niña) y al que ralentizó el trámite de una adopción porque la adoptante era la novia de la madre del menor.(http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081225/53605803840.html
No se si tengo humor y sentido común suficientes, pero voy a intentar explicárselo.
El juez que tramitaba la adopción incumplió las normas procesales consciente y voluntariamente, por su opción ideológica contraria a la homosexualidad. Con ello, infringió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohibe establecer diferencias por razón de opción sexual. Evidentemente, tratándose de un juez, no cabe alegar ignorancia, por lo que su responsabilidad es plena.
El juez Tirado no se negó a ejecutar la sentencia. Simplemente, por la carga de trabajo de su juzgado y la desorganización del mismo, perdió de vista que tenía esa ejecución pendiente. Su falta puede calificarse como negligencia.
En Derecho, el incumplimiento voluntario de una norma, lo que se denomina "dolo" se considera más grave que la imprudencia o negligencia, lo que se conoce como "culpa". Ahí puede estar la razón técnica de la diferencia entre ambas sanciones. No olvidemos que la muerte de la pequeña Mari Luz no se puede imputar al juez Tirado, sino que es responsabilidad exclusiva del asesino.
Ahora bien, hay muchos otros elementos a considerar. Por una parte, ¿es justa la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales a efectos de adopción? Un sector importante de la sociedad no lo cree así. Quizá, si tuviesen el poder, cambiarían la Ley, haciendo lícita la conducta del juez al que se impuso la sanción más grave.
Otro aspecto importante es la desigualdad entre las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria del juzgado, por la misma infracción, la falta de ejecución de la sentencia.
Pero, sobre todo, la postura de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se explica por otro factor. La sobrecarga de trabajo de los juzgados, los frecuentes cambios de titular, la insuficiente informatización, la falta de conexión electrónica entre los distintos juzgados y entre éstos, la Policía y la Administración penitenciaria figuran entre las causas de la falta de ejecución de la sentencia contra el pederasta. Estas carencias se deben a los políticos que rigen y han regido el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los que han propuesto y aprobado los presupuestos que no han permitido modernizar la Administración de Justicia y hacerla eficaz y más justa.
Estos políticos son los que ahora, al ponerse de manifiesto su mala gestión, quieren imputar las culpas exclusivamente al juez y a la secretaria, para que nadie hable de ellos. Que pague el más débil, en definitiva, que haya un chivo expiatorio. A ésto se oponen los miembros del CGPJ.
Desde esta perspectiva, quizá la sanción al juez Tirado sea justa; quizá, incluso, excesiva en comparación con la nula sanción impuesta a los políticos coautores de la falta. Y, en los presupuestos para 2009, no se proveen fondos para la imprescindible reforma de la justicia: los políticos insisten en hacer posibles situaciones como la que comentamos. En términos jurídicos, un auténtico delito continuado.
No se si tengo humor y sentido común suficientes, pero voy a intentar explicárselo.
El juez que tramitaba la adopción incumplió las normas procesales consciente y voluntariamente, por su opción ideológica contraria a la homosexualidad. Con ello, infringió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohibe establecer diferencias por razón de opción sexual. Evidentemente, tratándose de un juez, no cabe alegar ignorancia, por lo que su responsabilidad es plena.
El juez Tirado no se negó a ejecutar la sentencia. Simplemente, por la carga de trabajo de su juzgado y la desorganización del mismo, perdió de vista que tenía esa ejecución pendiente. Su falta puede calificarse como negligencia.
En Derecho, el incumplimiento voluntario de una norma, lo que se denomina "dolo" se considera más grave que la imprudencia o negligencia, lo que se conoce como "culpa". Ahí puede estar la razón técnica de la diferencia entre ambas sanciones. No olvidemos que la muerte de la pequeña Mari Luz no se puede imputar al juez Tirado, sino que es responsabilidad exclusiva del asesino.
Ahora bien, hay muchos otros elementos a considerar. Por una parte, ¿es justa la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales a efectos de adopción? Un sector importante de la sociedad no lo cree así. Quizá, si tuviesen el poder, cambiarían la Ley, haciendo lícita la conducta del juez al que se impuso la sanción más grave.
Otro aspecto importante es la desigualdad entre las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria del juzgado, por la misma infracción, la falta de ejecución de la sentencia.
Pero, sobre todo, la postura de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se explica por otro factor. La sobrecarga de trabajo de los juzgados, los frecuentes cambios de titular, la insuficiente informatización, la falta de conexión electrónica entre los distintos juzgados y entre éstos, la Policía y la Administración penitenciaria figuran entre las causas de la falta de ejecución de la sentencia contra el pederasta. Estas carencias se deben a los políticos que rigen y han regido el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los que han propuesto y aprobado los presupuestos que no han permitido modernizar la Administración de Justicia y hacerla eficaz y más justa.
Estos políticos son los que ahora, al ponerse de manifiesto su mala gestión, quieren imputar las culpas exclusivamente al juez y a la secretaria, para que nadie hable de ellos. Que pague el más débil, en definitiva, que haya un chivo expiatorio. A ésto se oponen los miembros del CGPJ.
Desde esta perspectiva, quizá la sanción al juez Tirado sea justa; quizá, incluso, excesiva en comparación con la nula sanción impuesta a los políticos coautores de la falta. Y, en los presupuestos para 2009, no se proveen fondos para la imprescindible reforma de la justicia: los políticos insisten en hacer posibles situaciones como la que comentamos. En términos jurídicos, un auténtico delito continuado.
martes, 23 de diciembre de 2008
Elegidos de Dios
Ciertamente, Ángel Sanz Briz, al que dedica un artículo Pilar Rahola en La Vanguardia de hoy, 23 de diciembre ("Anejo a la legación española", http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20081223/53604538404/anejo-a-la-legacion-espanyola.html) merece el reconocimiento de toda la gente decente y el agradecimiento de los judíos y del Estado de Israel, por las vidas que salvó de la barbarie nazi. Pero el título de "Justo entre las naciones" que le concedió Israel parece inadecuado. Se trata de un héroe, sin duda, pero no de un semidios.
Lo que ocurre es que los judíos siguen considerándose el pueblo elegido de Dios y, por tanto, ven el servicio que se les presta como un servicio prestado al creador, y su agradecimiento como la expresión del agradecimiento divino. De ahí un título con resonancias mesiánicas.
De igual manera, es perfectamente natural y humano el agradecimiento de los obispos, sacerdotes y religiosos a Franco y a sus tropas, que les libraron de ser víctimas de la ira popular (a raíz de la sublevación, que apoyaron pero no protagonizaron, pero también antes, recuérdese la semana trágica) y les convirtieron en parte respetada del establishment.
Pero el trato que la Iglesia española dio a Franco no fue el simple agradecimiento de los miembros de su clero, sino el de salvador de la fe, de instrumento de la voluntad divina, de elegido del Señor. No supieron, o no quisieron, separar sus deseos humanos de los designios divinos y, por tanto, pusieron a Dios al lado de Franco, para lo bueno y para lo malo, como protector y cómplice, también de lo más oscuro de la dictadura. En definitiva, instrumentalizaron a Dios, al ponerlo al servicio de su agradecimiento, de su bienestar y de su poder, en lugar de someterse ellos a Su voluntad.
Quizá aún puedan recapacitar y recuperar la humildad. Recordar que la Iglesia triunfante, en buena teología, no es la que gobierna la tierra, sino la que goza de la presencia divina, en el cielo.
Lo que ocurre es que los judíos siguen considerándose el pueblo elegido de Dios y, por tanto, ven el servicio que se les presta como un servicio prestado al creador, y su agradecimiento como la expresión del agradecimiento divino. De ahí un título con resonancias mesiánicas.
De igual manera, es perfectamente natural y humano el agradecimiento de los obispos, sacerdotes y religiosos a Franco y a sus tropas, que les libraron de ser víctimas de la ira popular (a raíz de la sublevación, que apoyaron pero no protagonizaron, pero también antes, recuérdese la semana trágica) y les convirtieron en parte respetada del establishment.
Pero el trato que la Iglesia española dio a Franco no fue el simple agradecimiento de los miembros de su clero, sino el de salvador de la fe, de instrumento de la voluntad divina, de elegido del Señor. No supieron, o no quisieron, separar sus deseos humanos de los designios divinos y, por tanto, pusieron a Dios al lado de Franco, para lo bueno y para lo malo, como protector y cómplice, también de lo más oscuro de la dictadura. En definitiva, instrumentalizaron a Dios, al ponerlo al servicio de su agradecimiento, de su bienestar y de su poder, en lugar de someterse ellos a Su voluntad.
Quizá aún puedan recapacitar y recuperar la humildad. Recordar que la Iglesia triunfante, en buena teología, no es la que gobierna la tierra, sino la que goza de la presencia divina, en el cielo.
sábado, 20 de diciembre de 2008
Inmigración
El pacto firmado por los políticos catalanes para la acogida e integración de los inmigrantes (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081219/53602549242/firmado-el-pacte-nacional-per-a-la-immigracio-que-establece-el-catalan-como-lengua-de-acogida-ciu-ge.html) ha establecido que el catalán será la lengua de acogida. Se supone que será la lengua que se enseñe a los inmigrantes y se prevé que, para acreditar su arraigo, habrán de probar que la dominan o que la están aprendiendo.
Integrar, en este contexto, significa "pasar a formar parte de" una determinada sociedad. Lo que ocurre es que la sociedad en que los firmantes del pacto pretenden que se integren los inmigrantes no existe. La sociedad exclusivamente catalanoparlante que proponen los nacionalistas dejó de existir hace muchos años (antes de 1714, de hecho) y el proyecto nacionalista consiste, precisamente, en crear esa sociedad.
Por tanto, este pacto por la integración, en realidad, en vez de atender a las necesidades de los inmigrantes y velar por la paz social, lo que busca es utilizar a los recién llegados como peones en un proyecto político que les resulta ajeno y que, en definitiva, pretende conservar la supremacía de los "catalanes de toda la vida" sobre los que, en su día, fueron inmigrantes y hoy son, aunque la palabra sea políticamente incorrecta, "charnegos".
Lo que pretenden es que los inmigrantes de última generación se unan a los catalanes de toda la vida para obligar a los charnegos a cambiar de lengua y de sentimiento, a renunciar a sus raíces españolas a fin de formar la sociedad que pretende el nacionalismo. Y el charnego Montilla se atreve a decir que lo que busca es que Cataluña sea un solo país: sí, un solo país en que los inmigrantes del siglo XX no tengan voz ni representación política, una ficción al gusto de los que siempre han mandado y pretenden seguir en el poder.
Integrar, en este contexto, significa "pasar a formar parte de" una determinada sociedad. Lo que ocurre es que la sociedad en que los firmantes del pacto pretenden que se integren los inmigrantes no existe. La sociedad exclusivamente catalanoparlante que proponen los nacionalistas dejó de existir hace muchos años (antes de 1714, de hecho) y el proyecto nacionalista consiste, precisamente, en crear esa sociedad.
Por tanto, este pacto por la integración, en realidad, en vez de atender a las necesidades de los inmigrantes y velar por la paz social, lo que busca es utilizar a los recién llegados como peones en un proyecto político que les resulta ajeno y que, en definitiva, pretende conservar la supremacía de los "catalanes de toda la vida" sobre los que, en su día, fueron inmigrantes y hoy son, aunque la palabra sea políticamente incorrecta, "charnegos".
Lo que pretenden es que los inmigrantes de última generación se unan a los catalanes de toda la vida para obligar a los charnegos a cambiar de lengua y de sentimiento, a renunciar a sus raíces españolas a fin de formar la sociedad que pretende el nacionalismo. Y el charnego Montilla se atreve a decir que lo que busca es que Cataluña sea un solo país: sí, un solo país en que los inmigrantes del siglo XX no tengan voz ni representación política, una ficción al gusto de los que siempre han mandado y pretenden seguir en el poder.
jueves, 18 de diciembre de 2008
Saura
Ahora, la convocatoria de los jefes de los Mossos y de los bomberos de la Generalitat a un acto político del conseller Saura es un escándalo (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081218/53602188615/icv-asegura-que-los-mossos-ya-asistian-a-actos-de-interioren-la-epoca-de-tura-y-pujol-jaume-bosch-jo.html). Pero se ha repetido muchas veces, con el beneplácito de los que ahora se rasgan las vestiduras que la Administración es una herramienta fundamental en la construcción nacional de Catalunya.
Para los nacionalistas, la Administración es una herramienta política al servicio de su ideología. Nada tiene de extraño que Saura, un nacionalista en sentido amplio (cree en la Nación catalana, aunque no pertenezca a CiU), adapte el principio a su propia visión: los funcionarios de la Generalitat o, al menos, de su Departamento, no sólo han de ser nacionalistas, sino también izquierdistas y ecologistas. Para éso trabajan en su Departamento.
Los políticos de hoy no tienen en cuenta para nada el interés común. El poder sirve para sus intereses particulares, el principal de los cuales es perpetuarse en el mismo poder. Ésa es la principal, si no única, función de la Administración. Los ciudadanos podemos...pagar impuestos.
Para los nacionalistas, la Administración es una herramienta política al servicio de su ideología. Nada tiene de extraño que Saura, un nacionalista en sentido amplio (cree en la Nación catalana, aunque no pertenezca a CiU), adapte el principio a su propia visión: los funcionarios de la Generalitat o, al menos, de su Departamento, no sólo han de ser nacionalistas, sino también izquierdistas y ecologistas. Para éso trabajan en su Departamento.
Los políticos de hoy no tienen en cuenta para nada el interés común. El poder sirve para sus intereses particulares, el principal de los cuales es perpetuarse en el mismo poder. Ésa es la principal, si no única, función de la Administración. Los ciudadanos podemos...pagar impuestos.
sábado, 13 de diciembre de 2008
Catalanismo
Un grupo de socios del Ateneu protesta por el acto celebrado en la sede de dicha entidad por el partido que lidera Rosa Díez (http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081212/53597420198.html). Afirman estar a favor de la pluralidad, de la libertad de expresión, pero niegan que unas determinadas ideas, las de ese partido, puedan expresarse.
En particular, señalan que resulta inaceptable negar que Cataluña sea una nación. No se dan cuenta de que, en definitiva, rechazan una ideología idéntica a la suya, pero basada en un objeto o, mejor, un sentimiento diferente al suyo.
En efecto, si en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43 % de castellanoparlantes y un 9 % de hablantes de otras lenguas (página web de la Generalitat), resulta imposible sostener objetivamente que sea una nación. No existe el grado de identidad interna y diversidad hacia el exterior que ese concepto, ciertamente difícil de definir, exige. En consecuencia, afirmar que Cataluña es una nación es expresar algo subjetivo, un sentimiento. Por tanto, lo que niegan es que alguien pueda no compartir su sentimiento.
Pero, si el nacionalismo catalán es un movimiento político, su objetivo sólo puede ser convertir Cataluña en una nación: crear esa identidad interna y esa diferencia hacia el exterior mediante la generalización del hecho diferencial es el proyecto nacionalista.
Lo que rechazan es, pues, que pueda haber otro proyecto diferente al suyo, pero tan legítimo a priori como el suyo: Cataluña sólo puede ser como ellos la desean. No, por tanto, como decidan los ciudadanos de Cataluña. Que, seguramente, no será como quisiera Rosa Díez, pero tampoco como pretenden los socios del Ateneu.
En particular, señalan que resulta inaceptable negar que Cataluña sea una nación. No se dan cuenta de que, en definitiva, rechazan una ideología idéntica a la suya, pero basada en un objeto o, mejor, un sentimiento diferente al suyo.
En efecto, si en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43 % de castellanoparlantes y un 9 % de hablantes de otras lenguas (página web de la Generalitat), resulta imposible sostener objetivamente que sea una nación. No existe el grado de identidad interna y diversidad hacia el exterior que ese concepto, ciertamente difícil de definir, exige. En consecuencia, afirmar que Cataluña es una nación es expresar algo subjetivo, un sentimiento. Por tanto, lo que niegan es que alguien pueda no compartir su sentimiento.
Pero, si el nacionalismo catalán es un movimiento político, su objetivo sólo puede ser convertir Cataluña en una nación: crear esa identidad interna y esa diferencia hacia el exterior mediante la generalización del hecho diferencial es el proyecto nacionalista.
Lo que rechazan es, pues, que pueda haber otro proyecto diferente al suyo, pero tan legítimo a priori como el suyo: Cataluña sólo puede ser como ellos la desean. No, por tanto, como decidan los ciudadanos de Cataluña. Que, seguramente, no será como quisiera Rosa Díez, pero tampoco como pretenden los socios del Ateneu.
miércoles, 26 de noviembre de 2008
El crucifijo
Pilar Rahola, en La Vanguardia de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2008 (El crucifijo, http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081126/53585993127/el-crucifijo.html) pone en duda la importancia de ese crucifijo que una sentencia judicial ha ordenado retirar de un aula de una escuela pública de Valladolid. Acabe diciendo que si el problema de la educación en España es un crucifijo, estamos salvados.
La presencia de un crucifijo en un aula indica que la educación que en ella se imparte se ajusta a los criterios de la religión cristiana, ampliamente mayoritaria en nuestro país, aun hoy en día (al menos en comparación con otras confesiones). Por supuesto, cada cual puede tener la opinión que desee sobre el catolicismo, pero, en principio, nada hay que objetar a una religión y una ideología ampliamente aceptadas y que tienen tanto peso en nuestra sociedad (los ateos españoles no creen en el Dios cristiano; los anticlericales abominan del clero católico, etc.).
Ahora bien, ¿a quién corresponde decidir si el crucifijo ha de presidir el aula o estar ausente de ella? ¿A quién corresponde decidir cuál ha de ser el sesgo ideológico de la enseñanza que se imparte? ¿A quién corresponde elegir los fines de la educación pública y los medios de la misma?
La Sra. Rahola viene a decir que no tiene importancia que el crucifijo siga en la escuela, ya que hace siglos que está en ella. Pero esa solución conduce a evitar la opción, la decisión. Que la escuela siga produciendo carne de cañón, pues tradicionalmente así lo ha hecho. Que constituya un aparcamiento de niños y jóvenes. Que se limite a formar candidatos a empleos basura, que es lo que hace.
Tal vez sea mejor poner en cuestión el crucifijo y todos los aspectos de nuestro sistema educativo. Que se mantenga el crucifijo en buena hora si, quienes han de decidir, así lo eligen. Pero que se discutan las opciones y sus consecuencias, y se elija responsablemente. ¿Quién? Gobiernos, educadores, padres e, incluso, los alumnos. Todo menos mantener el desastre porque siempre ha sido así.
La presencia de un crucifijo en un aula indica que la educación que en ella se imparte se ajusta a los criterios de la religión cristiana, ampliamente mayoritaria en nuestro país, aun hoy en día (al menos en comparación con otras confesiones). Por supuesto, cada cual puede tener la opinión que desee sobre el catolicismo, pero, en principio, nada hay que objetar a una religión y una ideología ampliamente aceptadas y que tienen tanto peso en nuestra sociedad (los ateos españoles no creen en el Dios cristiano; los anticlericales abominan del clero católico, etc.).
Ahora bien, ¿a quién corresponde decidir si el crucifijo ha de presidir el aula o estar ausente de ella? ¿A quién corresponde decidir cuál ha de ser el sesgo ideológico de la enseñanza que se imparte? ¿A quién corresponde elegir los fines de la educación pública y los medios de la misma?
La Sra. Rahola viene a decir que no tiene importancia que el crucifijo siga en la escuela, ya que hace siglos que está en ella. Pero esa solución conduce a evitar la opción, la decisión. Que la escuela siga produciendo carne de cañón, pues tradicionalmente así lo ha hecho. Que constituya un aparcamiento de niños y jóvenes. Que se limite a formar candidatos a empleos basura, que es lo que hace.
Tal vez sea mejor poner en cuestión el crucifijo y todos los aspectos de nuestro sistema educativo. Que se mantenga el crucifijo en buena hora si, quienes han de decidir, así lo eligen. Pero que se discutan las opciones y sus consecuencias, y se elija responsablemente. ¿Quién? Gobiernos, educadores, padres e, incluso, los alumnos. Todo menos mantener el desastre porque siempre ha sido así.
martes, 25 de noviembre de 2008
Maltrato
Hoy se celebra el día contra el maltrato y casi me apetece ponerme de parte de los maltratadores. No tengo pareja y, precisamente por éso me siento agredido: la literatura políticamente correcta acerca de la violencia de género nos considera a los varones prácticamente unos meros sospechosos de maltrato, unos maltratadores en potencia. Parece que quieran que nos avergoncemos de lo que no hacemos, simplemente porque otros lo hacen y, por tanto, nosotros podríamos hacerlo.
Que quede claro: la mujer maltratada no es culpable del maltrato. El maltratador es responsable de sus actos, no una víctima de la malvada sociedad.
Ahora bien, el maltratador actúa así porque no sabe superar de una manera mínimamente decente una situación que no comprende y le supera; corregir este problema ayudará a evitar el maltrato.
El hombre, hoy, se encuentra con que sus valores, aquellos en los que ha sido educado, no cuentan. Cumplir la principal obligación que nos han inculcado a los hombres, ser un buen proveedor, no tiene ningún valor. Sólo cuentan los valores femeninos: la empatía, la sensibilidad, el detallismo...aquéllo de que carecemos los varones, aquéllo que nadie nos ha enseñado. El hombre que ha aprendido que debe mantener a su familia y protegerla es casi ridículo. Y, claro, si ve negados y despreciados los valores sobre los que asienta su vida, no sabe cómo reaccionar. Y reacciona mal.
Otra cosa, sólo una pregunta: la mujer tiene, según dicen, mucha más habilidad verbal que el varón. ¿No se verá éste acorralado en una discusión y, por tanto, impelido a llevar esa discusión al terreno que le es más propicio, la fuerza física? La mujer tiene, además, un tono de voz agudo, estridente cuando se enfada, que fácilmente saca de quicio a un hombre que ya está nervioso.
Insisto: no pretendo explicar y menos justificar el maltrato. Sólo apuntar elementos que pueden influir en este comportamiento inaceptable. Piénsenlo.
Que quede claro: la mujer maltratada no es culpable del maltrato. El maltratador es responsable de sus actos, no una víctima de la malvada sociedad.
Ahora bien, el maltratador actúa así porque no sabe superar de una manera mínimamente decente una situación que no comprende y le supera; corregir este problema ayudará a evitar el maltrato.
El hombre, hoy, se encuentra con que sus valores, aquellos en los que ha sido educado, no cuentan. Cumplir la principal obligación que nos han inculcado a los hombres, ser un buen proveedor, no tiene ningún valor. Sólo cuentan los valores femeninos: la empatía, la sensibilidad, el detallismo...aquéllo de que carecemos los varones, aquéllo que nadie nos ha enseñado. El hombre que ha aprendido que debe mantener a su familia y protegerla es casi ridículo. Y, claro, si ve negados y despreciados los valores sobre los que asienta su vida, no sabe cómo reaccionar. Y reacciona mal.
Otra cosa, sólo una pregunta: la mujer tiene, según dicen, mucha más habilidad verbal que el varón. ¿No se verá éste acorralado en una discusión y, por tanto, impelido a llevar esa discusión al terreno que le es más propicio, la fuerza física? La mujer tiene, además, un tono de voz agudo, estridente cuando se enfada, que fácilmente saca de quicio a un hombre que ya está nervioso.
Insisto: no pretendo explicar y menos justificar el maltrato. Sólo apuntar elementos que pueden influir en este comportamiento inaceptable. Piénsenlo.
domingo, 23 de noviembre de 2008
Fosas silenciadas
Un lector de La Vanguardia, del sábado 22 de noviembre de 2008, bajo el título "Fosas silenciadas"(http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081122/53584632661.html), afirma que La democracia está cimentada sobre las fosas de la gente que luchó por la verdadera democracia que otros personajes que descansan en panteones les quitaron.
Lo siento, pero éso no es cierto; no todos lucharon por la democracia. Los marxistas, socialistas y comunistas, lucharon para implantar la dictadura del proletariado. Los anarquistas, que veneraban como valor máximo la libertad, destacaron por su violencia contra sus adversarios, negándoles las garantías democráticas: la seguridad jurídica, un juicio con posibilidad de defensa... Los nacionalistas catalanes se habían sublevado en 1934 contra el Gobierno legítimo de la República, elegido democráticamente, junto con los mineros asturianos, de obediencia marxista. Lucharon contra el fascismo, pero no necesariamente por la democracia.
Ni que decir tiene que ello no convierte a los franquistas en demócratas ni justifica la rebelión de julio de 1936. Pero a la República democrática configurada por la Constitución de 1931 no la apoyaban ni la derecha ni la izquierda, ambas empeñadas en imponer por la fuerza sus respectivos modelos ideológicos. La apoyaban tan sólo los partidos radicales, republicanos, minoritarios numéricamente, y ahí estuvo el gran problema de la República: las posiciones estaban tan polarizadas que casi nadie apoyaba la única opción que, por su carácter centrado, podía haber equilibrado la situación, podía haber sido viable.
Las conclusiones, a mi juicio son dos: recordemos a todos los muertos, pero no les hagamos defender lo que en vida no defendieron; y aprendamos todos a ceder para no caer de nuevo en la tragedia de la guerra civil.
Lo siento, pero éso no es cierto; no todos lucharon por la democracia. Los marxistas, socialistas y comunistas, lucharon para implantar la dictadura del proletariado. Los anarquistas, que veneraban como valor máximo la libertad, destacaron por su violencia contra sus adversarios, negándoles las garantías democráticas: la seguridad jurídica, un juicio con posibilidad de defensa... Los nacionalistas catalanes se habían sublevado en 1934 contra el Gobierno legítimo de la República, elegido democráticamente, junto con los mineros asturianos, de obediencia marxista. Lucharon contra el fascismo, pero no necesariamente por la democracia.
Ni que decir tiene que ello no convierte a los franquistas en demócratas ni justifica la rebelión de julio de 1936. Pero a la República democrática configurada por la Constitución de 1931 no la apoyaban ni la derecha ni la izquierda, ambas empeñadas en imponer por la fuerza sus respectivos modelos ideológicos. La apoyaban tan sólo los partidos radicales, republicanos, minoritarios numéricamente, y ahí estuvo el gran problema de la República: las posiciones estaban tan polarizadas que casi nadie apoyaba la única opción que, por su carácter centrado, podía haber equilibrado la situación, podía haber sido viable.
Las conclusiones, a mi juicio son dos: recordemos a todos los muertos, pero no les hagamos defender lo que en vida no defendieron; y aprendamos todos a ceder para no caer de nuevo en la tragedia de la guerra civil.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Balanzas
PATXO UNZUETA EL PAÍS 21/11/2008
Lo que importa (y exporta)
PATXO UNZUETA 21/11/2008
Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.
Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.
Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.
Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.
Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.
Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.
El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.
Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.
Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".
El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.
Cabe añadir que el Impuesto sobre el Valor Añadido de las ventas de las empresas catalanas en el resto de España (en España, para los nacionalistas) lo soportan los compradores, aunque lo ingresen las empresas. En consecuencia, si no se corrige al elaborar las balanzas fiscales, se imputa a Cataluña una aportación tributaria que, en puridad, no le corresponde. Como la balanza comercial es positiva para Cataluña, el efecto neto incrementa su aportación a las arcas públicas.
Pero quizá es más importante comentar la afirmación del dirigente vasco que cita el artículo transcrito: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". ¿Lo puede creer de veras?
Si un empresario, vasco, catalán o de cualquier otra parte, puede vender en Luxemburgo o en China y no lo hace, incumple su función, es un mal empresario. A no ser, claro, que para competir haya de vender más barato y deje de ganar dinero. O que los costes de apertura de nuevos mercados o los riesgos de la aventura sean demasiado altos. O sea, que eso de que no les importa perder el mercado español, que sería una pérdida soportable, es un cuento chino. Si fuese tan sencillo, ya lo estarían haciendo.
¿Existe realmente el riesgo de que, en el supuesto de que Cataluña o Euskadi se independizasen, perdiesen el mercado español? Hay varios factores: por una parte, el orgullo herido de los españoles; por otra, la conversión de compras interiores en adquisiciones intracomunitarias (IVA no deducible, distintas jurisdicciones en caso de juicio) que equipararían las mercancías procedentes de Cataluña a las que tienen como origen Alemania, Grecia o Eslovaquia, con lo que la calidad y el precio serían factores más importantes que el origen o la costumbre.
Tal vez los nacionalistas, a diferencia de los radicales (y un poco somiatruites) de ERC, no quieren realmente la independencia. Pero se han embarcado en un proceso sin vuelta atrás. Si repiten que Cataluña no es España y que todos los males de la primera provienen de la segunda, no pueden justificar el rechazo a la independencia, si se presenta la ocasión. Si optan por la rauxa, tal vez cuando quieran recuperar el seny sea tarde. Para ellos y para todos.
Lo que importa (y exporta)
PATXO UNZUETA 21/11/2008
Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.
Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.
Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.
Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.
Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.
Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.
El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.
Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.
Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".
El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.
Cabe añadir que el Impuesto sobre el Valor Añadido de las ventas de las empresas catalanas en el resto de España (en España, para los nacionalistas) lo soportan los compradores, aunque lo ingresen las empresas. En consecuencia, si no se corrige al elaborar las balanzas fiscales, se imputa a Cataluña una aportación tributaria que, en puridad, no le corresponde. Como la balanza comercial es positiva para Cataluña, el efecto neto incrementa su aportación a las arcas públicas.
Pero quizá es más importante comentar la afirmación del dirigente vasco que cita el artículo transcrito: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". ¿Lo puede creer de veras?
Si un empresario, vasco, catalán o de cualquier otra parte, puede vender en Luxemburgo o en China y no lo hace, incumple su función, es un mal empresario. A no ser, claro, que para competir haya de vender más barato y deje de ganar dinero. O que los costes de apertura de nuevos mercados o los riesgos de la aventura sean demasiado altos. O sea, que eso de que no les importa perder el mercado español, que sería una pérdida soportable, es un cuento chino. Si fuese tan sencillo, ya lo estarían haciendo.
¿Existe realmente el riesgo de que, en el supuesto de que Cataluña o Euskadi se independizasen, perdiesen el mercado español? Hay varios factores: por una parte, el orgullo herido de los españoles; por otra, la conversión de compras interiores en adquisiciones intracomunitarias (IVA no deducible, distintas jurisdicciones en caso de juicio) que equipararían las mercancías procedentes de Cataluña a las que tienen como origen Alemania, Grecia o Eslovaquia, con lo que la calidad y el precio serían factores más importantes que el origen o la costumbre.
Tal vez los nacionalistas, a diferencia de los radicales (y un poco somiatruites) de ERC, no quieren realmente la independencia. Pero se han embarcado en un proceso sin vuelta atrás. Si repiten que Cataluña no es España y que todos los males de la primera provienen de la segunda, no pueden justificar el rechazo a la independencia, si se presenta la ocasión. Si optan por la rauxa, tal vez cuando quieran recuperar el seny sea tarde. Para ellos y para todos.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Código Penal
El Periódico de Catalunya. 19 de noviembre de 2008.
Código Penal y fracaso social
JOSEP-MARIA Terricabras
Los expertos afirman que el Código Penal español es de los más duros de Europa. Al Gobierno de Madrid no le parece suficiente y quiere que lo sea más. Hace poco anunció que desea endurecer las penas por delitos de terrorismo, asesinato y por graves delitos sexuales, como la violación. Además de hacer cumplir íntegras las penas --un máximo de 40 años en la cárcel es lo que marca la ley--, cuando se haya cumplido la condena todavía podrá continuar el control, durante otros 20 años, con vigilancia y brazaletes electrónicos.Sé perfectamente que este tipo de delitos son gravísimos. No es preciso hablar más de ello. Pero, ¿justifica eso este endurecimiento de penas? Estoy seguro de que no. Y que la iniciativa del Gobierno pueda gustar a mucha gente no es ningún argumento sobre su bondad. A muchos también les gustaría reintroducir la pena de muerte, pero eso no significa que fuese bueno hacerlo (la Constitución no lo permite). En realidad, si alguien que ya ha pasado 40 años en la cárcel, después permanece aún, por decirlo así, en libertad vigilada durante 20 años, ¿no se está introduciendo disimuladamente la cadena perpetua, excluida por la Constitución? El artículo 25.2 dice textualmente: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social".Claro que nadie puede creerse este artículo. La cárcel, que te desintegra de la sociedad, ¿cómo puede ayudar a integrarte en ella? No es preciso utilizar eufemismos: nuestras cárceles sirven básicamente para castigar. Pero, cuando imponemos más castigo, más cárcel y más control estamos reconociendo nuestro fracaso social y cultural, nuestra impotencia. Los cambios que hay que hacer son muy profundos e importantes. ¿Es que no vemos, por ejemplo, que con la actual legislación antiterrorista --contraria a los derechos humanos-- y con una sociedad sexualmente permisiva (películas, anuncios...), pero al mismo tiempo reprimida y llena de frustraciones personales (soledad, cánones de belleza, machismo...), estamos, en realidad, cultivando el terrorismo y los delitos sexuales?
Que me digan que la explotación del Tercer Mundo constituye una causa real del terrorismo, por ejemplo, islámico, lo puedo comprender. Pero que me digan que la legislación antiterrorista constituye una caus del terrorismo, en particular de ETA, pues de éso hablamos, no me cabe en la cabeza.
¿Quiere decir en serio el Sr. Terricabras que si Iñaki De Juana Chaos, en vez de ser condenado por sus muchos crímenes a unos, realmente pocos, años de cárcel, hubiese sido condenado a unas pocas semanas (o, ya puestos, condecorado) se habría evitado ni siquiera un atentado? O, simplemente, el Sr. Terricabras comulga con ETA y cree que darles la razón a los violentos evitaría más atentados.
Esto último es cierto: la independencia de Euskadi (o, mejor, de toda Euskal Herria) evitaría nuevos atentados en España. Claro, quizá los violentos, los nuevos gobernantes matarían a quienes no pensasen como ellos, pero éso sería un problema interno del nuevo Estado.
El Sr. Terricabras viene a decir que, en su opinión, España está oprimiendo a Euskadi y esa opresión es la causa del terrorismo de ETA. Resumiendo su argumento, las bombas las pone la Guardia Civil. Si un navajero atraca al Sr. Terricabras cuando vuelva a su casa, sin duda le comprenderá y apoyará, porque la culpa, en definitiva, es del Sr. Terricabras. ¿O sólo comprende a ETA porque él es también independentista?
En cuanto a la permisividad sexual, creo que también se equivoca. ¿A qué llama delitos sexuales? Si se refiere a la violencia machista, quizá las contradicciones de nuestra sociedad en materia sexual, la indefinición de los roles sexuales y la confusión y frustración que provocan tengan parte de culpa. Tal vez ello es válido para la violación; más difícilmente para la pederastia. Pero, precisamente, la sociedad va siendo menos permisiva con estas conductas, pese a la mayor libertad sexual. Basta con recordar los consejos de Doña Elena Francis a las mujeres obligadas a tener sexo con sus maridos pese a no desearlo o la comprensión de la sociedad con los curas pederastas.
Pero, ¿no es contradictorio exigir menos rigor en la legislación antiterrorista y una sociedad más rígida y puritana en materia sexual? Hay que actuar sobre las causas, cuando son reales y están claras, pero, cuando no basta, el Código Penal debe producir un saludable temor en quien piense en delinquir. Culpar a la sociedad queda muy progre, pero sólo tiene valor cuando uno mismo ha sido víctima del delito.
Código Penal y fracaso social
JOSEP-MARIA Terricabras
Los expertos afirman que el Código Penal español es de los más duros de Europa. Al Gobierno de Madrid no le parece suficiente y quiere que lo sea más. Hace poco anunció que desea endurecer las penas por delitos de terrorismo, asesinato y por graves delitos sexuales, como la violación. Además de hacer cumplir íntegras las penas --un máximo de 40 años en la cárcel es lo que marca la ley--, cuando se haya cumplido la condena todavía podrá continuar el control, durante otros 20 años, con vigilancia y brazaletes electrónicos.Sé perfectamente que este tipo de delitos son gravísimos. No es preciso hablar más de ello. Pero, ¿justifica eso este endurecimiento de penas? Estoy seguro de que no. Y que la iniciativa del Gobierno pueda gustar a mucha gente no es ningún argumento sobre su bondad. A muchos también les gustaría reintroducir la pena de muerte, pero eso no significa que fuese bueno hacerlo (la Constitución no lo permite). En realidad, si alguien que ya ha pasado 40 años en la cárcel, después permanece aún, por decirlo así, en libertad vigilada durante 20 años, ¿no se está introduciendo disimuladamente la cadena perpetua, excluida por la Constitución? El artículo 25.2 dice textualmente: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social".Claro que nadie puede creerse este artículo. La cárcel, que te desintegra de la sociedad, ¿cómo puede ayudar a integrarte en ella? No es preciso utilizar eufemismos: nuestras cárceles sirven básicamente para castigar. Pero, cuando imponemos más castigo, más cárcel y más control estamos reconociendo nuestro fracaso social y cultural, nuestra impotencia. Los cambios que hay que hacer son muy profundos e importantes. ¿Es que no vemos, por ejemplo, que con la actual legislación antiterrorista --contraria a los derechos humanos-- y con una sociedad sexualmente permisiva (películas, anuncios...), pero al mismo tiempo reprimida y llena de frustraciones personales (soledad, cánones de belleza, machismo...), estamos, en realidad, cultivando el terrorismo y los delitos sexuales?
Que me digan que la explotación del Tercer Mundo constituye una causa real del terrorismo, por ejemplo, islámico, lo puedo comprender. Pero que me digan que la legislación antiterrorista constituye una caus del terrorismo, en particular de ETA, pues de éso hablamos, no me cabe en la cabeza.
¿Quiere decir en serio el Sr. Terricabras que si Iñaki De Juana Chaos, en vez de ser condenado por sus muchos crímenes a unos, realmente pocos, años de cárcel, hubiese sido condenado a unas pocas semanas (o, ya puestos, condecorado) se habría evitado ni siquiera un atentado? O, simplemente, el Sr. Terricabras comulga con ETA y cree que darles la razón a los violentos evitaría más atentados.
Esto último es cierto: la independencia de Euskadi (o, mejor, de toda Euskal Herria) evitaría nuevos atentados en España. Claro, quizá los violentos, los nuevos gobernantes matarían a quienes no pensasen como ellos, pero éso sería un problema interno del nuevo Estado.
El Sr. Terricabras viene a decir que, en su opinión, España está oprimiendo a Euskadi y esa opresión es la causa del terrorismo de ETA. Resumiendo su argumento, las bombas las pone la Guardia Civil. Si un navajero atraca al Sr. Terricabras cuando vuelva a su casa, sin duda le comprenderá y apoyará, porque la culpa, en definitiva, es del Sr. Terricabras. ¿O sólo comprende a ETA porque él es también independentista?
En cuanto a la permisividad sexual, creo que también se equivoca. ¿A qué llama delitos sexuales? Si se refiere a la violencia machista, quizá las contradicciones de nuestra sociedad en materia sexual, la indefinición de los roles sexuales y la confusión y frustración que provocan tengan parte de culpa. Tal vez ello es válido para la violación; más difícilmente para la pederastia. Pero, precisamente, la sociedad va siendo menos permisiva con estas conductas, pese a la mayor libertad sexual. Basta con recordar los consejos de Doña Elena Francis a las mujeres obligadas a tener sexo con sus maridos pese a no desearlo o la comprensión de la sociedad con los curas pederastas.
Pero, ¿no es contradictorio exigir menos rigor en la legislación antiterrorista y una sociedad más rígida y puritana en materia sexual? Hay que actuar sobre las causas, cuando son reales y están claras, pero, cuando no basta, el Código Penal debe producir un saludable temor en quien piense en delinquir. Culpar a la sociedad queda muy progre, pero sólo tiene valor cuando uno mismo ha sido víctima del delito.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Nacionalismo
En el "Magazine" de hoy, 9 de noviembre de 2008, Santi Santamaría dice que "...en el planeta Tierra todos somos más o menos nacionalistas, nos sentimos más o menos apegados a un territorio y a sus productos..."
Es cierto que todos, o la mayoría, nos sentimos apegados a un territorio, a unas costumbres, a un grupo con el que, más o menos, nos identificamos. Pero éso no es el nacionalismo, sino unos sentimientos, siempre personales, aunque más o menos compartidos por los que viven en la misma zona.
El nacionalismo es un proyecto político basado en esos sentimientos. Los que comparten, o creen compartir los sentimientos dirigidos al mismo país, a las mismas costumbres, los mismos valores, quieren imponerlos a todos los que comparten espacio físico con ellos. No conciben que se pueda vivir en esa zona y pensar y, sobre todo, sentir de otra manera. Por ello quieren erigir su manera de sentir y de vivir como la única válida en esa zona geográfica o, menos frecuentemente, en ese grupo social.
El concepto de nación no es otra cosa que el país ideal en que todos compartirían sus sentimientos, sus costumbres, su forma de ver y vivir la vida. Frecuentemente lo identifican con el país real, pero en otro momento, pues si existe realmente no hace falta el nacionalismo. El nacionalismo es el proyecto de construir en la realidad esa nación ideal y, como proyecto, no tiene sentido si ya existe realmente. Pero ese proyecto se presenta no como una alternativa, sino como una necesidad objetiva. Cualquier otra forma de convivencia constituye no un simple error, sino una traición a algo superior, que no es otra cosa que la nación, en definitiva, los sentimientos de los nacionalistas.
Por ello es posible tener sentimientos hacia el terruño, pero no ser nacionalista. Basta con presentar un proyecto de convivencia que no se base en ninguna entidad mítica, sino en simples ventajas, de forma que su aceptación sea una facultad de la población, no un deber ineludible hacia una quimera.
Es cierto que todos, o la mayoría, nos sentimos apegados a un territorio, a unas costumbres, a un grupo con el que, más o menos, nos identificamos. Pero éso no es el nacionalismo, sino unos sentimientos, siempre personales, aunque más o menos compartidos por los que viven en la misma zona.
El nacionalismo es un proyecto político basado en esos sentimientos. Los que comparten, o creen compartir los sentimientos dirigidos al mismo país, a las mismas costumbres, los mismos valores, quieren imponerlos a todos los que comparten espacio físico con ellos. No conciben que se pueda vivir en esa zona y pensar y, sobre todo, sentir de otra manera. Por ello quieren erigir su manera de sentir y de vivir como la única válida en esa zona geográfica o, menos frecuentemente, en ese grupo social.
El concepto de nación no es otra cosa que el país ideal en que todos compartirían sus sentimientos, sus costumbres, su forma de ver y vivir la vida. Frecuentemente lo identifican con el país real, pero en otro momento, pues si existe realmente no hace falta el nacionalismo. El nacionalismo es el proyecto de construir en la realidad esa nación ideal y, como proyecto, no tiene sentido si ya existe realmente. Pero ese proyecto se presenta no como una alternativa, sino como una necesidad objetiva. Cualquier otra forma de convivencia constituye no un simple error, sino una traición a algo superior, que no es otra cosa que la nación, en definitiva, los sentimientos de los nacionalistas.
Por ello es posible tener sentimientos hacia el terruño, pero no ser nacionalista. Basta con presentar un proyecto de convivencia que no se base en ninguna entidad mítica, sino en simples ventajas, de forma que su aceptación sea una facultad de la población, no un deber ineludible hacia una quimera.
domingo, 2 de noviembre de 2008
Artur Mas
En la entrevista que hoy, domingo 2 de noviembre, publica La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081102/53572086314.html), Artur Mas formula una declaración espectacular: si el Tribunal Constitucional recorta el Estatut, habrá que convocar elecciones anticipadas o un referéndum.
Es decir, si el Tribunal recorta el Estatut que pactaron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Artur Mas, la culpa será del tripartito y, por tanto, habrá que convocar elecciones anticipadas para echarlo. Es normal que el Sr. Mas quiera echar al actual gobierno, pero el razonamiento que implícitamente esgrime es sumamente retorcido.
En cuanto al referéndum, no dice qué pregunta formularía. Tal vez, podría referirse a la aceptación del Estatut, tal como haya quedado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, si la respuesta del electorado es positiva, todo quedaría arreglado. Pero, ¿y si es negativa? ¿Qué pasaría entonces?
Una posibilidad sería volver al Estatut de 1979 y, si alguien considera que a Cataluña le conviene un nuevo Estatut, preparar una reforma meditada, jurídicamente correcta y consensuada políticamente, en lugar de una chapuza pensada sólo para ganar una ventaja partidista.
Pero, tal vez, lo que el Sr. Mas propone es, directamente, un referéndum de autodeterminación. No promover una modificación de la Constitución española que permita el Estatut que, hipotética pero muy verosímilmente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional en varios puntos, sino convocar un referéndum prohibido por la Constitución para forzar algo que ésta no permite si no es por la vía del Título X. Algo similar al famoso plan Ibarretxe, para entendernos.
Seamos serios. Si el Tribunal Constitucional declara que artículos o partes del Estatut son incompatibles con la Constitución procede, primero, analizar la sentencia y ver qué fundamento tiene. A partir de ahí, sin perjuicio de la crítica de la sentencia, a efectos puramente académicos, reconocer los errores cometidos en la elaboración del texto estatutario. Y, efectuado este análisis, que cada formación política decida el camino a seguir. Dentro de la Constitución, que es la garantía de que, aunque no nos guste lo que tenemos, no nos impongan algo peor.
Como dijo Curchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con exclusión de todos los demás.
Es decir, si el Tribunal recorta el Estatut que pactaron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Artur Mas, la culpa será del tripartito y, por tanto, habrá que convocar elecciones anticipadas para echarlo. Es normal que el Sr. Mas quiera echar al actual gobierno, pero el razonamiento que implícitamente esgrime es sumamente retorcido.
En cuanto al referéndum, no dice qué pregunta formularía. Tal vez, podría referirse a la aceptación del Estatut, tal como haya quedado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, si la respuesta del electorado es positiva, todo quedaría arreglado. Pero, ¿y si es negativa? ¿Qué pasaría entonces?
Una posibilidad sería volver al Estatut de 1979 y, si alguien considera que a Cataluña le conviene un nuevo Estatut, preparar una reforma meditada, jurídicamente correcta y consensuada políticamente, en lugar de una chapuza pensada sólo para ganar una ventaja partidista.
Pero, tal vez, lo que el Sr. Mas propone es, directamente, un referéndum de autodeterminación. No promover una modificación de la Constitución española que permita el Estatut que, hipotética pero muy verosímilmente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional en varios puntos, sino convocar un referéndum prohibido por la Constitución para forzar algo que ésta no permite si no es por la vía del Título X. Algo similar al famoso plan Ibarretxe, para entendernos.
Seamos serios. Si el Tribunal Constitucional declara que artículos o partes del Estatut son incompatibles con la Constitución procede, primero, analizar la sentencia y ver qué fundamento tiene. A partir de ahí, sin perjuicio de la crítica de la sentencia, a efectos puramente académicos, reconocer los errores cometidos en la elaboración del texto estatutario. Y, efectuado este análisis, que cada formación política decida el camino a seguir. Dentro de la Constitución, que es la garantía de que, aunque no nos guste lo que tenemos, no nos impongan algo peor.
Como dijo Curchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con exclusión de todos los demás.
sábado, 25 de octubre de 2008
Amnistía
La actuación del Juez Baltasar Garzón ha puessto en duda el valor de la amnistía de 1977. Creo que hay que recordar qué sentido tuvo esa amnistía.
La muerte de Franco tuvo una gran trascendencia, ya que el franquismo era, sobre todo, una dictadura personal, no la dictadura de un partido o de un grupo. Pero los mecanismos del poder estaban en su totalidad en manos de los franquistas. En particular, el Ejército era el mismo, aunque su Generalísimo hubiese muerto.
Todo el mundo comprendía que, muerto Franco, el franquismo no tenía sentido. Pero eso no suponía que quienes se beneficiaban de la dictadura estuviesen dispuestos a perder sus privilegios, y mucho menos su libertad o su vida.
La amnistía fue una condición imprescindible para que aceptasen la democracia. Al propio tiempo, supuso la cancelación de los delitos que el régimen de Franco imputaba a sus enemigos, haciendo posible que éstos volviesen a España. Pero, sobre todo, fue la garantía exigida por quienes detentaban los poderes del Estado para que permitiesen la transición.
Las Cortes franquistas y el Consejo Nacional del Movimiento podían impedir la evolución del régimen hacia la democracia sin salirse de la legalidad. Apoyados por el Ejército y las fuerzas de seguridad, podían evitar la transición y, sin una intervención armada de una potencia extranjera, que no se hubiese producido, mantener el régimen durante años. ¿Cuántos? Es difícil saberlo. ¿Tal vez hasta el derribo del muro de Berlín, la caída de las dictaduras comunistas? Se produjo quince años después de la muerte de Franco. Quince años más de dictadura.
Éste fue el sentido de la amnistía. Quince años de democracia. El ingreso de España en la Comunidad Europea en 1985, no en 1995, con el progreso económico que ello supuso. Quince años de libertades. O cinco, o diez. Sin la amnistía, la reforma no se hubiese producido, pero la ruptura tampoco.
Antes de condenar la amnistía, es preciso valorar lo que supuso. Quienes vivimos aquella época no debemos olvidarla y debemos explicarla a los que nacieron después. Ahora la democracia parece algo natural; parece que la dictadura debía haber caído sola. Pero en 1975 o 1977 éramos conscientes de su fuerza, aunque estuviese condenada. Entonces valoramos lo que supuso la transición. No lo olvidemos.
La muerte de Franco tuvo una gran trascendencia, ya que el franquismo era, sobre todo, una dictadura personal, no la dictadura de un partido o de un grupo. Pero los mecanismos del poder estaban en su totalidad en manos de los franquistas. En particular, el Ejército era el mismo, aunque su Generalísimo hubiese muerto.
Todo el mundo comprendía que, muerto Franco, el franquismo no tenía sentido. Pero eso no suponía que quienes se beneficiaban de la dictadura estuviesen dispuestos a perder sus privilegios, y mucho menos su libertad o su vida.
La amnistía fue una condición imprescindible para que aceptasen la democracia. Al propio tiempo, supuso la cancelación de los delitos que el régimen de Franco imputaba a sus enemigos, haciendo posible que éstos volviesen a España. Pero, sobre todo, fue la garantía exigida por quienes detentaban los poderes del Estado para que permitiesen la transición.
Las Cortes franquistas y el Consejo Nacional del Movimiento podían impedir la evolución del régimen hacia la democracia sin salirse de la legalidad. Apoyados por el Ejército y las fuerzas de seguridad, podían evitar la transición y, sin una intervención armada de una potencia extranjera, que no se hubiese producido, mantener el régimen durante años. ¿Cuántos? Es difícil saberlo. ¿Tal vez hasta el derribo del muro de Berlín, la caída de las dictaduras comunistas? Se produjo quince años después de la muerte de Franco. Quince años más de dictadura.
Éste fue el sentido de la amnistía. Quince años de democracia. El ingreso de España en la Comunidad Europea en 1985, no en 1995, con el progreso económico que ello supuso. Quince años de libertades. O cinco, o diez. Sin la amnistía, la reforma no se hubiese producido, pero la ruptura tampoco.
Antes de condenar la amnistía, es preciso valorar lo que supuso. Quienes vivimos aquella época no debemos olvidarla y debemos explicarla a los que nacieron después. Ahora la democracia parece algo natural; parece que la dictadura debía haber caído sola. Pero en 1975 o 1977 éramos conscientes de su fuerza, aunque estuviese condenada. Entonces valoramos lo que supuso la transición. No lo olvidemos.
domingo, 19 de octubre de 2008
Companys
Los nacionalistas reclaman la anulación del juicio (mejor llamarlo directamente simulacro de juicio) en el que el Presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, fue condenado a muerte, condena inmediatamente cumplida, y la total rehabilitación de su figura. El actual Presidente de la Generalitat ha hecho suya esa reclamación.
Nada tengo que decir acerca de la anulación del proceso, salvo que quizá no tenga mucho sentido. Pero se inserta dentro de un proceso de mitificación de la figura del llamado "President màrtir". Y esta mitificación puede ser peligrosa.
No hay que olvidar que lo que hizo Companys en octubre de 1934 fue lo mismo que haría Franco en julio de 1936: sublevarse contra el Gobierno legítimo de la República. El resultado fue, evidentemente distino, porque Companys no tuvo los apoyos que esperaba. Con su acción dio un argumento importante a los golpistas de derecha, si bien , todo hay que decirlo, no lo necesitaban.
Pero esta mitificación de Companys equivale a justificar su acción, su levantamiento, porque lo hizo por Cataluña. De esta forma, en realidad, se justifica la rebelión, siempre que los valores que pretende defender sean los nuestros. Naturalmente, admitida la legitimidad de la sublevación, resulta difícil negarla cuando los valores que se pretenden defender son otros, igualmente sagrados para sus defensores.
Por ello hay que condenar las rebeliones contra los Gobiernos legítimos vengan de donde vengan y defiendan unos u otros valores. Hay que condenar la sublevación de Companys como la de Franco, como única vía para evitarlas todas. Es, pues, importante recordar toda la actuación de Companys, no sólo su asesinato.
Nada tengo que decir acerca de la anulación del proceso, salvo que quizá no tenga mucho sentido. Pero se inserta dentro de un proceso de mitificación de la figura del llamado "President màrtir". Y esta mitificación puede ser peligrosa.
No hay que olvidar que lo que hizo Companys en octubre de 1934 fue lo mismo que haría Franco en julio de 1936: sublevarse contra el Gobierno legítimo de la República. El resultado fue, evidentemente distino, porque Companys no tuvo los apoyos que esperaba. Con su acción dio un argumento importante a los golpistas de derecha, si bien , todo hay que decirlo, no lo necesitaban.
Pero esta mitificación de Companys equivale a justificar su acción, su levantamiento, porque lo hizo por Cataluña. De esta forma, en realidad, se justifica la rebelión, siempre que los valores que pretende defender sean los nuestros. Naturalmente, admitida la legitimidad de la sublevación, resulta difícil negarla cuando los valores que se pretenden defender son otros, igualmente sagrados para sus defensores.
Por ello hay que condenar las rebeliones contra los Gobiernos legítimos vengan de donde vengan y defiendan unos u otros valores. Hay que condenar la sublevación de Companys como la de Franco, como única vía para evitarlas todas. Es, pues, importante recordar toda la actuación de Companys, no sólo su asesinato.
martes, 14 de octubre de 2008
Responsabilidad
Se ha hablado mucho de los sueldos estratosféricos que percibían los directivos de los bancos que han provocado la actual crisis y de las indemnizaciones que, para caso de despido, blindaban sus contratos. En resumen, cobraban por provocar la quiebra de sus compañías y, si querían sustituirles por su mala gestión, les tenían que pagar una millonada.
Pero parece que nadie se acuerda de un principio del Derecho que rige en España y, probablemente, también en los Estados Unidos (aunque nunca se sabe). Se puede enunciar con la castiza frase: "El que la hace, la paga". En términos menos coloquiales, se trata de la responsabilidad civil por actos propios.
Si, realmente, la conducta de estos directivos ha sido nefasta para las entidades que gestionaban, éstas tienen derecho a exigirles una indemnización por un importe igual al de los daños debidos a su actuación. Por esta vía se puede obtener, al menos, que estos directivos pierdan los beneficios obtenidos indebidamente, a costa de perjudicar a las empresas para las que trabajaban. Exigiendo estas indemnizaciones se lograría que, en el futuro, los directivos se tentasen la ropa antes de seguir políticas cortoplacistas que, a largo, perjudicasen a las empresas.
Pero probablemente estas indemnizaciones nunca se exigirán. Primero, porque hacerlo llevaría a cuestionar la actuación de los órganos, empresariales y estatales, de control, que permitieron continuar estas actuaciones. Y, segundo, porque esos directivos han conectado con el poder político, han hecho favores, conocen secretos y, en definitiva, pueden perjuidicar a quien pretenda exigirles que paguen por sus pecados.
No creo en las revoluciones, que suelen conducir a abusos. Pero, a veces, parece que hace falta una.
Pero parece que nadie se acuerda de un principio del Derecho que rige en España y, probablemente, también en los Estados Unidos (aunque nunca se sabe). Se puede enunciar con la castiza frase: "El que la hace, la paga". En términos menos coloquiales, se trata de la responsabilidad civil por actos propios.
Si, realmente, la conducta de estos directivos ha sido nefasta para las entidades que gestionaban, éstas tienen derecho a exigirles una indemnización por un importe igual al de los daños debidos a su actuación. Por esta vía se puede obtener, al menos, que estos directivos pierdan los beneficios obtenidos indebidamente, a costa de perjudicar a las empresas para las que trabajaban. Exigiendo estas indemnizaciones se lograría que, en el futuro, los directivos se tentasen la ropa antes de seguir políticas cortoplacistas que, a largo, perjudicasen a las empresas.
Pero probablemente estas indemnizaciones nunca se exigirán. Primero, porque hacerlo llevaría a cuestionar la actuación de los órganos, empresariales y estatales, de control, que permitieron continuar estas actuaciones. Y, segundo, porque esos directivos han conectado con el poder político, han hecho favores, conocen secretos y, en definitiva, pueden perjuidicar a quien pretenda exigirles que paguen por sus pecados.
No creo en las revoluciones, que suelen conducir a abusos. Pero, a veces, parece que hace falta una.
sábado, 11 de octubre de 2008
Estatut
Las manifestaciones de los nacionalistas catalanes (de todos los partidos) ante el anuncio de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña presentan una rara unanimidad: parece que no puedan siquiera concebir que el Tribunal haga correctamente su labor y llegue a la conclusión de que el Estatuto presenta puntos, más o menos importantes, contrarios a la Constitución.
Una posible explicación es que esos nacionalistas no pueden entender que ellos también pueden equivocarse. Especialmente, en un texto redactado sin prestar atención a los aspectos jurídicos y modificado por razones no sólo políticas, sino de pura táctica política.
Pero también puede ser algo más grave. Puede ser que esos políticos piensen que el Tribunal Constitucional haya de ser forzosamente un engranaje más de los partidos políticos, sometido a la disciplina de éstos. Y que, lejos de combatir algo que desvirtua completamente al Tribunal y a cualquier otro órgano del Estado (salvo, tal vez, los Parlamentos), lo que hacen es entrar en ese juego nefasto y pretender forzar la sentencia en su beneficio.
O aún hay otra explicación: que nieguen la legitimidad, no de un Tribunal Constitucional enfangado por acusaciones de partidismo, sino incluso de un Tribunal impoluto, por creer que ellos, los nacionalistas catalanes, están en posesión de una verdad absoluta, superior, por su propia naturaleza, a la misma Constitución.
Si contribuir al descrédito del Tribunal Constitucional es negativo, esta negación de la jerarquía normativa es devastadora. Lo es porque constituye la justificación de cualquier solución antijurídica y, especialmente, de la violencia. Tanto los golpes de Estado como el terrorismo se fundamentan en la supuesta defensa de un bien superior, de una verdad indiscutible que se considera amenazada y, frente a esa amenaza, todo vale.
Pero la sentencia del Tribunal Constitucional ha de ser razonada, y razonada dentro del sistema jurídico vigente. Y, por tanto, será susceptible de críticas, que también habrán de ajustarse a ese sistema, a las normas del juego. Si la sentencia es adversa a los deseos de algún grupo político, pero se ajusta a la Constitución, la solución no será imprecar al Tribunal, sino trabajar por modificar la Carta magna.
Una posible explicación es que esos nacionalistas no pueden entender que ellos también pueden equivocarse. Especialmente, en un texto redactado sin prestar atención a los aspectos jurídicos y modificado por razones no sólo políticas, sino de pura táctica política.
Pero también puede ser algo más grave. Puede ser que esos políticos piensen que el Tribunal Constitucional haya de ser forzosamente un engranaje más de los partidos políticos, sometido a la disciplina de éstos. Y que, lejos de combatir algo que desvirtua completamente al Tribunal y a cualquier otro órgano del Estado (salvo, tal vez, los Parlamentos), lo que hacen es entrar en ese juego nefasto y pretender forzar la sentencia en su beneficio.
O aún hay otra explicación: que nieguen la legitimidad, no de un Tribunal Constitucional enfangado por acusaciones de partidismo, sino incluso de un Tribunal impoluto, por creer que ellos, los nacionalistas catalanes, están en posesión de una verdad absoluta, superior, por su propia naturaleza, a la misma Constitución.
Si contribuir al descrédito del Tribunal Constitucional es negativo, esta negación de la jerarquía normativa es devastadora. Lo es porque constituye la justificación de cualquier solución antijurídica y, especialmente, de la violencia. Tanto los golpes de Estado como el terrorismo se fundamentan en la supuesta defensa de un bien superior, de una verdad indiscutible que se considera amenazada y, frente a esa amenaza, todo vale.
Pero la sentencia del Tribunal Constitucional ha de ser razonada, y razonada dentro del sistema jurídico vigente. Y, por tanto, será susceptible de críticas, que también habrán de ajustarse a ese sistema, a las normas del juego. Si la sentencia es adversa a los deseos de algún grupo político, pero se ajusta a la Constitución, la solución no será imprecar al Tribunal, sino trabajar por modificar la Carta magna.
domingo, 5 de octubre de 2008
Esfuerzo
El último debate en el parlamento catalán podría ser esperanzador: tanto Montilla como Mas hablaron de recuperar la cultura del esfuerzo. Podría ser esperanzador, si no lo hubieran dicho dos políticos.
No hay más que ver los criterios que siguen los políticos para cubrir, por ejemplo, las plazas vacantes en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional: gente obediente, no personas que, a través de su esfuerzo, han obtenido una competencia profesional generalmente reconocida.
La presentación en la prensa de los componentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la nueva dirección del Partido Popular tuvo una coincidencia: se mencionó la profesión de aquéllas personas que habían aprobado una oposición de campanillas (Abogado del Estado, Registrador de la Propiedad), pero no se dijo nada de la trayectoria profesional de los demás: jurista, economista, empresario. ¿Qué habían hecho, que pleitos habían ganado, dónde habían ejercido, qué empresas habían gestionado?
Se habló mucho de la condición de mujer de la Ministra de Defensa y de su estado de buena esperanza. Pero no se dijo nada de las características que la hacían apta para el cargo: ¿tenía una larga experiencia en política de defensa, por su pertenencia a la Comisión de Defensa del Congreso?¿Tenía experiencia de gestión? No, era mujer y embarazada, y había sido la titular del Ministerio de la Vivienda (que carece de competencias reales) durante un plazo tan breve que no tuvo ocasión de desarrollar política alguna. Parece que para ser ministro basta con ser amigo del líder, tener influencia en el partido...o formar parte de una minoría que conviene proteger.
En cuanto al Sr. Mas, todo lo anterior le es aplicable pero, además, es nacionalista. Es decir, su proyecto político pretende mantener el poder en las manos de la burguesía industrial catalana, que ha perdido sus empresas y, por tanto, su verdadero poder. Quiere, en definitiva, barrar el paso a personas como el propio Montilla, que ha conseguido situarse por medio del esfuerzo, aunque sea en el siempre dudoso campo de la política.
Valorar el esfuerzo significa premiarlo, con dinero y prestigio. Significa reconocer la competencia en quien la tiene, y escucharle, en lugar de halagar a las masas, tengan o no razón. La democracia significa que todos los intereses individuales son iguales, no que todas las opiniones tengan el mismo valor. La conveniencia del experto no es superior a la del lego, pero el dictamen razonado del primero sí lo es frente a la creencia infundada del segundo.
No hay más que ver los criterios que siguen los políticos para cubrir, por ejemplo, las plazas vacantes en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional: gente obediente, no personas que, a través de su esfuerzo, han obtenido una competencia profesional generalmente reconocida.
La presentación en la prensa de los componentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la nueva dirección del Partido Popular tuvo una coincidencia: se mencionó la profesión de aquéllas personas que habían aprobado una oposición de campanillas (Abogado del Estado, Registrador de la Propiedad), pero no se dijo nada de la trayectoria profesional de los demás: jurista, economista, empresario. ¿Qué habían hecho, que pleitos habían ganado, dónde habían ejercido, qué empresas habían gestionado?
Se habló mucho de la condición de mujer de la Ministra de Defensa y de su estado de buena esperanza. Pero no se dijo nada de las características que la hacían apta para el cargo: ¿tenía una larga experiencia en política de defensa, por su pertenencia a la Comisión de Defensa del Congreso?¿Tenía experiencia de gestión? No, era mujer y embarazada, y había sido la titular del Ministerio de la Vivienda (que carece de competencias reales) durante un plazo tan breve que no tuvo ocasión de desarrollar política alguna. Parece que para ser ministro basta con ser amigo del líder, tener influencia en el partido...o formar parte de una minoría que conviene proteger.
En cuanto al Sr. Mas, todo lo anterior le es aplicable pero, además, es nacionalista. Es decir, su proyecto político pretende mantener el poder en las manos de la burguesía industrial catalana, que ha perdido sus empresas y, por tanto, su verdadero poder. Quiere, en definitiva, barrar el paso a personas como el propio Montilla, que ha conseguido situarse por medio del esfuerzo, aunque sea en el siempre dudoso campo de la política.
Valorar el esfuerzo significa premiarlo, con dinero y prestigio. Significa reconocer la competencia en quien la tiene, y escucharle, en lugar de halagar a las masas, tengan o no razón. La democracia significa que todos los intereses individuales son iguales, no que todas las opiniones tengan el mismo valor. La conveniencia del experto no es superior a la del lego, pero el dictamen razonado del primero sí lo es frente a la creencia infundada del segundo.
jueves, 2 de octubre de 2008
Castellano
La manifestación del otro día ha vuelto a poner de actualidad el trato que recibe el castellano en Cataluña. Los manifestantes opinan que el castellano es perseguido, mientras los nacionalistas catalanes alegan que es objeto de un amplio uso social.
En cierto modo, ambos grupos tienen razón, aunque con algún matiz, pero en realidad hablan de cosas distintas.
El castellano es, efectivamente, utilizado de forma amplia en Cataluña. Si, por la calle, en un comercio, en una oficina, te diriges a cualquier persona en castellano, muy probablemente contestará en la misma lengua. La venta de diarios en castellano, de libros en la misma lengua, la afluencia a cines que proyectan filmes doblados en castellano supera con mucho las correspondientes en catalán. En consecuencia, puede decirse que el castellano goza de buena salud en Cataluña.
Ahora bien, la política de las instituciones públicas pretende la implantación del catalán como única lengua en todos los ámbitos a los que alcanzan sus poderes y, en último término, como única lengua de Cataluña. El castellano, para estas instituciones, es tan sólo la lenguadel Estado y, por tanto, debe usarse tan sólo en las relaciones con los órganos de ese Estado, nunca en relaciones con personas o instituciones catalanas.
Estos principios (que en la práctica no se cumplen a rajatabla) son la consecuencia lógica de la ideología nacionalista. Ésta sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial de carácter fundamentalmente cultural y, sobre todo, lingüístico, por lo que tiene un derecho y una vocación al autogobierno. Ahora bien, como la realidad, tozuda, no coincide exactamente con este dogma, ya que sólo un 48% de los habitantes de Cataluña son catalanoparlantes, frente a un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros (datos de la página web de la Generalidad), es precisa la construcción nacional de Cataluña, que consiste, naturalmente, en fomentar el uso del catalán en detrimento del castellano, a fin de que se cumpla el hecho diferencial.
No hace falta soliviantarse. Se trata tan sólo de un proyecto de futuro para Cataluña, que los ciudadanos deben valorar y aceptar o rechazar democráticamente, a través de las elecciones. Lo que se debe pedir a los nacionalistas es que reconozcan que se trata de su proyecto y que lo manifiesten abiertamente, en lugar de afirmar mendazmente que es una realidad actual o, incluso, una verdad eterna.
Ahora bien, tampoco hace falta hablar de persecución del castellano. No, porque las únicas medidas abiertamente punitivas que se utilizan son las multas a los comercios que no utilizan el catalán en sus rótulos. No hay encarcelamientos, guetos, detenciones de la gente que habla castellano. Únicamente, una política de discriminación activa y pasiva.
En cierto modo, ambos grupos tienen razón, aunque con algún matiz, pero en realidad hablan de cosas distintas.
El castellano es, efectivamente, utilizado de forma amplia en Cataluña. Si, por la calle, en un comercio, en una oficina, te diriges a cualquier persona en castellano, muy probablemente contestará en la misma lengua. La venta de diarios en castellano, de libros en la misma lengua, la afluencia a cines que proyectan filmes doblados en castellano supera con mucho las correspondientes en catalán. En consecuencia, puede decirse que el castellano goza de buena salud en Cataluña.
Ahora bien, la política de las instituciones públicas pretende la implantación del catalán como única lengua en todos los ámbitos a los que alcanzan sus poderes y, en último término, como única lengua de Cataluña. El castellano, para estas instituciones, es tan sólo la lenguadel Estado y, por tanto, debe usarse tan sólo en las relaciones con los órganos de ese Estado, nunca en relaciones con personas o instituciones catalanas.
Estos principios (que en la práctica no se cumplen a rajatabla) son la consecuencia lógica de la ideología nacionalista. Ésta sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial de carácter fundamentalmente cultural y, sobre todo, lingüístico, por lo que tiene un derecho y una vocación al autogobierno. Ahora bien, como la realidad, tozuda, no coincide exactamente con este dogma, ya que sólo un 48% de los habitantes de Cataluña son catalanoparlantes, frente a un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros (datos de la página web de la Generalidad), es precisa la construcción nacional de Cataluña, que consiste, naturalmente, en fomentar el uso del catalán en detrimento del castellano, a fin de que se cumpla el hecho diferencial.
No hace falta soliviantarse. Se trata tan sólo de un proyecto de futuro para Cataluña, que los ciudadanos deben valorar y aceptar o rechazar democráticamente, a través de las elecciones. Lo que se debe pedir a los nacionalistas es que reconozcan que se trata de su proyecto y que lo manifiesten abiertamente, en lugar de afirmar mendazmente que es una realidad actual o, incluso, una verdad eterna.
Ahora bien, tampoco hace falta hablar de persecución del castellano. No, porque las únicas medidas abiertamente punitivas que se utilizan son las multas a los comercios que no utilizan el catalán en sus rótulos. No hay encarcelamientos, guetos, detenciones de la gente que habla castellano. Únicamente, una política de discriminación activa y pasiva.
lunes, 29 de septiembre de 2008
Amnistía fiscal
Como otros antes que él, Enric Juliana ("Salvar a las pymes, esa es la prioridad", La Vanguardia, 29 de septiembre de 2008) propone una amnistía fiscal como medio de incentivar la economía, incrementando la liquidez del sistema. Una emisión de bonos públicos no nominativos, que permitiese aflorar los fondos negros de los últimos años para inyectarlos en la economía a fin de superar la crisis.
Desde luego, esta medida sería profundamente injusta, por discriminar a todos los ciudadanos que han cumplido sus obligaciones fiscales, frente a los defraudadores, que no tendrían que hacer frente ni a las sanciones ni siquiera a la deuda tributaria eludida.
Pero, además y sobre todo, esta medida sería contraproducente. En efecto, se dice que el gran problema de la economía española es la falta de competitividad, que impide el crecimiento de nuestras exportaciones, con lo que la demanda exterior no puede contrarrestar la disminución de la demanda interna consecuencia de la crisis.
Pues bien, ¿qué supone el fraude fiscal, sino una competencia desleal por parte de las empresas que reducen sus márgenes supliéndolos con los impuestos defraudados? Si santificamos esta política mediante una amnistía fiscal, estaremos concediendo una ventaja competitiva precisamente a aquellas empresas menos competitivas por ellas mismas, aquéllas que, de no ser por la defraudación, el mercado habría expulsado en beneficio de las otras, que aun pagando religiosamente los impuestos, obtienen beneficios y son viables.
Es decir, la amnistía fiscal no sólo es injusta, sino que contribuye a expulsar del mercado a las mejores empresas, aquéllas que cumplen su finalidad económica, obtener beneficios, respetando la ley. ¿Vamos a salir de la crisis dañando nuestro tejido empresarial, perdiendo competitividad?Sin duda, esta supuesta solución no es sino pan para hoy, hambre para mañana. Pero nuestros políticos sólo atienden al corto plazo; hasta las próximas elecciones como mucho, por lo que es posible, y aun probable, que cometan este estúpido error.
Desde luego, esta medida sería profundamente injusta, por discriminar a todos los ciudadanos que han cumplido sus obligaciones fiscales, frente a los defraudadores, que no tendrían que hacer frente ni a las sanciones ni siquiera a la deuda tributaria eludida.
Pero, además y sobre todo, esta medida sería contraproducente. En efecto, se dice que el gran problema de la economía española es la falta de competitividad, que impide el crecimiento de nuestras exportaciones, con lo que la demanda exterior no puede contrarrestar la disminución de la demanda interna consecuencia de la crisis.
Pues bien, ¿qué supone el fraude fiscal, sino una competencia desleal por parte de las empresas que reducen sus márgenes supliéndolos con los impuestos defraudados? Si santificamos esta política mediante una amnistía fiscal, estaremos concediendo una ventaja competitiva precisamente a aquellas empresas menos competitivas por ellas mismas, aquéllas que, de no ser por la defraudación, el mercado habría expulsado en beneficio de las otras, que aun pagando religiosamente los impuestos, obtienen beneficios y son viables.
Es decir, la amnistía fiscal no sólo es injusta, sino que contribuye a expulsar del mercado a las mejores empresas, aquéllas que cumplen su finalidad económica, obtener beneficios, respetando la ley. ¿Vamos a salir de la crisis dañando nuestro tejido empresarial, perdiendo competitividad?Sin duda, esta supuesta solución no es sino pan para hoy, hambre para mañana. Pero nuestros políticos sólo atienden al corto plazo; hasta las próximas elecciones como mucho, por lo que es posible, y aun probable, que cometan este estúpido error.
lunes, 22 de septiembre de 2008
Financiación
Una columna de "El Periódico de Cataluña" de hoy, 22 de septiembre de 2008 (*), sostiene que si los ciudadanos de Cataluña hubiesen sido informados de que la financiación de la Generalitat dependía del nuevo Estatuto de Autonomía, la participación en el referéndum no hubiera sido tan baja. Concluye pidiendo una movilización de la sociedad civil para lograr una financiación justa.
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
sábado, 20 de septiembre de 2008
Ortografía
El suplemento "es" de La Vanguardia de hoy sábado, 20 de septiembre de 2008, dedica un artículo a la ortografía y su posible reforma. En él se recoge la manifestación de un profesor de lengua que niega que el incremento de las faltas de ortografía sea consecuencia de la degradación de la enseñanza, afirmando que no pueden compararse los resultados escolares de ahora con los de anteriores generaciones, en que la mayoría de los chicos abandonaban los estudios a los 10 o 12 años para pasar al mundo laboral.
Este argumento sólo puede tener validez si significa que sólo los más inteligentes continuaban estudiando, mientras quienes abandonaban los estudios eran siempre los mediocres. Y ello, supuesto que la ortografía sea algo tan complejo que sólo inteligencias privilegiadas puedan dominarla. Pero si quienes abandonaban los estudios eran los que no tenían medios económicos, entre quienes los proseguían habría una minoría de superdotados y una mayoría de personas de inteligencia media. Si la media no ha descendido, al aumentar el número de jóvenes escolarizados no tiene por qué disminuir el nivel de sus conocimientos, salvo que la enseñanza sea peor.
Hace años, una buena caligrafía y una buena ortografía eran las tarjetas de visita de una persona educada (y, en este aspecto, "educación" significaba tanto "formación" como "cortesía"). La educación daba prestigio social y se presuponía que otorgaba acceso a una ocupación bien remunerada. Por tanto, las familias exigían a sus retoños que aprendiesen a escribir correctamente, como primer paso de la promoción social que soñaban para ellos.
Hoy, en cambio, el prestigio social y la riqueza no van ligados a la educación. Los famosos son, demasiado frecuentemente, unos incultos; hasta pueden llegar a ser famosos por su incultura. En cuanto al dinero, las ocupaciones mejor remuneradas dependen de las dotes físicas (deportistas de élite, modelos, actores -pido perdón a los cómicos, que han tenido que aprender a actuar a base de años-, cantantes que nunca han estudiado música...).
Los padres se han dado cuenta de que la formación es un factor poco importante para el éxito en la vida. Sólo algunos conocimientos se valoran positivamente (es el caso del inglés). Por tanto, no aconsejan, y menos exigen, a sus hijos que se esfuercen en formarse.
La ortografía sólo tendrá valor cuando quienes la dominen tengan preferencia para acceder a puestos de trabajo bien remunerados frente a quienes cometan gran número de faltas, sea por impedir la obtención de un título universitario, sea por ser exigida por los empleadores. Si el mercado no la exige, si no tiene ninguna importancia práctica, la degradación continuará.
Este argumento sólo puede tener validez si significa que sólo los más inteligentes continuaban estudiando, mientras quienes abandonaban los estudios eran siempre los mediocres. Y ello, supuesto que la ortografía sea algo tan complejo que sólo inteligencias privilegiadas puedan dominarla. Pero si quienes abandonaban los estudios eran los que no tenían medios económicos, entre quienes los proseguían habría una minoría de superdotados y una mayoría de personas de inteligencia media. Si la media no ha descendido, al aumentar el número de jóvenes escolarizados no tiene por qué disminuir el nivel de sus conocimientos, salvo que la enseñanza sea peor.
Hace años, una buena caligrafía y una buena ortografía eran las tarjetas de visita de una persona educada (y, en este aspecto, "educación" significaba tanto "formación" como "cortesía"). La educación daba prestigio social y se presuponía que otorgaba acceso a una ocupación bien remunerada. Por tanto, las familias exigían a sus retoños que aprendiesen a escribir correctamente, como primer paso de la promoción social que soñaban para ellos.
Hoy, en cambio, el prestigio social y la riqueza no van ligados a la educación. Los famosos son, demasiado frecuentemente, unos incultos; hasta pueden llegar a ser famosos por su incultura. En cuanto al dinero, las ocupaciones mejor remuneradas dependen de las dotes físicas (deportistas de élite, modelos, actores -pido perdón a los cómicos, que han tenido que aprender a actuar a base de años-, cantantes que nunca han estudiado música...).
Los padres se han dado cuenta de que la formación es un factor poco importante para el éxito en la vida. Sólo algunos conocimientos se valoran positivamente (es el caso del inglés). Por tanto, no aconsejan, y menos exigen, a sus hijos que se esfuercen en formarse.
La ortografía sólo tendrá valor cuando quienes la dominen tengan preferencia para acceder a puestos de trabajo bien remunerados frente a quienes cometan gran número de faltas, sea por impedir la obtención de un título universitario, sea por ser exigida por los empleadores. Si el mercado no la exige, si no tiene ninguna importancia práctica, la degradación continuará.
jueves, 18 de septiembre de 2008
Lenguas
Hoy,18 de septiembre de 2008, "El Periódico de Cataluña" incluye dos artículos interesantísimos. En la página 16, José A. Sorolla, en su Crónica desde París, firma "Multilingüisme en el regne de l'aparença", en el cual, a partir de la bien consolidada política de apoyo al francés frente a las lenguas regionales, critica el apoyo de Francia a la Jornada Europea de las Lenguas como un ejercicio de hipocresía.
Eso nos lleva a pensar que en España nadie se atreve a defender abiertamente la adopción del castellano como lengua única, con la consiguiente supresión de las lenguas regionales, periféricas o como se las quiera llamar. Hay algunas medidas concretas que parecen apuntar en esa dirección, pero ni siquiera el Partido Popular, o Ciutadans, al que se atribuye un españolismo sin límites, incorporan ese objetivo en sus programas.
Cuidado, no hablamos aquí de aceite de ricino, palizas o pelotones de fusilamiento. Simplemente, de adoptar medidas políticas dirigidas a implantar progresivamente una determinada lengua en todo el territorio del Estado, como un proyecto de futuro.
Aún más, tampoco en Cataluña se atreve ningún partido a proponer abiertamente, como objetivo a medio o largo plazo, la implantación del catalán como única lengua. Todos sabemos que ésta es, justamente, la esencia del nacionalismo catalán, pero sólo las pintadas de grupúsculos incontrolados osan reconocerlo ("en català i prou").
Y aquí viene la referencia al segundo de los artículos mencionados. Enla página 8, Joseba Arregi, bajo el título "Ibarretxe, jutge suprem", comenta las declaraciones del lehendakari Ibarretxe y sus consejeros negando legitimidad a cualquier tribunal (ahora el Tribunal Constitucional, mañana tal vez elTribunal de Derechos Humanos) que se oponga a sus proyectos.
La explicación de Arregi es sencilla: los nacionalistas (vascos, en este caso, pero en nuestra opinión se puede, se debe extrapolar, porque es una característica esencial de cualquier nacionalismo) no aceptan que alguien pueda tener unos sentimientos distintos de los suyos. Quien afirma tenerlos, o miente o es un malvado o un degenerado. Así, elevan sus sentimientos a la categoría de verdad absoluta; un paso más, y defienden su verdad por la fuerza, porque la verdad no debe tener miramientos con el error, menos aún si es consciente y deliberado.
En una democracia es esencial el debate, la libre exposición y discusión de las ideas, sean o no populares. Tal vez se pueda negar el derecho a expresar las ideas que atacan, precisamente, la democracia (la prohibición de hacer propaganda pronazi o negar el holocausto, por ejemplo) y aun és es dudoso, por cuanto supone una negación de los principios que se defienden. Por ello pedimos a todos los nacionalistas que expresen y sometan a público debate su proyecto lingüístico sin falsos pudores. Que digan, por una vez, la verdad.
Eso nos lleva a pensar que en España nadie se atreve a defender abiertamente la adopción del castellano como lengua única, con la consiguiente supresión de las lenguas regionales, periféricas o como se las quiera llamar. Hay algunas medidas concretas que parecen apuntar en esa dirección, pero ni siquiera el Partido Popular, o Ciutadans, al que se atribuye un españolismo sin límites, incorporan ese objetivo en sus programas.
Cuidado, no hablamos aquí de aceite de ricino, palizas o pelotones de fusilamiento. Simplemente, de adoptar medidas políticas dirigidas a implantar progresivamente una determinada lengua en todo el territorio del Estado, como un proyecto de futuro.
Aún más, tampoco en Cataluña se atreve ningún partido a proponer abiertamente, como objetivo a medio o largo plazo, la implantación del catalán como única lengua. Todos sabemos que ésta es, justamente, la esencia del nacionalismo catalán, pero sólo las pintadas de grupúsculos incontrolados osan reconocerlo ("en català i prou").
Y aquí viene la referencia al segundo de los artículos mencionados. Enla página 8, Joseba Arregi, bajo el título "Ibarretxe, jutge suprem", comenta las declaraciones del lehendakari Ibarretxe y sus consejeros negando legitimidad a cualquier tribunal (ahora el Tribunal Constitucional, mañana tal vez elTribunal de Derechos Humanos) que se oponga a sus proyectos.
La explicación de Arregi es sencilla: los nacionalistas (vascos, en este caso, pero en nuestra opinión se puede, se debe extrapolar, porque es una característica esencial de cualquier nacionalismo) no aceptan que alguien pueda tener unos sentimientos distintos de los suyos. Quien afirma tenerlos, o miente o es un malvado o un degenerado. Así, elevan sus sentimientos a la categoría de verdad absoluta; un paso más, y defienden su verdad por la fuerza, porque la verdad no debe tener miramientos con el error, menos aún si es consciente y deliberado.
En una democracia es esencial el debate, la libre exposición y discusión de las ideas, sean o no populares. Tal vez se pueda negar el derecho a expresar las ideas que atacan, precisamente, la democracia (la prohibición de hacer propaganda pronazi o negar el holocausto, por ejemplo) y aun és es dudoso, por cuanto supone una negación de los principios que se defienden. Por ello pedimos a todos los nacionalistas que expresen y sometan a público debate su proyecto lingüístico sin falsos pudores. Que digan, por una vez, la verdad.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
La Iglesia y el aborto
El Gobierno ha anunciado la modificación de la normativa que regula el aborto y la Iglesia católica no ha tardado en recordar su tradicional doctrina en la materia. Desde luego, es perfectamente legítimo que la Iglesia exponga y explique su doctrina y más en un tema que sigue siendo polémico.
Ahora bien, la doctrina que expone la Iglesia se refiere a la moral, que es un conjunto de normas cuyo incumplimiento es sancionado por la propia conciencia. Además, sostiene que su moral coincide con la ley divina, siendo el castigo por infringirla la condenación eterna (aunque ahora no lo mencionan mucho).
La modificación que proyecta el Gobierno, en cambio, se refiere a las condiciones en que es lícito abortar, sin que tal acción constituya delito. Por tanto, no habla de moral, sino de Derecho penal. Así, cuando los obispos hablan de la doctrina de la Iglesiasobre el aborto, se entiende que hablan también de Derecho penal, por el contexto, cuando ellos, en cualquier momento, si son preguntados, dicen hablar únicamente de moral.
Por ello quisiera pedir a los señores obispos que, si quieren entrar en la discusión relativa a la modificación de la normativa sobre el aborto, hablen de lo que realmente se discute: de las normas penales, de las circunstancias en que abortar ha de ser, o no, delito.
En otros términos, que digan, si así lo entienden, que la doctrina cristiana exige que la mujer que aborta y los facultativos que la auxilien, deben ser condenados a penas de cárcel, aunque el embarazo haya sido causado por una violación, suponga riesgo de muerte para la madre o el feto presente malformaciones que determinen una existencia miserable.
Si no quieren pronunciarse en esta materia, si insisten en decir que hablan de moral a sabiendas de que sus palabras serán interpretadas en términos de Derecho penal, si persisten en tirar la piedra y esconder la mano, que recuerden las duras palabras que dirigió su Maestro contra los hipócritas.
Ahora bien, la doctrina que expone la Iglesia se refiere a la moral, que es un conjunto de normas cuyo incumplimiento es sancionado por la propia conciencia. Además, sostiene que su moral coincide con la ley divina, siendo el castigo por infringirla la condenación eterna (aunque ahora no lo mencionan mucho).
La modificación que proyecta el Gobierno, en cambio, se refiere a las condiciones en que es lícito abortar, sin que tal acción constituya delito. Por tanto, no habla de moral, sino de Derecho penal. Así, cuando los obispos hablan de la doctrina de la Iglesiasobre el aborto, se entiende que hablan también de Derecho penal, por el contexto, cuando ellos, en cualquier momento, si son preguntados, dicen hablar únicamente de moral.
Por ello quisiera pedir a los señores obispos que, si quieren entrar en la discusión relativa a la modificación de la normativa sobre el aborto, hablen de lo que realmente se discute: de las normas penales, de las circunstancias en que abortar ha de ser, o no, delito.
En otros términos, que digan, si así lo entienden, que la doctrina cristiana exige que la mujer que aborta y los facultativos que la auxilien, deben ser condenados a penas de cárcel, aunque el embarazo haya sido causado por una violación, suponga riesgo de muerte para la madre o el feto presente malformaciones que determinen una existencia miserable.
Si no quieren pronunciarse en esta materia, si insisten en decir que hablan de moral a sabiendas de que sus palabras serán interpretadas en términos de Derecho penal, si persisten en tirar la piedra y esconder la mano, que recuerden las duras palabras que dirigió su Maestro contra los hipócritas.
lunes, 15 de septiembre de 2008
Gasto público
La Vanguardia, en portada, anuncia que "Catalunya abre el curso con récord de barracones". Se darán clases en 940 módulos prefabricados, 144 más que el curso anterior. Y la Generalitat considera que la mejor aplicación de nuestro dinero es financiar una escuela en Francia. Y, claro, también dice que no tiene suficiente dinero.
No falta dinero, sin embargo, para abrir esas embajadas de la Generalitat en grandes ciudades, pese a la falta de competencias. Y, desde luego, el nombramiento de Apel·les Carod Rovira al frente de la de París huele a nepotismo desde lejos. Pero la Generalitat no tiene suficiente dinero y las clases se han de dar en barracones.
No obstante, se ha de reconocer que no sólo en Cataluña se despilfarra. La deducción de 400 euros que José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la manga en la campaña electoral es un caso claro de apropiación de fondos públicos para fines privados. Pero, claro, si hubiera ganado el PP también habría tenido que cumplir sus promesas electorales.
La utilización que los partidos nacionalistas de Cataluña pretenden hacer de las balanzas fiscales parte de un presupuesto falso: creer que los ingresos públicos recaudados en Cataluña deben gastarse en Cataluña es una consecuencia del dogma nacionalista, según el cual Cataluña es una nación distinta de España. Ahora bien, este dogma no se ha reconocido ni siquiera en el Estatuto de Autonomía. Los ingresos provenientes de Cataluña, según la legislación vigente, se incorporan a los Presupuestos Generales del Estado, sin adscripción, y financian los gastos de esos mismos Presupuestos. Es el principio de unidad de caja.
Sin embargo, la polémica sobre las balanzas fiscales puede tener un efecto positivo: que los ciudadanos nos preguntemos en qué gastan los gobiernos nuestro dinero. Gobiernos, en plural: tanto el central como los autonómicos y municipales. Y, si hay despilfarro, que castiguemos electoralmente a quien administra mal nuestro dinero. Como decía el eslogan: Hacienda somos todos.
No falta dinero, sin embargo, para abrir esas embajadas de la Generalitat en grandes ciudades, pese a la falta de competencias. Y, desde luego, el nombramiento de Apel·les Carod Rovira al frente de la de París huele a nepotismo desde lejos. Pero la Generalitat no tiene suficiente dinero y las clases se han de dar en barracones.
No obstante, se ha de reconocer que no sólo en Cataluña se despilfarra. La deducción de 400 euros que José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la manga en la campaña electoral es un caso claro de apropiación de fondos públicos para fines privados. Pero, claro, si hubiera ganado el PP también habría tenido que cumplir sus promesas electorales.
La utilización que los partidos nacionalistas de Cataluña pretenden hacer de las balanzas fiscales parte de un presupuesto falso: creer que los ingresos públicos recaudados en Cataluña deben gastarse en Cataluña es una consecuencia del dogma nacionalista, según el cual Cataluña es una nación distinta de España. Ahora bien, este dogma no se ha reconocido ni siquiera en el Estatuto de Autonomía. Los ingresos provenientes de Cataluña, según la legislación vigente, se incorporan a los Presupuestos Generales del Estado, sin adscripción, y financian los gastos de esos mismos Presupuestos. Es el principio de unidad de caja.
Sin embargo, la polémica sobre las balanzas fiscales puede tener un efecto positivo: que los ciudadanos nos preguntemos en qué gastan los gobiernos nuestro dinero. Gobiernos, en plural: tanto el central como los autonómicos y municipales. Y, si hay despilfarro, que castiguemos electoralmente a quien administra mal nuestro dinero. Como decía el eslogan: Hacienda somos todos.
domingo, 14 de septiembre de 2008
La Iglesia y el poder
Benedicto XVI ha condenado en París el afán de dinero y poder. Creo que nadie criticará esta condena, al menos si no excluye el afán de mejorar económicamente como un estímulo al esfuerzo y a la creatividad.
El Partido Popular apoyó decididamente la guerra de Irak, que ha costado centenares de miles de muertos y no ha mostrado arrepentimiento por ello. Lo hizo, además, contra la opinión del Papa, claramente manifestada.
Puesto que la Ley de Dios prohibe matar y muchos, cristianos o no, creemos que causar la muerte a otro ser humano es una de las acciones más graves que se pueden cometer (uno de los pecados más graves) parece que la Iglesia debería guardar una prudente distancia respecto de ese partido lo que, evidentemente, no significa echarse en brazos del PSOE, con el que tiene diferencias serias.
En cambio, la Conferencia Episcopal Española hizo, prácticamente, campaña electoral a favor del PP, organizando incluso una manifestación poco antes del inicio de la campaña que sólo tenía sentido leída en clave electoral, ya que no estaba pendiente ninguna decisión que pudiese ser modificada por la demostración.
Sin duda, la Conferencia coincide con el PP en valores más serios que la vida humana y la ley divina, lo que explica ese apoyo casi explícito. Y estos valores no pueden ser otros que la financiación de la Iglesia (la casilla en la declaración de IRPF), la clase de religión y los colegios religiosos. Es decir, dinero y poder.
Creo que la Iglesia debe realizar una profunda autocrítica, examinando la conformidad de sus acciones con la doctrina que dice defender. Como reza el dicho castellano: "obras son amores, y no buenas razones".
El Partido Popular apoyó decididamente la guerra de Irak, que ha costado centenares de miles de muertos y no ha mostrado arrepentimiento por ello. Lo hizo, además, contra la opinión del Papa, claramente manifestada.
Puesto que la Ley de Dios prohibe matar y muchos, cristianos o no, creemos que causar la muerte a otro ser humano es una de las acciones más graves que se pueden cometer (uno de los pecados más graves) parece que la Iglesia debería guardar una prudente distancia respecto de ese partido lo que, evidentemente, no significa echarse en brazos del PSOE, con el que tiene diferencias serias.
En cambio, la Conferencia Episcopal Española hizo, prácticamente, campaña electoral a favor del PP, organizando incluso una manifestación poco antes del inicio de la campaña que sólo tenía sentido leída en clave electoral, ya que no estaba pendiente ninguna decisión que pudiese ser modificada por la demostración.
Sin duda, la Conferencia coincide con el PP en valores más serios que la vida humana y la ley divina, lo que explica ese apoyo casi explícito. Y estos valores no pueden ser otros que la financiación de la Iglesia (la casilla en la declaración de IRPF), la clase de religión y los colegios religiosos. Es decir, dinero y poder.
Creo que la Iglesia debe realizar una profunda autocrítica, examinando la conformidad de sus acciones con la doctrina que dice defender. Como reza el dicho castellano: "obras son amores, y no buenas razones".
jueves, 11 de septiembre de 2008
Banderas
Hoy, 11 de septiembre, "Diada Nacional de Catalunya", muchos edificios estaban engalanados con "senyeres". En edificios públicos o comerciales, éstas eran, a veces de gran tamaño, colgando varios pisos. Desde la AP7 se veían, a la altura de Molins de Rei y de Martorell, grandes "senyeres" en la montaña.
"Senyeres" bastante más grandes que la bandera española que el ministro Trillo colócó en la plaza Colón de Madrid (que allí sigue). Probablemente, los que han puesto las "senyeres" criticaron duramente la iniciativa del ministro.
Me gustaría que tanto unos como otros comprendiesen que sus acciones son prácticamente idénticas y también lo son los sentimientos que las inspiran. Sólo difiere el objeto de esos sentimientos, o ni siquiera éso, ya que se trata de un objeto ideal y, por tanto, imaginario.
Sería bueno que se diesen cuenta de que no es cierto que "ellos" tengan razón y "los otros" estén equivocados, que unos sean los buenos y los demás, los que no comulgan con sus ideas o no comparten sus sentimientos sean unos canallas. Que aprendiésemos, todos, que cada ser humano es único y distinto, pero, a la vez, que todos tenemos en común precisamente el ser humanos.
"Senyeres" bastante más grandes que la bandera española que el ministro Trillo colócó en la plaza Colón de Madrid (que allí sigue). Probablemente, los que han puesto las "senyeres" criticaron duramente la iniciativa del ministro.
Me gustaría que tanto unos como otros comprendiesen que sus acciones son prácticamente idénticas y también lo son los sentimientos que las inspiran. Sólo difiere el objeto de esos sentimientos, o ni siquiera éso, ya que se trata de un objeto ideal y, por tanto, imaginario.
Sería bueno que se diesen cuenta de que no es cierto que "ellos" tengan razón y "los otros" estén equivocados, que unos sean los buenos y los demás, los que no comulgan con sus ideas o no comparten sus sentimientos sean unos canallas. Que aprendiésemos, todos, que cada ser humano es único y distinto, pero, a la vez, que todos tenemos en común precisamente el ser humanos.
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Educación
La OCDE ha vuelto a suspender el sistema educativo español. La reacción ha sido pedir al Estado más dinero y cambios en el sistema. Pero nadie ha atendido a lo que, en realidad, es la causa de la deficiencia de nuestro sistema educativo.
Sencillamente, a nadie le interesa que los jóvenes tengan una buena educación. La economía española ha elegido un modelo basado en aprovechar (pagando) el conocimiento exterior y reducir los costes mediante el pago de salarios mínimos a una masa de trabajadores poco formados y, por tanto, fácilmente sustituibles. Las empresas quieren mano de obra barata y poco especializada, de forma que, si no la encuentran en España, se deslocalizan y la encuentran en Marruecos o en países similares.
Los políticos, por supuesto, lo que quieren es un electorado fácilmente manipulable y éso quiere decir que no piense. Es, realmente, un tópico, pero desgraciadamente acertado.
Basta ver la televisión para darse cuenta de qué valora nuestra sociedad: los dones innatos, ya sea la belleza, la habilidad para practicar un deporte, la mordacidad o la simpatía. El modelo a imitar nunca es alguien que haya basado sus logros en el esfuerzo y el estudio.
Incluso, en profesiones que exigen un nivel de conocimientos, lo que se valora realmente no es ese nivel, sino cualidades que no se aprenden en la escuela o la universidad, como los contactos, la capacidad comercial o la facilidad para negociar. Cualidades sin duda apreciables, pero innatas, lo que supone que el estudiante no confíe en el esfuerzo de aprendizaje para prosperar, convencido de que el éxito no depende de él y, sobre todo, no tiene que ver con su educación.
Si los títulos y las notas se ven recompensados con contratos más ventajosos y más rápidos, con promociones en el trabajo, la demanda provocará la mejora del sistema educativo. Si da lo mismo estudiar o no estudiar, porque los buenos puestos de trabajo se los llevarán los enchufados o los más simpáticos, dará igual la oferta de educación porque no será aprovechada.
Sencillamente, a nadie le interesa que los jóvenes tengan una buena educación. La economía española ha elegido un modelo basado en aprovechar (pagando) el conocimiento exterior y reducir los costes mediante el pago de salarios mínimos a una masa de trabajadores poco formados y, por tanto, fácilmente sustituibles. Las empresas quieren mano de obra barata y poco especializada, de forma que, si no la encuentran en España, se deslocalizan y la encuentran en Marruecos o en países similares.
Los políticos, por supuesto, lo que quieren es un electorado fácilmente manipulable y éso quiere decir que no piense. Es, realmente, un tópico, pero desgraciadamente acertado.
Basta ver la televisión para darse cuenta de qué valora nuestra sociedad: los dones innatos, ya sea la belleza, la habilidad para practicar un deporte, la mordacidad o la simpatía. El modelo a imitar nunca es alguien que haya basado sus logros en el esfuerzo y el estudio.
Incluso, en profesiones que exigen un nivel de conocimientos, lo que se valora realmente no es ese nivel, sino cualidades que no se aprenden en la escuela o la universidad, como los contactos, la capacidad comercial o la facilidad para negociar. Cualidades sin duda apreciables, pero innatas, lo que supone que el estudiante no confíe en el esfuerzo de aprendizaje para prosperar, convencido de que el éxito no depende de él y, sobre todo, no tiene que ver con su educación.
Si los títulos y las notas se ven recompensados con contratos más ventajosos y más rápidos, con promociones en el trabajo, la demanda provocará la mejora del sistema educativo. Si da lo mismo estudiar o no estudiar, porque los buenos puestos de trabajo se los llevarán los enchufados o los más simpáticos, dará igual la oferta de educación porque no será aprovechada.
domingo, 7 de septiembre de 2008
Adicción
En el Magazine del 7 de septiembre, Quim Monzó se hace eco de estudios que niegan que la adicción al sexo constituya una patología. Alega, básicamente, la ausencia de una sustancia externa al organismo que genere la adicción. El argumento tiene un peso indudable, pero tal vez la conclusión merezca más comentarios.
Algunos psiquiatras consideran que cualquier hábito que provoque problemas al sujeto en su vida diaria puede ser calificado como un problema psiquiátrico. Así, aunque lavarse las manos es una práctica higiénica muy recomendable, hacerlo cien o más veces al día constituye una enfermedad. Se califica como trastorno obsesivo compulsivo, pero igual podría calificarse como adicción a lavarse las manos.
De igual manera, podría decirse que el adicto al sexo está obsesionado y practica el sexo compulsivamente, lo que acercaría este problema (cuyo carácter patológico se discute) al anterior (cuyo carácter patológico está fuera de toda duda).
Por otra parte, es sabido que realizar el acto sexual produce una descarga de endorfinas, sustancias similares a la morfina generadas por el organismo. Ciertamente, no son externas, pero su similitud con los opiáceos podría justificar que se hable de adicción.
En definitiva, el problema radica en el escaso desarrollo de la psiquiatría y de la psicología (sin ánimo de negar los esfuerzos de los profesionales de estas disciplinas y los resultados que han obtenido). El diagnóstico se basa, fundamentalmente, en síntomas, pudiendo un mismo síntoma deberse a distintas causas y, por el contrario, una msma causa determinar diferentes síntomas. Por ello, en nuestra opinión, no queda sino seguir trabajando y tratar de comprender el sufrimiento de los otros, aunque nos parezca absurdo que ese problema genere ningún tipo de sufrimiento.
Algunos psiquiatras consideran que cualquier hábito que provoque problemas al sujeto en su vida diaria puede ser calificado como un problema psiquiátrico. Así, aunque lavarse las manos es una práctica higiénica muy recomendable, hacerlo cien o más veces al día constituye una enfermedad. Se califica como trastorno obsesivo compulsivo, pero igual podría calificarse como adicción a lavarse las manos.
De igual manera, podría decirse que el adicto al sexo está obsesionado y practica el sexo compulsivamente, lo que acercaría este problema (cuyo carácter patológico se discute) al anterior (cuyo carácter patológico está fuera de toda duda).
Por otra parte, es sabido que realizar el acto sexual produce una descarga de endorfinas, sustancias similares a la morfina generadas por el organismo. Ciertamente, no son externas, pero su similitud con los opiáceos podría justificar que se hable de adicción.
En definitiva, el problema radica en el escaso desarrollo de la psiquiatría y de la psicología (sin ánimo de negar los esfuerzos de los profesionales de estas disciplinas y los resultados que han obtenido). El diagnóstico se basa, fundamentalmente, en síntomas, pudiendo un mismo síntoma deberse a distintas causas y, por el contrario, una msma causa determinar diferentes síntomas. Por ello, en nuestra opinión, no queda sino seguir trabajando y tratar de comprender el sufrimiento de los otros, aunque nos parezca absurdo que ese problema genere ningún tipo de sufrimiento.
martes, 2 de septiembre de 2008
Memoria histórica
Tal vez sea justo y conveniente investigar las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo. Tal vez sea el momento oportuno. Tal vez el juez Garzón sea la persona indicada para hacerlo, ya que tiene un indudable prestigio, una reputación de investigador escrupuloso y una ideología concreta que, en este caso, puede constituir una ventaja.
Ahora bien, ¿tiene sentido hacerlo en un proceso penal, que por naturaleza se dirige a la investigación de delitos con el fin de juzgar y, en su caso, condenar a los responsables? Hablamos de hechos producidos hace más de treinta años, por lo que la responsabilidad penal estará normalmente prescrita. Si no es así, tales hechos caerán en el ámbito de las amnistías otorgadas durante la transición. En cualquier caso, es probable que los responsables hayan fallecido, o que ya no vivan testigos suficientes para acreditar los hechos y obtener una sentencia condenatoria.
Por todo ello creemos que la vía penal no es adecuada para investigar estos hechos y que el juez Baltasar Garzón haría mejor en dedicar sus esfuerzos y los recursos públicos a la investigación de delitos que puedan ser perseguidos eficazmente en dicha vía que, desgraciadamente, no escasean. Y, si lo desea, que utilice su notoriedad para solicitar del Gobierno la investigación de los hechos que le interesan, pero con los fines de reparación moral y dignificación de los desaparecidos que actualmente son los únicos que pueden conseguirse.
Ahora bien, ¿tiene sentido hacerlo en un proceso penal, que por naturaleza se dirige a la investigación de delitos con el fin de juzgar y, en su caso, condenar a los responsables? Hablamos de hechos producidos hace más de treinta años, por lo que la responsabilidad penal estará normalmente prescrita. Si no es así, tales hechos caerán en el ámbito de las amnistías otorgadas durante la transición. En cualquier caso, es probable que los responsables hayan fallecido, o que ya no vivan testigos suficientes para acreditar los hechos y obtener una sentencia condenatoria.
Por todo ello creemos que la vía penal no es adecuada para investigar estos hechos y que el juez Baltasar Garzón haría mejor en dedicar sus esfuerzos y los recursos públicos a la investigación de delitos que puedan ser perseguidos eficazmente en dicha vía que, desgraciadamente, no escasean. Y, si lo desea, que utilice su notoriedad para solicitar del Gobierno la investigación de los hechos que le interesan, pero con los fines de reparación moral y dignificación de los desaparecidos que actualmente son los únicos que pueden conseguirse.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Código civil
El pasado mes de julio se aprobó y publicó en el DOGC el libro del Código civil de Cataluña relativo a las sucesiones. Con ello continúa un proceso que, a nuestro juicio, constituye un considerable error.
Desde luego, no hay duda de la competencia de Cataluña para aprobar su propio derecho civil. Lo que discutimos es la conveniencia de aprobar un Código civil propio por los costes que ello ha de representar para las empresas.
En efecto, una sociedad promotora que actúe en Cataluña y en otros territorios deberá analizar la adecuación de sus cláusulas contractuales a cada uno de los derechos vigentes en tales territorios, con el consiguiente aumento de los costes de asesoramiento. Lo propio sucederá si un deudor pretende garantizar una obligación mediante la hipoteca de inmuebles situados en territorios con distintas legislaciones o mediante fianzas aportadas por peersonas sometidas a diferentes derechos; otro tanto le sucederá al acreedor.
De igual manera, el ciudadano de Zaragoza que pretenda adquirir un apartamento en la Costa Dorada hará bien en solicitar asesoramiento acerca de la legislación catalana, pues una diferencia de detalle puede representar un coste importante.
La afirmación de que con ello se pretende recuperar el derecho tradicional de Cataluña no es válida, sencillamente porque ese derecho tradicional, con escasas excepciones, ha desaparecido. La causa fue, primero, la interpretación que el Tribunal Supremo hizo del artículo 12 (posteriormente 13.2) del Código civil común, en nuestra opinión claramente errónea, y, después, la publicación de la Compilación en 1960. El resultado fue que, al menos desde esta última fecha, no se ha aplicado ni estudiado (salvo a título de investigación histórica) ese derecho tradicional catalán, que ha quedado así prácticamente muerto. Así, no se pretende recuperar una tradición que aún se recuerda, sino crear una legislación totalmente nueva.
El objetivo es, claramente, reforzar el hecho diferencial que constituye la base del proyecto nacionalista. Se asumen los costes señalados a fin de fomentar esa diferencia que, en definitiva, ha de justificar la independencia de Cataluña.
Desde la perspectiva de la aplicación práctica del derecho, hubiese sido preferible mantener el Código civil común, renovándolo de considerarse necesario, e incluir en él, directamente o mediante remisión a otras normas, las particularidades del derecho catalán efectivamente aplicado (el régimen matrimonial de separación, por ejemplo, o la regulación de la legítima), conservando una unidad jurídica que facilitaría las relaciones económicas, en particular en el campo inmobiliario. Pero se ha preferido sacrificar las conveniencias prácticas en aras de una ideología política concreta.
Desde luego, no hay duda de la competencia de Cataluña para aprobar su propio derecho civil. Lo que discutimos es la conveniencia de aprobar un Código civil propio por los costes que ello ha de representar para las empresas.
En efecto, una sociedad promotora que actúe en Cataluña y en otros territorios deberá analizar la adecuación de sus cláusulas contractuales a cada uno de los derechos vigentes en tales territorios, con el consiguiente aumento de los costes de asesoramiento. Lo propio sucederá si un deudor pretende garantizar una obligación mediante la hipoteca de inmuebles situados en territorios con distintas legislaciones o mediante fianzas aportadas por peersonas sometidas a diferentes derechos; otro tanto le sucederá al acreedor.
De igual manera, el ciudadano de Zaragoza que pretenda adquirir un apartamento en la Costa Dorada hará bien en solicitar asesoramiento acerca de la legislación catalana, pues una diferencia de detalle puede representar un coste importante.
La afirmación de que con ello se pretende recuperar el derecho tradicional de Cataluña no es válida, sencillamente porque ese derecho tradicional, con escasas excepciones, ha desaparecido. La causa fue, primero, la interpretación que el Tribunal Supremo hizo del artículo 12 (posteriormente 13.2) del Código civil común, en nuestra opinión claramente errónea, y, después, la publicación de la Compilación en 1960. El resultado fue que, al menos desde esta última fecha, no se ha aplicado ni estudiado (salvo a título de investigación histórica) ese derecho tradicional catalán, que ha quedado así prácticamente muerto. Así, no se pretende recuperar una tradición que aún se recuerda, sino crear una legislación totalmente nueva.
El objetivo es, claramente, reforzar el hecho diferencial que constituye la base del proyecto nacionalista. Se asumen los costes señalados a fin de fomentar esa diferencia que, en definitiva, ha de justificar la independencia de Cataluña.
Desde la perspectiva de la aplicación práctica del derecho, hubiese sido preferible mantener el Código civil común, renovándolo de considerarse necesario, e incluir en él, directamente o mediante remisión a otras normas, las particularidades del derecho catalán efectivamente aplicado (el régimen matrimonial de separación, por ejemplo, o la regulación de la legítima), conservando una unidad jurídica que facilitaría las relaciones económicas, en particular en el campo inmobiliario. Pero se ha preferido sacrificar las conveniencias prácticas en aras de una ideología política concreta.
domingo, 31 de agosto de 2008
Castellano
Esta semana, creo que el lunes, La Vanguardia recogía un artículo que afirmaba que el castellano no corre peligro alguno en Cataluña y que nadie pretende erradicarlo del territorio catalán. Es cierto que el castellano goza, en Cataluña, ahora mismo de buena salud, pero ¿nadie pretende erradicarlo?
El dogma nacionalista sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial que no se define, pero es claramente de carácter cultural y fundamentalmente lingüístico; por ello, Cataluña tendría derecho a su autodeterminación.
Según las estadísticas de la Generalitat, en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de hablantes de otras lenguas. Falta, pues, la homogeneidad que implica el concepto mismo de nación. Por tanto, los nacionalistas se proponen la construcción nacional de Cataluña, es decir, la consecución de esa homogeneidad. Ésta, lógicamente, sólo puede consistir en la extensión del número de catalanoparlantes, a costa, obviamente, de reducir el número de castellanoparlantes.
A ello responde, evidentemente, la política lingüística de la Generalitat: utilización exclusiva del catalán, salvo en las relaciones con el resto de España (de España, en la terminología nacionalista); enseñanza exclusiva en catalán, sin excepciones; preocupación por el uso del castellano en el recreo de los colegios; impulso de la utilización del catalán en todos los ámbitos, más allá de garantizar el derecho de los catalanoparlantes; sanciones a quienes no rotulen los establecimientos en catalán, etc.
En conclusión, resulta claro que el nacionalismo pretende eliminar la utilización del castellano en el territorio catalán, en la medida en que ello sea posible y que a ello se aplican los poderes públicos catalanes. Se trata, simplemente de un modelo de convivencia, en el campo lingüístico, de un proyecto sostenido por una parte importante de la sociedad catalana y no hay razón alguna para negarlo u ocultarlo. Si ha de tener éxito o no, el tiempo lo dirá.
El dogma nacionalista sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial que no se define, pero es claramente de carácter cultural y fundamentalmente lingüístico; por ello, Cataluña tendría derecho a su autodeterminación.
Según las estadísticas de la Generalitat, en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de hablantes de otras lenguas. Falta, pues, la homogeneidad que implica el concepto mismo de nación. Por tanto, los nacionalistas se proponen la construcción nacional de Cataluña, es decir, la consecución de esa homogeneidad. Ésta, lógicamente, sólo puede consistir en la extensión del número de catalanoparlantes, a costa, obviamente, de reducir el número de castellanoparlantes.
A ello responde, evidentemente, la política lingüística de la Generalitat: utilización exclusiva del catalán, salvo en las relaciones con el resto de España (de España, en la terminología nacionalista); enseñanza exclusiva en catalán, sin excepciones; preocupación por el uso del castellano en el recreo de los colegios; impulso de la utilización del catalán en todos los ámbitos, más allá de garantizar el derecho de los catalanoparlantes; sanciones a quienes no rotulen los establecimientos en catalán, etc.
En conclusión, resulta claro que el nacionalismo pretende eliminar la utilización del castellano en el territorio catalán, en la medida en que ello sea posible y que a ello se aplican los poderes públicos catalanes. Se trata, simplemente de un modelo de convivencia, en el campo lingüístico, de un proyecto sostenido por una parte importante de la sociedad catalana y no hay razón alguna para negarlo u ocultarlo. Si ha de tener éxito o no, el tiempo lo dirá.
Depresión
En el Magazine (31/08/2008), Ana José González López compara la tragedia de las niñas forzadas a prostituirse en Asia con su propia enfermedad, que califica como psicosis depresiva, calificándose de afortunada. Ciertamente, es espantoso el destino de esas niñas pero, ¿por qué menospreciar la enfermedad depresiva?
¿Ignora la Sra. González que existe un riesgo real de suicidio entre quienes padecen una depresión grave? Paradójicamente, esta postura de supuesta resignación cristiana refleja la convicción de que sólo los bienes materiales y la salud física tienen importancia. El resultado es la tendencia a culpabilizar a quien padece un trastorno mental, imputándole la responsabilidad de su propio sufrimiento, lo que constituye un padecimiento añadido para este enfermo, que no sólo se siente incomprendido, sino que ve negada su enfermedad.
Hagamos, con nuestros bienes materiales, lo que podamos por erradicar la prostitución infantil, pero no neguemos el dolor de quienes padecen trastornos de la mente sólo porque no podamos ver la causa de su sufrimiento.
¿Ignora la Sra. González que existe un riesgo real de suicidio entre quienes padecen una depresión grave? Paradójicamente, esta postura de supuesta resignación cristiana refleja la convicción de que sólo los bienes materiales y la salud física tienen importancia. El resultado es la tendencia a culpabilizar a quien padece un trastorno mental, imputándole la responsabilidad de su propio sufrimiento, lo que constituye un padecimiento añadido para este enfermo, que no sólo se siente incomprendido, sino que ve negada su enfermedad.
Hagamos, con nuestros bienes materiales, lo que podamos por erradicar la prostitución infantil, pero no neguemos el dolor de quienes padecen trastornos de la mente sólo porque no podamos ver la causa de su sufrimiento.
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