sábado, 25 de octubre de 2008

Amnistía

La actuación del Juez Baltasar Garzón ha puessto en duda el valor de la amnistía de 1977. Creo que hay que recordar qué sentido tuvo esa amnistía.

La muerte de Franco tuvo una gran trascendencia, ya que el franquismo era, sobre todo, una dictadura personal, no la dictadura de un partido o de un grupo. Pero los mecanismos del poder estaban en su totalidad en manos de los franquistas. En particular, el Ejército era el mismo, aunque su Generalísimo hubiese muerto.

Todo el mundo comprendía que, muerto Franco, el franquismo no tenía sentido. Pero eso no suponía que quienes se beneficiaban de la dictadura estuviesen dispuestos a perder sus privilegios, y mucho menos su libertad o su vida.

La amnistía fue una condición imprescindible para que aceptasen la democracia. Al propio tiempo, supuso la cancelación de los delitos que el régimen de Franco imputaba a sus enemigos, haciendo posible que éstos volviesen a España. Pero, sobre todo, fue la garantía exigida por quienes detentaban los poderes del Estado para que permitiesen la transición.

Las Cortes franquistas y el Consejo Nacional del Movimiento podían impedir la evolución del régimen hacia la democracia sin salirse de la legalidad. Apoyados por el Ejército y las fuerzas de seguridad, podían evitar la transición y, sin una intervención armada de una potencia extranjera, que no se hubiese producido, mantener el régimen durante años. ¿Cuántos? Es difícil saberlo. ¿Tal vez hasta el derribo del muro de Berlín, la caída de las dictaduras comunistas? Se produjo quince años después de la muerte de Franco. Quince años más de dictadura.

Éste fue el sentido de la amnistía. Quince años de democracia. El ingreso de España en la Comunidad Europea en 1985, no en 1995, con el progreso económico que ello supuso. Quince años de libertades. O cinco, o diez. Sin la amnistía, la reforma no se hubiese producido, pero la ruptura tampoco.

Antes de condenar la amnistía, es preciso valorar lo que supuso. Quienes vivimos aquella época no debemos olvidarla y debemos explicarla a los que nacieron después. Ahora la democracia parece algo natural; parece que la dictadura debía haber caído sola. Pero en 1975 o 1977 éramos conscientes de su fuerza, aunque estuviese condenada. Entonces valoramos lo que supuso la transición. No lo olvidemos.

domingo, 19 de octubre de 2008

Companys

Los nacionalistas reclaman la anulación del juicio (mejor llamarlo directamente simulacro de juicio) en el que el Presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, fue condenado a muerte, condena inmediatamente cumplida, y la total rehabilitación de su figura. El actual Presidente de la Generalitat ha hecho suya esa reclamación.

Nada tengo que decir acerca de la anulación del proceso, salvo que quizá no tenga mucho sentido. Pero se inserta dentro de un proceso de mitificación de la figura del llamado "President màrtir". Y esta mitificación puede ser peligrosa.

No hay que olvidar que lo que hizo Companys en octubre de 1934 fue lo mismo que haría Franco en julio de 1936: sublevarse contra el Gobierno legítimo de la República. El resultado fue, evidentemente distino, porque Companys no tuvo los apoyos que esperaba. Con su acción dio un argumento importante a los golpistas de derecha, si bien , todo hay que decirlo, no lo necesitaban.

Pero esta mitificación de Companys equivale a justificar su acción, su levantamiento, porque lo hizo por Cataluña. De esta forma, en realidad, se justifica la rebelión, siempre que los valores que pretende defender sean los nuestros. Naturalmente, admitida la legitimidad de la sublevación, resulta difícil negarla cuando los valores que se pretenden defender son otros, igualmente sagrados para sus defensores.

Por ello hay que condenar las rebeliones contra los Gobiernos legítimos vengan de donde vengan y defiendan unos u otros valores. Hay que condenar la sublevación de Companys como la de Franco, como única vía para evitarlas todas. Es, pues, importante recordar toda la actuación de Companys, no sólo su asesinato.

martes, 14 de octubre de 2008

Responsabilidad

Se ha hablado mucho de los sueldos estratosféricos que percibían los directivos de los bancos que han provocado la actual crisis y de las indemnizaciones que, para caso de despido, blindaban sus contratos. En resumen, cobraban por provocar la quiebra de sus compañías y, si querían sustituirles por su mala gestión, les tenían que pagar una millonada.

Pero parece que nadie se acuerda de un principio del Derecho que rige en España y, probablemente, también en los Estados Unidos (aunque nunca se sabe). Se puede enunciar con la castiza frase: "El que la hace, la paga". En términos menos coloquiales, se trata de la responsabilidad civil por actos propios.

Si, realmente, la conducta de estos directivos ha sido nefasta para las entidades que gestionaban, éstas tienen derecho a exigirles una indemnización por un importe igual al de los daños debidos a su actuación. Por esta vía se puede obtener, al menos, que estos directivos pierdan los beneficios obtenidos indebidamente, a costa de perjudicar a las empresas para las que trabajaban. Exigiendo estas indemnizaciones se lograría que, en el futuro, los directivos se tentasen la ropa antes de seguir políticas cortoplacistas que, a largo, perjudicasen a las empresas.

Pero probablemente estas indemnizaciones nunca se exigirán. Primero, porque hacerlo llevaría a cuestionar la actuación de los órganos, empresariales y estatales, de control, que permitieron continuar estas actuaciones. Y, segundo, porque esos directivos han conectado con el poder político, han hecho favores, conocen secretos y, en definitiva, pueden perjuidicar a quien pretenda exigirles que paguen por sus pecados.

No creo en las revoluciones, que suelen conducir a abusos. Pero, a veces, parece que hace falta una.

sábado, 11 de octubre de 2008

Estatut

Las manifestaciones de los nacionalistas catalanes (de todos los partidos) ante el anuncio de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña presentan una rara unanimidad: parece que no puedan siquiera concebir que el Tribunal haga correctamente su labor y llegue a la conclusión de que el Estatuto presenta puntos, más o menos importantes, contrarios a la Constitución.

Una posible explicación es que esos nacionalistas no pueden entender que ellos también pueden equivocarse. Especialmente, en un texto redactado sin prestar atención a los aspectos jurídicos y modificado por razones no sólo políticas, sino de pura táctica política.

Pero también puede ser algo más grave. Puede ser que esos políticos piensen que el Tribunal Constitucional haya de ser forzosamente un engranaje más de los partidos políticos, sometido a la disciplina de éstos. Y que, lejos de combatir algo que desvirtua completamente al Tribunal y a cualquier otro órgano del Estado (salvo, tal vez, los Parlamentos), lo que hacen es entrar en ese juego nefasto y pretender forzar la sentencia en su beneficio.

O aún hay otra explicación: que nieguen la legitimidad, no de un Tribunal Constitucional enfangado por acusaciones de partidismo, sino incluso de un Tribunal impoluto, por creer que ellos, los nacionalistas catalanes, están en posesión de una verdad absoluta, superior, por su propia naturaleza, a la misma Constitución.

Si contribuir al descrédito del Tribunal Constitucional es negativo, esta negación de la jerarquía normativa es devastadora. Lo es porque constituye la justificación de cualquier solución antijurídica y, especialmente, de la violencia. Tanto los golpes de Estado como el terrorismo se fundamentan en la supuesta defensa de un bien superior, de una verdad indiscutible que se considera amenazada y, frente a esa amenaza, todo vale.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional ha de ser razonada, y razonada dentro del sistema jurídico vigente. Y, por tanto, será susceptible de críticas, que también habrán de ajustarse a ese sistema, a las normas del juego. Si la sentencia es adversa a los deseos de algún grupo político, pero se ajusta a la Constitución, la solución no será imprecar al Tribunal, sino trabajar por modificar la Carta magna.

domingo, 5 de octubre de 2008

Esfuerzo

El último debate en el parlamento catalán podría ser esperanzador: tanto Montilla como Mas hablaron de recuperar la cultura del esfuerzo. Podría ser esperanzador, si no lo hubieran dicho dos políticos.

No hay más que ver los criterios que siguen los políticos para cubrir, por ejemplo, las plazas vacantes en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional: gente obediente, no personas que, a través de su esfuerzo, han obtenido una competencia profesional generalmente reconocida.

La presentación en la prensa de los componentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la nueva dirección del Partido Popular tuvo una coincidencia: se mencionó la profesión de aquéllas personas que habían aprobado una oposición de campanillas (Abogado del Estado, Registrador de la Propiedad), pero no se dijo nada de la trayectoria profesional de los demás: jurista, economista, empresario. ¿Qué habían hecho, que pleitos habían ganado, dónde habían ejercido, qué empresas habían gestionado?

Se habló mucho de la condición de mujer de la Ministra de Defensa y de su estado de buena esperanza. Pero no se dijo nada de las características que la hacían apta para el cargo: ¿tenía una larga experiencia en política de defensa, por su pertenencia a la Comisión de Defensa del Congreso?¿Tenía experiencia de gestión? No, era mujer y embarazada, y había sido la titular del Ministerio de la Vivienda (que carece de competencias reales) durante un plazo tan breve que no tuvo ocasión de desarrollar política alguna. Parece que para ser ministro basta con ser amigo del líder, tener influencia en el partido...o formar parte de una minoría que conviene proteger.

En cuanto al Sr. Mas, todo lo anterior le es aplicable pero, además, es nacionalista. Es decir, su proyecto político pretende mantener el poder en las manos de la burguesía industrial catalana, que ha perdido sus empresas y, por tanto, su verdadero poder. Quiere, en definitiva, barrar el paso a personas como el propio Montilla, que ha conseguido situarse por medio del esfuerzo, aunque sea en el siempre dudoso campo de la política.

Valorar el esfuerzo significa premiarlo, con dinero y prestigio. Significa reconocer la competencia en quien la tiene, y escucharle, en lugar de halagar a las masas, tengan o no razón. La democracia significa que todos los intereses individuales son iguales, no que todas las opiniones tengan el mismo valor. La conveniencia del experto no es superior a la del lego, pero el dictamen razonado del primero sí lo es frente a la creencia infundada del segundo.

jueves, 2 de octubre de 2008

Castellano

La manifestación del otro día ha vuelto a poner de actualidad el trato que recibe el castellano en Cataluña. Los manifestantes opinan que el castellano es perseguido, mientras los nacionalistas catalanes alegan que es objeto de un amplio uso social.

En cierto modo, ambos grupos tienen razón, aunque con algún matiz, pero en realidad hablan de cosas distintas.

El castellano es, efectivamente, utilizado de forma amplia en Cataluña. Si, por la calle, en un comercio, en una oficina, te diriges a cualquier persona en castellano, muy probablemente contestará en la misma lengua. La venta de diarios en castellano, de libros en la misma lengua, la afluencia a cines que proyectan filmes doblados en castellano supera con mucho las correspondientes en catalán. En consecuencia, puede decirse que el castellano goza de buena salud en Cataluña.

Ahora bien, la política de las instituciones públicas pretende la implantación del catalán como única lengua en todos los ámbitos a los que alcanzan sus poderes y, en último término, como única lengua de Cataluña. El castellano, para estas instituciones, es tan sólo la lenguadel Estado y, por tanto, debe usarse tan sólo en las relaciones con los órganos de ese Estado, nunca en relaciones con personas o instituciones catalanas.

Estos principios (que en la práctica no se cumplen a rajatabla) son la consecuencia lógica de la ideología nacionalista. Ésta sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial de carácter fundamentalmente cultural y, sobre todo, lingüístico, por lo que tiene un derecho y una vocación al autogobierno. Ahora bien, como la realidad, tozuda, no coincide exactamente con este dogma, ya que sólo un 48% de los habitantes de Cataluña son catalanoparlantes, frente a un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros (datos de la página web de la Generalidad), es precisa la construcción nacional de Cataluña, que consiste, naturalmente, en fomentar el uso del catalán en detrimento del castellano, a fin de que se cumpla el hecho diferencial.

No hace falta soliviantarse. Se trata tan sólo de un proyecto de futuro para Cataluña, que los ciudadanos deben valorar y aceptar o rechazar democráticamente, a través de las elecciones. Lo que se debe pedir a los nacionalistas es que reconozcan que se trata de su proyecto y que lo manifiesten abiertamente, en lugar de afirmar mendazmente que es una realidad actual o, incluso, una verdad eterna.

Ahora bien, tampoco hace falta hablar de persecución del castellano. No, porque las únicas medidas abiertamente punitivas que se utilizan son las multas a los comercios que no utilizan el catalán en sus rótulos. No hay encarcelamientos, guetos, detenciones de la gente que habla castellano. Únicamente, una política de discriminación activa y pasiva.