Estatut

Las manifestaciones de los nacionalistas catalanes (de todos los partidos) ante el anuncio de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña presentan una rara unanimidad: parece que no puedan siquiera concebir que el Tribunal haga correctamente su labor y llegue a la conclusión de que el Estatuto presenta puntos, más o menos importantes, contrarios a la Constitución.

Una posible explicación es que esos nacionalistas no pueden entender que ellos también pueden equivocarse. Especialmente, en un texto redactado sin prestar atención a los aspectos jurídicos y modificado por razones no sólo políticas, sino de pura táctica política.

Pero también puede ser algo más grave. Puede ser que esos políticos piensen que el Tribunal Constitucional haya de ser forzosamente un engranaje más de los partidos políticos, sometido a la disciplina de éstos. Y que, lejos de combatir algo que desvirtua completamente al Tribunal y a cualquier otro órgano del Estado (salvo, tal vez, los Parlamentos), lo que hacen es entrar en ese juego nefasto y pretender forzar la sentencia en su beneficio.

O aún hay otra explicación: que nieguen la legitimidad, no de un Tribunal Constitucional enfangado por acusaciones de partidismo, sino incluso de un Tribunal impoluto, por creer que ellos, los nacionalistas catalanes, están en posesión de una verdad absoluta, superior, por su propia naturaleza, a la misma Constitución.

Si contribuir al descrédito del Tribunal Constitucional es negativo, esta negación de la jerarquía normativa es devastadora. Lo es porque constituye la justificación de cualquier solución antijurídica y, especialmente, de la violencia. Tanto los golpes de Estado como el terrorismo se fundamentan en la supuesta defensa de un bien superior, de una verdad indiscutible que se considera amenazada y, frente a esa amenaza, todo vale.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional ha de ser razonada, y razonada dentro del sistema jurídico vigente. Y, por tanto, será susceptible de críticas, que también habrán de ajustarse a ese sistema, a las normas del juego. Si la sentencia es adversa a los deseos de algún grupo político, pero se ajusta a la Constitución, la solución no será imprecar al Tribunal, sino trabajar por modificar la Carta magna.