Francesc de Carreras critica en "La Vanguardia" del 31 de enero algunos gastos de la Generalitat.
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090131/53631132045/alegria-en-el-gasto.html. Destaca, en particular, la incoherencia de tales gastos en la actual situación de crisis económica.
Por supuesto, esta alegría en el gasto no se limita al gobierno catalán; también el gobierno del Estado es culpable. De gastar sin sentido y de no utilizar los recursos disponibles para combatir la crisis.
La política económica preconizada por John Maynard Keynes para situaciones de crisis consiste en incrementar el gasto público, recurriendo al déficit, a fin de generar empleo y, por tanto, demanda que estimule la economía. Las empresas que trabajan para el Estado obtienen unos ingresos con los que pagan a sus proveedores y trabajadores, que gastan esos ingresos, generando una demanda que ha de ser atendida por las empresas.
Para que esta política produzca los mejores resultados, el Estado debe destinar el gasto a mejorar la capacidad productiva del país. Un incremento de las pensiones puede ser justo y necesario, y permite a los perceptores incrementar el consumo y, por tanto, elevar la demanda. Pero si se mejoran, por ejemplo, las comunicaciones, no sólo se actúa sobre la demanda, sino también sobre la oferta futura: las empresas de la zona beneficiada por la obra tendrán más facilidades para trasportar sus productos y, por tanto, podrán incrementar sus ventas.
Dinero había: los famosos cuatrocientos euros que Zapatero destinó a asegurar su reelección o los fondos que ahora reparte entre los Ayuntamientos para que construyan equipamientos deportivos o asistenciales. O, en el ámbito autonómico, los fondos a que se refiere el profesor de Carreras.
Ese dinero se podía aplicar a mejorar la capacidad productiva. Por ejemplo, facilitar el aprendizaje del inglés, una de las carencias básicas de los españoles, emitiendo en televisión películas o series en versión original subtitulada. O crear un mercado virtual de innovaciones, poniendo en contacto a través de la red a inventores, Universidades y empresas: el poder público podía garantizar la limpieza de las transacciones y la seguridad jurídica de los actores.
O, puesto que faltan profesionales de diversos oficios, incrementar la oferta de cursos de formación, dirigidos tanto a parados como a empleados, abriendo el abanico de horarios y centrándose en las profesiones deficitarias.
Estoy convencido de que, en una situación de emergencia, muchos profesionales estarían dispuestos a enseñar sus especialidades por una remuneración escasa, incluso gratuitamente; teniendo profesores, habría que encontrar aulas y material; si los cursos se revelaban útiles para conseguir empleo, los alumnos acudirían en masa. Sería preciso detectar qué conocimientos son más necesarios y crear los cursos necesarios; ambas cosas son competencias comunes de la Administración educativa.
Pero a los gobernantes, y a todos los políticos, el país y los ciudadanos que lo habitan les tienen sin cuidado. Ellos ven en la crisis una oportunidad para lo único que les interesa: conseguir el poder, si no lo tienen, y mantenerse en él. Por tanto, el aumento del gasto público que permite el déficit lo aplican según criterios de rentabilidad política, no de rentabilidad económica. Y así nos va.
sábado, 31 de enero de 2009
miércoles, 21 de enero de 2009
Dignidad
Jordi Pujol pide "una reacción" si fracasan Estatut y financiación.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624416200.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624416200.html
Lo que se cuida muy mucho de decir es qué tipo de reacción aconseja. ¿Un plan soberanista, como Ibarretxe? ¿Una huelga general?¿Una declaración unilateral de independencia?¿Votar unánimemente a CiU? No se va a mojar un político tan curtido.
Pero hay que recordarle varias cosas: que su formación política es corresponsable de lo que pase con un Estatut que contribuyó a hacer como hoy es, simplemente por oportunismo político. Primero, con una subasta irresponsable de soberanismo, a la que se prestó CiU temerosa de que el tripartito le arrebatase la senyera. Y, después, con el pacto entre Zapatero y Artur Mas, en un clarísimo ejemplo de la clásica política pujoliana de "peix al cove" (para el partido, no para el país, no hace falta decirlo; aunque tal vez él los confunda).
Segundo, que las dificultades en la financiación provienen de los pactos a que llegó el propio Pujol con el otro partido conservador, el PP, cuando éste gobernaba el Estado y CiU en su feudo.
Tercero, que si no se pueden superar estas dificultades es por la exigencia nacionalista de que, además de una mejor financiación, se atribuya a Cataluña un régimen diferente, "se reconozca el hecho diferencial catalán". Pedir un reparto mejor, más justo, de unos dineros que son de todos no puede ser criticado (aunque siempre habría sido precisa una negociación). Pedir, además, un trato diferenciado es políticamente equivalente a pedir privilegios y éso no lo puede tolerar ningún político de otra Comunidad.
Por último, que el autogobierno consiste en la capacidad de decisión, no en el folklore. Pujol, como ha hecho siempre, considera más importante el idioma en que está escrita la etiqueta que el producto contenido en el envase. Por éso pide que los demás le reconozcan una diferencia, en lugar de crearla con una política beneficiosa para Cataluña. Ésto no es importante. ¿O, tal vez, el propio Jordi Pujol no está convencido de la diferencia y por ello pide que los demás le convenzan?
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624416200.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624416200.html
Lo que se cuida muy mucho de decir es qué tipo de reacción aconseja. ¿Un plan soberanista, como Ibarretxe? ¿Una huelga general?¿Una declaración unilateral de independencia?¿Votar unánimemente a CiU? No se va a mojar un político tan curtido.
Pero hay que recordarle varias cosas: que su formación política es corresponsable de lo que pase con un Estatut que contribuyó a hacer como hoy es, simplemente por oportunismo político. Primero, con una subasta irresponsable de soberanismo, a la que se prestó CiU temerosa de que el tripartito le arrebatase la senyera. Y, después, con el pacto entre Zapatero y Artur Mas, en un clarísimo ejemplo de la clásica política pujoliana de "peix al cove" (para el partido, no para el país, no hace falta decirlo; aunque tal vez él los confunda).
Segundo, que las dificultades en la financiación provienen de los pactos a que llegó el propio Pujol con el otro partido conservador, el PP, cuando éste gobernaba el Estado y CiU en su feudo.
Tercero, que si no se pueden superar estas dificultades es por la exigencia nacionalista de que, además de una mejor financiación, se atribuya a Cataluña un régimen diferente, "se reconozca el hecho diferencial catalán". Pedir un reparto mejor, más justo, de unos dineros que son de todos no puede ser criticado (aunque siempre habría sido precisa una negociación). Pedir, además, un trato diferenciado es políticamente equivalente a pedir privilegios y éso no lo puede tolerar ningún político de otra Comunidad.
Por último, que el autogobierno consiste en la capacidad de decisión, no en el folklore. Pujol, como ha hecho siempre, considera más importante el idioma en que está escrita la etiqueta que el producto contenido en el envase. Por éso pide que los demás le reconozcan una diferencia, en lugar de crearla con una política beneficiosa para Cataluña. Ésto no es importante. ¿O, tal vez, el propio Jordi Pujol no está convencido de la diferencia y por ello pide que los demás le convenzan?
Paz y religión
En un artículo por lo demás muy mesurado, publicado en La Vanguardia el 21 de enero, Josep-Maria Puigjaner nos viene a repetir que, sin la religión, el mundo sería un caos de violencia y destrucción.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624417178.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624417178.html
Hay que recordar las Cruzadas, la Inquisición ("matadlos a todos; Dios reconocerá a los suyos" en la cruzada contra los albigenses), las guerras de religión, promovidas o avaladas por la Iglesia católica. Hay que recordar la noche de San Valentín (el día más feliz de la vida del católico monarca Felipe II fue aquél en que se enteró de esa matanza, perpetrada por orden del cristianísimo rey de Francia), las guerras carlistas, en defensa de Dios, Patria y Rey, la rebelión militar de 1936 y la represión de los vencedores, defensores de la santa fe y jaleados por los obispos.
Hay que recordar que la invasión de Irak fue ordenada por el cristiano renacido George W. Bush, aupado por los poderosos telepredicadores y el sector más integrista de las distintas sectas cristianas de Estados Unidos, en respuesta a la matanza perpetrada el 11-S por los fundamentalistas islámicos, que afirman ser combatientes de la guerra santa, uno de los cinco pilares del Islam, es decir, que cumplen un mandato divino.
Hay que recordar, por fin, que la sangrienta acción militar israelí en Gaza tiene su origen, en definitiva, en la convicción de los judíos de ser el Pueblo elegido por Dios, que les prometió hace siglos la tierra que hoy ocupa el Estado de Israel. Tierra, por cierto, en que sus antepasados entraron a sangre y fuego por orden de Yahvé.
La religión nunca ha sido garantía de paz y convivencia. Los ejemplos expuestos prueban que la Madre Teresa de Calcuta es tan excepcional entre los creyentes como lo es en comparación con los ateos. Da igual si Dios existe, no existe, o si le importamos un comino. Siempre, como dice el Sr. Puigjaner, nos tendremos que armar de humanidad y de bondad inteligente para que el mundo no acabe en la autodestrucción.
P.S.: El autobus ateo lo deben haber financiado los curas. Nunca, de otra forma, se hubiese hablado tanto de Dios.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624417178.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624417178.html
Hay que recordar las Cruzadas, la Inquisición ("matadlos a todos; Dios reconocerá a los suyos" en la cruzada contra los albigenses), las guerras de religión, promovidas o avaladas por la Iglesia católica. Hay que recordar la noche de San Valentín (el día más feliz de la vida del católico monarca Felipe II fue aquél en que se enteró de esa matanza, perpetrada por orden del cristianísimo rey de Francia), las guerras carlistas, en defensa de Dios, Patria y Rey, la rebelión militar de 1936 y la represión de los vencedores, defensores de la santa fe y jaleados por los obispos.
Hay que recordar que la invasión de Irak fue ordenada por el cristiano renacido George W. Bush, aupado por los poderosos telepredicadores y el sector más integrista de las distintas sectas cristianas de Estados Unidos, en respuesta a la matanza perpetrada el 11-S por los fundamentalistas islámicos, que afirman ser combatientes de la guerra santa, uno de los cinco pilares del Islam, es decir, que cumplen un mandato divino.
Hay que recordar, por fin, que la sangrienta acción militar israelí en Gaza tiene su origen, en definitiva, en la convicción de los judíos de ser el Pueblo elegido por Dios, que les prometió hace siglos la tierra que hoy ocupa el Estado de Israel. Tierra, por cierto, en que sus antepasados entraron a sangre y fuego por orden de Yahvé.
La religión nunca ha sido garantía de paz y convivencia. Los ejemplos expuestos prueban que la Madre Teresa de Calcuta es tan excepcional entre los creyentes como lo es en comparación con los ateos. Da igual si Dios existe, no existe, o si le importamos un comino. Siempre, como dice el Sr. Puigjaner, nos tendremos que armar de humanidad y de bondad inteligente para que el mundo no acabe en la autodestrucción.
P.S.: El autobus ateo lo deben haber financiado los curas. Nunca, de otra forma, se hubiese hablado tanto de Dios.
lunes, 19 de enero de 2009
Sucesiones
Como sucede frecuentemente, hoy, 5 de febrero, La Vanguardia publica una carta contra el Impuesto sobre Sucesiones. Esta carta resalta que la supresión del impuesto en otras Comunidades y su mantenimiento en Cataluña es un atentado al principio de igualdad.
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090119/53620796761.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090204/53632695628.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090205/53633820251.html
Tradicionalmente se dice que el Impuesto sobre Sucesiones grava una capacidad económica que ya ha tributado en origen (por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), por lo que supone una doble imposición. También se afirma que puede tener un efecto desincentivador del esfuerzo, ya que el individuo estaría dispuesto a trabajar en beneficio de sus descendientes, pero no del Estado.
Por el contrario, se afirma que es un mecanismo que favorece la igualdad de oportunidades, ya que no todos los individuos reciben gratuitamente la ayuda de un padre o abuelo acaudalado, de forma que su exacción reduce la ventaja y permite financiar políticas compensatorias (como becas de estudios para los hijos de familias menesterosas). Ciertamente, en muchos casos el heredero, lejos de estar desvalido y sin perjuicio de sus sentimientos, al heredar obtiene un beneficio que él no ha merecido.
También es verdad que las exenciones que nuestra legislación reconoce y las posibilidades de planificación fiscal de que disponen las personas pudientes hacen que el impuesto grave especialmente a las clases medias, no a los poderosos.
Lo que no se puede afirmar es que las diferencias entre Comunidades Autónomas son un atentado contra la igualdad. Mejor dicho, para éso se crearon las Comunidades: para establecer diferencias. Políticas diferentes, tanto en la vertiente del gasto como en la de los ingresos públicos. Diferencias en la gestión de los servicios públicos, pero también diferencias en su financiación.
Caben varias posibilidades: las Comunidades que han suprimido el Impuesto sobre Sucesiones pueden obtener financiación de otras fuentes (de otros tributos, que no se exigen en Cataluña); pueden realizar una mejor gestión, reduciendo conceptos de gasto; o pueden acudir al endeudamiento, haciendo que paguen los servicios que hoy se prestan las generaciones futuras: los que se beneficiarán de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, precisamente (el endeudamiento de Madrid duplica al de Cataluña).
Por tanto, hay que elegir: igualdad o autonomía. Pero, cualquiera que sea la elección, hay que estar a las duras y a las maduras: pretender que una elección no tenga aspectos negativos es infantil. Y si la política de nuestro Gobierno no nos gusta, hay que mostrarlo en las urnas, votando quien ofrezca una política diferente. Con otros costes, claro está.
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090119/53620796761.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090204/53632695628.html
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090205/53633820251.html
Tradicionalmente se dice que el Impuesto sobre Sucesiones grava una capacidad económica que ya ha tributado en origen (por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), por lo que supone una doble imposición. También se afirma que puede tener un efecto desincentivador del esfuerzo, ya que el individuo estaría dispuesto a trabajar en beneficio de sus descendientes, pero no del Estado.
Por el contrario, se afirma que es un mecanismo que favorece la igualdad de oportunidades, ya que no todos los individuos reciben gratuitamente la ayuda de un padre o abuelo acaudalado, de forma que su exacción reduce la ventaja y permite financiar políticas compensatorias (como becas de estudios para los hijos de familias menesterosas). Ciertamente, en muchos casos el heredero, lejos de estar desvalido y sin perjuicio de sus sentimientos, al heredar obtiene un beneficio que él no ha merecido.
También es verdad que las exenciones que nuestra legislación reconoce y las posibilidades de planificación fiscal de que disponen las personas pudientes hacen que el impuesto grave especialmente a las clases medias, no a los poderosos.
Lo que no se puede afirmar es que las diferencias entre Comunidades Autónomas son un atentado contra la igualdad. Mejor dicho, para éso se crearon las Comunidades: para establecer diferencias. Políticas diferentes, tanto en la vertiente del gasto como en la de los ingresos públicos. Diferencias en la gestión de los servicios públicos, pero también diferencias en su financiación.
Caben varias posibilidades: las Comunidades que han suprimido el Impuesto sobre Sucesiones pueden obtener financiación de otras fuentes (de otros tributos, que no se exigen en Cataluña); pueden realizar una mejor gestión, reduciendo conceptos de gasto; o pueden acudir al endeudamiento, haciendo que paguen los servicios que hoy se prestan las generaciones futuras: los que se beneficiarán de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, precisamente (el endeudamiento de Madrid duplica al de Cataluña).
Por tanto, hay que elegir: igualdad o autonomía. Pero, cualquiera que sea la elección, hay que estar a las duras y a las maduras: pretender que una elección no tenga aspectos negativos es infantil. Y si la política de nuestro Gobierno no nos gusta, hay que mostrarlo en las urnas, votando quien ofrezca una política diferente. Con otros costes, claro está.
viernes, 16 de enero de 2009
Soberanismo
Un lector se queja en La Vanguardia del 16 de enero, de la deriva independentista que está tomando CiU, que se manifiesta en el fichaje de Tremosa para las elecciones europeas.
(http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090116/53619673653.html)
Si una formación política basa su mensaje en afirmar que Cataluña no forma parte de España, que es una nación diferente y, como tal, tiene el derecho y la vocación de autogobernarse. Si, además, afirma que todos los problemas de Cataluña provienen de España y la solución es siempre una mayor cuota de autogobierno, no puede después contradecirse y aceptar un autogobierno menos que pleno. Y el pleno autogobierno es la soberanía, la independencia.
Esta argumentación, además, permite al partido que gobierna en Cataluña apuntarse todos los aciertos y eximirse de sus errores, alegando que se deben a la interferencia de Madrid, a una cuota insuficiente de autogobierno o, como sucede ahora, a la escasa financiación. En consecuencia, ni aun la prueba de la realidad permite poner en duda la eficacia mágica del nacionalismo como solución a todos los problemas del país. ´
La consecuencia lógica de esta situación es clara: el nacionalismo conduce a la independencia, aun en contra de la voluntad de los propios nacionalistas, que no pueden proponerse otra meta sin contradecirse o sin aceptar la crítica a su gestión.
Pero, cuidado. El nacionalismo no es una ideología exclusiva de los partidos que se llaman nacionalistas. La comparten con CiU ERC, el sector nacionalista del PSC (el PSC propiamente dicho, no los que votan al PSC porque el PSOE no se presenta bajo sus siglas en Cataluña), y sectores, al menos, de los ecosocialistas. La prueba más clara está en el origen de la reforma del Estatut, una maniobra del tripartito para demostrar que ellos eran más nacionalistas que CiU, que a ellos, a nacionalistas no les gana nadie.
O sea, que nadie se llame a engaño. Quien vota a un partido nacionalista, está votando a favor de la independencia de Cataluña. Luego, que no se queje.
(http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090116/53619673653.html)
Si una formación política basa su mensaje en afirmar que Cataluña no forma parte de España, que es una nación diferente y, como tal, tiene el derecho y la vocación de autogobernarse. Si, además, afirma que todos los problemas de Cataluña provienen de España y la solución es siempre una mayor cuota de autogobierno, no puede después contradecirse y aceptar un autogobierno menos que pleno. Y el pleno autogobierno es la soberanía, la independencia.
Esta argumentación, además, permite al partido que gobierna en Cataluña apuntarse todos los aciertos y eximirse de sus errores, alegando que se deben a la interferencia de Madrid, a una cuota insuficiente de autogobierno o, como sucede ahora, a la escasa financiación. En consecuencia, ni aun la prueba de la realidad permite poner en duda la eficacia mágica del nacionalismo como solución a todos los problemas del país. ´
La consecuencia lógica de esta situación es clara: el nacionalismo conduce a la independencia, aun en contra de la voluntad de los propios nacionalistas, que no pueden proponerse otra meta sin contradecirse o sin aceptar la crítica a su gestión.
Pero, cuidado. El nacionalismo no es una ideología exclusiva de los partidos que se llaman nacionalistas. La comparten con CiU ERC, el sector nacionalista del PSC (el PSC propiamente dicho, no los que votan al PSC porque el PSOE no se presenta bajo sus siglas en Cataluña), y sectores, al menos, de los ecosocialistas. La prueba más clara está en el origen de la reforma del Estatut, una maniobra del tripartito para demostrar que ellos eran más nacionalistas que CiU, que a ellos, a nacionalistas no les gana nadie.
O sea, que nadie se llame a engaño. Quien vota a un partido nacionalista, está votando a favor de la independencia de Cataluña. Luego, que no se queje.
viernes, 9 de enero de 2009
Leyes
La reacción más común al enjuiciamiento del lehendakari Ibarretxe y otros políticos consiste en considerarlo una barbaridad perpetrada por unos jueces obtusos y cerrilmente franquistas.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20090109/53614151656.html
Tal vez, dicho procesamiento sea un despropósito. Pero no se presta atención a un punto fundamental: ¿Es acorde con las leyes vigentes ese procesamiento? ¿Tiene un fundamento jurídico, aunque después se resuelva en el archivo de la causa o en una sentencia absolutoria?
Si la normativa vigente exige ese juicio por apreciar indicios de delito en la conducta de los políticos afectados, lo que constituye un despropósito es exigir la inaplicación de la ley por razones políticas y, en particular, por la condición de políticos en ejercicio de los encausados.
Tal vez, efectivamente, esa ley esté mal hecha, sea un auténtico despropósito. En ese caso, lo que procede es derogarla o modificarla. Y no se ha de olvidar que esa ley la hicieron los políticos que ahora se quejan, culpando a los jueces. Y que la hicieron como está por razones estrictamente políticas, que son las únicas que entienden, las únicas que atienden. O sea, que hay que recordarles la necesidad de estar a las duras y a las maduras.
Por supuesto, si la ley no permite encontrar en la conducta de los imputados indicios de delito, se han de depurar las posibles responsabilidades: podría, incluso, existir un delito de prevaricación en los titulares de los órganos judiciales que hubieran encausado a unos ciudadanos en ausencia de esos indicios, más aún si lactuaron así por motivaciones políticas.
Ahora bien, vigente una ley procede recordar y aplicar el tradicional brocardo: dura lex, sed lex. El principio de legalidad es uno de los presupuestos fundamentales de una sociedad democrática. Dejar de aplicar una ley vigente supone una erosión del Estado de Derecho. Hacerlo en beneficio de un político es el camino directo a la dictadura.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20090109/53614151656.html
Tal vez, dicho procesamiento sea un despropósito. Pero no se presta atención a un punto fundamental: ¿Es acorde con las leyes vigentes ese procesamiento? ¿Tiene un fundamento jurídico, aunque después se resuelva en el archivo de la causa o en una sentencia absolutoria?
Si la normativa vigente exige ese juicio por apreciar indicios de delito en la conducta de los políticos afectados, lo que constituye un despropósito es exigir la inaplicación de la ley por razones políticas y, en particular, por la condición de políticos en ejercicio de los encausados.
Tal vez, efectivamente, esa ley esté mal hecha, sea un auténtico despropósito. En ese caso, lo que procede es derogarla o modificarla. Y no se ha de olvidar que esa ley la hicieron los políticos que ahora se quejan, culpando a los jueces. Y que la hicieron como está por razones estrictamente políticas, que son las únicas que entienden, las únicas que atienden. O sea, que hay que recordarles la necesidad de estar a las duras y a las maduras.
Por supuesto, si la ley no permite encontrar en la conducta de los imputados indicios de delito, se han de depurar las posibles responsabilidades: podría, incluso, existir un delito de prevaricación en los titulares de los órganos judiciales que hubieran encausado a unos ciudadanos en ausencia de esos indicios, más aún si lactuaron así por motivaciones políticas.
Ahora bien, vigente una ley procede recordar y aplicar el tradicional brocardo: dura lex, sed lex. El principio de legalidad es uno de los presupuestos fundamentales de una sociedad democrática. Dejar de aplicar una ley vigente supone una erosión del Estado de Derecho. Hacerlo en beneficio de un político es el camino directo a la dictadura.
martes, 6 de enero de 2009
Aministía fiscal
LA VANGUARDIA 06/01/2009 Pág. 44. TRIBUNA
Guillem López Casasnovas
Antoni Durán-Sindreu Buxadé
CRISIS ECONÓMICA Y AMNISTÍA FISCAL
En un contexto excepcional de crisis en el que la
confianza y la transparencia son esenciales para
legitimar las acciones emprendidas, hay que ser
sumamente cauteloso en las reformas o iniciativas
legislativas, limitándolas a las realmente necesarias. De lo
contrario, el riesgo de rechazo social es elevado. En este sentido
cabe comentar la conveniencia apuntada en determinados
foros de una amnistía fiscal y la reciente modificación
de la normativa relativa a los rendimientos de nuestros banqueros,
o más precisamente, de la vinculación relativa a los
rendimientos del capital mobiliario de entidades de crédito
en las que participan.
En cuanto a la primera: el problema actual es fundamentalmente
de liquidez financiera, y no de solvencia de nuestras
entidades financieras, con una elevada incertidumbre
que rebota en la falta de crédito de pequeñas y medianas
empresas y deja en situación morosa a muchas de nuestras
endeudadas familias. Por tanto, qué aporta una amnistía fiscal?
Se trata de un dinero que recibiría el Estado para colocarlo
en manos de terceros que lo reembolsarían a su vencimiento
para que se reintegrase de nuevo a su titular originario:
el defraudador. Éste regularizaría así su situación tributaria
a costa de un interés reducido y la obligación de invertir
en deuda pública a largo plazo. De esta forma, el Estado
obtendría una inyección transitoria de liquidez yundiferencial
de intereses a su favor. Pero los costes pueden ser mucho
más elevados que los pretendidos beneficios: una erosión
más de la cultura fiscal del contribuyente español.
Por tanto, ni la excepcionalidad de la situación ni el respeto
a quienes cumplimos con nuestra obligación constitucional
de contribuir al sostenimiento a los gastos públicos justifica
la medida. Levantar dudas al respecto, aunque sean globos
sonda, ayuda a que decaiga la confianza en el Estado y a
su papel de defensa del interés público en el sistema económico,
confianza ya de por sí muy maltrecha en nuestro país.
En cuanto a la segunda cuestión, su origen es la Ley
35/2006, que señala que los rendimientos del capital mobiliario
procedentes de entidades vinculadas con el contribuyente
forman parte de la renta general y, por tanto, pueden
tributar hasta el 43% en lugar de al tipo único del 18%. La
única excepción la constituyen los rendimientos obtenidos
por la participación en los fondos propios de cualquier tipo
de entidad, por ejemplo, los dividendos, que sí tributan al
tipo fijo del 18%. La razón de ser de dicha norma es evitar
supuestos similares a los de la subcapitalización. Pues bien;
la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1804/2008,
modifica, vulnerando el principio de jerarquía normativa, la
obligación de incluir tales rendimientos en la renta general
cuando no difieran de los que hubieran sido ofertados a
otros colectivos de similares características a las de las personas
que se consideran vinculadas a la entidad pagadora.
La modificación tiene cierta
lógica aunque es discriminatoria,
porque se limita
tan sóloyde forma injustificada
a los supuestos de vinculación
con entidades de
crédito. Por lo demás, la vía
del Real Decreto, no es adecuada
ya que no se trata de
una norma de desarrollo
de la ley sino de su modificación. Sea como fuere, lo importante
es que en estos momentos de excepcionalidad, toda
medida de tipo fiscal ha de cuidar de forma exquisita su necesidad,
justificación y oportunidad. Desde esta perspectiva,
la modificación aprobada es sin duda inoportuna.
En una coyuntura como la actual de río revuelto en el que
existe ya la equívoca sensación de que el capitalismo financiero
español sobrevive con el dinero del contribuyente y
que el Estado se ha rendido a sus exigencias haciendo que
paguen justos por pecadores, seguro que es en interés de la
propia banca española no añadir más leña al fuego a esta por
el momento errónea percepción que transmiten algunos medios.
Recuperar la confianza es esencial.Y para ello, tanto el
poder legislativo como el ejecutivo han de predicar con el
ejemplo y evitar que modificaciones injustificadas o innecesarias
se perciban por la ciudadanía como un privilegio que
acreciente aun más lo que se pretende evitar: la desconfianza
del ciudadano en el papel de las instituciones públicas en
el sistema económico prevalente.
Quisiera añadir un argumento que considero importante a las consideraciones de los profesores López Casasnovas y Durán - Sindreu. En el ámbito empresarial, la defraudación fiscal constituye un mecanismo (ilícito, por supuesto) para mejorar la cuenta de resultados, ofreciendo un mayor beneficio o convirtiendo unas pérdidas reales en un beneficio ficticio. En consecuencia, se trata de una forma de competencia desleal, que permite, a quien la practica, competir con empresas más eficientes, que obtienen beneficios pese a cumplir correctamente sus obligaciones fiscales.
Evidentemente, se trata de un mecanismo arriegado, dada la acción investigadora de la Administración pública, que puede conducir a la exigencia del pago de los tributos defraudados, más las sanciones y el interés de demora, o a la apertura de un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública.
Pero la concesión de la amnistía fiscal reclamada por distintos sectores (incluso, según creo recordar, por el profesor Durán- Sindreu en algún escrito anterior) supone reconocer y legalizar este mecanismo y, por tanto, atribuir una ventaja competitiva a esas empresas menos eficientes que sólo a través de la defraudación pueden mantenerse en el mercado. O, lo que es lo mismo, discriminar negativamente a aquellas empresas, más competitivas, que en buena lógica económica deberían absorber la cuota de mercado de las defraudadoras (no por defraudar, sino por ser menos eficientes) que, gracias a la amnistía, pueden sobrevivir.
Dicen los entendidos que uno de los grandes problemas de la economía española es la falta de productividad, lo que es, en definitiva, falta de eficiencia. La amnistía fiscal es una medida totalmente contraria al incremento de la eficiencia, que sostiene artificialmente empresas inviables o poco eficiente.
A ello se han de añadir la injusticia general de la medida, que beneficia a quienes incumplen las leyes, haciéndolos de mejor condición que los cumplidores y, como señalan los autores de la columna que comentamos, que erosiona la cultura fiscal del contribuyente español, aportándole la prueba de que defraudar es rentable y carece de riesgos, animándole, por tanto, al fraude. Por ello, tanto desde el punto de vista de la justicia fiscal, como de la recaudación impositiva y de la eficiencia económica, debemos oponernos a la propuesta amnistía fiscal.
Guillem López Casasnovas
Antoni Durán-Sindreu Buxadé
CRISIS ECONÓMICA Y AMNISTÍA FISCAL
En un contexto excepcional de crisis en el que la
confianza y la transparencia son esenciales para
legitimar las acciones emprendidas, hay que ser
sumamente cauteloso en las reformas o iniciativas
legislativas, limitándolas a las realmente necesarias. De lo
contrario, el riesgo de rechazo social es elevado. En este sentido
cabe comentar la conveniencia apuntada en determinados
foros de una amnistía fiscal y la reciente modificación
de la normativa relativa a los rendimientos de nuestros banqueros,
o más precisamente, de la vinculación relativa a los
rendimientos del capital mobiliario de entidades de crédito
en las que participan.
En cuanto a la primera: el problema actual es fundamentalmente
de liquidez financiera, y no de solvencia de nuestras
entidades financieras, con una elevada incertidumbre
que rebota en la falta de crédito de pequeñas y medianas
empresas y deja en situación morosa a muchas de nuestras
endeudadas familias. Por tanto, qué aporta una amnistía fiscal?
Se trata de un dinero que recibiría el Estado para colocarlo
en manos de terceros que lo reembolsarían a su vencimiento
para que se reintegrase de nuevo a su titular originario:
el defraudador. Éste regularizaría así su situación tributaria
a costa de un interés reducido y la obligación de invertir
en deuda pública a largo plazo. De esta forma, el Estado
obtendría una inyección transitoria de liquidez yundiferencial
de intereses a su favor. Pero los costes pueden ser mucho
más elevados que los pretendidos beneficios: una erosión
más de la cultura fiscal del contribuyente español.
Por tanto, ni la excepcionalidad de la situación ni el respeto
a quienes cumplimos con nuestra obligación constitucional
de contribuir al sostenimiento a los gastos públicos justifica
la medida. Levantar dudas al respecto, aunque sean globos
sonda, ayuda a que decaiga la confianza en el Estado y a
su papel de defensa del interés público en el sistema económico,
confianza ya de por sí muy maltrecha en nuestro país.
En cuanto a la segunda cuestión, su origen es la Ley
35/2006, que señala que los rendimientos del capital mobiliario
procedentes de entidades vinculadas con el contribuyente
forman parte de la renta general y, por tanto, pueden
tributar hasta el 43% en lugar de al tipo único del 18%. La
única excepción la constituyen los rendimientos obtenidos
por la participación en los fondos propios de cualquier tipo
de entidad, por ejemplo, los dividendos, que sí tributan al
tipo fijo del 18%. La razón de ser de dicha norma es evitar
supuestos similares a los de la subcapitalización. Pues bien;
la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1804/2008,
modifica, vulnerando el principio de jerarquía normativa, la
obligación de incluir tales rendimientos en la renta general
cuando no difieran de los que hubieran sido ofertados a
otros colectivos de similares características a las de las personas
que se consideran vinculadas a la entidad pagadora.
La modificación tiene cierta
lógica aunque es discriminatoria,
porque se limita
tan sóloyde forma injustificada
a los supuestos de vinculación
con entidades de
crédito. Por lo demás, la vía
del Real Decreto, no es adecuada
ya que no se trata de
una norma de desarrollo
de la ley sino de su modificación. Sea como fuere, lo importante
es que en estos momentos de excepcionalidad, toda
medida de tipo fiscal ha de cuidar de forma exquisita su necesidad,
justificación y oportunidad. Desde esta perspectiva,
la modificación aprobada es sin duda inoportuna.
En una coyuntura como la actual de río revuelto en el que
existe ya la equívoca sensación de que el capitalismo financiero
español sobrevive con el dinero del contribuyente y
que el Estado se ha rendido a sus exigencias haciendo que
paguen justos por pecadores, seguro que es en interés de la
propia banca española no añadir más leña al fuego a esta por
el momento errónea percepción que transmiten algunos medios.
Recuperar la confianza es esencial.Y para ello, tanto el
poder legislativo como el ejecutivo han de predicar con el
ejemplo y evitar que modificaciones injustificadas o innecesarias
se perciban por la ciudadanía como un privilegio que
acreciente aun más lo que se pretende evitar: la desconfianza
del ciudadano en el papel de las instituciones públicas en
el sistema económico prevalente.
Quisiera añadir un argumento que considero importante a las consideraciones de los profesores López Casasnovas y Durán - Sindreu. En el ámbito empresarial, la defraudación fiscal constituye un mecanismo (ilícito, por supuesto) para mejorar la cuenta de resultados, ofreciendo un mayor beneficio o convirtiendo unas pérdidas reales en un beneficio ficticio. En consecuencia, se trata de una forma de competencia desleal, que permite, a quien la practica, competir con empresas más eficientes, que obtienen beneficios pese a cumplir correctamente sus obligaciones fiscales.
Evidentemente, se trata de un mecanismo arriegado, dada la acción investigadora de la Administración pública, que puede conducir a la exigencia del pago de los tributos defraudados, más las sanciones y el interés de demora, o a la apertura de un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública.
Pero la concesión de la amnistía fiscal reclamada por distintos sectores (incluso, según creo recordar, por el profesor Durán- Sindreu en algún escrito anterior) supone reconocer y legalizar este mecanismo y, por tanto, atribuir una ventaja competitiva a esas empresas menos eficientes que sólo a través de la defraudación pueden mantenerse en el mercado. O, lo que es lo mismo, discriminar negativamente a aquellas empresas, más competitivas, que en buena lógica económica deberían absorber la cuota de mercado de las defraudadoras (no por defraudar, sino por ser menos eficientes) que, gracias a la amnistía, pueden sobrevivir.
Dicen los entendidos que uno de los grandes problemas de la economía española es la falta de productividad, lo que es, en definitiva, falta de eficiencia. La amnistía fiscal es una medida totalmente contraria al incremento de la eficiencia, que sostiene artificialmente empresas inviables o poco eficiente.
A ello se han de añadir la injusticia general de la medida, que beneficia a quienes incumplen las leyes, haciéndolos de mejor condición que los cumplidores y, como señalan los autores de la columna que comentamos, que erosiona la cultura fiscal del contribuyente español, aportándole la prueba de que defraudar es rentable y carece de riesgos, animándole, por tanto, al fraude. Por ello, tanto desde el punto de vista de la justicia fiscal, como de la recaudación impositiva y de la eficiencia económica, debemos oponernos a la propuesta amnistía fiscal.
lunes, 5 de enero de 2009
Autonomías
Toni Soler. LA VANGUARDIA 04/01/2009 Pag. 19
¿CAFÉ PARA NADIE?
ENCUESTAS. Se comenta con cierto
asombro el buen resultado que los sondeos
pronostican para Unión Progreso
y Democracia (UPyD), pero si uno asoma
la nariz por cierta prensa madrileña
se dará cuenta de que el partido de Rosa
Díez cabalga a lomos de una nueva
campaña patriótica, que tiene por objeto
denunciar el chantaje nacionalista, el
entreguismo del PSOE y la apatía de Mariano
Rajoy. El objetivo de esta campaña,
por supuesto, no es encumbraraRosa
Díez, sino hundir a Rajoy para que
vuelva el aznarismo, encarnado por Esperanza
Aguirre. Un aznarismo de verdad,
el de la mayoría absoluta, no el aznarismo
light acordado con CiU y PNV.
Para que eso ocurra, hay que conseguir
que los partidos nacionalistas dejen de
ser decisivos, cambiando la ley electoral,
o colgándolos de algún sitio, como
diría Fraga. Una vez conseguido esto, el
PP en el gobierno debería liderar la paralización
(o el desmantelamiento) del
Estado de las autonomías, ese pozo sin
fondo que sólo sirve para destruir España,
encumbrar a califas y reyezuelos, y
malgastar los caudales públicos. Esta es
la tesis, la misma que inspiró la Loapa
tras el 23-F. De momento, ni ZP ni Rajoy
la compran, porque no les gusta, o
porque creen que más pronto que tarde
necesitarán a CiU para gobernar.
FEDERALISMO. Cuando se habla entre risitas
de las embajadas de Carod, los extras
del coche de Benach o de las subvenciones
para el fomento del catalán
en el Rosellón (curiosamente, Esquerra
está detrás en los tres casos), se está
transmitiendo el mensaje de que las autonomías
son una patochada cantonalista.
Pero tras esta caricatura subyace
una corriente de opinión mucho más
elaborada, que considera que la generalización
del modelo impuesto por el Estatuto
catalán lleva directamente al desastre.
Lo cual podría ser cierto, ya se está
viendo estos días, con la discusión del
modelo financiero, llevado a cabo a través
de un bosque de relaciones bilaterales.
El único principio inmutable es la
igualdad entre autonomías (excepto las
forales, claro), lo cual es erróneo, injusto
e irreal. ¿De quién es la culpa? Pues
en gran parte, de los federalistas catalanes,
desde Pi i Margall hasta P. Maragall,
que han pretendido superar la dialéctica
entre nacionalismos y arreglar
España a base de extender y fotocopiar
el problema catalán, imponiendo un esquema
autonómico que en España nadie
pedía, y que Catalunya, por supuesto,
pone eternamente en cuestión, para
desespero de la gran mayoría de la población
española, que estaba la mar de
bien con sus diputaciones y sus gobernadores
civiles. Todo esto es lo que da
aliento al partido de Rosa Díez.
PATOLOGÍA. La España autonómica es
un galimatías, tiene una superestructura
hinchada, un empacho de altos cargos,
símbolos, leyes y singularidades
multiplicadas por 17. Catalunya se lleva
todos los palos porque exige y exige, pero
todo lo que consigue para sí, lo obtienen
gratis las demás, que ni siquiera lo
pedían. Lo cual acerca España al caos,
pero sin contentaraCatalunya, pues Catalunya
no quiere sólo recursos y competencias
para gobernarse: también
quiere ser diferente, quiere ser un sujeto
político, como le ocurre a cualquier
nación que se precie. He aquí lo que España
considera intolerable. O sea, que
lo que ocurre es culpa suya: el patriotismo
español prefiere poner en jaque la
estructura del Estado, antes que aceptar
la singularidad catalana, como en su
momento aceptó la singularidad vasca.
Es un comportamiento absurdo y patológico,
que esconde una mezcla de miedo,
complejos y autoritarismo. Si yo quisiera
arreglar España, creo que empezaría
por ahí.
Toni Soler viene a afirmar que las autonomías son innecesarias y negativas, salvo en el caso de Cataluña, porque Cataluña es una nación. Por ello debe ver reconocida su singularidad mediante un régimen especial dentro del Estado español.
Ahora bien, Cataluña no es una nación. Si bien no hay acuerdo acerca del concepto de nación, ha de tratarse de un grupo social al que una característica determinada hace homogéneo en el interior y lo diferencia hacia el exterior, de los restantes grupos. Por supuesto, la diferencia ha de tener una determinada entidad y, quizá, una determinada naturaleza. En el caso catalán, el denominado "hecho diferencial" es de carácter cultural y, básicamente, lingüístico.
Pues bien, según la página web de la Generalitat, en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros. Es decir, más de la mitad de la población no participa del hecho diferencial. Es evidente que Cataluña no puede ser una nación.
No vale echar mano de la historia y afirmar que Cataluña es una nación porque lo fue una vez, hace siglos. Primero, porque los muertos no pueden prevalecer sobre los vivos. Y segundo, porque se trataría de un período histórico elegido por un determinado grupo en función de sus intereses.
Los correligionarios del Sr. Soler, los nacionalistas de todos los partidos, pretenden, precisamente, crear esa nación catalana que, hoy por hoy, no existe, generando esa homogeneidad interior y esa diferencia frente al exterior cuya ausencia excluye que Cataluña sea una nación. De ahí su interés en ver reconocida la diferencia: si se reconoce a Cataluña un régimen diferenciado, se está estableciendo efectivamente una diferencia real, que podrá sustituir al aún insuficiente hecho diferencial o añadirse a él.
La autonomía, el autogobierno, supone la capacidad de decidir, y esa capacidad la tienen las instituciones catalanas en una amplia medida, tanto con el Estatuto actual como con el anterior. El uso de esa capacidad, para realizar una política propia debería ser la principal prioridad de esas instituciones (y la obtención de una financiación adecuada el presupuesto de su ejercicio). Pero, en lugar de esa política propia, adecuada a las diferencias reales, la primera preocupación de nuestros políticos es obtener el reconocimiento de una diferencia de la que ellos mismos dudan. La pretensión de que los otros la reconozcan es la mejor prueba de su inseguridad.
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