Objetivos

Según publica hoy "La Vanguardia", los Mossos d'Esquadra destinados a labores de control del tráfico solicitan que se eliminen los objetivos que tienen fijados, que atienden al número o importe de las multas impuestas.

Los objetivos cuantitativos se han considerado la panacea de todos los males de las Administraciones públicas, sobre todo por su aplicación en la empresa privada. Se alega que el sector privado es siempre más eficiente que el público y, por tanto, que éste ha de adoptar los sistemas de aquél, cuando no se propone directamente la privatización del servicio de que se trate.

Quienes así razonan olvidan algunos detalles: no hay empresas privadas encargadas de la gestión y control del tráfico rodado en una zona geográfica amplia, y no las hay porque no es una actividad directamente rentable. No es posible cobrar por la prestación del servicio de asegurar contra accidentes en el trayecto, ya que no es posible garantizar completamente la ausencia de accidentes.

Además, las empresas privadas han abandonado este tipo de gestión por objetivos, salvo en aquellas actividades en que la misma constituye el mejor sistema de medición de la eficacia. Al vendedor de un único producto se le puede incentivar en función de sus ventas, pero en cuanto intervienen otros factores, los objetivos dejan de ser claros y empiezan a provocar problemas.

El principal de estos problemas es que, al fijar un objetivo, se está diciendo qué se valora positivamente, pero también qué se valora negativamente o qué no se toma en consideración. Si el objetivo es el importe de las ventas, el mensaje puede ser que no importa si el precio aplazado se paga o no: el resultado es la concesión de hipotecas a ninjas (no income, no job, no assets) y la crisis económica que padecemos. Si el objetivo es la mejor oferta económica, el mensaje puede ser que no importa la calidad (y algo tiene que ver el montón de chapuzas que sufrimos en la obra pública).

El caso de las policías de tráfico (da igual si se trata de los Mossos, de la Guardia Civil o de las Policías municipales) es paradigmático: fijar los objetivos atendiendo a las multas equivale a afirmar que no importa la fluidez del tráfico. Significa que un policía hará bien dedicándose a formular denuncias por aparcamiento indebido ante un atasco monumental, incluso ante un accidente con víctimas, ya que nadie le valorará el trabajo dedicado a la eliminación del atasco o a atender a las víctimas, regular el tráfico en el lugar del siniestro, etc.

En definitiva, el problema se puede reducir a los siguientes términos: ¿cuál es la finalidad de la policía de tráfico? ¿qué fin le pretenden asignar los gobernantes? La respuesta ha de determinar la elección de unos objetivos u otros, o el abandono de los objetivos cuantitativos, si no son eficaces para medir el cumplimiento de esos fines.

Si se pretende reducir el número de accidentes, la medición debe atender a este número; las multas son un instrumento para lograr dicha reducción. Si se pretende mejorar la fluidez del tráfico, la medición puede basarse en el número y duración de los atascos, en el tiempo preciso para efectuar un determinado trayecto. Ahora bien, la consecución de estos fines depende, en parte, de factores que quedan fuera del control de la Administración (así, la meteorología) y, en parte, de factores que puede controlar, pero de difícil cuantificación (por ejemplo, los horarios e itinerarios de las patrullas de tráfico).

Desde este punto de vista, los objetivos basados en el número e importe de las multas de tráfico sirven, fundamentalmente, para que el gobierno pueda alardear, en la prensa y el parlamento, de su actividad mediante datos contrastables, aunque la mejora pueda ser puramente virtual: ya que hemos aumentado las multas de tráfico, estamos trabajando más y mejor que el año pasado, y mucho mejor que la oposición cuando estaba en el gobierno. Y, si las multas se pagan, sirven para alimentar las arcas públicas, que nunca viene mal.

¿Qué hacer? Primero, definir los fines de la actividad pública en cada ámbito. Por ejemplo, reducir el número de accidentes de tráfico (o el número de fallecidos, o la gravedad de todas las lesiones -mortales o no mortales-. o el número de implicados...). Puede ser un fin único, o varios fines: uno, varios o todos los anteriores pueden ir acompañados de una mejora general en la fluidez del tráfico, de una reducción de los efectos negativos de la circulación rodada en las poblaciones, de una reducción de las emisiones, etc.

Segundo, definir los indicadores que se han de utilizar para medir los resultados de las actuaciones que se realicen. El número de víctimas es evidente, pero la fluidez del tráfico es un factor de difícil medición.

Tercero, determinar las medidas que se van a adoptar para conseguir los fines deseados. Entre estas medidas se puede incluir una determinada forma de actuación de la policía de tráfico. Incrementar, reducir o modular las patrullas, los controles de alcoholemia, la retirada de vehículos que obstruyen la circulación, los radares móviles, las multas en general...

Por último, fijar, si es posible los objetivos que han de alcanzarse y asignarlos a quien corresponda. Aumentar, por ejemplo, las patrullas en fines de semana o puentes es algo que corresponde quizá más a los responsables económicos de la policía que a los mandos operativos y los agentes individuales no tienen control alguno acerca del cumplimiento de este objetivo (siempre que cumplan las labores que, de acuerdo con la normativa que les es aplicable, les correspondan, claro está).

Ésto es un modelo lógico de la gestión por objetivos. La vinculación de las retribuciones de los policías a las multas que impongan es sólo una mala imitación de la gestión por objetivos, producto de la pereza y de la búsqueda exclusiva de beneficios electorales. O sea, lo normal en nuestro país.