En La segunda de "La Vanguardia" de hoy, 29 de diciembre, el vicedirector se despacha a gusto contra los que critican la manifestación en que el cardenal Rouco y el mismo Benedicto XVI atacaron a todo aquel que se apartase de la familia tradicional católica, con especial mención al aborto y al matrimonio homosexual. Abián se burla de los críticos, llamándoles rojos y masones, como en los viejos tiempos; judíos no, no sería políticamente correcto, y separatistas, pues claro, tampoco.
Pero en la página 10 del mismo diario aparece la noticia de que otros dos obispos irlandeses (y católicos, sólo faltaría) han renunciado a sus diócesis por los abusos a niños. No es que los oblispos dimisionarios fuesen acusados de pederastia (bueno, ahora creo que hay que decir efebofilia); lo que hicieron fue lo que siempre ha hecho la Iglesia (la jerarquía eclesiástica, que es la única que tiene voz y voto): encubrir los hechos y ocultar a los culpables.
Los legos no entendemos que la Iglesia encubra hechos gravísimos que atentan directamente contra la doctrina que predica (Mt. 18,6) y que constituyen delitos penados en todos los países civilizados. Y que ni siquiera nos hayan ofrecido una razón mínimamente convincente de ese encubrimiento. El Papa ha lamentado y condenado los casos de pederastia, pero no ha abierto una investigación para determinar las causas del encubrimiento.
No entendemos, pues, que los obispos, sin limpiar primero su casa, se arroguen el derecho de condenar a los demás, sin siquiera oirles, como poseedores de la verdad y la razón. Juzgan y dan lecciones a los demás, sin querer ver la viga en su propio ojo (Mt. 7).
¿Cuál era la familia tradicional? ¿Tal vez aquélla en que el varón podía tener querida, si se lo podía permitir, o frecuentar prostitutas? Ciertamente, los sermones no la presentaban así, pero todo el mundo conocía la realidad, y los obispos contemporizaban con ella.
O, tal vez, aquélla en que una muchacha embarazada era expulsada por el cabeza de familia, en nombre de la honra y de la decencia cristiana y condenada a la prostitución como único medio de vida (si no optaban por recurrir al aborto clandestino). Tampoco lo decía así la hoja parroquial, pero nunca se vió condenar públicamente la acción de todo un caballero cristiano, celoso de su honor y de la decencia de su casa (la mantenida estaba en otra casa, ésta menos decente).
O quizá, aquélla en que el confesor aconsejaba a la mujer maltratada soportar la violencia de su cónyuge, sin osar afear a éste su conducta, porque ello hubiera supuesto atentar contra el orden divino que puso al varón como cabeza de la mujer (Cor. 11,3).
La Iglesia católica, y quiero decir la jerarquía, pues los laicos sólo pueden pagar y obedecer, debiera hacer examen de conciencia y ver si sus acciones responden verdaderamente a la doctrina que dice defender. Si, realmente, los obispos, sacerdotes y fieles están llenos de caridad (Cor. 13) o si su obrar no se adecúa a sus palabras (a la Palabra). Y creo que ese examen le conduciría a una mayor humildad y generosidad. A condenar menos y perdonar más, sin por ello dejar de anunciar lo que consideran es la verdad.
Ahora, estas manifestaciones altisonantes y apocalípticas, contrapuestas a conductas como la que motivó la renuncia de los obispos irlandeses (cuatro, ya) suenan a doble moral, a hipocresía. Que los que pretenden ser sucesores de los apóstoles no sean llamados con el epíteto que usó el mismo Jesús de Nazaret: sepulcros blanqueados (Mt. 23, 23-27href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20091229/53856522693.html">
martes, 29 de diciembre de 2009
domingo, 13 de diciembre de 2009
Independentismo
Vaya por delante que el independentismo es una opción política legítima, que se puede compartir o no. Y que las consultas que se celebran hoy en diversas localidades son una forma de expresión de una determinada ideología, de una propuesta política, alternativa a otras como las manifestaciones callejeras. Se podrá discutir su legalidad o la oportunidad de dedicar fondos públicos a su desarrollo, especialmente en las actuales circunstancias, pero no hace falta tomárselas a la tremenda.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
domingo, 29 de noviembre de 2009
Límites
Si el Estado español quisiese limitar en su territorio la libre circulación de personas, mercancías o capitales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declararía la disposición contraria al Derecho comunitario y, por tanto, nula. Así sería también si la norma limitativa fuese aprobada por referéndum, incluso si se incluyese en la Constitución.
El Estado español únicamente podría intentar convencer a la Unión Europea de cambiar los tratados o denunciar éstos, abandonando la Unión (y aceptando, claro está, las consecuencias). ¿Por qué? Sencillamente porque ha aceptado, al incorporarse a la Unión, unas limitaciones a su soberanía.
Si las Cortes Generales aprueban una ley orgánica restableciendo la pena de muerte para los culpables de maltrato de género o de descargas ilegales (lo que deben haber considerado seriamente en algunos Ministerios), el Tribunal Constitucional la declarará contraria a la Constitución y, por tanto, nula. Así será incluso si se somete a referéndum (y es aprobada), ya que la pena de muerte está prohibida por la Constitución (salvo en tiempo de guerra).
La única vía para aprobar una ley de estas características sería la modificación de la Constitución que, en este caso, al afectar a un derecho fundamental, requeriría un procedimiento especial, que exige la disolución de las Cortes, nuevas elecciones, la aprobación de la reforma constitucional y el referéndum. ¿Por qué? Sencillamente, porque la Constitución es la norma fundamental de la organización política y jurídica del Estado e impone unas limitaciones incluso a los órganos que ejercen la soberanía.
Los nacionalistas sostienen que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de un Estatuto de Autonomía (mejor, del Estatuto de Autonomía de Cataluña) porque ha sido aprobado en referéndum. Los ejemplos anteriores, particularmente el segundo, que plantea la hipótesis de una leu orgánica aprobada en referéndum, muestran la falsedad de esta tesis.
La razón es fácilmente comprensible para cualquiera que acepte razonar: la Constitución española es la norma que crea y regula tanto los Estatutos de Autonomía como los referéndos. Cualquier cosa que se quiera aprobar por estas vías debe someterse a la Constitución, incluso la reforma de la propia Constitución. Otra cosa supone destruir el fundamento mismo sobre el que se pretende edificar. Supone salirse del sistema político jurídico que se asienta en la Constitución.
Los nacionalistas que sostienen que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad del Estatuto porque ha sido aprobado en referéndum, como Jordi Barbeta en "La Vanguardia" de hoy, pretenden, sencillamente, que la legitimidad del referéndum que aprobó el Estatuto es superior a la legitimidad de la Constitución. lo que supone poner el carro delante de los bueyes, ya que el artículo 1 del Estatuto mismo apela a la Constitución como fuente de legitimidad.
Esta confusión se debe a que, previamente, los nacionalistas han abandonado la realidad, sustituyéndola por sus propios deseos. Primero, creen, pese a la fría estadística (v. en este blog "Cataluña, ¿una nación? y el sitio web del Idescat) que Cataluña es una nación. Y, en segundo lugar, creen que una nación tiene un derecho natural a la soberanía que precede a cualquier otro derecho, ya venga reconocido por la ley natural (?) ya por el derecho positivo lo que, evidentemente, no está reconocido en ninguna norma.
La pretensión de que el referéndum que aprobó el Estatuto excluya el control de constitucionalidad del mismo es, pues, no sólo absurda, sino que constituye un atentado directo contra el Estado de Derecho. Si se acepta que el Estatuto puede vulnerar la Constitución (porque nadie puede declarar y corregir tal vulneración, si se produce), es forzoso aceptar que cualquier actuación basada en la misma legitimidad prevalece sobre la Constitución y sobre todo el sistema jurídico asentado en ella. Una declaración unilateral de independencia, por ejemplo. O el terrorismo.
En efecto, el terrorismo de ETA (como, en su día, el de Terra Lliure) se ampara en la afirmación de que la legitimidad de los separatistas es anterior y superior a la Constitución y al Estado que regula. En consecuencia, es el Estado el agresor y, por tanto, es legítimo oponerse a él con la violencia.
No digo que los nacionalistas sean terroristas (aunque sin duda ETA es nacionalista). Digo, simplemente, que su argumentación, la misma que están utilizando para negar al Tribunal Constitucional legitimidad para controlar la constitucionalidad del Estatuto, conduce a defender el terrorismo. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
El Estado español únicamente podría intentar convencer a la Unión Europea de cambiar los tratados o denunciar éstos, abandonando la Unión (y aceptando, claro está, las consecuencias). ¿Por qué? Sencillamente porque ha aceptado, al incorporarse a la Unión, unas limitaciones a su soberanía.
Si las Cortes Generales aprueban una ley orgánica restableciendo la pena de muerte para los culpables de maltrato de género o de descargas ilegales (lo que deben haber considerado seriamente en algunos Ministerios), el Tribunal Constitucional la declarará contraria a la Constitución y, por tanto, nula. Así será incluso si se somete a referéndum (y es aprobada), ya que la pena de muerte está prohibida por la Constitución (salvo en tiempo de guerra).
La única vía para aprobar una ley de estas características sería la modificación de la Constitución que, en este caso, al afectar a un derecho fundamental, requeriría un procedimiento especial, que exige la disolución de las Cortes, nuevas elecciones, la aprobación de la reforma constitucional y el referéndum. ¿Por qué? Sencillamente, porque la Constitución es la norma fundamental de la organización política y jurídica del Estado e impone unas limitaciones incluso a los órganos que ejercen la soberanía.
Los nacionalistas sostienen que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de un Estatuto de Autonomía (mejor, del Estatuto de Autonomía de Cataluña) porque ha sido aprobado en referéndum. Los ejemplos anteriores, particularmente el segundo, que plantea la hipótesis de una leu orgánica aprobada en referéndum, muestran la falsedad de esta tesis.
La razón es fácilmente comprensible para cualquiera que acepte razonar: la Constitución española es la norma que crea y regula tanto los Estatutos de Autonomía como los referéndos. Cualquier cosa que se quiera aprobar por estas vías debe someterse a la Constitución, incluso la reforma de la propia Constitución. Otra cosa supone destruir el fundamento mismo sobre el que se pretende edificar. Supone salirse del sistema político jurídico que se asienta en la Constitución.
Los nacionalistas que sostienen que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad del Estatuto porque ha sido aprobado en referéndum, como Jordi Barbeta en "La Vanguardia" de hoy, pretenden, sencillamente, que la legitimidad del referéndum que aprobó el Estatuto es superior a la legitimidad de la Constitución. lo que supone poner el carro delante de los bueyes, ya que el artículo 1 del Estatuto mismo apela a la Constitución como fuente de legitimidad.
Esta confusión se debe a que, previamente, los nacionalistas han abandonado la realidad, sustituyéndola por sus propios deseos. Primero, creen, pese a la fría estadística (v. en este blog "Cataluña, ¿una nación? y el sitio web del Idescat
La pretensión de que el referéndum que aprobó el Estatuto excluya el control de constitucionalidad del mismo es, pues, no sólo absurda, sino que constituye un atentado directo contra el Estado de Derecho. Si se acepta que el Estatuto puede vulnerar la Constitución (porque nadie puede declarar y corregir tal vulneración, si se produce), es forzoso aceptar que cualquier actuación basada en la misma legitimidad prevalece sobre la Constitución y sobre todo el sistema jurídico asentado en ella. Una declaración unilateral de independencia, por ejemplo. O el terrorismo.
En efecto, el terrorismo de ETA (como, en su día, el de Terra Lliure) se ampara en la afirmación de que la legitimidad de los separatistas es anterior y superior a la Constitución y al Estado que regula. En consecuencia, es el Estado el agresor y, por tanto, es legítimo oponerse a él con la violencia.
No digo que los nacionalistas sean terroristas (aunque sin duda ETA es nacionalista). Digo, simplemente, que su argumentación, la misma que están utilizando para negar al Tribunal Constitucional legitimidad para controlar la constitucionalidad del Estatuto, conduce a defender el terrorismo. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
sábado, 28 de noviembre de 2009
Excomunión
Tal vez los obispos tengan razón, desde el punto de vista de sus doctrinas, para negar la comunión a los parlamentarios que apoyen la reforma de la ley del aborto.
Pero uno, que ya tiene sus años, recuerda a Pinochet comulgando devotamente, sin que ningún obispo cuestionase su aptitud para hacerlo. Tampoco a Franco se le denegó nunca la comunión, al contrario, entraba en las catedrales bajo palio. Y no creo que nadie ignore que tanto Pinochet como Franco mataron lo suyo. ¿Acaso no se oponen los obispos al aborto en defensa de la vida?
Tampoco recuerdo que la Iglesia católica haya negado nunca la comunión a los etarras o a los curas que les protegían y ayudaban. Y, que yo sepa, ETA ha matado mucho y, a poco que pueda, seguirá haciéndolo.
La Iglesia católica o mejor, la jerarquía católica haría bien comenzando un severo examen de conciencia, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien afirman seguir. Comparando, en primer lugar, si la doctrina que enseñan los Papas y los obispos se adecúa a esas enseñanzas y, después, si la conducta de quienes han dirigido y dirigen la Iglesia se adapta a ellas. En mis tiempos se decía que Dios no hacía acepción de personas, pero parece que la valoración de los pecados atiende mucho a la ideología del pecador y éso es acepción de personas.
Pero, volviendo a la Ley del aborto, hay que recordar qué se discute. Se modifican las condiciones en que se puede provocar la interrupción del embarazo sin que ello constituya un delito sancionado por el Código Penal. Actualmente la ley lo admite en determinadas circunstancias que dejan un amplio margen para la valoración subjetiva (y para las triquiñuelas legales). La nueva ley pretende establecer un sistema de plazos, de forma que el aborto ocasionado antes de que se cumpla un determinado tiempo de embarazo sería legal y el causado después, delictivo.
Los obispos hacen oir sus voces con ocasión de la tramitación de la nueva ley, pero evitan definirse acerca de la materia tratada: no dicen qué ha de castigarse en vía penal como delito, aunque ésa sea la cuestión planteada en las Cortes. Por ello habría que pedirles que se definan: ¿condenan sólo la nueva ley, con su sistema de plazos, o también la antigua?
La pregunta tiene trascendencia. El Partido Popular defiende el mantenimiento de la norma actualmente vigente, es decir, de la licitud del aborto en determinadas circunstancias. A lo mejor, los obispos tendrían que negar la comunión a todos aquellos diputados que admiten que el aborto pueda ser lícito, aunque sea en determinadas circunstancias. Es decir, a lo mejor tendrían que negar la comunión a los diputados y senadores del PP, a no ser que presenten una enmienda a la ley para que el aborto constituya delito en todo caso.
Si así lo hacen, serán al menos consecuentes y no incurrirán en acepción de personas: mantener una ley contraria a la doctrina de la Iglesia debería ser tan inmoral y pecaminoso como aprobar una ley, distinta, pero igualmente opuesta a esa doctrina. Pero oponerse sólo a la reforma resulta útil para no molestar al Partido Popular, que tan útil resulta para monseñor Rouco y sus hermanos en el episcopado.
Pero uno, que ya tiene sus años, recuerda a Pinochet comulgando devotamente, sin que ningún obispo cuestionase su aptitud para hacerlo. Tampoco a Franco se le denegó nunca la comunión, al contrario, entraba en las catedrales bajo palio. Y no creo que nadie ignore que tanto Pinochet como Franco mataron lo suyo. ¿Acaso no se oponen los obispos al aborto en defensa de la vida?
Tampoco recuerdo que la Iglesia católica haya negado nunca la comunión a los etarras o a los curas que les protegían y ayudaban. Y, que yo sepa, ETA ha matado mucho y, a poco que pueda, seguirá haciéndolo.
La Iglesia católica o mejor, la jerarquía católica haría bien comenzando un severo examen de conciencia, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien afirman seguir. Comparando, en primer lugar, si la doctrina que enseñan los Papas y los obispos se adecúa a esas enseñanzas y, después, si la conducta de quienes han dirigido y dirigen la Iglesia se adapta a ellas. En mis tiempos se decía que Dios no hacía acepción de personas, pero parece que la valoración de los pecados atiende mucho a la ideología del pecador y éso es acepción de personas.
Pero, volviendo a la Ley del aborto, hay que recordar qué se discute. Se modifican las condiciones en que se puede provocar la interrupción del embarazo sin que ello constituya un delito sancionado por el Código Penal. Actualmente la ley lo admite en determinadas circunstancias que dejan un amplio margen para la valoración subjetiva (y para las triquiñuelas legales). La nueva ley pretende establecer un sistema de plazos, de forma que el aborto ocasionado antes de que se cumpla un determinado tiempo de embarazo sería legal y el causado después, delictivo.
Los obispos hacen oir sus voces con ocasión de la tramitación de la nueva ley, pero evitan definirse acerca de la materia tratada: no dicen qué ha de castigarse en vía penal como delito, aunque ésa sea la cuestión planteada en las Cortes. Por ello habría que pedirles que se definan: ¿condenan sólo la nueva ley, con su sistema de plazos, o también la antigua?
La pregunta tiene trascendencia. El Partido Popular defiende el mantenimiento de la norma actualmente vigente, es decir, de la licitud del aborto en determinadas circunstancias. A lo mejor, los obispos tendrían que negar la comunión a todos aquellos diputados que admiten que el aborto pueda ser lícito, aunque sea en determinadas circunstancias. Es decir, a lo mejor tendrían que negar la comunión a los diputados y senadores del PP, a no ser que presenten una enmienda a la ley para que el aborto constituya delito en todo caso.
Si así lo hacen, serán al menos consecuentes y no incurrirán en acepción de personas: mantener una ley contraria a la doctrina de la Iglesia debería ser tan inmoral y pecaminoso como aprobar una ley, distinta, pero igualmente opuesta a esa doctrina. Pero oponerse sólo a la reforma resulta útil para no molestar al Partido Popular, que tan útil resulta para monseñor Rouco y sus hermanos en el episcopado.
jueves, 26 de noviembre de 2009
Editorial conjunto
El Tribunal Constitucional ha demostrado sobradamente su politización. Se acepta sin cuestionarlo que sus magistrados han sido nombrados por su afinidad a los partidos políticos que los propusieron. Su Presidenta ha utilizado sus poderes para procurar obstruir una sentencia que no le interesa (que no interesa al partido que la designó) y lograr una más favorable desde el punto de vista estrictamente político, no jurídico.
Todas las formaciones políticas han hecho lo posible para influir en la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La excepción, el Partido Popular, que pide respeto al Tribunal que él nunca ha respetado (¿quién ha bloqueado la renovación de los magistrados?) porque entiende que le interesa.
El Presidente de la Generalidad de Cataluña ha protagonizado alguna de las últimas manifestaciones dirigidas a orientar la decisión del Tribunal Constitucional hacia una sentencia favorable a los intereses electorales de la formación que lidera. No se diferencia en ésto de la actuación de la oposición, salvo en que su acción se reviste del carácter institucional que implica su cargo. En definitiva, la Generalidad está intentando influir en una instancia que, teóricamente, debiera ser neutral, vinculada sólo por la Constitución.
Ahora, el editorial conjunto de doce periódicos catalanes se ha unido a las presiones. Porque su finalidad es, claramente, presionar al Tribunal para que emita una sentencia favorable a las posiciones políticas que defienden estos periódicos.
Pues bien, que nadie vuelva a quejarse de la politización del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano jurisdiccional. Quien intenta influir en el Tribunal para obtener una sentencia favorable a sus posiciones políticas, fuera de la intervención formal en el proceso constitucional se descalifica para exigirle neutralidad política. Entre todos han convertido la justicia constitucional en un zoco: que nadie se queje si se compra y se vende, se regatea y hasta se engaña. Ésto es lo normal en un mercadillo, aunque no lo sea en un tribunal.
Pero el contenido del editorial es también discutible. Si acusa de posiciones irreductibles a los magistrados "conservadores", ¿acaso no son también irreductibles las que defienden los editorialistas? ¿Aceptan acaso alguna posibilidad de estar errados? No, estamos en la dialéctica de la verdad contra el error, como en las Cruzadas, en la Inquisición.
Los pactos de la transición, que cualquiera diría se plasmaron precisamente en la Constitución que debiera aplicar el Tribunal Constitucional (y que todos se han puesto de acuerdo para que no aplique, dando preferencia a sus intereses) fueron deliberadamente ambiguos, para permitir el acuerdo. En consecuencia, se dejó su concreción para más adelante, a través de la actuación del Tribunal. No cabe, pues, pretender que se infringen esos pactos porque la interpretación de la Constitución sea distinta de la que uno querría.
Y es cierto que hay preocupación en Cataluña, y es preciso que toda España lo sepa. En particular, que lo sepan los políticos catalanes, en el gobierno y en la oposición: los ciudadanos de Cataluña están preocupados por la economía, por sus empleos, por la corrupción, por la seguridad. No les preocupa ningún artículo del Estatuto.
Porque, ¿acaso alguien sabe en qué se concretan las críticas al Estatuto que contiene el recurso interpuesto por el PP? Y, ¿supone la eliminación de los preceptos recurridos una disminución real de la capacidad de las instituciones catalanas para desarrollar una política que beneficie a los ciudadanos de este país?¿o sólo supone la posibilidad de un quebranto electoral para los políticos catalanes?
Que el preámbulo del Estatuto contenga o no la palabra nación, ¿puede impedir el funcionamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos que presta la Generalidad? Que no se consagre la obligación de conocer la lengua catalana, ¿modificará en un ápice la política lingüística de la Generalidad?
Como escribe Francesc de Carreras, el recurso afecta sólo, en realidad, a los intereses electorales de los políticos que sufrimos en Cataluña. El tripartito, que abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria para conseguir de una tacada superar al pujolismo, sin necesidad de desarrollar mejores políticas, ve peligrar su logro fundamental. CiU, que acudió rauda a la subasta al alza de competencias y declaraciones altisonantes, quiere ahora, como entonces, capitalizar el descontento. Todos, maniobran persiguiendo sus propios intereses, dejando a los ciudadanos como convidados de piedra en este que, si no fuera porque afecta a nuestros bolsillos y a nuestros derechos, podríamos calificar de sainete.
Lo peor de todo es que dicen que cada país tiene los políticos que se merece. ¿Qué habremos hecho para merecer ésto?
Todas las formaciones políticas han hecho lo posible para influir en la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La excepción, el Partido Popular, que pide respeto al Tribunal que él nunca ha respetado (¿quién ha bloqueado la renovación de los magistrados?) porque entiende que le interesa.
El Presidente de la Generalidad de Cataluña ha protagonizado alguna de las últimas manifestaciones dirigidas a orientar la decisión del Tribunal Constitucional hacia una sentencia favorable a los intereses electorales de la formación que lidera. No se diferencia en ésto de la actuación de la oposición, salvo en que su acción se reviste del carácter institucional que implica su cargo. En definitiva, la Generalidad está intentando influir en una instancia que, teóricamente, debiera ser neutral, vinculada sólo por la Constitución.
Ahora, el editorial conjunto de doce periódicos catalanes se ha unido a las presiones. Porque su finalidad es, claramente, presionar al Tribunal para que emita una sentencia favorable a las posiciones políticas que defienden estos periódicos.
Pues bien, que nadie vuelva a quejarse de la politización del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano jurisdiccional. Quien intenta influir en el Tribunal para obtener una sentencia favorable a sus posiciones políticas, fuera de la intervención formal en el proceso constitucional se descalifica para exigirle neutralidad política. Entre todos han convertido la justicia constitucional en un zoco: que nadie se queje si se compra y se vende, se regatea y hasta se engaña. Ésto es lo normal en un mercadillo, aunque no lo sea en un tribunal.
Pero el contenido del editorial es también discutible. Si acusa de posiciones irreductibles a los magistrados "conservadores", ¿acaso no son también irreductibles las que defienden los editorialistas? ¿Aceptan acaso alguna posibilidad de estar errados? No, estamos en la dialéctica de la verdad contra el error, como en las Cruzadas, en la Inquisición.
Los pactos de la transición, que cualquiera diría se plasmaron precisamente en la Constitución que debiera aplicar el Tribunal Constitucional (y que todos se han puesto de acuerdo para que no aplique, dando preferencia a sus intereses) fueron deliberadamente ambiguos, para permitir el acuerdo. En consecuencia, se dejó su concreción para más adelante, a través de la actuación del Tribunal. No cabe, pues, pretender que se infringen esos pactos porque la interpretación de la Constitución sea distinta de la que uno querría.
Y es cierto que hay preocupación en Cataluña, y es preciso que toda España lo sepa. En particular, que lo sepan los políticos catalanes, en el gobierno y en la oposición: los ciudadanos de Cataluña están preocupados por la economía, por sus empleos, por la corrupción, por la seguridad. No les preocupa ningún artículo del Estatuto.
Porque, ¿acaso alguien sabe en qué se concretan las críticas al Estatuto que contiene el recurso interpuesto por el PP? Y, ¿supone la eliminación de los preceptos recurridos una disminución real de la capacidad de las instituciones catalanas para desarrollar una política que beneficie a los ciudadanos de este país?¿o sólo supone la posibilidad de un quebranto electoral para los políticos catalanes?
Que el preámbulo del Estatuto contenga o no la palabra nación, ¿puede impedir el funcionamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos que presta la Generalidad? Que no se consagre la obligación de conocer la lengua catalana, ¿modificará en un ápice la política lingüística de la Generalidad?
Como escribe Francesc de Carreras, el recurso afecta sólo, en realidad, a los intereses electorales de los políticos que sufrimos en Cataluña. El tripartito, que abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria para conseguir de una tacada superar al pujolismo, sin necesidad de desarrollar mejores políticas, ve peligrar su logro fundamental. CiU, que acudió rauda a la subasta al alza de competencias y declaraciones altisonantes, quiere ahora, como entonces, capitalizar el descontento. Todos, maniobran persiguiendo sus propios intereses, dejando a los ciudadanos como convidados de piedra en este que, si no fuera porque afecta a nuestros bolsillos y a nuestros derechos, podríamos calificar de sainete.
Lo peor de todo es que dicen que cada país tiene los políticos que se merece. ¿Qué habremos hecho para merecer ésto?
martes, 24 de noviembre de 2009
Cataluña, ¿una nación?
Un lector llamado Xavier Botet defiende en una carta a "La Vanguardia" que Cataluña es una nación.
Cita, para aclarar el concepto de nación, la definición del diccionario de la Real Academia Española, cuya tercera acepción dice así: Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
La encuesta de usos lingüísticos del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña, dependiente de la Generalidad) nos dice que hablan catalán el 37 % de los habitantes de Cataluña; castellano, el 46 % y ambas lenguas indistintamente, el 12 %; el resto, hablan diversas lenguas (los datos son aproximadamente los mismos para lengua habitual y lengua de identificación; para la lengua inicial, la población de habla catalana desciende al 31% y la de lengua castellana asciende al 55%).
Es evidente que, según la definición que asume el Sr. Botet, Cataluña no es una nación, ya que su población habla dos lenguas diferentes y, mayoritariamente, se decanta por aquélla que comparte con otras zonas del Estado (si asignamos el 12% de bilingües por mitades a los grupos de hablantes de catalán y de castellano, éstos superan el 50 % de la población).
Pero el Sr. Botet y los que piensan como él pueden afirmar que sólo forman Cataluña los catalanoparlantes; que los castellanoparlantes, los charnegos, somos y seremos siempre extranjeros, salvo que renunciemos a nuestra lengua y adoptemos la suya. Le acepto el argumento, siempre que no extraiga consecuencias políticas de ese carácter de nación de los catalanoparlantes: imponer cualquier medida ignorando a la mayoría de la población resulta totalmente antidemocrático.
Aun cabe un tercer planteamiento, y el Sr. Botet lo menciona de pasada en su carta. Cataluña sería una nación porque históricamente sus habitantes compartían una lengua y una cultura, pese a que en la actualidad no sea así. Esta solución es, como la anterior, antidemocrática, ya que atribuiría a los muertos más derechos que a los vivos para configurar la sociedad en la que, por definición, sólo estos últimos han de vivir.
Pero, además, si los habitantes de la Cataluña del siglo XXI están vinculados por lo que sucedió en, pongamos, el siglo XVII, o el siglo XII, ¿por qué no pasaría lo mismo con éstos? Antes que el catalán, en esta zona geográfica se habló el latín, y antes las lenguas ibéricas, que hoy se desconocen. ¿Por qué los habitantes de la Cataluña del siglo X tendrían derecho a abandonar la lengua de sus ancestros y los del siglo XXI no?
Por tanto, creo que lo mejor es olvidar el concepto de nación como fundamento de la organización política. Los ciudadanos que hoy vivimos en Cataluña hemos de construir una sociedad y unas instituciones en las que quepamos todos, democráticamente y sin imposiciones basadas, en el fondo, no en la realidad (la estadística citada es concluyente), sino en los sentimientos (los nacionalistas pretenden, en último término, justificar la imposición de una sociedad que satisfaga sus sentimientos, prescindiendo de los sentimientos de los otros).
¿Y España? Pues, lo mismo. No construyamos desde los sentimientos de unos, imponiéndolos a los demás. Tratemos de hacer un país en que todos podamos vivir, atendiendo a la realidad, no a los sueños. Y, si realmente existe un deseo colectivo, mayoritario,de independiencia, real, no soñado, planteémoslo sensatamente. Pero nunca olvidemos la realidad, sustituyéndola por nuestros deseos.
Cita, para aclarar el concepto de nación, la definición del diccionario de la Real Academia Española, cuya tercera acepción dice así: Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
La encuesta de usos lingüísticos del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña, dependiente de la Generalidad) nos dice que hablan catalán el 37 % de los habitantes de Cataluña; castellano, el 46 % y ambas lenguas indistintamente, el 12 %; el resto, hablan diversas lenguas (los datos son aproximadamente los mismos para lengua habitual y lengua de identificación; para la lengua inicial, la población de habla catalana desciende al 31% y la de lengua castellana asciende al 55%).
Es evidente que, según la definición que asume el Sr. Botet, Cataluña no es una nación, ya que su población habla dos lenguas diferentes y, mayoritariamente, se decanta por aquélla que comparte con otras zonas del Estado (si asignamos el 12% de bilingües por mitades a los grupos de hablantes de catalán y de castellano, éstos superan el 50 % de la población).
Pero el Sr. Botet y los que piensan como él pueden afirmar que sólo forman Cataluña los catalanoparlantes; que los castellanoparlantes, los charnegos, somos y seremos siempre extranjeros, salvo que renunciemos a nuestra lengua y adoptemos la suya. Le acepto el argumento, siempre que no extraiga consecuencias políticas de ese carácter de nación de los catalanoparlantes: imponer cualquier medida ignorando a la mayoría de la población resulta totalmente antidemocrático.
Aun cabe un tercer planteamiento, y el Sr. Botet lo menciona de pasada en su carta. Cataluña sería una nación porque históricamente sus habitantes compartían una lengua y una cultura, pese a que en la actualidad no sea así. Esta solución es, como la anterior, antidemocrática, ya que atribuiría a los muertos más derechos que a los vivos para configurar la sociedad en la que, por definición, sólo estos últimos han de vivir.
Pero, además, si los habitantes de la Cataluña del siglo XXI están vinculados por lo que sucedió en, pongamos, el siglo XVII, o el siglo XII, ¿por qué no pasaría lo mismo con éstos? Antes que el catalán, en esta zona geográfica se habló el latín, y antes las lenguas ibéricas, que hoy se desconocen. ¿Por qué los habitantes de la Cataluña del siglo X tendrían derecho a abandonar la lengua de sus ancestros y los del siglo XXI no?
Por tanto, creo que lo mejor es olvidar el concepto de nación como fundamento de la organización política. Los ciudadanos que hoy vivimos en Cataluña hemos de construir una sociedad y unas instituciones en las que quepamos todos, democráticamente y sin imposiciones basadas, en el fondo, no en la realidad (la estadística citada es concluyente), sino en los sentimientos (los nacionalistas pretenden, en último término, justificar la imposición de una sociedad que satisfaga sus sentimientos, prescindiendo de los sentimientos de los otros).
¿Y España? Pues, lo mismo. No construyamos desde los sentimientos de unos, imponiéndolos a los demás. Tratemos de hacer un país en que todos podamos vivir, atendiendo a la realidad, no a los sueños. Y, si realmente existe un deseo colectivo, mayoritario,de independiencia, real, no soñado, planteémoslo sensatamente. Pero nunca olvidemos la realidad, sustituyéndola por nuestros deseos.
domingo, 22 de noviembre de 2009
Programa electoral
Artur Mas ha anunciado que el programa de CiU para las próximas elecciones incluirá, como medida estrella, la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones, según informa "La Vanguardia" de hoy.
Lo primero que se debe señalar es que, puesto que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto estatal, ni el Gobierno de la Generalidad ni el Parlamento catalán pueden eliminarlo. Por tanto, lo que debería anunciar el Sr. Mas es que, o bien solicitará de las Cortes Generales la supresión del impuesto, o bien reducirá los tipos o establecerá bonificaciones para algunas transmisiones mortis causa, que es lo que puede hacer el Parlamento de Cataluña.
No es lo mismo, claro, pero tratándose de un político, que en vez de decir una mentira se limite a enunciar una proposición inexacta supongo que ha de considerarse una conducta altamente meritoria.
Pero lo que no dice el Sr. Mas es cómo compensará la pérdida de ingresos que la supresión, de hecho o de derecho, del impuesto ocasionará para las arcas de la Generalidad. En el Presupuesto para 2009, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones representa el 5,67 % de los ingresos tributarios de la Generalidad, lo que no es en absoluto despreciable.
Claro, hay que recordar que el Sr. Mas y la formación que lidera consideran que la nueva financiación es claramente insuficiente, por lo que es de suponer que, al menos en su opinión, el incremento de ingresos que pueda representar no compensará suficientemente la reducción derivada de la eliminación del impuesto.
Por supuesto, todo ésto son minucias, irrelevantes ante el objetivo de la formación política, que no es otro que ganar las elecciones y recuperar el poder. Lo que hagan una vez en el gobierno no tiene porqué tener ninguna relación con sus promesas electorales ni, por supuesto, con los intereses públicos.
Por otra parte, en un nacionalista que dirige una formación que se decanta por el soberanismo, sorprende que argumente su postura por el agravio comparativo que supone el mantenimiento del Impuesto sobre Sucesiones en Cataluña. ¿Acaso no es una clara demostración de política fiscal propia, independiente de la que realizan las restantes Comunidades Autónomas? ¿Acaso no es una notoria diferencia para una Cataluña obsesionada por el fet diferencial?
En cualquier caso, sea bienvenida una campaña electoral basada en promesas concretas, cuyo cumplimiento es de fácil constatación y que responden a demandas sociales (tal vez producto de una deficiente formación o información, pero reales), en vez de llamamientos emocionales a la defensa de esencias patrias de imposible definición.
Lo primero que se debe señalar es que, puesto que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto estatal, ni el Gobierno de la Generalidad ni el Parlamento catalán pueden eliminarlo. Por tanto, lo que debería anunciar el Sr. Mas es que, o bien solicitará de las Cortes Generales la supresión del impuesto, o bien reducirá los tipos o establecerá bonificaciones para algunas transmisiones mortis causa, que es lo que puede hacer el Parlamento de Cataluña.
No es lo mismo, claro, pero tratándose de un político, que en vez de decir una mentira se limite a enunciar una proposición inexacta supongo que ha de considerarse una conducta altamente meritoria.
Pero lo que no dice el Sr. Mas es cómo compensará la pérdida de ingresos que la supresión, de hecho o de derecho, del impuesto ocasionará para las arcas de la Generalidad. En el Presupuesto para 2009, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones representa el 5,67 % de los ingresos tributarios de la Generalidad, lo que no es en absoluto despreciable.
Claro, hay que recordar que el Sr. Mas y la formación que lidera consideran que la nueva financiación es claramente insuficiente, por lo que es de suponer que, al menos en su opinión, el incremento de ingresos que pueda representar no compensará suficientemente la reducción derivada de la eliminación del impuesto.
Por supuesto, todo ésto son minucias, irrelevantes ante el objetivo de la formación política, que no es otro que ganar las elecciones y recuperar el poder. Lo que hagan una vez en el gobierno no tiene porqué tener ninguna relación con sus promesas electorales ni, por supuesto, con los intereses públicos.
Por otra parte, en un nacionalista que dirige una formación que se decanta por el soberanismo, sorprende que argumente su postura por el agravio comparativo que supone el mantenimiento del Impuesto sobre Sucesiones en Cataluña. ¿Acaso no es una clara demostración de política fiscal propia, independiente de la que realizan las restantes Comunidades Autónomas? ¿Acaso no es una notoria diferencia para una Cataluña obsesionada por el fet diferencial?
En cualquier caso, sea bienvenida una campaña electoral basada en promesas concretas, cuyo cumplimiento es de fácil constatación y que responden a demandas sociales (tal vez producto de una deficiente formación o información, pero reales), en vez de llamamientos emocionales a la defensa de esencias patrias de imposible definición.
sábado, 21 de noviembre de 2009
Objetivos
Según publica hoy "La Vanguardia", los Mossos d'Esquadra destinados a labores de control del tráfico solicitan que se eliminen los objetivos que tienen fijados, que atienden al número o importe de las multas impuestas.
Los objetivos cuantitativos se han considerado la panacea de todos los males de las Administraciones públicas, sobre todo por su aplicación en la empresa privada. Se alega que el sector privado es siempre más eficiente que el público y, por tanto, que éste ha de adoptar los sistemas de aquél, cuando no se propone directamente la privatización del servicio de que se trate.
Quienes así razonan olvidan algunos detalles: no hay empresas privadas encargadas de la gestión y control del tráfico rodado en una zona geográfica amplia, y no las hay porque no es una actividad directamente rentable. No es posible cobrar por la prestación del servicio de asegurar contra accidentes en el trayecto, ya que no es posible garantizar completamente la ausencia de accidentes.
Además, las empresas privadas han abandonado este tipo de gestión por objetivos, salvo en aquellas actividades en que la misma constituye el mejor sistema de medición de la eficacia. Al vendedor de un único producto se le puede incentivar en función de sus ventas, pero en cuanto intervienen otros factores, los objetivos dejan de ser claros y empiezan a provocar problemas.
El principal de estos problemas es que, al fijar un objetivo, se está diciendo qué se valora positivamente, pero también qué se valora negativamente o qué no se toma en consideración. Si el objetivo es el importe de las ventas, el mensaje puede ser que no importa si el precio aplazado se paga o no: el resultado es la concesión de hipotecas a ninjas (no income, no job, no assets) y la crisis económica que padecemos. Si el objetivo es la mejor oferta económica, el mensaje puede ser que no importa la calidad (y algo tiene que ver el montón de chapuzas que sufrimos en la obra pública).
El caso de las policías de tráfico (da igual si se trata de los Mossos, de la Guardia Civil o de las Policías municipales) es paradigmático: fijar los objetivos atendiendo a las multas equivale a afirmar que no importa la fluidez del tráfico. Significa que un policía hará bien dedicándose a formular denuncias por aparcamiento indebido ante un atasco monumental, incluso ante un accidente con víctimas, ya que nadie le valorará el trabajo dedicado a la eliminación del atasco o a atender a las víctimas, regular el tráfico en el lugar del siniestro, etc.
En definitiva, el problema se puede reducir a los siguientes términos: ¿cuál es la finalidad de la policía de tráfico? ¿qué fin le pretenden asignar los gobernantes? La respuesta ha de determinar la elección de unos objetivos u otros, o el abandono de los objetivos cuantitativos, si no son eficaces para medir el cumplimiento de esos fines.
Si se pretende reducir el número de accidentes, la medición debe atender a este número; las multas son un instrumento para lograr dicha reducción. Si se pretende mejorar la fluidez del tráfico, la medición puede basarse en el número y duración de los atascos, en el tiempo preciso para efectuar un determinado trayecto. Ahora bien, la consecución de estos fines depende, en parte, de factores que quedan fuera del control de la Administración (así, la meteorología) y, en parte, de factores que puede controlar, pero de difícil cuantificación (por ejemplo, los horarios e itinerarios de las patrullas de tráfico).
Desde este punto de vista, los objetivos basados en el número e importe de las multas de tráfico sirven, fundamentalmente, para que el gobierno pueda alardear, en la prensa y el parlamento, de su actividad mediante datos contrastables, aunque la mejora pueda ser puramente virtual: ya que hemos aumentado las multas de tráfico, estamos trabajando más y mejor que el año pasado, y mucho mejor que la oposición cuando estaba en el gobierno. Y, si las multas se pagan, sirven para alimentar las arcas públicas, que nunca viene mal.
¿Qué hacer? Primero, definir los fines de la actividad pública en cada ámbito. Por ejemplo, reducir el número de accidentes de tráfico (o el número de fallecidos, o la gravedad de todas las lesiones -mortales o no mortales-. o el número de implicados...). Puede ser un fin único, o varios fines: uno, varios o todos los anteriores pueden ir acompañados de una mejora general en la fluidez del tráfico, de una reducción de los efectos negativos de la circulación rodada en las poblaciones, de una reducción de las emisiones, etc.
Segundo, definir los indicadores que se han de utilizar para medir los resultados de las actuaciones que se realicen. El número de víctimas es evidente, pero la fluidez del tráfico es un factor de difícil medición.
Tercero, determinar las medidas que se van a adoptar para conseguir los fines deseados. Entre estas medidas se puede incluir una determinada forma de actuación de la policía de tráfico. Incrementar, reducir o modular las patrullas, los controles de alcoholemia, la retirada de vehículos que obstruyen la circulación, los radares móviles, las multas en general...
Por último, fijar, si es posible los objetivos que han de alcanzarse y asignarlos a quien corresponda. Aumentar, por ejemplo, las patrullas en fines de semana o puentes es algo que corresponde quizá más a los responsables económicos de la policía que a los mandos operativos y los agentes individuales no tienen control alguno acerca del cumplimiento de este objetivo (siempre que cumplan las labores que, de acuerdo con la normativa que les es aplicable, les correspondan, claro está).
Ésto es un modelo lógico de la gestión por objetivos. La vinculación de las retribuciones de los policías a las multas que impongan es sólo una mala imitación de la gestión por objetivos, producto de la pereza y de la búsqueda exclusiva de beneficios electorales. O sea, lo normal en nuestro país.
Los objetivos cuantitativos se han considerado la panacea de todos los males de las Administraciones públicas, sobre todo por su aplicación en la empresa privada. Se alega que el sector privado es siempre más eficiente que el público y, por tanto, que éste ha de adoptar los sistemas de aquél, cuando no se propone directamente la privatización del servicio de que se trate.
Quienes así razonan olvidan algunos detalles: no hay empresas privadas encargadas de la gestión y control del tráfico rodado en una zona geográfica amplia, y no las hay porque no es una actividad directamente rentable. No es posible cobrar por la prestación del servicio de asegurar contra accidentes en el trayecto, ya que no es posible garantizar completamente la ausencia de accidentes.
Además, las empresas privadas han abandonado este tipo de gestión por objetivos, salvo en aquellas actividades en que la misma constituye el mejor sistema de medición de la eficacia. Al vendedor de un único producto se le puede incentivar en función de sus ventas, pero en cuanto intervienen otros factores, los objetivos dejan de ser claros y empiezan a provocar problemas.
El principal de estos problemas es que, al fijar un objetivo, se está diciendo qué se valora positivamente, pero también qué se valora negativamente o qué no se toma en consideración. Si el objetivo es el importe de las ventas, el mensaje puede ser que no importa si el precio aplazado se paga o no: el resultado es la concesión de hipotecas a ninjas (no income, no job, no assets) y la crisis económica que padecemos. Si el objetivo es la mejor oferta económica, el mensaje puede ser que no importa la calidad (y algo tiene que ver el montón de chapuzas que sufrimos en la obra pública).
El caso de las policías de tráfico (da igual si se trata de los Mossos, de la Guardia Civil o de las Policías municipales) es paradigmático: fijar los objetivos atendiendo a las multas equivale a afirmar que no importa la fluidez del tráfico. Significa que un policía hará bien dedicándose a formular denuncias por aparcamiento indebido ante un atasco monumental, incluso ante un accidente con víctimas, ya que nadie le valorará el trabajo dedicado a la eliminación del atasco o a atender a las víctimas, regular el tráfico en el lugar del siniestro, etc.
En definitiva, el problema se puede reducir a los siguientes términos: ¿cuál es la finalidad de la policía de tráfico? ¿qué fin le pretenden asignar los gobernantes? La respuesta ha de determinar la elección de unos objetivos u otros, o el abandono de los objetivos cuantitativos, si no son eficaces para medir el cumplimiento de esos fines.
Si se pretende reducir el número de accidentes, la medición debe atender a este número; las multas son un instrumento para lograr dicha reducción. Si se pretende mejorar la fluidez del tráfico, la medición puede basarse en el número y duración de los atascos, en el tiempo preciso para efectuar un determinado trayecto. Ahora bien, la consecución de estos fines depende, en parte, de factores que quedan fuera del control de la Administración (así, la meteorología) y, en parte, de factores que puede controlar, pero de difícil cuantificación (por ejemplo, los horarios e itinerarios de las patrullas de tráfico).
Desde este punto de vista, los objetivos basados en el número e importe de las multas de tráfico sirven, fundamentalmente, para que el gobierno pueda alardear, en la prensa y el parlamento, de su actividad mediante datos contrastables, aunque la mejora pueda ser puramente virtual: ya que hemos aumentado las multas de tráfico, estamos trabajando más y mejor que el año pasado, y mucho mejor que la oposición cuando estaba en el gobierno. Y, si las multas se pagan, sirven para alimentar las arcas públicas, que nunca viene mal.
¿Qué hacer? Primero, definir los fines de la actividad pública en cada ámbito. Por ejemplo, reducir el número de accidentes de tráfico (o el número de fallecidos, o la gravedad de todas las lesiones -mortales o no mortales-. o el número de implicados...). Puede ser un fin único, o varios fines: uno, varios o todos los anteriores pueden ir acompañados de una mejora general en la fluidez del tráfico, de una reducción de los efectos negativos de la circulación rodada en las poblaciones, de una reducción de las emisiones, etc.
Segundo, definir los indicadores que se han de utilizar para medir los resultados de las actuaciones que se realicen. El número de víctimas es evidente, pero la fluidez del tráfico es un factor de difícil medición.
Tercero, determinar las medidas que se van a adoptar para conseguir los fines deseados. Entre estas medidas se puede incluir una determinada forma de actuación de la policía de tráfico. Incrementar, reducir o modular las patrullas, los controles de alcoholemia, la retirada de vehículos que obstruyen la circulación, los radares móviles, las multas en general...
Por último, fijar, si es posible los objetivos que han de alcanzarse y asignarlos a quien corresponda. Aumentar, por ejemplo, las patrullas en fines de semana o puentes es algo que corresponde quizá más a los responsables económicos de la policía que a los mandos operativos y los agentes individuales no tienen control alguno acerca del cumplimiento de este objetivo (siempre que cumplan las labores que, de acuerdo con la normativa que les es aplicable, les correspondan, claro está).
Ésto es un modelo lógico de la gestión por objetivos. La vinculación de las retribuciones de los policías a las multas que impongan es sólo una mala imitación de la gestión por objetivos, producto de la pereza y de la búsqueda exclusiva de beneficios electorales. O sea, lo normal en nuestro país.
domingo, 15 de noviembre de 2009
Políticos y funcionarios
El vicedirector de "La Vanguardia" firma hoy un editorial sobre el descrédito de la política y de los políticos profesionales, mediocres que destacan sólo por su obediencia perruna a la dirección del partido.
El Sr. Abián finaliza su artículo diciendo que el pueblo es soberano y propietario del Gobierno y los funcionarios son servidores de los ciudadanos. Y aquí es donde hay que matizar.
Los funcionarios son, sin duda, servidores de los ciudadanos. Pero servidores, ante todo, de la Ley, que en una democracia han aprobado los representantes de los ciudadanos. Por ello, el funcionario puede denunciar al ciudadano individual, e incluso imponerle una sanción, pese a ser su servidor.
La elaboración de la norma a la que han de obedecer los funcionarios corresponde a los representantes de los ciudadanos, es decir, a los políticos. Éstos están vinculados a la Ley, como ciudadanos, pero pueden cambiarla (y, por tanto, no están vinculados por ella) como representantes. Su función es, pues, muy superior a la de los funcionarios, que no pueden modificar la Ley (ni el reglamento, de rango inferior, norma administrativa aprobada por los gobiernos, estatal o autonómico, es decir, también por los políticos).
Al funcionario se le exige, para acceder a tal condición, demostrar que posee unos determinados conocimientos. Las pruebas, las denominadas oposiciones, son objetivas e iguales para todos los que aspiran a ingresar en un determinado cuerpo o categoría funcionarial. Algunas, al menos (las orales), son también públicas, de forma que cualquiera puede comprobar su desarrollo y, por tanto, su limpieza.
Además, el funcionario está sometido a controles de diverso tipo. A veces, estos controles fallan, por diversas razones, y ello explica que los vicios que se imputan a la Administración y a sus funcionarios sean, en mayor o menor medida, reales. Pero el último control es el que deberían realizar los superiores de los funcionarios: los políticos, sean Ministros, Consellers, etc.
El político, en cambio, no debe demostrar competencia alguna para acceder a su cargo. Sólo requiere ser designado por quien tiene tal poder para formar parte de una lista o, directamente, para desempeñar un puesto de confianza. Está sometido a controles, pero exclusivamente controles desarrollados por otros cargos dependientes también de los políticos.
El régimen funcionarial se creó a fin de generar una clase de servidores públicos independientes de los políticos: si su nombramiento se debe a una selección objetiva y su cese sólo puede producirse por vía disciplinaria, por el incumplimiento de sus deberes legales, deben obedecer a la Ley, más que a sus jefes políticos. El funcionario debe ser, así, quien diga "no" al político que quiere hacer algo prohibido por la Ley. Naturalmente, una de las obsesiones de los partidos consiste en eliminar esta mínima independencia de los funcionarios, haciendo que dependan en la mayor medida posible de ellos, de los políticos.
Ésto no es sino una manifestación más de un fenómeno más amplio: los políticos tratan de someter a ellos todas las instancias de poder. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges... no son funcionarios, pero los políticos tratan de neutralizar las instituciones imponiendo a sus incondicionales. Lo mismo hacen con la Administración pública, integrada por funcionarios.
Ésta es la quiebra del sistema, la puerta de entrada de la corrupción. Y, en cuanto a los funcionarios se refiere, hay que dejar bien clara su diferencia respecto de los pólíticos: los funcionarios son profesionales de la Administración pública, de la aplicación de la Ley, seleccionados por sus conocimientos. Los políticos son profesionales de los partidos, seleccionados por su obediencia. En ambos grupos, qué duda cabe, puede haber corruptos. Pero, en cualquier caso son distintos.
Como funcionario público considero un insulto que me confundan con los políticos, como hace el Sr. Abián.
El Sr. Abián finaliza su artículo diciendo que el pueblo es soberano y propietario del Gobierno y los funcionarios son servidores de los ciudadanos. Y aquí es donde hay que matizar.
Los funcionarios son, sin duda, servidores de los ciudadanos. Pero servidores, ante todo, de la Ley, que en una democracia han aprobado los representantes de los ciudadanos. Por ello, el funcionario puede denunciar al ciudadano individual, e incluso imponerle una sanción, pese a ser su servidor.
La elaboración de la norma a la que han de obedecer los funcionarios corresponde a los representantes de los ciudadanos, es decir, a los políticos. Éstos están vinculados a la Ley, como ciudadanos, pero pueden cambiarla (y, por tanto, no están vinculados por ella) como representantes. Su función es, pues, muy superior a la de los funcionarios, que no pueden modificar la Ley (ni el reglamento, de rango inferior, norma administrativa aprobada por los gobiernos, estatal o autonómico, es decir, también por los políticos).
Al funcionario se le exige, para acceder a tal condición, demostrar que posee unos determinados conocimientos. Las pruebas, las denominadas oposiciones, son objetivas e iguales para todos los que aspiran a ingresar en un determinado cuerpo o categoría funcionarial. Algunas, al menos (las orales), son también públicas, de forma que cualquiera puede comprobar su desarrollo y, por tanto, su limpieza.
Además, el funcionario está sometido a controles de diverso tipo. A veces, estos controles fallan, por diversas razones, y ello explica que los vicios que se imputan a la Administración y a sus funcionarios sean, en mayor o menor medida, reales. Pero el último control es el que deberían realizar los superiores de los funcionarios: los políticos, sean Ministros, Consellers, etc.
El político, en cambio, no debe demostrar competencia alguna para acceder a su cargo. Sólo requiere ser designado por quien tiene tal poder para formar parte de una lista o, directamente, para desempeñar un puesto de confianza. Está sometido a controles, pero exclusivamente controles desarrollados por otros cargos dependientes también de los políticos.
El régimen funcionarial se creó a fin de generar una clase de servidores públicos independientes de los políticos: si su nombramiento se debe a una selección objetiva y su cese sólo puede producirse por vía disciplinaria, por el incumplimiento de sus deberes legales, deben obedecer a la Ley, más que a sus jefes políticos. El funcionario debe ser, así, quien diga "no" al político que quiere hacer algo prohibido por la Ley. Naturalmente, una de las obsesiones de los partidos consiste en eliminar esta mínima independencia de los funcionarios, haciendo que dependan en la mayor medida posible de ellos, de los políticos.
Ésto no es sino una manifestación más de un fenómeno más amplio: los políticos tratan de someter a ellos todas las instancias de poder. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges... no son funcionarios, pero los políticos tratan de neutralizar las instituciones imponiendo a sus incondicionales. Lo mismo hacen con la Administración pública, integrada por funcionarios.
Ésta es la quiebra del sistema, la puerta de entrada de la corrupción. Y, en cuanto a los funcionarios se refiere, hay que dejar bien clara su diferencia respecto de los pólíticos: los funcionarios son profesionales de la Administración pública, de la aplicación de la Ley, seleccionados por sus conocimientos. Los políticos son profesionales de los partidos, seleccionados por su obediencia. En ambos grupos, qué duda cabe, puede haber corruptos. Pero, en cualquier caso son distintos.
Como funcionario público considero un insulto que me confundan con los políticos, como hace el Sr. Abián.
domingo, 8 de noviembre de 2009
Corrupción
Nos escandalizamos por la corrupcíón que descubrimos por doquier y, sin embargo, estamos habituados a contemporizar con ella o, al menos, con hechos que se asemejan mucho a las prácticas corruptas y, sin embargo, aceptamos como normales y cotidianos.
Así, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a sus hijas a Estados Unidos, sin duda a cargo del erario público y, sin embargo, tan poca relación tenían las niñas con el objeto del viaje que se negó a que sus fotografías apareciesen en los medios de comunicación. Los contribuyentes les pagamos un viaje de placer.
Mucho más grave, todos sabemos que los famosos 400 euros fueron una promesa puramente electoral, destinada a que el PSOE ganase las elecciones. Luego se construyó (por necesidades de gestión) como una deducción fiscal y se presentó como una medida contra la crisis económica, pero inicialmente era sólo una medida electoral. El Presidente destinó 5.000 millones de euros a un fin partidista, luego privado, en lugar de aplicarlos a la satisfacción de los intereses públicos.
¿Qué decir de la designación del hermano del vicepresidente de la Generalitat para el momio de la embajadita en París? Aun si dicha embajadita tuviese interés público, habría que acreditar los méritos del Sr. Apel·les Carod - Rovira para ocupar la sinecura.
En cuanto a la estupefaciente conducta del conseller Castells (y de todo el Gobierno del que forma parte, que no ha matizado siquiera sus declaraciones) respecto del encargo de informes inútiles, no tiene ningún sentido: reconoce que han encargado dichos informes y dice que no lo harán más. No se investiga quién ha encargado los informes, a quién se han encargado y, sobre todo, para qué se ha gastado inútilmente el dinero de los contribuyentes.
No se salva la oposición: ¿por qué habría de pagar una empresa privada los trajes del Presidente de la Generalitat valenciana, si no es para estar a bien con él y, así, beneficiarse de algún modo? Y si, como dice Rita Barberá, todos los políticos reciben regalos, ¿por qué motivo se los hacen, si no es para obtener algún beneficio y por qué los aceptan ellos, si no es con la clara conciencia de que serán correspondidos?
Parece que, finalmente, la presidencia de Caja Madrid será ocupada por una persona que tiene una demostrable experiencia en temas económicos y, por tanto, resulta adecuada para velar por la marcha de la entidad y por los intereses de los impositores. La campaña de Esperanza Aguirre para imponer a su hombre se justificó exclusivamente en razones políticas, prescindiendo de los intereses que deben prevalecer.
Y, la guinda: ¿se justifican los sueldos de los miembros de la Casa Real procedentes de otras instituciones, públicas o privadas? ¿Es necesaria, para los intereses de "la Caixa" la presencia de la Infanta Cristina en Washington?¿Está el Sr. Marichalar capacitado para desempeñar los puestos que ha ocupado y, sin duda, seguirá ocupando?¿La hermana de la Princesa de Asturias fue contratada por el Ayuntamiento de Barcelona a resultas de un procedimiento ordinario de selección de personal municipal?
Nuestro país se muestra indebidamente comprensivo con el vicio típicamente mediterráneo del amiguismo y éste es la puerta de la corrupción, además de atentar directamente contra uno de los principales pilares de la democracia: el principio de igualdad. Erradicar la corrupción exige, entre otras cosas, eliminar el amiguismo, el compadreo, los favores. En suma, que los encargados de velar por el interés público pongan éste en el centro de sus valores, sin tratar de cohonestarlo con la satisfacción de intereses privados.
Así, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a sus hijas a Estados Unidos, sin duda a cargo del erario público y, sin embargo, tan poca relación tenían las niñas con el objeto del viaje que se negó a que sus fotografías apareciesen en los medios de comunicación. Los contribuyentes les pagamos un viaje de placer.
Mucho más grave, todos sabemos que los famosos 400 euros fueron una promesa puramente electoral, destinada a que el PSOE ganase las elecciones. Luego se construyó (por necesidades de gestión) como una deducción fiscal y se presentó como una medida contra la crisis económica, pero inicialmente era sólo una medida electoral. El Presidente destinó 5.000 millones de euros a un fin partidista, luego privado, en lugar de aplicarlos a la satisfacción de los intereses públicos.
¿Qué decir de la designación del hermano del vicepresidente de la Generalitat para el momio de la embajadita en París? Aun si dicha embajadita tuviese interés público, habría que acreditar los méritos del Sr. Apel·les Carod - Rovira para ocupar la sinecura.
En cuanto a la estupefaciente conducta del conseller Castells (y de todo el Gobierno del que forma parte, que no ha matizado siquiera sus declaraciones) respecto del encargo de informes inútiles, no tiene ningún sentido: reconoce que han encargado dichos informes y dice que no lo harán más. No se investiga quién ha encargado los informes, a quién se han encargado y, sobre todo, para qué se ha gastado inútilmente el dinero de los contribuyentes.
No se salva la oposición: ¿por qué habría de pagar una empresa privada los trajes del Presidente de la Generalitat valenciana, si no es para estar a bien con él y, así, beneficiarse de algún modo? Y si, como dice Rita Barberá, todos los políticos reciben regalos, ¿por qué motivo se los hacen, si no es para obtener algún beneficio y por qué los aceptan ellos, si no es con la clara conciencia de que serán correspondidos?
Parece que, finalmente, la presidencia de Caja Madrid será ocupada por una persona que tiene una demostrable experiencia en temas económicos y, por tanto, resulta adecuada para velar por la marcha de la entidad y por los intereses de los impositores. La campaña de Esperanza Aguirre para imponer a su hombre se justificó exclusivamente en razones políticas, prescindiendo de los intereses que deben prevalecer.
Y, la guinda: ¿se justifican los sueldos de los miembros de la Casa Real procedentes de otras instituciones, públicas o privadas? ¿Es necesaria, para los intereses de "la Caixa" la presencia de la Infanta Cristina en Washington?¿Está el Sr. Marichalar capacitado para desempeñar los puestos que ha ocupado y, sin duda, seguirá ocupando?¿La hermana de la Princesa de Asturias fue contratada por el Ayuntamiento de Barcelona a resultas de un procedimiento ordinario de selección de personal municipal?
Nuestro país se muestra indebidamente comprensivo con el vicio típicamente mediterráneo del amiguismo y éste es la puerta de la corrupción, además de atentar directamente contra uno de los principales pilares de la democracia: el principio de igualdad. Erradicar la corrupción exige, entre otras cosas, eliminar el amiguismo, el compadreo, los favores. En suma, que los encargados de velar por el interés público pongan éste en el centro de sus valores, sin tratar de cohonestarlo con la satisfacción de intereses privados.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Conocimiento y experiencia
Hoy, en "La Vanguardia", en un artículo titulado "La democracia sin contrapesos, Francesc de Carreras acaba afirmando que, ante la insaciable voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder, Las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes.
El mismo autor, el martes, 3 de noviembre, también en "La Vanguardia" contestaba una carta de un lector expresando su opinión de que sería bueno que los cargos públicos, antes de ser designados, tuvieran una acreditada experiencia profesional que les permitiera dedicar sólo una parte de su vida a la política activa.
Otro catedrático de la Universidad Autónoma, el mismo día, pero en "El Periódico", refiriéndose al escándalo centrado en el hijo de Nicolas Sarkozy (pero el comentario es perfectamente extrapolable a nuestro país) deploraba igualmente la falta de preparación y de experiencia profesional de los políticos.
A mi juicio, todo está ligado por un error de nuestra sociedad: hemos dejado de valorar el conocimiento y la experiencia. Hoy en día, la sociedad española (quizá no sólo ella) valora únicamente la fama, conseguida como consecuencia de la aparición en los medios de comunicación (son famosos porque salen en la tele, y salen en la tele porque son famosos), las facultades innatas (los deportistas de élite no conocen mejor la teoría y la técnica de su disciplina, ni se esfuerzan más, simplemente están mejor dotados) y el dinero, cualquiera que sea la forma en que se ha obtenido.
Por éso no se valora ni se respeta al maestro y los jóvenes carecen de motivación para estudiar: no es la vía para obtener lo que todos deseamos, una retribución digna y el respeto y aprecio de nuestros conciudadanos. Tenía razón la niña que, en un anuncio de una loción contra los piojos, afirmaba que ella quería ser famosa y salir en televisión insultando y siendo insultada: esta infame actividad es mucho más rentable que otras que antaño considerábamos más prestigiosas y benéficas para el conjunto de la ciudadanía.
Ya hace muchos años que Ortega y Gasset dio nombre a esta situación: la rebelión de las masas. El hombre masa (y la mujer masa, seamos políticamente correctos) cree que lo primero que se le ocurre, sin esforzarse siquiera en meditarlo o en formarse para tener un criterio recto, vale tanto como lo que, tras árduo estudio, pueda formular un experto en la materia de que se trate. No reconoce la superioridad, en ese campo concreto, del experto ni, por tanto, admite la necesidad de confiarle las decisiones importantes en dicho ámbito.
El político busca, por definición, el poder. Pero el político masa, o el que decide halagar a las masas (el demagogo) no reconoce la superioridad del experto. Confía únicamente en su propio y mal formado criterio o, lo que quizá sea peor, asume aquella postura que considera más popular entre los componentes de la masa, que tampoco reconoce superior, a fin de obtener votos.
La respuesta, por tanto, no debe ser únicamente exigir una formación y una experiencia profesional a los aspirantes a cargos públicos, sino que exige un cambio más radical: que volvamos a reconocer y valorar la importancia del conocimiento y la experiencia en todos los ámbitos de la vida. Incluso para introducir innovaciones revolucionarias es imprescindible conocer aquello que se quiere cambiar.
El mismo autor, el martes, 3 de noviembre, también en "La Vanguardia" contestaba una carta de un lector expresando su opinión de que sería bueno que los cargos públicos, antes de ser designados, tuvieran una acreditada experiencia profesional que les permitiera dedicar sólo una parte de su vida a la política activa.
Otro catedrático de la Universidad Autónoma, el mismo día, pero en "El Periódico", refiriéndose al escándalo centrado en el hijo de Nicolas Sarkozy (pero el comentario es perfectamente extrapolable a nuestro país) deploraba igualmente la falta de preparación y de experiencia profesional de los políticos.
A mi juicio, todo está ligado por un error de nuestra sociedad: hemos dejado de valorar el conocimiento y la experiencia. Hoy en día, la sociedad española (quizá no sólo ella) valora únicamente la fama, conseguida como consecuencia de la aparición en los medios de comunicación (son famosos porque salen en la tele, y salen en la tele porque son famosos), las facultades innatas (los deportistas de élite no conocen mejor la teoría y la técnica de su disciplina, ni se esfuerzan más, simplemente están mejor dotados) y el dinero, cualquiera que sea la forma en que se ha obtenido.
Por éso no se valora ni se respeta al maestro y los jóvenes carecen de motivación para estudiar: no es la vía para obtener lo que todos deseamos, una retribución digna y el respeto y aprecio de nuestros conciudadanos. Tenía razón la niña que, en un anuncio de una loción contra los piojos, afirmaba que ella quería ser famosa y salir en televisión insultando y siendo insultada: esta infame actividad es mucho más rentable que otras que antaño considerábamos más prestigiosas y benéficas para el conjunto de la ciudadanía.
Ya hace muchos años que Ortega y Gasset dio nombre a esta situación: la rebelión de las masas. El hombre masa (y la mujer masa, seamos políticamente correctos) cree que lo primero que se le ocurre, sin esforzarse siquiera en meditarlo o en formarse para tener un criterio recto, vale tanto como lo que, tras árduo estudio, pueda formular un experto en la materia de que se trate. No reconoce la superioridad, en ese campo concreto, del experto ni, por tanto, admite la necesidad de confiarle las decisiones importantes en dicho ámbito.
El político busca, por definición, el poder. Pero el político masa, o el que decide halagar a las masas (el demagogo) no reconoce la superioridad del experto. Confía únicamente en su propio y mal formado criterio o, lo que quizá sea peor, asume aquella postura que considera más popular entre los componentes de la masa, que tampoco reconoce superior, a fin de obtener votos.
La respuesta, por tanto, no debe ser únicamente exigir una formación y una experiencia profesional a los aspirantes a cargos públicos, sino que exige un cambio más radical: que volvamos a reconocer y valorar la importancia del conocimiento y la experiencia en todos los ámbitos de la vida. Incluso para introducir innovaciones revolucionarias es imprescindible conocer aquello que se quiere cambiar.
domingo, 25 de octubre de 2009
Responsables de la crisis
Jordi Barbeta, en "La Vanguardia" del 25 de octubre, habla de la "fuga de cerebros" que supone para los partidos políticos la marcha de personalidades de relieve que no aguantan ser ninguneadas por los mediocres que forman los aparatos de los partidos. Estos últimos, en cambio, nunca marchan, porque no tienen dónde ir. No tienen oficio ni beneficio, fuera de los que les pueda proporcionar la obediencia perruna al propio aparato y el juego de codos dentro del partido.
Un matiz, al artículo de Jordi Barbeta: Rodrigo Rato, al que menciona como posible alternativa a Mariano Rajoy, en las actuales circunstancias, ¿no es también un cerebro huido del Partido Popular? No es ningún secreto que no apoyaba la guerra de Irak, el error que el PP aún no ha reconocido.
Pero con lo que no puedo estar de acuerdo es con la afirmación final de que la crisis es más grave en España porque los gobernantes no fueron capaces de aprovechar las vacas gordas para reformar el sistema productivo y no son ahora capaces de generar confianza para que los inversores arriesguen.
Es cierto que la crisis en España se ha visto agravada por un sistema productivo basado en la especulación del suelo y la competitividad basada exclusivamente en la contención de los salarios, lo que ha supuesto una concentración excesiva de los riesgos en el sector más afectado por la crisis y la ausencia de alternativas. Pero los verdaderos responsables son las empresas y, más exactamente, quienes adoptan en ellas las decisiones: los empresarios.
Son los empresarios quienes han centrado la inversión en un negocio basado en un bien limitado, el suelo, y han optado por seguir produciendo como siempre lo han hecho, pese a los cambios en la tecnología y en el mundo en general (en particular, con el crecimiento de las economías emergentes, que compiten con ventaja en el campo de los salarios, pero también en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías).
Los gobiernos (central y autonómicos) podían haber hecho más y mejor para corregir estas deficiencias del sistema productivo español. Pero en una economía de mercado las decisiones económicas están en manos de los operadores de dicho mercado. Los poderes públicos pueden alentar, advertir o crear condiciones para facilitar el desarrollo, pero no sustituir a la iniciativa privada, salvo que opten por una economía dirigida, lo que, probablemente, ni el Sr. Barbeta ni nadie propugna.
Las universidades públicas han elevado enormemente el número de licenciados. Pero, si las empresas no ofrecen trabajos bien retribuidos a los mejores licenciados, están mandando el mensaje de que no necesitan personal bien formado, sino trabajadores baratos. Con ello desincentivan el esfuerzo de los estudiantes, de sus familias y de los docentes.
Estas universidades intentan investigar. Pero si las empresas no apoyan esta investigación ni aprovechan sus resultados, incorporándolos al mercado, el mensaje es, como siempre, el "¡que inventen ellos!".
Exijamos, por tanto, una actuación decidida y, sobre todo, bien orientada, de los poderes públicos para superar la crisis. Pero no ignoremos la responsabilidad de quienes, en realidad, la han provocado y han determinado su especial gravedad en nuestgro país: los empresarios. ¿Quieren que se dignifique su función? Ahora tienen una oportunidad inmejorable de conseguirlo.
Un matiz, al artículo de Jordi Barbeta: Rodrigo Rato, al que menciona como posible alternativa a Mariano Rajoy, en las actuales circunstancias, ¿no es también un cerebro huido del Partido Popular? No es ningún secreto que no apoyaba la guerra de Irak, el error que el PP aún no ha reconocido.
Pero con lo que no puedo estar de acuerdo es con la afirmación final de que la crisis es más grave en España porque los gobernantes no fueron capaces de aprovechar las vacas gordas para reformar el sistema productivo y no son ahora capaces de generar confianza para que los inversores arriesguen.
Es cierto que la crisis en España se ha visto agravada por un sistema productivo basado en la especulación del suelo y la competitividad basada exclusivamente en la contención de los salarios, lo que ha supuesto una concentración excesiva de los riesgos en el sector más afectado por la crisis y la ausencia de alternativas. Pero los verdaderos responsables son las empresas y, más exactamente, quienes adoptan en ellas las decisiones: los empresarios.
Son los empresarios quienes han centrado la inversión en un negocio basado en un bien limitado, el suelo, y han optado por seguir produciendo como siempre lo han hecho, pese a los cambios en la tecnología y en el mundo en general (en particular, con el crecimiento de las economías emergentes, que compiten con ventaja en el campo de los salarios, pero también en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías).
Los gobiernos (central y autonómicos) podían haber hecho más y mejor para corregir estas deficiencias del sistema productivo español. Pero en una economía de mercado las decisiones económicas están en manos de los operadores de dicho mercado. Los poderes públicos pueden alentar, advertir o crear condiciones para facilitar el desarrollo, pero no sustituir a la iniciativa privada, salvo que opten por una economía dirigida, lo que, probablemente, ni el Sr. Barbeta ni nadie propugna.
Las universidades públicas han elevado enormemente el número de licenciados. Pero, si las empresas no ofrecen trabajos bien retribuidos a los mejores licenciados, están mandando el mensaje de que no necesitan personal bien formado, sino trabajadores baratos. Con ello desincentivan el esfuerzo de los estudiantes, de sus familias y de los docentes.
Estas universidades intentan investigar. Pero si las empresas no apoyan esta investigación ni aprovechan sus resultados, incorporándolos al mercado, el mensaje es, como siempre, el "¡que inventen ellos!".
Exijamos, por tanto, una actuación decidida y, sobre todo, bien orientada, de los poderes públicos para superar la crisis. Pero no ignoremos la responsabilidad de quienes, en realidad, la han provocado y han determinado su especial gravedad en nuestgro país: los empresarios. ¿Quieren que se dignifique su función? Ahora tienen una oportunidad inmejorable de conseguirlo.
sábado, 24 de octubre de 2009
Idiomas
En "La Vanguardia" de hoy, 24 de octubre, Tendencias (pags. 28-29) Javier Ricou y Luis Izquierdo formulan una pregunta revolucionaria: "¿Habría que exigir a un presidente del Gobierno o a los altos mandatarios políticos el conocimiento del inglés?"
Parece que es una pregunta de mero sentido común. Hoy, el inglés constituye una herramienta imprescindible para todo aquél que, en su desempeño profesional, tenga cualquier tipo de relación con personas de otros países. Incluso, muchas veces, sin necesidad de relación interpersonal, sólo para acceder a informaciones de distintas fuentes (libros, periódicos, Internet...)
Pero es revolucionaria porque, en la actualidad, en España, se acepta sin discusión que lo único que precisa un político para desempeñar cualquier responsabilidad es ser votado o designado. Ninguna capacidad, ninguna preparación se le exige o, si se prefiere, todas las que necesita el desempeño del cargo se le suponen sólo por ganar las elecciones o por ser designado por quien tiene tal facultad.
José Luis Rodríguez Zapatero es la prueba viviente de lo anterior: su curriculum, cuando accedió a la presidencia del Gobierno español se reducía a su ejercicio profesional como profesor de Derecho constitucional, su labor como diputado y, sobre todo, el haber conseguido el poder dentro de su partido, lo que le llevó a la presidencia quizá, sobre todo, por la oposición popular al apoyo de José María Aznar a la guerra de Irak.
Si se abre paso la idea (de sentido común) de que se puede exigir a los políticos saber inglés, puede colarse de rondón la de que se les puede exigir competencia demosatrada en tareas de gobierno o, incluso, en cualquier tipo de labor profesional. Que para desempeñar cargos públicos no baste con la designación de la cúpula de un partido, obtenida quiza, no por el propio candidato, sino por su familia o amigos, sino que se requiera una preparación, una experiencia y unas aptitudes demostradas.
Que deje de ser verdad el chiste del padre, bien relacionado, que busca un primer trabajo, poco retribuido, para su hijo, que no quiere estudiar más. Sus amigos políticos le encuentran varios enchufes bien retribuidos, pero cuando les dice que quiere un puesto mileurista, le contestan que éso es imposible, que hay que tener título, hablar idiomas, aprobar una oposición...
Que, en definitiva, para ser Presidente o ministro se exija al menos lo mismo que para ser conserje en La Moncloa.
Parece que es una pregunta de mero sentido común. Hoy, el inglés constituye una herramienta imprescindible para todo aquél que, en su desempeño profesional, tenga cualquier tipo de relación con personas de otros países. Incluso, muchas veces, sin necesidad de relación interpersonal, sólo para acceder a informaciones de distintas fuentes (libros, periódicos, Internet...)
Pero es revolucionaria porque, en la actualidad, en España, se acepta sin discusión que lo único que precisa un político para desempeñar cualquier responsabilidad es ser votado o designado. Ninguna capacidad, ninguna preparación se le exige o, si se prefiere, todas las que necesita el desempeño del cargo se le suponen sólo por ganar las elecciones o por ser designado por quien tiene tal facultad.
José Luis Rodríguez Zapatero es la prueba viviente de lo anterior: su curriculum, cuando accedió a la presidencia del Gobierno español se reducía a su ejercicio profesional como profesor de Derecho constitucional, su labor como diputado y, sobre todo, el haber conseguido el poder dentro de su partido, lo que le llevó a la presidencia quizá, sobre todo, por la oposición popular al apoyo de José María Aznar a la guerra de Irak.
Si se abre paso la idea (de sentido común) de que se puede exigir a los políticos saber inglés, puede colarse de rondón la de que se les puede exigir competencia demosatrada en tareas de gobierno o, incluso, en cualquier tipo de labor profesional. Que para desempeñar cargos públicos no baste con la designación de la cúpula de un partido, obtenida quiza, no por el propio candidato, sino por su familia o amigos, sino que se requiera una preparación, una experiencia y unas aptitudes demostradas.
Que deje de ser verdad el chiste del padre, bien relacionado, que busca un primer trabajo, poco retribuido, para su hijo, que no quiere estudiar más. Sus amigos políticos le encuentran varios enchufes bien retribuidos, pero cuando les dice que quiere un puesto mileurista, le contestan que éso es imposible, que hay que tener título, hablar idiomas, aprobar una oposición...
Que, en definitiva, para ser Presidente o ministro se exija al menos lo mismo que para ser conserje en La Moncloa.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Concierto
No nos engañemos. El concierto vasco es un error de cálculo. En 1978, al aprobar la Constitución, se pensó que reconocer a los vascos un evidente privilegio serviría para frenar al independentismo y, en particular, para desactivar a ETA.
Desgraciadamente el efecto fue el contrario: los nacionalistas vieron que ETA era beneficiosa para ellos en los únicos términos que realmente importan, los económicos. Por tanto, han seguido apoyando a la banda, desde luego bajo mano. Su política siempre ha sido la misma: amagar con el crecimiento del independentismo y el apoyo a ETA para mantener y aumentar los beneficios fiscales.
El concierto no ha de suponer, en sí mismo, un privilegio. Éste se encuentra en el cupo, el importe que las Diputaciones forales han de entregar al Estado como contraprestación de los servicios públicos que éste presta (defensa y asuntos exteriores son los más evidentes, pero no los únicos). Si el sistema de cálculo del cupo favorece a las Diputaciones, éstas se quedan con más recursos que las Comunidades Autónomas de régimen común. Si se adoptasen otros criterios, podrían resultar de peor condición y el único beneficio del concierto sería financiero: las Diputaciones recaudan primero y pagan más tarde.
De nuevo, el elemento que determina el sistema de cálculo del cupo es el miedo a ETA, el temor a que los señoritos de Neguri, afectados donde más les duele, en el bolsillo, apoyen al terrorismo de forma más decidida.
De lo anterior se desprenden varias enseñanzas. La primera, que si ETA desaparece, tal vez el concierto deje de ser tan atractivo. O, también, que si fuese posible condicionar el concierto al fin de la violencia, ETA desaparecería como por arte de magia.
En cuanto a Cataluña, la ausencia de terrorismo significaría, en cualquier caso, que el cálculo del cupo no fuese, ni mucho menos, tan favorable como lo es para los vascos. Carecer de esa amenaza significa tener una fuerza muy inferior en la mesa de negociaciones. Y, como hemos dicho, el cupo es la esencia del concierto. El margen para ejercer la capacidad normativa (superior en el Páis Vasco) depende de la financiación: sólo disponiendo de una financiación excedentaria se pueden bajar los impuestos. La gestión de todos los tributos supone el efecto financiero de disponer de los fondos de forma inmediata, pero también resulta más cara y menos eficiente que una gestión unificada en todo el Estado, y supone una presión fiscal indirecta más elevada para las empresas, que han de declarar e ingresar sus tributos a varias Administraciones.
Por tanto, no hay que creer que el concierto sea la panacea que curará todos los males de Cataluña. Como el actual sistema de financiación, sólo puede suponer una mejora si se logran negociar unos términos favorables. Y no creo que nadie, para ganar esa negociación quiera volver al terrorismo.
Desgraciadamente el efecto fue el contrario: los nacionalistas vieron que ETA era beneficiosa para ellos en los únicos términos que realmente importan, los económicos. Por tanto, han seguido apoyando a la banda, desde luego bajo mano. Su política siempre ha sido la misma: amagar con el crecimiento del independentismo y el apoyo a ETA para mantener y aumentar los beneficios fiscales.
El concierto no ha de suponer, en sí mismo, un privilegio. Éste se encuentra en el cupo, el importe que las Diputaciones forales han de entregar al Estado como contraprestación de los servicios públicos que éste presta (defensa y asuntos exteriores son los más evidentes, pero no los únicos). Si el sistema de cálculo del cupo favorece a las Diputaciones, éstas se quedan con más recursos que las Comunidades Autónomas de régimen común. Si se adoptasen otros criterios, podrían resultar de peor condición y el único beneficio del concierto sería financiero: las Diputaciones recaudan primero y pagan más tarde.
De nuevo, el elemento que determina el sistema de cálculo del cupo es el miedo a ETA, el temor a que los señoritos de Neguri, afectados donde más les duele, en el bolsillo, apoyen al terrorismo de forma más decidida.
De lo anterior se desprenden varias enseñanzas. La primera, que si ETA desaparece, tal vez el concierto deje de ser tan atractivo. O, también, que si fuese posible condicionar el concierto al fin de la violencia, ETA desaparecería como por arte de magia.
En cuanto a Cataluña, la ausencia de terrorismo significaría, en cualquier caso, que el cálculo del cupo no fuese, ni mucho menos, tan favorable como lo es para los vascos. Carecer de esa amenaza significa tener una fuerza muy inferior en la mesa de negociaciones. Y, como hemos dicho, el cupo es la esencia del concierto. El margen para ejercer la capacidad normativa (superior en el Páis Vasco) depende de la financiación: sólo disponiendo de una financiación excedentaria se pueden bajar los impuestos. La gestión de todos los tributos supone el efecto financiero de disponer de los fondos de forma inmediata, pero también resulta más cara y menos eficiente que una gestión unificada en todo el Estado, y supone una presión fiscal indirecta más elevada para las empresas, que han de declarar e ingresar sus tributos a varias Administraciones.
Por tanto, no hay que creer que el concierto sea la panacea que curará todos los males de Cataluña. Como el actual sistema de financiación, sólo puede suponer una mejora si se logran negociar unos términos favorables. Y no creo que nadie, para ganar esa negociación quiera volver al terrorismo.
lunes, 12 de octubre de 2009
SICAV
El SR. Josep Martí Pagès, en "La Vanguardia" de hoy, 12 de octubre, defiende la igualdad de trato que la normativa fiscal da a las Sociedades de inversión de capital variable (Sicav) respecto de los fondos de inversión. Rechaza, pues, que las Sicav constituyan un mecanismo que ayuda a los ricos a evitar el pago de impuestos.
La norma fiscal dispone que, a diferencia de las restantes sociedades (y a semejanza de los fondos de inversión) las Sicav tributen, en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo del 1% (el tipo general es el 30 % y, para las sociedades de reducida dimensión, el 25 %, con ciertos límites). Ahora bien, la norma fiscal también exige que las Sicav tengan el número de socios que la Ley de instituciones de inversión colectiva exige para atribuir tal condición, esto es, 100 socios.
La razón es que, tal como señala el Sr. Pagès, las Sicav son instrumentos de inversión colectiva: "Su objeto es formar un patrimonio con las aportaciones de múltiples inversores, para que sea gestionado por profesionales especializados". El inversor no ha de tener el control de la inversión, más allá de la posibilidad de mantener las acciones en su patrimonio o enajenarlas, de forma que no pueda especular.
La realidad es muy distinta. Valga un ejemplo: el Sr. Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cuando la noticia apareció en la prensa), participaba en una Sicav, cuyo capital ascendía a 9 millones de euros. El Sr Arenillas ostentaba el 99,25% de las acciones representativas del capital de la entidad, mientras el 0,75% restante se repartía entre 102 socios, a la cabeza de los cuales se hallaban el director y el subdirector de la entidad de gestión de patrimonios que prestaba servicios al Sr. Arenillas.
¿Puede este esquema ser definido como entidad de inversión colectiva, o le cuadra más el calificativo individual? El Sr. Arenillas podía, obviamente, decidir cómo se invertían los fondos como si actuase bajo su propio nombre, pero se beneficiaba del tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades, no tributando prácticamente en tanto no hubiese una distribución de dividendos o no enajenase sus acciones.
Los 102 socios minoritarios reciben el nombre de "mariachis", ya que el socio mayoritario puede, respecto de la sociedad, entonar el famoso corrido mejicano: "Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley".
La Inspección de Hacienda pretendió calificar esta perversión de la figura, pensada para favorecer la inversión colectiva, como lo que es, un fraude clarísimo, y hacer tributar a quienes la empleaban indebidamente. Ante ello, el MInisterio de Economía y Hacienda, además de modificar la norma, logró que el Tribunal Económico- Administrativo Central atribuyese la competencia exclusiva para apreciar el cumplimiento del requisito del número mínimo de socios a los órganos de control de las instituciones de inversión colectiva, privando a la Inspección tributaria de la posibilidad de fiscalizar lo que constituye una exigencia expresamente prevista en la norma fiscal.
Ello, por si mismo, no hubiese supuesto una gran diferencia: cualquier persona, por puro sentido común, advierte que la sociedad del Sr. Arenillas (que citamos como simple ejemplo, pues no es, ni mucho menos, el único en aprovechar esta figura) constituye una artimaña para lograr la aplicación de un beneficio fiscal que no le corresponde. Pero presiones del Ministerio condujeron a los funcionarios a conformarse con el cumplimiento formal del requisito del número de socios, prescindiendo de analizar la realidad: que los mariachis son simples comparsas o testaferros, que nada han aportado a la sociedad y no tienen pretensión alguna de participar en sus beneficios. Que la sociedad es un instrumento única y exclusivamente al servicio del socio mayoritario.
Todo ello se debe a la creencia, acertada o no, de que extender el beneficio fiscal contribuye a atraer inversión a España, facilitando a las empresas la consecución de capitales necesarios para su crecimiento y el del país. Y, correlativamente, que si los ricos tienen mejores expectativas tributarias en otros países (una mayor rentabilidad financiero -fiscal) trasladarán sus capitales a estos otros países.
Pues bien, si el Gobierno cree que debe favorecer a los ricos permitiendo que inviertan individualmente sin coste fiscal, o con un tipo reducido, casi simbólico, lo que debe hacer es modificar en tal sentido las normas. Aplicar ese tipo en el IRPF o eliminar la exigencia de un número mínimo de socios para constituir una Sicav. En definitiva, no pervertir la aplicación de las normas jurídicas. Y, naturalmente, afrontar el coste electoral que le pueda suponer la concesión de beneficios fiscales a los pudientes, que es lo que ha tratado de evitar aceptando un fraude clarísimo.
La norma fiscal dispone que, a diferencia de las restantes sociedades (y a semejanza de los fondos de inversión) las Sicav tributen, en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo del 1% (el tipo general es el 30 % y, para las sociedades de reducida dimensión, el 25 %, con ciertos límites). Ahora bien, la norma fiscal también exige que las Sicav tengan el número de socios que la Ley de instituciones de inversión colectiva exige para atribuir tal condición, esto es, 100 socios.
La razón es que, tal como señala el Sr. Pagès, las Sicav son instrumentos de inversión colectiva: "Su objeto es formar un patrimonio con las aportaciones de múltiples inversores, para que sea gestionado por profesionales especializados". El inversor no ha de tener el control de la inversión, más allá de la posibilidad de mantener las acciones en su patrimonio o enajenarlas, de forma que no pueda especular.
La realidad es muy distinta. Valga un ejemplo: el Sr. Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cuando la noticia apareció en la prensa), participaba en una Sicav, cuyo capital ascendía a 9 millones de euros. El Sr Arenillas ostentaba el 99,25% de las acciones representativas del capital de la entidad, mientras el 0,75% restante se repartía entre 102 socios, a la cabeza de los cuales se hallaban el director y el subdirector de la entidad de gestión de patrimonios que prestaba servicios al Sr. Arenillas.
¿Puede este esquema ser definido como entidad de inversión colectiva, o le cuadra más el calificativo individual? El Sr. Arenillas podía, obviamente, decidir cómo se invertían los fondos como si actuase bajo su propio nombre, pero se beneficiaba del tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades, no tributando prácticamente en tanto no hubiese una distribución de dividendos o no enajenase sus acciones.
Los 102 socios minoritarios reciben el nombre de "mariachis", ya que el socio mayoritario puede, respecto de la sociedad, entonar el famoso corrido mejicano: "Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley".
La Inspección de Hacienda pretendió calificar esta perversión de la figura, pensada para favorecer la inversión colectiva, como lo que es, un fraude clarísimo, y hacer tributar a quienes la empleaban indebidamente. Ante ello, el MInisterio de Economía y Hacienda, además de modificar la norma, logró que el Tribunal Económico- Administrativo Central atribuyese la competencia exclusiva para apreciar el cumplimiento del requisito del número mínimo de socios a los órganos de control de las instituciones de inversión colectiva, privando a la Inspección tributaria de la posibilidad de fiscalizar lo que constituye una exigencia expresamente prevista en la norma fiscal.
Ello, por si mismo, no hubiese supuesto una gran diferencia: cualquier persona, por puro sentido común, advierte que la sociedad del Sr. Arenillas (que citamos como simple ejemplo, pues no es, ni mucho menos, el único en aprovechar esta figura) constituye una artimaña para lograr la aplicación de un beneficio fiscal que no le corresponde. Pero presiones del Ministerio condujeron a los funcionarios a conformarse con el cumplimiento formal del requisito del número de socios, prescindiendo de analizar la realidad: que los mariachis son simples comparsas o testaferros, que nada han aportado a la sociedad y no tienen pretensión alguna de participar en sus beneficios. Que la sociedad es un instrumento única y exclusivamente al servicio del socio mayoritario.
Todo ello se debe a la creencia, acertada o no, de que extender el beneficio fiscal contribuye a atraer inversión a España, facilitando a las empresas la consecución de capitales necesarios para su crecimiento y el del país. Y, correlativamente, que si los ricos tienen mejores expectativas tributarias en otros países (una mayor rentabilidad financiero -fiscal) trasladarán sus capitales a estos otros países.
Pues bien, si el Gobierno cree que debe favorecer a los ricos permitiendo que inviertan individualmente sin coste fiscal, o con un tipo reducido, casi simbólico, lo que debe hacer es modificar en tal sentido las normas. Aplicar ese tipo en el IRPF o eliminar la exigencia de un número mínimo de socios para constituir una Sicav. En definitiva, no pervertir la aplicación de las normas jurídicas. Y, naturalmente, afrontar el coste electoral que le pueda suponer la concesión de beneficios fiscales a los pudientes, que es lo que ha tratado de evitar aceptando un fraude clarísimo.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Sucesiones
Hay un clamor nacionalista contra el Impuesto sobre Sucesiones.
Dos argumentos son especialmente impactantes: que los herederos han contribuido(con su trabajo o con la moderación de su consumo) a la formación del patrimonio que reciben y por el cual se les exige el impuesto, y la comparación con otras Comunidades Autónomas que han suprimido o reducido el impuesto.
En cuanto al primero, hay que recordar que el Derecho civil catalán es profundamente individualista. El régimen económico matrimonial de separación de bienes, tradicional en Cataluña, supone que el cónyuge no adquiere participación alguna en los bienes de su consorte. Más claro, que la esposa del senyor Esteve, que además de trabajar en casa, atiende en "La Puntual", señera tienda de "betes i fils" de Barcelona, no cobra salario alguno y no tiene ningún derecho sobre los beneficios de la empresa.
Cuando el senyor Esteve fallece, los herederos han de pagar el Impuesto sobre todo su patrimonio, mientras que en los territorios que aplican el régimen de gananciales sólo han de pagarlo por la mitad, pues la otra mitad es propiedad de la viuda. Ello supone, automáticamente (salvo en caso de conmoriencia) una reducción del tipo (al ser menor el importe del caudal relicto) y un aplazamiento: pagarán por la mitad restante, pero al fallecer la madre, lo que supone un desembolso más asequible.
Pero es pecado hablar mal del régimen legal presuntivo, una de las señas de identidad, un "fet diferencial", que define la nación catalana. El problema viene, íntegro, de Madrid, la sede del Mal. Podrían reducir el impacto del impuesto, adoptando el régimen de gananciales, más adecuado para las clases medias y populares (lentamente, la mujer va adquiriendo unos ingresos y un patrimonio propios, aún inferiores a los de su marido). Pero prefieren la diferencia, que sólo beneficia a los ricos (o les beneficiaba: el régimen de separación servía para evitar que el marido controlase los bienes, sobre todo las fincas, de la mujer).
Por lo que respecta al segundo argumento, lo menos que se puede decir es que los nacionalistas debieran estar satisfechos: al no suprimir el Impuesto sobre Sucesiones, el gobierno catalán está ejercitando la autonomía que tanto valoran. Es otro "fet diferencial" del que debieran estar orgullosos. Pero no, lo que quieren es autonomía (independencia) en cuanto les favorezca, pero régimen común cuando suponga una ventaja.
Pues, señores, a las duras y a las maduras. Éso supone madurez, un requisito indispensable para la independencia.
Dos argumentos son especialmente impactantes: que los herederos han contribuido(con su trabajo o con la moderación de su consumo) a la formación del patrimonio que reciben y por el cual se les exige el impuesto, y la comparación con otras Comunidades Autónomas que han suprimido o reducido el impuesto.
En cuanto al primero, hay que recordar que el Derecho civil catalán es profundamente individualista. El régimen económico matrimonial de separación de bienes, tradicional en Cataluña, supone que el cónyuge no adquiere participación alguna en los bienes de su consorte. Más claro, que la esposa del senyor Esteve, que además de trabajar en casa, atiende en "La Puntual", señera tienda de "betes i fils" de Barcelona, no cobra salario alguno y no tiene ningún derecho sobre los beneficios de la empresa.
Cuando el senyor Esteve fallece, los herederos han de pagar el Impuesto sobre todo su patrimonio, mientras que en los territorios que aplican el régimen de gananciales sólo han de pagarlo por la mitad, pues la otra mitad es propiedad de la viuda. Ello supone, automáticamente (salvo en caso de conmoriencia) una reducción del tipo (al ser menor el importe del caudal relicto) y un aplazamiento: pagarán por la mitad restante, pero al fallecer la madre, lo que supone un desembolso más asequible.
Pero es pecado hablar mal del régimen legal presuntivo, una de las señas de identidad, un "fet diferencial", que define la nación catalana. El problema viene, íntegro, de Madrid, la sede del Mal. Podrían reducir el impacto del impuesto, adoptando el régimen de gananciales, más adecuado para las clases medias y populares (lentamente, la mujer va adquiriendo unos ingresos y un patrimonio propios, aún inferiores a los de su marido). Pero prefieren la diferencia, que sólo beneficia a los ricos (o les beneficiaba: el régimen de separación servía para evitar que el marido controlase los bienes, sobre todo las fincas, de la mujer).
Por lo que respecta al segundo argumento, lo menos que se puede decir es que los nacionalistas debieran estar satisfechos: al no suprimir el Impuesto sobre Sucesiones, el gobierno catalán está ejercitando la autonomía que tanto valoran. Es otro "fet diferencial" del que debieran estar orgullosos. Pero no, lo que quieren es autonomía (independencia) en cuanto les favorezca, pero régimen común cuando suponga una ventaja.
Pues, señores, a las duras y a las maduras. Éso supone madurez, un requisito indispensable para la independencia.
jueves, 24 de septiembre de 2009
Informes
El Gobierno catalán descarta dimisiones por el escándalo de los informes inútiles, pagados a precios superiores a los de mercado o que podían haber elaborado los funcionarios de la Generalitat. Con entonar el "mea culpa" ya basta. Se supone que, en adelante, procurarán que no les pillen.
En realidad, lo importante no son las dimisiones. Lo importante es hacer tres preguntas:
1ª Quién encargó los informes.
2ª A quién se encargaron esos informes.
3ª Para qué se encargaron los dichosos informes.
Un informe inútil sólo se encarga porque se quiere justificar una decisión que no se debería tomar, y hay que fabricar un argumento de peso para ello (¡lo recomienda un informe externo!) o porque se quiere pagar a alguien, ya en retribución de servicios que no se pueden declarar abiertamente, ya para hacerle (o hacerse) un favor. En cualquier caso, se utilizan los fondos públicos para fines prohibidos, lo que, sencillamente, constituye delito.
Pagar un informe útil a un precio superior al de mercado puede ser un error. Pero es preciso adoptar dos medidas:
1ª Valorar la competencia de quien lo encargó (se supone que debía conocer el ámbito en el que se le atribuyeron responsabilidades) y los mecanismos de contratación.
2ª Excluir de cualquier otro encargo público al profesional o la empresa que engañó a la Generalitat.
En cuanto a encargar a un ente externo un informe que podían elaborar los servicios de la Generalitat (o, ya puestos, los de otro ente público), es un error que revela desconocimiento de la estructura y posibilidades de la propia Generalitat y desidia en el cumplimiento de las propias funciones, ya que nada hay más fácil que preguntar u ordenar preguntar: ¿tenemos algún servicio especializado en... (edafología, sánscrito, neurociencias, derecho aeronáutico)? También en este caso, la pregunta es si esa persona está capacitada para desempeñar el cargo público.
Después se me ha ocurrido plantear otra pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si el responsable de esta conducta no hubiese sido un cargo político sino un funcionario? Probablemente se le hubiera incoado un expediente disciplinario. Quizá no.
Lo que importa es que si opta por hacer la vista gorda con estos hechos, el Gobierno (cualquier gobierno, pero estamos hablando del catalán) se deslegitima para sancionar a sus funcionarios. Y, a partir de ahí, el funcionario que no quiere trabajar, puede hacerlo impunemente, perjudicando a la institución y a todos los funcionarios. Y, por supuesto, a los ciudadanos, que pagan los impuestos que permiten el funcionamiento de la Administración, que debe estar a su servicio.
Por tanto, que recapaciten. El interés público exige que se invesstiguen los hechos y se depuren responsabilidades. ¿Dimisiones? Ceses, más bien.
En realidad, lo importante no son las dimisiones. Lo importante es hacer tres preguntas:
1ª Quién encargó los informes.
2ª A quién se encargaron esos informes.
3ª Para qué se encargaron los dichosos informes.
Un informe inútil sólo se encarga porque se quiere justificar una decisión que no se debería tomar, y hay que fabricar un argumento de peso para ello (¡lo recomienda un informe externo!) o porque se quiere pagar a alguien, ya en retribución de servicios que no se pueden declarar abiertamente, ya para hacerle (o hacerse) un favor. En cualquier caso, se utilizan los fondos públicos para fines prohibidos, lo que, sencillamente, constituye delito.
Pagar un informe útil a un precio superior al de mercado puede ser un error. Pero es preciso adoptar dos medidas:
1ª Valorar la competencia de quien lo encargó (se supone que debía conocer el ámbito en el que se le atribuyeron responsabilidades) y los mecanismos de contratación.
2ª Excluir de cualquier otro encargo público al profesional o la empresa que engañó a la Generalitat.
En cuanto a encargar a un ente externo un informe que podían elaborar los servicios de la Generalitat (o, ya puestos, los de otro ente público), es un error que revela desconocimiento de la estructura y posibilidades de la propia Generalitat y desidia en el cumplimiento de las propias funciones, ya que nada hay más fácil que preguntar u ordenar preguntar: ¿tenemos algún servicio especializado en... (edafología, sánscrito, neurociencias, derecho aeronáutico)? También en este caso, la pregunta es si esa persona está capacitada para desempeñar el cargo público.
Después se me ha ocurrido plantear otra pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si el responsable de esta conducta no hubiese sido un cargo político sino un funcionario? Probablemente se le hubiera incoado un expediente disciplinario. Quizá no.
Lo que importa es que si opta por hacer la vista gorda con estos hechos, el Gobierno (cualquier gobierno, pero estamos hablando del catalán) se deslegitima para sancionar a sus funcionarios. Y, a partir de ahí, el funcionario que no quiere trabajar, puede hacerlo impunemente, perjudicando a la institución y a todos los funcionarios. Y, por supuesto, a los ciudadanos, que pagan los impuestos que permiten el funcionamiento de la Administración, que debe estar a su servicio.
Por tanto, que recapaciten. El interés público exige que se invesstiguen los hechos y se depuren responsabilidades. ¿Dimisiones? Ceses, más bien.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
I+D
Un profesor universitario se queja en "La Vanguardia" de la reducción de los fondos públicos destinados a I+D y, sobre todo, de la falta de reacción ante ella.
Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."
Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.
Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.
Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.
El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.
En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.
Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.
La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.
Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."
Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.
Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.
Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.
El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.
En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.
Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.
La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.
viernes, 11 de septiembre de 2009
Charnego histórico
La Vanguardia publica hoy, 11 de septiembre, un sensato artículo de Pilar Rahola, en que critica la importancia que se ha atribuido, tanto desde posiciones nacionalistas catalanas como españolas, a algo tan nimio como el referendum de Arenys, olvidando, como siempre, que tenemos problemas reales y acuciantes (véase la crisis económica).
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Remuneraciones bancarias
Los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania propondrán al G-20 establecer reglas obligatorias para las remuneraciones de los directivos de los bancos, al menos de aquéllos que desarrollen operaciones arriesgadas (¿considerarán arriesgada la concesión de préstamos con garantía hipotecaria?), según informa hoy La Vanguardia.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Rubalcaba: burro
Dos grandes orejas de burro, como en los antiguos colegios, se deberían aplicar al Sr. Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, por sus recientes declaraciones, que hoy recoge "La Vanguardia" digital.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
lunes, 31 de agosto de 2009
Valores
Parece mentira que, precisamente Jordi Pujol, cuya política se caracterizó siempre por el pragmatismo y por vender su apoyo al mejor postor ("peix al cove"), se permita hoy, en "La Vanguardia" pontificar sobre valores ("Ideas, Valores, Actitudes") y condenar los valores que denomina "líquidos", enalteciendo los de carácter absoluto.
Más sorprende que lo haga en "La Vanguardia", un periódico que trata de acentuar cada vez más su ideario catalanista, y lo haga en castellano, pero sin duda sabe que, si lo hace en la que él considera la única lengua de Catalunya, le leerá menos gente. Pragmatismo triunfante, frente a ideas y valores.
Hay que recordar al Sr. Pujol que la verdad absoluta es el justificante habitual de los crímenes contra la humanidad. Que la religión verdadera dio lugar a la Inquisición y a las cruzadas. Que hoy, otra religión verdadera ampara los atentados del 11-S y del 11-M, además del trato denigrante que, en los países más fervorosamente musulmanes, recibe la mujer (y el cristianismo no está libre de pecados históricos en este sentido).
Hay que recordarle que la sagrada unidad de la Patria y, nuevamente, la fe verdadera, fueron las coartadas de la rebelíón y la dictadura franquistas. Que la verdad histórica de la teoría marxista justificó y justifica los regímenes totalitarios comunistas. Que la superioridad de la raza aria, probada científicamente (bueno, éso decían ellos), llevó al exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y, en definitiva, todos aquéllos que no podían servir ni siquiera como esclavos del Tercer Reich.
Que el dogma que defiende el Sr. Pujol ("Catalunya és una nació"), verdad indiscutible, ha justificado la violencia de Terra Lliure, como un dogma equivalente sigue justificando los crímenes de ETA. El que, conociendo la verdad, no la acepta, se pone conscientemente del lado de la mentira y del mal, y por tanto, en defensa de la verdad, el creyente debe exterminarlo.
La única solución consiste en no confundir nunca las creencias con verdades absolutas. El otro puede ver aspectos de la realidad que a mi se me escapan, tener prioridades distintas, que le hagan valorar negativamente lo que a mi me parece indudablemente positivo.
Quizá, como mucho, podamos decir que una idea, un valor, funciona mejor que otro, que es más útil para que los seres humanos, todos, vivamos un poco mejor, en paz, en un mundo un poco más justo y mejor repartido. Y que no intentemos imponer a los demás nuestros valores que, muchas veces, no son sino una traducción de nuestros intereses. Y, también aquí, que el Sr. Pujol vea qué intereses defienden los valores que el considera absolutos.
Más sorprende que lo haga en "La Vanguardia", un periódico que trata de acentuar cada vez más su ideario catalanista, y lo haga en castellano, pero sin duda sabe que, si lo hace en la que él considera la única lengua de Catalunya, le leerá menos gente. Pragmatismo triunfante, frente a ideas y valores.
Hay que recordar al Sr. Pujol que la verdad absoluta es el justificante habitual de los crímenes contra la humanidad. Que la religión verdadera dio lugar a la Inquisición y a las cruzadas. Que hoy, otra religión verdadera ampara los atentados del 11-S y del 11-M, además del trato denigrante que, en los países más fervorosamente musulmanes, recibe la mujer (y el cristianismo no está libre de pecados históricos en este sentido).
Hay que recordarle que la sagrada unidad de la Patria y, nuevamente, la fe verdadera, fueron las coartadas de la rebelíón y la dictadura franquistas. Que la verdad histórica de la teoría marxista justificó y justifica los regímenes totalitarios comunistas. Que la superioridad de la raza aria, probada científicamente (bueno, éso decían ellos), llevó al exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y, en definitiva, todos aquéllos que no podían servir ni siquiera como esclavos del Tercer Reich.
Que el dogma que defiende el Sr. Pujol ("Catalunya és una nació"), verdad indiscutible, ha justificado la violencia de Terra Lliure, como un dogma equivalente sigue justificando los crímenes de ETA. El que, conociendo la verdad, no la acepta, se pone conscientemente del lado de la mentira y del mal, y por tanto, en defensa de la verdad, el creyente debe exterminarlo.
La única solución consiste en no confundir nunca las creencias con verdades absolutas. El otro puede ver aspectos de la realidad que a mi se me escapan, tener prioridades distintas, que le hagan valorar negativamente lo que a mi me parece indudablemente positivo.
Quizá, como mucho, podamos decir que una idea, un valor, funciona mejor que otro, que es más útil para que los seres humanos, todos, vivamos un poco mejor, en paz, en un mundo un poco más justo y mejor repartido. Y que no intentemos imponer a los demás nuestros valores que, muchas veces, no son sino una traducción de nuestros intereses. Y, también aquí, que el Sr. Pujol vea qué intereses defienden los valores que el considera absolutos.
jueves, 6 de agosto de 2009
Políticos
Arturo Pérez Reverte ha plasmado perfectamente lo que probablemente sea el sentimiento compartido por una amplia capa de la población española respecto de los políticos que padecemos. http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_edicion=4307&id_firma=9091
Sorprende, sin embargo, que diga que hace veinte o treinta años él admiraba a los políticos de entonces. Hace treinta años gobernaba la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Hace veinte, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por el tándem Felipe González - Alfonso Guerra. Sobre todo éste último gobierno se vió salpicado por buen número de casos de corrupción que, finalmente, tuvieron buena parte en el vuelco electoral y el triunfo del Partido Popular de José Mª Aznar.
Sin embargo, creo que todos estábamos convencidos de que, incluso con sus casos de corrupción, aquellos gobiernos trataban de trabajar por el bien común (y por el suyo; todo el que trabaja lo hace, en definitiva, por ganarse la vida). Unos cuantos socialistas, qué duda cabe, aprendieron a utilizar el poder para beneficiarse personalmente, más allá de lo que permite la Ley. Pero el Gobierno, los gobiernos, además, trataron de llevar a la práctica las ideas que tenían acerca de la mejor gestión de los intereses generales. A veces, esas ideas podían ser insensatas; otras, su puesta en práctica resultó nefasta. Pero ése es el riesgo de la democracia: elegimos a quien nos parece que ha de hacerlo mejor, nos podemos equivocar y nunca sabemos realmente si nos hemos equivocado (nunca sabemos qué hubiera hecho realmente el otro).
Los políticos de hoy, en cambio, han olvidado completamente el interés público y se limitan a hacer lo que creen que les ha de beneficiar, personalmente o al partido. Son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos para los ciudadanos que, pacientemente, les votamos (o no) y, con seguridad, pagamos sus sueldos, sus escoltas, sus guateques, sus viajes, sus coches oficiales y los medios de comunicación que les dan la sensación de ser personas importantes.
El Gobierno no tiene empacho en negar una crisis evidente y creciente, sólo porque le interesaba electoralmente y, cuando la admite, sus medidas no se dirigen a combatir o paliar la crisis, sino a preparar las elecciones. Y la oposición, si hace algo, es sólo para desgastar al Gobierno, o sea, para lograr acceder al gobierno.
No es de extrañar que añoremos aquellos tiempos en que los políticos hacían como todo el mundo: trabajar en beneficio propio (todos queremos el sueldo que nos pagan para vivir lo mejor posible), pero conscientes de que ello implicaba atender a los intereses del pagador. Ahora, los políticos quieren que les paguemos el sueldo sólo por ocuparse de sus propios intereses. Y un día nos podemos cansar.
Sorprende, sin embargo, que diga que hace veinte o treinta años él admiraba a los políticos de entonces. Hace treinta años gobernaba la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Hace veinte, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por el tándem Felipe González - Alfonso Guerra. Sobre todo éste último gobierno se vió salpicado por buen número de casos de corrupción que, finalmente, tuvieron buena parte en el vuelco electoral y el triunfo del Partido Popular de José Mª Aznar.
Sin embargo, creo que todos estábamos convencidos de que, incluso con sus casos de corrupción, aquellos gobiernos trataban de trabajar por el bien común (y por el suyo; todo el que trabaja lo hace, en definitiva, por ganarse la vida). Unos cuantos socialistas, qué duda cabe, aprendieron a utilizar el poder para beneficiarse personalmente, más allá de lo que permite la Ley. Pero el Gobierno, los gobiernos, además, trataron de llevar a la práctica las ideas que tenían acerca de la mejor gestión de los intereses generales. A veces, esas ideas podían ser insensatas; otras, su puesta en práctica resultó nefasta. Pero ése es el riesgo de la democracia: elegimos a quien nos parece que ha de hacerlo mejor, nos podemos equivocar y nunca sabemos realmente si nos hemos equivocado (nunca sabemos qué hubiera hecho realmente el otro).
Los políticos de hoy, en cambio, han olvidado completamente el interés público y se limitan a hacer lo que creen que les ha de beneficiar, personalmente o al partido. Son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos para los ciudadanos que, pacientemente, les votamos (o no) y, con seguridad, pagamos sus sueldos, sus escoltas, sus guateques, sus viajes, sus coches oficiales y los medios de comunicación que les dan la sensación de ser personas importantes.
El Gobierno no tiene empacho en negar una crisis evidente y creciente, sólo porque le interesaba electoralmente y, cuando la admite, sus medidas no se dirigen a combatir o paliar la crisis, sino a preparar las elecciones. Y la oposición, si hace algo, es sólo para desgastar al Gobierno, o sea, para lograr acceder al gobierno.
No es de extrañar que añoremos aquellos tiempos en que los políticos hacían como todo el mundo: trabajar en beneficio propio (todos queremos el sueldo que nos pagan para vivir lo mejor posible), pero conscientes de que ello implicaba atender a los intereses del pagador. Ahora, los políticos quieren que les paguemos el sueldo sólo por ocuparse de sus propios intereses. Y un día nos podemos cansar.
lunes, 3 de agosto de 2009
Regalos
Espectacular. Increíble. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa contra Camps y Costa porque no se ha descubierto relación entre los regalos que recibieron y adjudicaciones de contratos públicos a favor de Orange Market. Costa, además, como diputado autonómico, no podía influir en la elaboración de leyes que pudiesen favorecer a la generosa empresa.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
domingo, 19 de julio de 2009
Bilingüismo
El Idescat (Instituto de estadística dependiente de la Generalitat) ha publicado un estudio según el cual la lengua habitual de los habitantes de Cataluña es, para el 45,6 % de la población, el castellano, para el 35,6 % el catalán y un 12 % declara utilizar habitualmente ambas lenguas.Si atendemos a la lengua de identificación, el primer lugar corresponde al castellano, con un 46,5 %, frente a un 37,2 para el catalán y un 8,8 % de la población que se identifica con ambas lenguas.
Esta estadística muestra la realidad lingüística de Cataluña. En cambio, la realidad política es otra muy diferente. El Estatuto de Autonomía afirma que la lengua propia de Cataluña es el catalán (lo que viene a significar que el castellano es una lengua ajena). La Ley de Educación recientemente aprobada, impone el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, relegando el castellano, la lengua preferida de los habitantes de Cataluña, al nivel de una lengua extranjera. Y esta situación se advierte como normal por un amplio sector de la población, como muestran expresiones como la carta Bilingüisme i català, publicada en "La Vanguardia" del 19 de julio de 2009, cuyo autor parece querer presentar su visión como ecuánime y equilibrada.
La realidad política aludida está dominada por el engaño nacionalista, suscrito por convicción o interés electoral por la mayoría de las fuerzas políticas. Este engaño afirma que la lengua de Cataluña no puede ser otra que el catalán. La argumentación se basa en la idea de que Cataluña es una nación, construida en torno, precisamente, a la lengua catalana.
Evidentemente, puesto que la mayoría de la población de Cataluña no es catalanoparlante, como pone de manifiesto la encuesta citada, esta afirmación no se sostiene. Tampoco es válido el argumento de que en una época pasada Cataluña fue totalmente catalanoparlante, ya que ello implica pretender que los muertos prevalezcan sobre los vivos. Y, sobre todo, porque son los vivos los que eligen la época que les interesa: una vez, Cataluña habló latín y, antes que éso, lenguas prerromanas. Si los muertos han de prevalecer sobre los vivos, ¿no habríamos de acusar a los catalanes medievales de abandonar la lengua de sus mayores?
El nacionalismo es un proyecto: la construcción de la nación catalana, en torno a la lengua catalana. Al servicio de este proyecto se encuentran el precepto del Estatuto, la Ley de Educación y muchas otras acciones de gobierno. La mentira se encuentra en la afirmación de que este proyecto es el único posible, de que es una realidad ineludible.
Una Cataluña catalanoparlante es un proyecto de convivencia, lícito, pero no obligatorio. Puede y debe competir con otros que puedan plantearse, como una Cataluña castellanoparlante, una Cataluña bilingüe o una Cataluña araboparlante. Y serán los ciudadanos de Cataluña los que habrán de decidir, sin quedar vinculados por mitos históricos u otras patrañas. Sólo así se podrá decir que Cataluña es un país democrático.
Esta estadística muestra la realidad lingüística de Cataluña. En cambio, la realidad política es otra muy diferente. El Estatuto de Autonomía afirma que la lengua propia de Cataluña es el catalán (lo que viene a significar que el castellano es una lengua ajena). La Ley de Educación recientemente aprobada, impone el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, relegando el castellano, la lengua preferida de los habitantes de Cataluña, al nivel de una lengua extranjera. Y esta situación se advierte como normal por un amplio sector de la población, como muestran expresiones como la carta Bilingüisme i català, publicada en "La Vanguardia" del 19 de julio de 2009, cuyo autor parece querer presentar su visión como ecuánime y equilibrada.
La realidad política aludida está dominada por el engaño nacionalista, suscrito por convicción o interés electoral por la mayoría de las fuerzas políticas. Este engaño afirma que la lengua de Cataluña no puede ser otra que el catalán. La argumentación se basa en la idea de que Cataluña es una nación, construida en torno, precisamente, a la lengua catalana.
Evidentemente, puesto que la mayoría de la población de Cataluña no es catalanoparlante, como pone de manifiesto la encuesta citada, esta afirmación no se sostiene. Tampoco es válido el argumento de que en una época pasada Cataluña fue totalmente catalanoparlante, ya que ello implica pretender que los muertos prevalezcan sobre los vivos. Y, sobre todo, porque son los vivos los que eligen la época que les interesa: una vez, Cataluña habló latín y, antes que éso, lenguas prerromanas. Si los muertos han de prevalecer sobre los vivos, ¿no habríamos de acusar a los catalanes medievales de abandonar la lengua de sus mayores?
El nacionalismo es un proyecto: la construcción de la nación catalana, en torno a la lengua catalana. Al servicio de este proyecto se encuentran el precepto del Estatuto, la Ley de Educación y muchas otras acciones de gobierno. La mentira se encuentra en la afirmación de que este proyecto es el único posible, de que es una realidad ineludible.
Una Cataluña catalanoparlante es un proyecto de convivencia, lícito, pero no obligatorio. Puede y debe competir con otros que puedan plantearse, como una Cataluña castellanoparlante, una Cataluña bilingüe o una Cataluña araboparlante. Y serán los ciudadanos de Cataluña los que habrán de decidir, sin quedar vinculados por mitos históricos u otras patrañas. Sólo así se podrá decir que Cataluña es un país democrático.
viernes, 12 de junio de 2009
Economía española
Hoy, 12 de junio de 2009, los medios de comunicación recogen dos noticias muy diferentes. Por una parte, el nuevo hombre fuerte del Real Madrid, Florentino Pérez, está comprando nuevos jugadores para su equipo a precios desorbitados. Por otra, una cuarta parte de los escolares catalanes termina el ciclo básico sin tener los conocimientos mínimos para afrontar la ESO con ciertas garantías de aprovechamiento. A mi juicio, ambas noticias están conectadas y arrojan un balance desolador.
El precio pagado por Cristiano Ronaldo (y por Kaká) pone de manifiesto lo que se valora en nuestro país. Esas inversiones multimillonarias se dirigen al negocio del deporte - espectáculo y retribuyen unas condiciones naturales excepcionales. Y aun cabe añadir que las decide un magnate de las empresas de construcción.
Dicho de otra forma, no se dirigen a un negocio basado en el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. No retribuyen el esfuerzo prolongado, la formación primero y el trabajo después que producen sus frutos a largo plazo. Y quizá, en el fondo, busquen resucitar el palco del Bernabéu como centro de negocios basado en los contactos personales y las relaciones privilegiadas, con el suelo como materia prima y los favores como moneda de cambio.
El descuido de la formación es la consecuencia lógica de la economía que hemos elegido o, mejor, que han elegido los empresarios y los políticos españoles. Una economía basada en una élite formada por nacimiento, a la que se permite acceder a unos privilegiados que tienen condiciones excepcionales de algún tipo, que se reparten la riqueza, y una base social destinada a desempeñar funciones poco cualificadas a cambio de una retribución mínima. Una mayoría de trabajadores fungibles cuya esperanza de promoción social es prácticamente nula.
Algunos cuadros se necesitan, profesionales con cierto nivel de formación. Pero pocos en número y de un nivel muy limitado, dada la escasa complejidad de las tareas que se les piden y, en consecuencia, poco retribuidos. El sistema escolar los produce en número más que suficiente no sólo para proveer al mercado, sino para asegurar una competencia que baje los precios.
Hace un tiempo me contaba un amigo separado que su hija no estudia y que la familia materna le dice que si no le gusta estudiar, no importa, que podrá trabajar de dependienta o cajera de un supermercado, con lo que anulan los esfuerzos del padre por convencerla de que de su formación depende su futuro.
Este ejemplo, que creo representativo, dice mucho de la situación española: no creemos en la compensación del esfuerzo invertido en formación. Los familiares de la hija de mi amigo, creen que, estudie o no, sólo conseguirá un trabajo mal pagado o que la diferencia que obtendrá estudiando no compensará el esfuerzo, y eso si la consigue, si no se ve obligada igualmente a desempeñar un trabajo que nada tenga que ver con su formación. Y lo malo es que probablemente tengan razón.
Si no apostamos por una economía basada en el conocimiento y, coherentemente, retribuimos ese conocimiento, no estaremos fomentando la formación, el aprendizaje como forma de obtener el conocimiento. Si el padre, cualquiera que sea su nivel de formación, está condenado a ser un mileurista, no impulsará a su hijo a formarse y, si lo hace, el hijo sólo tendrá que decirle que se mire en el espejo para convencerle de que le deje en paz.
Y, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de cambiar nuestra economía y dirigirla hacia el conocimiento y las tecnologías, que observe la actual crisis: en España es especialmente grave por haber apostado por la construcción y el turismo, basados en recursos limitados y susceptibles de degradación y por los bajos salarios como ventaja competitiva fundamental, en la que hemos sido ampliamente superados por los países en desarrollo.
La actual crisis fue, en gran medida, prevista por los agoreros que hace diez años hablaban de la burbuja inmobiliaria. No les hicimos caso. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos, ahora a la necesidad de apostar por la formación (y retribuirla)? El resurgimiento de Florentino Pérez parece indicar que sí. Así nos va.
P.S.: ¿Por qué ha desaparecido de La Vanguardia.es toda referencia a la noticia sobre el fracaso escolar?
El precio pagado por Cristiano Ronaldo (y por Kaká) pone de manifiesto lo que se valora en nuestro país. Esas inversiones multimillonarias se dirigen al negocio del deporte - espectáculo y retribuyen unas condiciones naturales excepcionales. Y aun cabe añadir que las decide un magnate de las empresas de construcción.
Dicho de otra forma, no se dirigen a un negocio basado en el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. No retribuyen el esfuerzo prolongado, la formación primero y el trabajo después que producen sus frutos a largo plazo. Y quizá, en el fondo, busquen resucitar el palco del Bernabéu como centro de negocios basado en los contactos personales y las relaciones privilegiadas, con el suelo como materia prima y los favores como moneda de cambio.
El descuido de la formación es la consecuencia lógica de la economía que hemos elegido o, mejor, que han elegido los empresarios y los políticos españoles. Una economía basada en una élite formada por nacimiento, a la que se permite acceder a unos privilegiados que tienen condiciones excepcionales de algún tipo, que se reparten la riqueza, y una base social destinada a desempeñar funciones poco cualificadas a cambio de una retribución mínima. Una mayoría de trabajadores fungibles cuya esperanza de promoción social es prácticamente nula.
Algunos cuadros se necesitan, profesionales con cierto nivel de formación. Pero pocos en número y de un nivel muy limitado, dada la escasa complejidad de las tareas que se les piden y, en consecuencia, poco retribuidos. El sistema escolar los produce en número más que suficiente no sólo para proveer al mercado, sino para asegurar una competencia que baje los precios.
Hace un tiempo me contaba un amigo separado que su hija no estudia y que la familia materna le dice que si no le gusta estudiar, no importa, que podrá trabajar de dependienta o cajera de un supermercado, con lo que anulan los esfuerzos del padre por convencerla de que de su formación depende su futuro.
Este ejemplo, que creo representativo, dice mucho de la situación española: no creemos en la compensación del esfuerzo invertido en formación. Los familiares de la hija de mi amigo, creen que, estudie o no, sólo conseguirá un trabajo mal pagado o que la diferencia que obtendrá estudiando no compensará el esfuerzo, y eso si la consigue, si no se ve obligada igualmente a desempeñar un trabajo que nada tenga que ver con su formación. Y lo malo es que probablemente tengan razón.
Si no apostamos por una economía basada en el conocimiento y, coherentemente, retribuimos ese conocimiento, no estaremos fomentando la formación, el aprendizaje como forma de obtener el conocimiento. Si el padre, cualquiera que sea su nivel de formación, está condenado a ser un mileurista, no impulsará a su hijo a formarse y, si lo hace, el hijo sólo tendrá que decirle que se mire en el espejo para convencerle de que le deje en paz.
Y, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de cambiar nuestra economía y dirigirla hacia el conocimiento y las tecnologías, que observe la actual crisis: en España es especialmente grave por haber apostado por la construcción y el turismo, basados en recursos limitados y susceptibles de degradación y por los bajos salarios como ventaja competitiva fundamental, en la que hemos sido ampliamente superados por los países en desarrollo.
La actual crisis fue, en gran medida, prevista por los agoreros que hace diez años hablaban de la burbuja inmobiliaria. No les hicimos caso. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos, ahora a la necesidad de apostar por la formación (y retribuirla)? El resurgimiento de Florentino Pérez parece indicar que sí. Así nos va.
P.S.: ¿Por qué ha desaparecido de La Vanguardia.es toda referencia a la noticia sobre el fracaso escolar?
miércoles, 27 de mayo de 2009
Propaganda electoral
Magnífico el artículo del Pilar Rahola en "La Vanguardia" de hoy, 27 de mayo. Y, sobre todo, equitativo: habla por igual de tirios y de troyanos.
Pero quizá olvida una cosa: basta con ver los programas que triunfan en televisión para entender a qué público se dirigen las campañas electorales. Los que se deleitan con los programas en que unos analfabetos orgullosos de serlo se insultan en dura competencia para airear las debilidades de otros, frecuentemente tan analfabetos como ellos y deseosos de aparecer en los mismos programas, ¿a qué tipo de propaganda van a ser receptivos? ¿A serias argumentaciones basadas en datos contrastados? ¿A propuestas de regeneración? La propaganda electoral es el Tomate de la política, porque los votantes son los seguidores de Aquí hay tomate.
Además, ¿cómo van a prometer los políticos algo que es diametralmente opuesto a sus intereses? Es urgente cambiar el modelo económico basado en la propiedad del suelo, el control de la edificabilidad, las hipotecas y la construcción. Es decir, los negocios de los partidos, de los políticos y de quienes subvencionan a los políticos. ¿Podemos esperar que abandonen su modus vivendi?
Es importante valorar el conocimiento y el esfuerzo. El conocimiento porque ya no podemos competir recortando los salarios, por lo que hemos de aprovechar nuestra capacidad tecnológica y potenciar la innovación. El esfuerzo porque los pelotazos, basados en el suelo como único elemento material y en la confianza en la ilimitada alza de los precios de los edificios, han mostrado ser dañinos. Pero ni a los políticos, cuyo negocio se basa en estar cerca del poder, ni a los electores, cuya máxima aspiración es vivir sin trabajar (como sus ídolos de los programas basura) les apetece aceptar esos valores. Y, ¿cómo ganar unas elecciones -ló único que interesa a los políticos- propugnando medidas sensatas y necesarias, pero impopulares?
La única vía que veo practicable es prescindir de los políticos y tratar de convencer a los ciudadanos de la necesidad de un verdadero cambio, un cambio de valores. Convencer, sobre todo, a los emprendedores, de que el futuro exige ese cambio de orientación, hacia actividades basadas en la tecnología y el conocimiento y de que para desarrollar estas actividades es imprescindible pagar bien a quienes poseen ese conocimiento y están dispuestos a esforzarse en hacer bien su trabajo. Convencer a los trabajadores de que su interés está en buscar la excelencia, adquiriendo conocimientos y esforzándose, Convencer a los estudiantes, y a sus padres, de que su esfuerzo se verá recompensado. Y exigir a los políticos que no obstaculicen el progreso.
Pilar Rahola puede poner su pluma al servicio de este cambio de valores. Artículos como el de hoy muestran su valía. ¿Preferirá ejercer como una política sin partido, mostrando agudeza en la crítica pero sin aportar nada positivo? Es el camino fácil.
Pero quizá olvida una cosa: basta con ver los programas que triunfan en televisión para entender a qué público se dirigen las campañas electorales. Los que se deleitan con los programas en que unos analfabetos orgullosos de serlo se insultan en dura competencia para airear las debilidades de otros, frecuentemente tan analfabetos como ellos y deseosos de aparecer en los mismos programas, ¿a qué tipo de propaganda van a ser receptivos? ¿A serias argumentaciones basadas en datos contrastados? ¿A propuestas de regeneración? La propaganda electoral es el Tomate de la política, porque los votantes son los seguidores de Aquí hay tomate.
Además, ¿cómo van a prometer los políticos algo que es diametralmente opuesto a sus intereses? Es urgente cambiar el modelo económico basado en la propiedad del suelo, el control de la edificabilidad, las hipotecas y la construcción. Es decir, los negocios de los partidos, de los políticos y de quienes subvencionan a los políticos. ¿Podemos esperar que abandonen su modus vivendi?
Es importante valorar el conocimiento y el esfuerzo. El conocimiento porque ya no podemos competir recortando los salarios, por lo que hemos de aprovechar nuestra capacidad tecnológica y potenciar la innovación. El esfuerzo porque los pelotazos, basados en el suelo como único elemento material y en la confianza en la ilimitada alza de los precios de los edificios, han mostrado ser dañinos. Pero ni a los políticos, cuyo negocio se basa en estar cerca del poder, ni a los electores, cuya máxima aspiración es vivir sin trabajar (como sus ídolos de los programas basura) les apetece aceptar esos valores. Y, ¿cómo ganar unas elecciones -ló único que interesa a los políticos- propugnando medidas sensatas y necesarias, pero impopulares?
La única vía que veo practicable es prescindir de los políticos y tratar de convencer a los ciudadanos de la necesidad de un verdadero cambio, un cambio de valores. Convencer, sobre todo, a los emprendedores, de que el futuro exige ese cambio de orientación, hacia actividades basadas en la tecnología y el conocimiento y de que para desarrollar estas actividades es imprescindible pagar bien a quienes poseen ese conocimiento y están dispuestos a esforzarse en hacer bien su trabajo. Convencer a los trabajadores de que su interés está en buscar la excelencia, adquiriendo conocimientos y esforzándose, Convencer a los estudiantes, y a sus padres, de que su esfuerzo se verá recompensado. Y exigir a los políticos que no obstaculicen el progreso.
Pilar Rahola puede poner su pluma al servicio de este cambio de valores. Artículos como el de hoy muestran su valía. ¿Preferirá ejercer como una política sin partido, mostrando agudeza en la crítica pero sin aportar nada positivo? Es el camino fácil.
domingo, 24 de mayo de 2009
Expolio
El candidato de ERC a las elecciones europeas pide un tope al "expolio fiscal" de los Estados. Este tope lo debería fijar la Unión Europea.
Junqueras pone como ejemplo la diferencia entre la aportación del "land" más rico de Alemania y las aportaciones de Valencia, Cataluña o Baleares. Si sus datos son correctos, éstas superan el doble de aquéllas.
Por supuesto, el candidato olvida que la estructura del sistema fiscal alemán es diferente de la que tiene en nuestro país. En Alemania, cada "land" recauda sus impuestos, de forma que no hay un fondo común sino con las aportaciones de los "lander". Es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (como el nuestro, que duda cabe). Así, el IVA ingresado por una empresa es soportado por los compradores de bienes y servicios que la misma produce, en su Estado, "land" o Comunidad Autónoma o fuera de él. Si las empresas catalanas venden fuera de Cataluña, se computan en la aportación de Cataluña impuestos soportados por ciudadanos de otras Comunidades (sucedería si la Generalitat recaudase el IVA e interfiere en el cálculo de las balanzas fiscales).
El sistema fiscal alemán es una consecuencia lógica de la estructura federal de Alemania. Pero nuestro país no es un Estado federal, aunque en ciertos aspectos se asemeje a uno. Por ello, el Sr. Junqueras no propone establecer topes a las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Presupuesto común, sino sólo a las de Cataluña, Valencia y Baleares; en una palabra, a las comunidades que constituyen lo que los nacionalistas denominan la nación catalana. Por eso no menciona a Madrid, que también es aportante neta.
Así, los nacionalistas consideran justificado establecer esos topes por una ley anterior y superior a la Constitución. Por la misma razón, el desequilibrio resultante del sistema actual es tachado de expolio. Si consultamos el diccionario, "expolio" significa robo, ni más ni menos. No importa que el sistema fiscal se haya aprobado por las Cortes, con participación (y en muchos casos voto favorable) de los representantes de los ciudadanos de las Comunidades "expoliadas". Se trata de un robo contrario a la Ley natural que ordena que los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña, porque es una nación.
Claro, podríamos adoptar otros criterios: ¿por qué no plantear la importancia de las comarcas, y preguntar si el Alt Empordà o el Montsià resultan beneficiados o perjudicados ante el Barcelonés o el Baix Llobregat? ¿por qué no podrían quejarse los ricos de que los impuestos que pagan benefician básicamente a los pobres? ¿o distinguiremos entre la Cataluña marítima y la interior?
Pero, sobre todo, las aportaciones deben venir determinadas por las desigualdades existentes: si un Estado, "land" o Comunidad Autónoma presenta un estado de subdesarrollo frente a otros desarrollados, o si ha sufrido una catástrofe natural, puede justificarse una aportación que, en otras circunstancias resultaría excesiva. La solidaridad, virtud tradicionalmente apreciada por la izquierda (se ve que no por la "esquerra") lo exigíría.
Quizá no sea mala idea diseñar un sistema fiscal que incluya topes a las aportaciones o introduzca el principio de ordinalidad. Que prevea, si se estima oportuno, excepciones (las catástrofes antes aludidas o proyectos excepcionales, como fueron, en su día, los Juegos Olímpicos de Barcelona y pueden ser, en el futuro, los de Madrid). Lo que no se puede hacer es llamar ladrones a los demás y quejarse luego de que nos maltratan. Si quieren la independencia, que argumenten en su favor, en lugar de crear enemigos de Cataluña.
Junqueras pone como ejemplo la diferencia entre la aportación del "land" más rico de Alemania y las aportaciones de Valencia, Cataluña o Baleares. Si sus datos son correctos, éstas superan el doble de aquéllas.
Por supuesto, el candidato olvida que la estructura del sistema fiscal alemán es diferente de la que tiene en nuestro país. En Alemania, cada "land" recauda sus impuestos, de forma que no hay un fondo común sino con las aportaciones de los "lander". Es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (como el nuestro, que duda cabe). Así, el IVA ingresado por una empresa es soportado por los compradores de bienes y servicios que la misma produce, en su Estado, "land" o Comunidad Autónoma o fuera de él. Si las empresas catalanas venden fuera de Cataluña, se computan en la aportación de Cataluña impuestos soportados por ciudadanos de otras Comunidades (sucedería si la Generalitat recaudase el IVA e interfiere en el cálculo de las balanzas fiscales).
El sistema fiscal alemán es una consecuencia lógica de la estructura federal de Alemania. Pero nuestro país no es un Estado federal, aunque en ciertos aspectos se asemeje a uno. Por ello, el Sr. Junqueras no propone establecer topes a las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Presupuesto común, sino sólo a las de Cataluña, Valencia y Baleares; en una palabra, a las comunidades que constituyen lo que los nacionalistas denominan la nación catalana. Por eso no menciona a Madrid, que también es aportante neta.
Así, los nacionalistas consideran justificado establecer esos topes por una ley anterior y superior a la Constitución. Por la misma razón, el desequilibrio resultante del sistema actual es tachado de expolio. Si consultamos el diccionario, "expolio" significa robo, ni más ni menos. No importa que el sistema fiscal se haya aprobado por las Cortes, con participación (y en muchos casos voto favorable) de los representantes de los ciudadanos de las Comunidades "expoliadas". Se trata de un robo contrario a la Ley natural que ordena que los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña, porque es una nación.
Claro, podríamos adoptar otros criterios: ¿por qué no plantear la importancia de las comarcas, y preguntar si el Alt Empordà o el Montsià resultan beneficiados o perjudicados ante el Barcelonés o el Baix Llobregat? ¿por qué no podrían quejarse los ricos de que los impuestos que pagan benefician básicamente a los pobres? ¿o distinguiremos entre la Cataluña marítima y la interior?
Pero, sobre todo, las aportaciones deben venir determinadas por las desigualdades existentes: si un Estado, "land" o Comunidad Autónoma presenta un estado de subdesarrollo frente a otros desarrollados, o si ha sufrido una catástrofe natural, puede justificarse una aportación que, en otras circunstancias resultaría excesiva. La solidaridad, virtud tradicionalmente apreciada por la izquierda (se ve que no por la "esquerra") lo exigíría.
Quizá no sea mala idea diseñar un sistema fiscal que incluya topes a las aportaciones o introduzca el principio de ordinalidad. Que prevea, si se estima oportuno, excepciones (las catástrofes antes aludidas o proyectos excepcionales, como fueron, en su día, los Juegos Olímpicos de Barcelona y pueden ser, en el futuro, los de Madrid). Lo que no se puede hacer es llamar ladrones a los demás y quejarse luego de que nos maltratan. Si quieren la independencia, que argumenten en su favor, en lugar de crear enemigos de Cataluña.
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