"Profesor de Derecho sin experiencia de gestión empresarial ofrécese para dirigir gran empresa". En el mundo de la empresa privada, ¿tendría alguna respuesta esta oferta? Ninguna, evidentemente.
Sin embargo, este anuncio lo podría haber publicado José Luís Rodríguez Zapatero en la campaña electoral en que accedió por primera vez a la presidencia del Gobierno, y nadie consideró que estas circunstancias le invalidasen para ejercer el cargo al que optaba. Quizá el Partido Popular mencionase su falta de experiencia para descalificarle, pero ni siquiera la actual oposición consideró que esa falta de experiencia fuese un handicap grave.
Aún más, el nombramiento de Carme Chacón como Ministra de Defensa generó polémica (tal vez artificial) por su condición de mujer y su estado de buena esperanza al tomar posesión. Nadie (que yo recuerde) señaló que carecía de conocimientos acerca de la política de defensa y de experiencia de gestión pública, salvo un breve paso por el Ministerio de la Vivienda, un ministerio prácticamente carente de competencias reales.
Cuando el PSOE accedió por primera vez al poder, la falta de experiencia de los nuevos ministros era natural, ya que no podían haberla obtenido en el franquismo. Pero en la actualidad existen militantes y simpatizantes socialistas con experiencia, ya sea en la anterior etapa de gobierno, ya en gobiernos autonómicos o municipales. Puede discutirse la política de Pedro Solbes, pero no su ejecutoria antes de volver al ministerio. Algo parecido puede decirse de Pérez Rubalcaba, de Marín, de Bono o de Montilla.
Tanto al publicar los diarios la lista de los nuevos ministros como al informar sobre el nuevo equipo directivo del PP, sorprendían las referencias biográficas: salvo aquéllos que pertenecían a Cuerpos funcionariales de prestigio (Registradores de la Propiedad, Abogados del Estado) la experiencia profesional se expresaba mediante expresiones tan genéricas como "jurista", "economista", "empresario"... Expresiones que nada dicen acerca de la experiencia real, de los logros o el desempeño de una profesión.
Cuando gobernaba Felipe González era frecuente que los medios de comunicación afines al PSOE definiesen al Presidente de EEUU, Ronald Reagan, como "el mediocre actor". ¿Por qué no definían al Presidente español como "el mediocre abogado" o "el mediocre profesor de Derecho laboral"? ¿Ganó González pleitos que le hicieran famoso?¿Redactó un texto decisivo en su asignatura? Por supuesto, ahora la historia puede hacer un juicio de ambos según las políticas que desarrollaron y los resultados de las mismas. Pero, entonces, el rasero era bien distinto.
No pretendo que se establezca un escalafón cerrado para acceder a los cargos públicos que sustituya o limite al resultado de las elecciones. Pero creo que sería lógico que fuesen elegidas personas que ya hubiesen demostrado su capacidad y su buen hacer. Que los partidos y los votantes confiasen en personas cuyas realizaciones les avalasen ya garantizasen, al menos, que no habrían de caer en errores de principiantes. Que los factores que justifican un nombramiento no fuesen, en definitiva, la pertenencia a una minoría, el equilibrio territorial, el control del partido o la simple amistad con el jefe.
Pero, quizá, mi error sea creer que en la empresa privada rigen estos criterios. Que se valoran la experiencia y los logros obtenidos, no los contactos personales, familiares, políticos... Que el palco del Real Madrid era un centro privilegiado de negocios únicamente porque en él coincidían casualmente personas vinculadas al negocio inmobiliario, unidas por su afición al fútbol. Tal vez en España lo que cuenta, en todos los ámbitos, sea la simpatía, la familia, los contactos. Tal vez, también en este campo sea preciso implantar (que no recuperar) la cultura del esfuerzo y del mérito.
domingo, 29 de marzo de 2009
domingo, 22 de marzo de 2009
Preservativo
Benedicto XVI ha reiterado en África la oposición de la Iglesia católica al uso del preservativo, afirmando que no sólo no es un medio adecuado para la lucha contra el sida, sino que agrava el riesgo de la enfermedad. Naturalmente, ha generado un alud de críticas (http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090322/53665580230.html).
Resulta lógico que el Papa aconseje la abstinencia sexual, ya que es su doctrina de siempre. Pero se entiende menos que se obstine en condenar el preservativo que, en definitiva, es un elemento material, no espiritual. El acto con trascendencia moral es el tener relaciones sexuales; el preservativo, a estos efectos, es una mera circunstancia.
La Iglesia católica no espera que el ser humano evite siempre las acciones que califica como pecados; de ahí que reconozca el sacramento de la Penitencia, que sirve para reconciliar al hombre con Dios, hasta el próximo pecado. Jesús ordena a Pedro perdonar a su hermano hasta setenta veces siete (Mt. 18., 22), lo que evidencia que ya esperaba que volviese a pecar.
En todos los pecados, la Iglesia cuenta con la debilidad humana, que lleva al hombre a caer una y otra vez, y le insta a levantarse. Pero, en materia sexual, su doctrina cambia. Aquí no puede haber debilidad alguna. No se pide al ser humano que se vuelva a levantar, sino que se le exige que no peque en absoluto: sólo la abstinencia absoluta evita realmente el sida. Contra la evidencia: los tristes casos de curas pederastas ponen de manifiesto la dificultad de vencer el impulso natural más fuerte que hay en todos los seres vivos.
No es tampoco un pecado más grave que los demás: la pena que implica es la misma que cualquier otro pecado mortal, ya sea la blasfemia o el genocidio. En todos los casos, la pena es la condenación eterna, un dolor infinito.
Sería, pues, lógico, que la Iglesia guardase un prudente silencio acerca del preservativo, aceptando al menos que su uso puede evitar la propagación de la enfermedad, ya que la abstinencia sexual absoluta es una quimera. Si el contagio puede producirse en una única relación, el uso del preservativo es un acto de responsabilidad, hacia uno mismo, hacia el otro y hacia todos, tanto en quien cede al instinto por una sola vez como en quien tiene una sexualidad promiscua.
¿Por qué, pues, tanta oposición al preservativo? Sólo se me ocurre la siguiente explicación: porque libera del miedo, y el miedo es el instrumento evangelizador por excelencia de la Iglesia católica. Miedo al infierno, miedo a la Inquisición, miedo al qué dirán, miedo a la autoridad o, en este caso, miedo a la enfermedad. La Iglesia no consigue ilusionar con su mensaje, tal vez ya ni lo intenta. Por éso busca que el miedo consiga lo que su predicación no obtiene.
Resulta lógico que el Papa aconseje la abstinencia sexual, ya que es su doctrina de siempre. Pero se entiende menos que se obstine en condenar el preservativo que, en definitiva, es un elemento material, no espiritual. El acto con trascendencia moral es el tener relaciones sexuales; el preservativo, a estos efectos, es una mera circunstancia.
La Iglesia católica no espera que el ser humano evite siempre las acciones que califica como pecados; de ahí que reconozca el sacramento de la Penitencia, que sirve para reconciliar al hombre con Dios, hasta el próximo pecado. Jesús ordena a Pedro perdonar a su hermano hasta setenta veces siete (Mt. 18., 22), lo que evidencia que ya esperaba que volviese a pecar.
En todos los pecados, la Iglesia cuenta con la debilidad humana, que lleva al hombre a caer una y otra vez, y le insta a levantarse. Pero, en materia sexual, su doctrina cambia. Aquí no puede haber debilidad alguna. No se pide al ser humano que se vuelva a levantar, sino que se le exige que no peque en absoluto: sólo la abstinencia absoluta evita realmente el sida. Contra la evidencia: los tristes casos de curas pederastas ponen de manifiesto la dificultad de vencer el impulso natural más fuerte que hay en todos los seres vivos.
No es tampoco un pecado más grave que los demás: la pena que implica es la misma que cualquier otro pecado mortal, ya sea la blasfemia o el genocidio. En todos los casos, la pena es la condenación eterna, un dolor infinito.
Sería, pues, lógico, que la Iglesia guardase un prudente silencio acerca del preservativo, aceptando al menos que su uso puede evitar la propagación de la enfermedad, ya que la abstinencia sexual absoluta es una quimera. Si el contagio puede producirse en una única relación, el uso del preservativo es un acto de responsabilidad, hacia uno mismo, hacia el otro y hacia todos, tanto en quien cede al instinto por una sola vez como en quien tiene una sexualidad promiscua.
¿Por qué, pues, tanta oposición al preservativo? Sólo se me ocurre la siguiente explicación: porque libera del miedo, y el miedo es el instrumento evangelizador por excelencia de la Iglesia católica. Miedo al infierno, miedo a la Inquisición, miedo al qué dirán, miedo a la autoridad o, en este caso, miedo a la enfermedad. La Iglesia no consigue ilusionar con su mensaje, tal vez ya ni lo intenta. Por éso busca que el miedo consiga lo que su predicación no obtiene.
martes, 17 de marzo de 2009
Burocracia
La Vanguardia habla hoy de burocracia:http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090317/53660964749/la-productividad-de-los-empleados-publicos-en-espana-es-una-de-las-mas-bajas-de-toda-europa.html
Tras el término burocracia se entienden dos conceptos diferentes. Por una parte, se habla de papeleo y trámites innecesarios, que sólo suponen trabas al ejercicio de los derechos y, sobre todo, a la actuación de los emprendedores.
Desde este punto de vista, hay que señalar que se pasa por alto que las leyes, muchas veces, no distinguen: exigen la misma documentación para conceder una subvención de 600 euros que para conceder una de 600 millones. Otra cosa sería contraria al principio de igualdad y favorecería el fraccionamiento de la actividad para obtener más fácilmente la subvención.
Además, desde la óptica del ciudadano, no hace falta comprobar su derecho a obtener lo que solicita, que es evidente; en cambio, para denegárselo es preciso aportar todas las pruebas. Para la Administración, tanto para conceder como para denegar es precisa una prueba plena, pues tanto perjudica los intereses generales si concede sin derecho como si deniega indebidamente.
Para el funcionario individual, la cuestión se traduce en responsabilidad: si puede ser reprendido o sancionado tanto si concede como si deniega, su seguridad radica en exigir el cumplimiento exhaustivo de los requisitos legales, en ajustarse estrictamente al reglamento. El legislador ha tenido la precaución de excluir la discrecionalidad administrativa para evitar la arbitrariedad: pues bien, también la ha excluido cuando podría ser beneficiosa para el ciudadano individual.
El segundo concepto de burocracia hace referencia a la ineficiencia, y aun ineficacia de la Administración. Aquí lo que se propugna es la implantación de incentivos y la flexibilidad. Esta última parece referirse a la posibilidad de despedir a los funcionarios improductivos.
El régimen jurídico de la función pública se estableció a fin de evitar que, dependiendo la continuidad en el puesto de los funcionarios del resultado de las elecciones (el spoil system supone que el Gobierno entrante expulsa a los funcionarios del anterior y coloca a sus adictos) la Administración fuese una simple máquina al servicio del partido en el gobierno para ganar las elecciones. Si el funcionario no podía ser despedido más que por incumplir la Ley, se suponía que la cumpliría, aun contra la voluntad de los políticos del gobierno de turno.
Ahora bien, si un directivo público advierte que un funcionario no trabaja, incluso que crea mal ambiente y sus compañeros no le soportan y trata de adoptar medidas disciplinarias (las únicas que pueden conducir al despido) se encuentra con lo siguiente: el afectado, por supuesto, se coloca a la defensiva y, en definitiva, trabaja aún menos, al exigir órdenes escritas, etc.; al instruir el procedimiento disciplinario, los compañeros no se quieren hacer responsables de lo que suceda al incumplidor y, aunque deseen perderlo de vista, afirman no saber nada de sus infracciones; los Sindicatos apoyan al afectado, con lo que el problema individual pasa a ser colectivo. El directivo, ante esta situación, que puede conducir a que se le acuse de perturbar la paz social, opta por no ver el problema, por arrinconar al incumplidor donde su inactividad perjudique menos, contribuyendo así a perpetuar el incumplimiento. Naturalmente, los demás funcionarios se consideran justificados para trabajar poco más que la oveja negra y, ciertamente, no hay razón para exigirles más (eso sí, siempre hay gente cumplidora que saca el trabajo, sin que se les pueda retribuir, dada la rigidez del propio sistema).
En cuanto a los incentivos, son el principal peligro de la Administración pública. Baste un ejemplo: la policía de tráfico (llámese Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra o Guardia Civil) tiene como objetivo garantizar la seguridad y fluidez del tráfico. Como es muy difícil medir ese objetivo, lo más sencillo es incentivarles en función de las multas que ponen. El resultado es que, ante un colapso circulatorio, no hay ningún agente disponible, ya que acudir a resolverlo es poner menos multas y, por lo tanto, incumplir los objetivos de la unidad y, en último término, cobrar menos productividad.
¿Es una caricatura, una simplificación excesiva? Quizá si, pero una mala definición de los objetivos y de los indicadores conduce a este efecto. Cualquier funcionario, cualquier unidad administrativa a la que se permita elegir, optará por cumplir los objetivos y recibir parabienes y retribuciones antes que por satisfacer la necesidad pública que le está encomendada, si no coincide con los indicadores que miden su actuación.
Por último, el defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia (que no es Administración) repercute en la Administración pública. Si en el curso de un año se anula una resolución administrativa contraria a la ley (aunque adoptada en la creencia de que era perfectamente legal) al llegar el año siguiente, y la adopción de nuevas resoluciones sobre asuntos similares, el órgano administrativo cambiará su criterio, ajustándose a la jurisprudencia. Se trata, simplemente, de interés: el órgano (los funcionarios que lo integran) trabajan más si han de dictar el acto y, además, cumplir la sentencia. Pero si la sentencia tarda cinco, diez años en llegar, el criterio administrativo erróneo se mantiene año tras año, con el consiguiente perjuicio de los administrados y el aumento de trabajo (y ralentización de los nuevos procedimientos) que supone dedicar recursos a ejecutar sentencias relativas a resoluciones antiguas.
Conclusión: no hay recetas fáciles; las culpas están repartidas; la simple traslación de técnicas del sector privado no tiene por qué ser adecuada, menos aún una panacea. Y, sin ninguna duda, la reforma de la Administración de justicia es una necesidad perentoria, no sólo de la Administración, sino de toda la sociedad española.
Tras el término burocracia se entienden dos conceptos diferentes. Por una parte, se habla de papeleo y trámites innecesarios, que sólo suponen trabas al ejercicio de los derechos y, sobre todo, a la actuación de los emprendedores.
Desde este punto de vista, hay que señalar que se pasa por alto que las leyes, muchas veces, no distinguen: exigen la misma documentación para conceder una subvención de 600 euros que para conceder una de 600 millones. Otra cosa sería contraria al principio de igualdad y favorecería el fraccionamiento de la actividad para obtener más fácilmente la subvención.
Además, desde la óptica del ciudadano, no hace falta comprobar su derecho a obtener lo que solicita, que es evidente; en cambio, para denegárselo es preciso aportar todas las pruebas. Para la Administración, tanto para conceder como para denegar es precisa una prueba plena, pues tanto perjudica los intereses generales si concede sin derecho como si deniega indebidamente.
Para el funcionario individual, la cuestión se traduce en responsabilidad: si puede ser reprendido o sancionado tanto si concede como si deniega, su seguridad radica en exigir el cumplimiento exhaustivo de los requisitos legales, en ajustarse estrictamente al reglamento. El legislador ha tenido la precaución de excluir la discrecionalidad administrativa para evitar la arbitrariedad: pues bien, también la ha excluido cuando podría ser beneficiosa para el ciudadano individual.
El segundo concepto de burocracia hace referencia a la ineficiencia, y aun ineficacia de la Administración. Aquí lo que se propugna es la implantación de incentivos y la flexibilidad. Esta última parece referirse a la posibilidad de despedir a los funcionarios improductivos.
El régimen jurídico de la función pública se estableció a fin de evitar que, dependiendo la continuidad en el puesto de los funcionarios del resultado de las elecciones (el spoil system supone que el Gobierno entrante expulsa a los funcionarios del anterior y coloca a sus adictos) la Administración fuese una simple máquina al servicio del partido en el gobierno para ganar las elecciones. Si el funcionario no podía ser despedido más que por incumplir la Ley, se suponía que la cumpliría, aun contra la voluntad de los políticos del gobierno de turno.
Ahora bien, si un directivo público advierte que un funcionario no trabaja, incluso que crea mal ambiente y sus compañeros no le soportan y trata de adoptar medidas disciplinarias (las únicas que pueden conducir al despido) se encuentra con lo siguiente: el afectado, por supuesto, se coloca a la defensiva y, en definitiva, trabaja aún menos, al exigir órdenes escritas, etc.; al instruir el procedimiento disciplinario, los compañeros no se quieren hacer responsables de lo que suceda al incumplidor y, aunque deseen perderlo de vista, afirman no saber nada de sus infracciones; los Sindicatos apoyan al afectado, con lo que el problema individual pasa a ser colectivo. El directivo, ante esta situación, que puede conducir a que se le acuse de perturbar la paz social, opta por no ver el problema, por arrinconar al incumplidor donde su inactividad perjudique menos, contribuyendo así a perpetuar el incumplimiento. Naturalmente, los demás funcionarios se consideran justificados para trabajar poco más que la oveja negra y, ciertamente, no hay razón para exigirles más (eso sí, siempre hay gente cumplidora que saca el trabajo, sin que se les pueda retribuir, dada la rigidez del propio sistema).
En cuanto a los incentivos, son el principal peligro de la Administración pública. Baste un ejemplo: la policía de tráfico (llámese Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra o Guardia Civil) tiene como objetivo garantizar la seguridad y fluidez del tráfico. Como es muy difícil medir ese objetivo, lo más sencillo es incentivarles en función de las multas que ponen. El resultado es que, ante un colapso circulatorio, no hay ningún agente disponible, ya que acudir a resolverlo es poner menos multas y, por lo tanto, incumplir los objetivos de la unidad y, en último término, cobrar menos productividad.
¿Es una caricatura, una simplificación excesiva? Quizá si, pero una mala definición de los objetivos y de los indicadores conduce a este efecto. Cualquier funcionario, cualquier unidad administrativa a la que se permita elegir, optará por cumplir los objetivos y recibir parabienes y retribuciones antes que por satisfacer la necesidad pública que le está encomendada, si no coincide con los indicadores que miden su actuación.
Por último, el defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia (que no es Administración) repercute en la Administración pública. Si en el curso de un año se anula una resolución administrativa contraria a la ley (aunque adoptada en la creencia de que era perfectamente legal) al llegar el año siguiente, y la adopción de nuevas resoluciones sobre asuntos similares, el órgano administrativo cambiará su criterio, ajustándose a la jurisprudencia. Se trata, simplemente, de interés: el órgano (los funcionarios que lo integran) trabajan más si han de dictar el acto y, además, cumplir la sentencia. Pero si la sentencia tarda cinco, diez años en llegar, el criterio administrativo erróneo se mantiene año tras año, con el consiguiente perjuicio de los administrados y el aumento de trabajo (y ralentización de los nuevos procedimientos) que supone dedicar recursos a ejecutar sentencias relativas a resoluciones antiguas.
Conclusión: no hay recetas fáciles; las culpas están repartidas; la simple traslación de técnicas del sector privado no tiene por qué ser adecuada, menos aún una panacea. Y, sin ninguna duda, la reforma de la Administración de justicia es una necesidad perentoria, no sólo de la Administración, sino de toda la sociedad española.
domingo, 15 de marzo de 2009
Aplazamiento
Parece que el lector de "La Vanguardia" que se queja de las dificultades que encuentra para obtener un aplazamiento de impuestos no se ha leído con atención la comunicación que le ha remitido la Agencia Tributaria (http://www.lavanguardia.es/lv24h/20090315/53660207876.html).
Lo que le piden se puede resumir así: Primero, que demuestre que pide el aplazamiento por una insuficiencia transitoria de tesorería, no por carecer de bienes para pagar; segundo, que aporte una garantía, preferentemente un aval bancario y, en su defecto, bienes o derechos de otra naturaleza; si carece de crédito o bienes para garantizar la deuda, que acredite, mediante un plan de viabilidad, que podrá pagar.
El aplazamiento tributario no implica que Hacienda (es decir, todos los contribuyentes, pues aunque sea un tópico, "Hacienda somos todos") conceda una subvención a la empresa que no puede atender el pago puntual de sus obligaciones tributarias. En primer lugar, porque no hay recursos para todas las empresas en esta situación. Además, porque ello supondría una competencia desleal para las empresas que sí atienden al pago de sus obligaciones fiscales, por suerte o por una mejor gestión empresarial.
El aplazamiento no pretende ser una prolongación artificial de la vida de una empresa condenada, sino un recurso para la recuperación de empresas, económicamente viables, que carecen de liquidez por un problema transitorio. Desgraciadamente, las actuales circunstancias suponen algo más que un problema transitorio, ya que muchos clientes no se retrasan en los pagos a sus proveedores, sino que, simplemente, quiebran y no pagan, con lo que se crea una cadena de impagos.
Tiene razón, en cambio, el lector al criticar el tipo fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 para el interés de demora. Un 7 % es absolutamente inadecuado y probablemente el Ministerio de Economía y Hacienda esté planteando llevar a las Cortes un proyecto de Ley que lo reduzca. Porque no es algo que la Agencia Tributaria pueda cambiar a su voluntad.
Como no puede cambiar el reglamento que aplica, ni dejar de ajustarse a él. La Administración actúa, según señala la Constitución, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y protegerlos ante la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Aceptaría algún lector que la Administración se saltase el reglamento en su perjuicio? Pues el precio es que cumpla el reglamento también cuando su infracción beneficiaría al ciudadano. Como dice el tradicional brocardo, dura lex, sed lex: es preferible el reglamentismo a la inseguridad. O, al menos, así lo entendío el legislador y a la Administración toca cumplir y hacer cumplir la Ley. Ni más, ni menos.
Lo que le piden se puede resumir así: Primero, que demuestre que pide el aplazamiento por una insuficiencia transitoria de tesorería, no por carecer de bienes para pagar; segundo, que aporte una garantía, preferentemente un aval bancario y, en su defecto, bienes o derechos de otra naturaleza; si carece de crédito o bienes para garantizar la deuda, que acredite, mediante un plan de viabilidad, que podrá pagar.
El aplazamiento tributario no implica que Hacienda (es decir, todos los contribuyentes, pues aunque sea un tópico, "Hacienda somos todos") conceda una subvención a la empresa que no puede atender el pago puntual de sus obligaciones tributarias. En primer lugar, porque no hay recursos para todas las empresas en esta situación. Además, porque ello supondría una competencia desleal para las empresas que sí atienden al pago de sus obligaciones fiscales, por suerte o por una mejor gestión empresarial.
El aplazamiento no pretende ser una prolongación artificial de la vida de una empresa condenada, sino un recurso para la recuperación de empresas, económicamente viables, que carecen de liquidez por un problema transitorio. Desgraciadamente, las actuales circunstancias suponen algo más que un problema transitorio, ya que muchos clientes no se retrasan en los pagos a sus proveedores, sino que, simplemente, quiebran y no pagan, con lo que se crea una cadena de impagos.
Tiene razón, en cambio, el lector al criticar el tipo fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 para el interés de demora. Un 7 % es absolutamente inadecuado y probablemente el Ministerio de Economía y Hacienda esté planteando llevar a las Cortes un proyecto de Ley que lo reduzca. Porque no es algo que la Agencia Tributaria pueda cambiar a su voluntad.
Como no puede cambiar el reglamento que aplica, ni dejar de ajustarse a él. La Administración actúa, según señala la Constitución, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y protegerlos ante la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Aceptaría algún lector que la Administración se saltase el reglamento en su perjuicio? Pues el precio es que cumpla el reglamento también cuando su infracción beneficiaría al ciudadano. Como dice el tradicional brocardo, dura lex, sed lex: es preferible el reglamentismo a la inseguridad. O, al menos, así lo entendío el legislador y a la Administración toca cumplir y hacer cumplir la Ley. Ni más, ni menos.
sábado, 14 de marzo de 2009
Hikikomori
Leyendo en el Magazine el artículo sobre las hikikomori (http://www.magazinedigital.com/reportaje/cnt_id/2909 ) se me ocurrió buscar algún paralelismo en la sociedad occidental. Se trata de esos jóvenes que se encierran en su habitación y no quieren ver a nadie, ni siquiera a sus familiares más cercanos. Dicen que puede ser la reacción de quien se siente sobrepasado por las exigencias de la sociedad japonesa, enormemente competitiva y perfeccionista, con déficit de comunicación.
Y, finalmente, encontré lo que puede haber constituido un equivalente en nuestra sociedad, mucho más frecuentado en el pasado que en la actualidad, pero aún existente: los monasterios. La vida monástica puede suponer un refugio atractivo para quien se siente incapaz de desenvolverse en el mundo exterior. Y puede ser una fuente de seguridad: desde el día en que entra en el monasterio, una persona sabe lo que va a hacer el resto de sus días (al menos una vez ha superado el noviciado). La regla prescribe prácticamente todas sus acciones y la liturgia determina las pocas variaciones que experimentará. Además, no tendrá que decidir, pues las decisiones necesarias las toma el superior; el monje o la monja es, en cierto modo, irresponsable.
Por supuesto, me estoy refiriendo a las órdenes más contemplativas; los cartujos o las órdenes femeninas de clausura pueden ser los ejemplos más claros. Otras órdenes, dedicadas a la enseñanza, cuidado de enfermos o a las misiones presentan las anteriores características en mucha menor medida. Aunque normalmente también suponen una regla de vida y una irresponsabilidad: el religioso no tiene que decidir qué hace, con quién se relaciona, cómo se gana la vida; puede limitarse a obedecer y, así, logra no sólo la aceptación de su grupo, sino también la salvación eterna.
No pretendo afirmar que éste sea el motivo único de las vocaciones religiosas ni, mucho menos, que el objeto de la vida monástica sea facilitar una salida a estas personas. Sólo digo que puede haber tenido parte en algunas vocaciones, junto con la fe y, lo que también es importante, con la aprobación social que, durante mucho tiempo ha acompañado a la religión. A diferencia de los hikikomori, que constituyen un oprobio para sus familias, un religioso o religiosa se consideraban automáticamente merecedores de respeto.
Actualmente se produce lo que la Iglesia denomina "crisis de vocaciones". Pero también una relajación de la exigencia social: una persona puede negarse a entrar en la competencia por el éxito y en la sociedad de consumo, o resultar un competidor débil y, pese a ello, no ser rechazada por el conjunto de la sociedad (aunque lo sea por ciertos grupos). ¿Estarán vinculados ambos fenómenos?
Y, finalmente, encontré lo que puede haber constituido un equivalente en nuestra sociedad, mucho más frecuentado en el pasado que en la actualidad, pero aún existente: los monasterios. La vida monástica puede suponer un refugio atractivo para quien se siente incapaz de desenvolverse en el mundo exterior. Y puede ser una fuente de seguridad: desde el día en que entra en el monasterio, una persona sabe lo que va a hacer el resto de sus días (al menos una vez ha superado el noviciado). La regla prescribe prácticamente todas sus acciones y la liturgia determina las pocas variaciones que experimentará. Además, no tendrá que decidir, pues las decisiones necesarias las toma el superior; el monje o la monja es, en cierto modo, irresponsable.
Por supuesto, me estoy refiriendo a las órdenes más contemplativas; los cartujos o las órdenes femeninas de clausura pueden ser los ejemplos más claros. Otras órdenes, dedicadas a la enseñanza, cuidado de enfermos o a las misiones presentan las anteriores características en mucha menor medida. Aunque normalmente también suponen una regla de vida y una irresponsabilidad: el religioso no tiene que decidir qué hace, con quién se relaciona, cómo se gana la vida; puede limitarse a obedecer y, así, logra no sólo la aceptación de su grupo, sino también la salvación eterna.
No pretendo afirmar que éste sea el motivo único de las vocaciones religiosas ni, mucho menos, que el objeto de la vida monástica sea facilitar una salida a estas personas. Sólo digo que puede haber tenido parte en algunas vocaciones, junto con la fe y, lo que también es importante, con la aprobación social que, durante mucho tiempo ha acompañado a la religión. A diferencia de los hikikomori, que constituyen un oprobio para sus familias, un religioso o religiosa se consideraban automáticamente merecedores de respeto.
Actualmente se produce lo que la Iglesia denomina "crisis de vocaciones". Pero también una relajación de la exigencia social: una persona puede negarse a entrar en la competencia por el éxito y en la sociedad de consumo, o resultar un competidor débil y, pese a ello, no ser rechazada por el conjunto de la sociedad (aunque lo sea por ciertos grupos). ¿Estarán vinculados ambos fenómenos?
lunes, 9 de marzo de 2009
Nacionalismo ¿periférico?
Enric Juliana habla hoy, 9 de marzo, en La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090309/53655822783/baja-el-nacionalismo-periferico.html) de la disminución del éxito de los partidos nacionalistas en las últimas elecciones. Pero la expresión que usa es "nacionalismo periférico".
Esta expresión pretende contraponer los nacionalismos periféricos al nacionalismo español, central o centralista, a fin de llegar a la conclusión de que todo el mundo es nacionalista. Naturalmente, si todos somos nacionalistas hay que escoger a qué nación pertenece cada cual. Y, además, si se acepta esa premisa, la consecuencia lógica es reconocer a los demás lo que el propio nacionalismo tiene: en definitiva, aceptar la independencia de Cataluña (y de Euskadi).
Esta argumentación está viciada en su origen, porque es posible que todos, o la mayoría, tengamos un sentimiento de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Pero no todos hacemos de ese sentimiento la base de la organización política.
Los nacionalistas elevan ese sentimiento a verdad absoluta: en el caso del nacionalismo catalán, Catalunya és una nació. A partir de aquí, construyen su ideología, prescindiendo de la realidad e, incluso, de los votos, ya que la verdad no puede ser negada ni aun por las urnas. En el caso extremo, pueden llegar a la violencia, ya que la mentira no tiene derechos (hablo de ETA, pero también de Terra Lliure).
Sentada la verdad fundamental del nacionalismo, la consecuencia es que, aunque no esté escrito en ninguna parte, una nación tiene derecho a autogobernarse. Básciamente, tiene derecho a la autodeterminación, lo que se da por sentado que equivale a la independencia, ya que aceptar que un referendum arrojase otro resultado sería contrario al dogma fundamental.
Las formaciones políticas que representan el "nacionalismo centralista" o español consideran que España es una nación. Sin embargo, no construyen su ideología partiendo de esta creencia, tal vez porque no necesitan independizarse de nadie. O, tal vez, porque no precisan crear la nación en que afirman creer.
En efecto, el nacionalismo consiste, esencialmente, en el proyecto de hacer realidad la nación, que sólo existe en la fantasía de los nacionalistas. En el caso catalán, según datos de la Generalitat, hay en Cataluña un 48 % de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de hablantes de otras lenguas. Es decir, más de la mitad de la población (52 %) no participa del hecho diferencial que constituye el fundamento de la nación catalana. En España, los no castellanoparlantes ascienden a unos 10 millones, sobre un total de 44 millones, es decir, alrededor de una cuarta parte. Estadísticamente, tiene más motivos España para considerarse una nación que Cataluña. Pero las estadísticas se refieren a la realidad y el nacionalismo trata de sentimientos.
Sentimientos que, por definición, no pueden ser expuestos sino muy imperfectamente, dada su naturaleza esencialmente subjetiva. Incluso el objeto de estos sentimientos, la nación, es una construcción subjetiva (las estadísticas anteriores lo demuestran), de forma que no tiene que coincidir en dos nacionalistas de la misma nación. Cada uno forma su idea a partir de su propia experiencia, que nunca es completa (nadie conoce todos los pueblos, todas las gentes de Cataluña, de España...). Y, además, cada cual selecciona en su experiencia los aspectos que incorpora a su nación, valorando unos más que otros y eliminando aquéllos que le disgustan.
Por ello el nacionalismo no es un esquema adecuado para organizar la vida política. Parte de una mentira, se basa en los sentimientos y, por tanto, sólo puede conducir a la confrontación. Es posible y conveniente que la participación en la política se fundamente en bases más reales, como las ideas (intelecto frente a sentimiento) o los intereses. Puede haber personas y partidos no nacionalistas, y es bueno que los haya; es más, es bueno que desaparezcan los nacionalismos, sin perjuicio de que cada cual tenga los sentimientos que mejor le parezcan.
Esta expresión pretende contraponer los nacionalismos periféricos al nacionalismo español, central o centralista, a fin de llegar a la conclusión de que todo el mundo es nacionalista. Naturalmente, si todos somos nacionalistas hay que escoger a qué nación pertenece cada cual. Y, además, si se acepta esa premisa, la consecuencia lógica es reconocer a los demás lo que el propio nacionalismo tiene: en definitiva, aceptar la independencia de Cataluña (y de Euskadi).
Esta argumentación está viciada en su origen, porque es posible que todos, o la mayoría, tengamos un sentimiento de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Pero no todos hacemos de ese sentimiento la base de la organización política.
Los nacionalistas elevan ese sentimiento a verdad absoluta: en el caso del nacionalismo catalán, Catalunya és una nació. A partir de aquí, construyen su ideología, prescindiendo de la realidad e, incluso, de los votos, ya que la verdad no puede ser negada ni aun por las urnas. En el caso extremo, pueden llegar a la violencia, ya que la mentira no tiene derechos (hablo de ETA, pero también de Terra Lliure).
Sentada la verdad fundamental del nacionalismo, la consecuencia es que, aunque no esté escrito en ninguna parte, una nación tiene derecho a autogobernarse. Básciamente, tiene derecho a la autodeterminación, lo que se da por sentado que equivale a la independencia, ya que aceptar que un referendum arrojase otro resultado sería contrario al dogma fundamental.
Las formaciones políticas que representan el "nacionalismo centralista" o español consideran que España es una nación. Sin embargo, no construyen su ideología partiendo de esta creencia, tal vez porque no necesitan independizarse de nadie. O, tal vez, porque no precisan crear la nación en que afirman creer.
En efecto, el nacionalismo consiste, esencialmente, en el proyecto de hacer realidad la nación, que sólo existe en la fantasía de los nacionalistas. En el caso catalán, según datos de la Generalitat, hay en Cataluña un 48 % de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de hablantes de otras lenguas. Es decir, más de la mitad de la población (52 %) no participa del hecho diferencial que constituye el fundamento de la nación catalana. En España, los no castellanoparlantes ascienden a unos 10 millones, sobre un total de 44 millones, es decir, alrededor de una cuarta parte. Estadísticamente, tiene más motivos España para considerarse una nación que Cataluña. Pero las estadísticas se refieren a la realidad y el nacionalismo trata de sentimientos.
Sentimientos que, por definición, no pueden ser expuestos sino muy imperfectamente, dada su naturaleza esencialmente subjetiva. Incluso el objeto de estos sentimientos, la nación, es una construcción subjetiva (las estadísticas anteriores lo demuestran), de forma que no tiene que coincidir en dos nacionalistas de la misma nación. Cada uno forma su idea a partir de su propia experiencia, que nunca es completa (nadie conoce todos los pueblos, todas las gentes de Cataluña, de España...). Y, además, cada cual selecciona en su experiencia los aspectos que incorpora a su nación, valorando unos más que otros y eliminando aquéllos que le disgustan.
Por ello el nacionalismo no es un esquema adecuado para organizar la vida política. Parte de una mentira, se basa en los sentimientos y, por tanto, sólo puede conducir a la confrontación. Es posible y conveniente que la participación en la política se fundamente en bases más reales, como las ideas (intelecto frente a sentimiento) o los intereses. Puede haber personas y partidos no nacionalistas, y es bueno que los haya; es más, es bueno que desaparezcan los nacionalismos, sin perjuicio de que cada cual tenga los sentimientos que mejor le parezcan.
miércoles, 4 de marzo de 2009
Integración
El artículo de Quim Monzó en La Vanguardia de hoy, 4 de marzo, pone de manifiesto algo real, que los inmigrantes no se sienten parte del país al que han llegado a vivir, pero usa el término "integración", un término con mucha carga.
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090304/53651687051/alla-donde-fueres-vive-en-tu-burbuja.html
Integrarse, para un nacionalista, quiere decir asumir la lengua, los valores y las costumbres del llamado país de acogida. Y digo del llamado país de acogida porque de acogida real, nada: hoy como ayer, el inmigrante tiene que buscarse la vida en el país al que llega sin que nadie le ayude.
Integración significa que hay unos señores, hoy como ayer los catalanes de toda la vida, que se consideran los dueños del país y, por tanto, creen tener derecho a imponer su lengua, creencias o costumbres a los recién llegados. Les "acogen" en su casa y, por tanto, los inmigrantes deben estarles agradecidos y manifestar ese agradecimiento abandonando su lengua, sus valores, sus costumbres y adoptando los de los catalanes de toda la vida (cuidado, y en Madrid, de los madrileños, en Euskadi de los euskaldunes, en Valencia de los valencianos...).
Pero los inmigrantes del siglo XX vinieron a Cataluña porque los empresarios catalanes necesitaban mano de obra barata para sus empresas y, al obtenerla, se enriquecieron. Y los inmigrantes necesitaron vivienda, alimentos, ropa, más tarde televisión, coche y segunda residencia y los compraron aquí, dando negocio a los empresarios catalanes y, en definitiva, enriqueciendo el país. Y, desde luego, ellos encontraron un trabajo, unos medios de vida y unas oportunidades de progreso que no tenían. Luego todos ganaron.
Así pues, los inmigrantes del siglo XX nada deben a quien no les acogió, sino que les contrató porque les necesitaba, igual que ellos necesitaban trabajo. No han de estar agradecidos, ya que nada se les dió: pagaron, con su trabajo o el dinero ganado por hacerlo todo lo que recibieron. Por tanto nadie tiene derecho a imponerles otra lengua, otros valores, otras costumbres que las que ellos mismos deseen.
Y lo mismo pasa con los inmigrantes del siglo XXI. Vienen porque les necesitamos para hacer trabajo que los europeos (los catalanes) no queremos hacer, al menos por ese sueldo. Y no tenemos derecho a imponerles otra cosa que el respeto a las leyes. Y podrán, si quieren, intervenir en la aprobación de esas leyes y, por tanto, modularlas para que reconozcan sus valores.
Es decir, que debemos ser coherentes. Si nos hemos enriquecido con el trabajo de los inmigrantes, no tenemos derecho a exigirles que "se integren". La integración llegará, como de hecho ha llegado con los inmigrantes del siglo XX, mediante la suma, la aportación de las lenguas, los valores y las costumbres de unos y otros, creando un país diferente del que existía anteriormente, aunque los nacionalistas se nieguen a aceptarlo y quieran imponer un país que sólo existe en su imaginación como la única alternativa aceptable por la ley natural. Cuando sólo podemos alegar la ley natural para exigir el respeto mútuo, de los catalanes de toda la vida por los inmigrantes y de éstos por aquéllos.
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090304/53651687051/alla-donde-fueres-vive-en-tu-burbuja.html
Integrarse, para un nacionalista, quiere decir asumir la lengua, los valores y las costumbres del llamado país de acogida. Y digo del llamado país de acogida porque de acogida real, nada: hoy como ayer, el inmigrante tiene que buscarse la vida en el país al que llega sin que nadie le ayude.
Integración significa que hay unos señores, hoy como ayer los catalanes de toda la vida, que se consideran los dueños del país y, por tanto, creen tener derecho a imponer su lengua, creencias o costumbres a los recién llegados. Les "acogen" en su casa y, por tanto, los inmigrantes deben estarles agradecidos y manifestar ese agradecimiento abandonando su lengua, sus valores, sus costumbres y adoptando los de los catalanes de toda la vida (cuidado, y en Madrid, de los madrileños, en Euskadi de los euskaldunes, en Valencia de los valencianos...).
Pero los inmigrantes del siglo XX vinieron a Cataluña porque los empresarios catalanes necesitaban mano de obra barata para sus empresas y, al obtenerla, se enriquecieron. Y los inmigrantes necesitaron vivienda, alimentos, ropa, más tarde televisión, coche y segunda residencia y los compraron aquí, dando negocio a los empresarios catalanes y, en definitiva, enriqueciendo el país. Y, desde luego, ellos encontraron un trabajo, unos medios de vida y unas oportunidades de progreso que no tenían. Luego todos ganaron.
Así pues, los inmigrantes del siglo XX nada deben a quien no les acogió, sino que les contrató porque les necesitaba, igual que ellos necesitaban trabajo. No han de estar agradecidos, ya que nada se les dió: pagaron, con su trabajo o el dinero ganado por hacerlo todo lo que recibieron. Por tanto nadie tiene derecho a imponerles otra lengua, otros valores, otras costumbres que las que ellos mismos deseen.
Y lo mismo pasa con los inmigrantes del siglo XXI. Vienen porque les necesitamos para hacer trabajo que los europeos (los catalanes) no queremos hacer, al menos por ese sueldo. Y no tenemos derecho a imponerles otra cosa que el respeto a las leyes. Y podrán, si quieren, intervenir en la aprobación de esas leyes y, por tanto, modularlas para que reconozcan sus valores.
Es decir, que debemos ser coherentes. Si nos hemos enriquecido con el trabajo de los inmigrantes, no tenemos derecho a exigirles que "se integren". La integración llegará, como de hecho ha llegado con los inmigrantes del siglo XX, mediante la suma, la aportación de las lenguas, los valores y las costumbres de unos y otros, creando un país diferente del que existía anteriormente, aunque los nacionalistas se nieguen a aceptarlo y quieran imponer un país que sólo existe en su imaginación como la única alternativa aceptable por la ley natural. Cuando sólo podemos alegar la ley natural para exigir el respeto mútuo, de los catalanes de toda la vida por los inmigrantes y de éstos por aquéllos.
martes, 3 de marzo de 2009
Tribunal Constitucional
El Presidente de la Generalitat advierte al Tribunal Constitucional del peligro para la convivencia que supondría tocar el modelo lingüístico diseñado por el Estatut.
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090302/53651120729/montilla-advierte-del-peligro-de-que-el-tribunal-constitucional-recorte-el-modelo-linguistico-catala.html
Hablando en plata, el Sr. Montilla trata de presional al Tribunal Constitucional para que dicte una sentencia conforme a sus intereses. Trata de influir sobre el fallo de un órgano jurisdiccional
Éso, antiguamente, cuando se creía que la democracia descansaba sobre la separación de poderes, estaba muy mal visto. Todos los poderes públicos respetaban la independencia de los Tribunales, en especial la del Tribunal Constitucional, garante de la Carta Magna. Pero ahora todo éso ha cambiado.
Naturalmente, si lo hiciese la oposición sería inadmisible, un ataque contra las instituciones del Estado. Pero si lo hace el Sr. Montilla se trata de un acto de prudencia política, que trata de prevenir los incidentes que, sin duda, ante la deslegitimación del Tribunal Constitucional que provocan las ingerencias de los partidos políticos, se producirían. Se trata de una profecía autorrealizable: al anunciar reacciones, el Presidente las está pidiendo, incluso provocando.
Si quieren un Tribunal Constitucional razonablemente independiente, la receta es fácil: respeten su independencia, desde la designación de sus Magistrados hasta la crítica de sus sentencias. Si pretenden manipular al Tribunal en su beneficio, no pueden quejarse de que sea manipulable y responda a razones políticas y no sólo a razones jurídicas.
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090302/53651120729/montilla-advierte-del-peligro-de-que-el-tribunal-constitucional-recorte-el-modelo-linguistico-catala.html
Hablando en plata, el Sr. Montilla trata de presional al Tribunal Constitucional para que dicte una sentencia conforme a sus intereses. Trata de influir sobre el fallo de un órgano jurisdiccional
Éso, antiguamente, cuando se creía que la democracia descansaba sobre la separación de poderes, estaba muy mal visto. Todos los poderes públicos respetaban la independencia de los Tribunales, en especial la del Tribunal Constitucional, garante de la Carta Magna. Pero ahora todo éso ha cambiado.
Naturalmente, si lo hiciese la oposición sería inadmisible, un ataque contra las instituciones del Estado. Pero si lo hace el Sr. Montilla se trata de un acto de prudencia política, que trata de prevenir los incidentes que, sin duda, ante la deslegitimación del Tribunal Constitucional que provocan las ingerencias de los partidos políticos, se producirían. Se trata de una profecía autorrealizable: al anunciar reacciones, el Presidente las está pidiendo, incluso provocando.
Si quieren un Tribunal Constitucional razonablemente independiente, la receta es fácil: respeten su independencia, desde la designación de sus Magistrados hasta la crítica de sus sentencias. Si pretenden manipular al Tribunal en su beneficio, no pueden quejarse de que sea manipulable y responda a razones políticas y no sólo a razones jurídicas.
domingo, 1 de marzo de 2009
El cinturón de los funcionarios
El Gobierno estudia congelar el sueldo de los funcionarios que ganen más de 30.000 euros anuales.
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090301/53650670212/corbacho-anuncia-que-el-gobierno-estudia-congelar-el-sueldo-de-los-funcionarios-que-ganen-mas-de-30..html
No es nada nuevo, lo hizo, no hace tanto, el Gobierno de José María Aznar. El Gobierno queda muy bien, y no le cuesta nada: total, son los funcionarios los que pagan el pato. El ahorro es irrisorio, pero lo que se busca no es un efecto económico, sino político, o sea, electoral.
Sin duda, existen muchos otros conceptos en que el ahorro podría ser superior. Sin ir más lejos, unificar las elecciones generales, autonómicas y europeas. Reducir los canales públicos de televisión. Limitar el número de asesores (por no decir de informes inútiles encargados a empresas privadas). Abandonar las costosas campañas de publicidad institucional, en otros términos publicidad electoral encubierta de los gobiernos. Pero estos son gastos ineludibles, ya que obedecen a la primera prioridad de cualquier político, ganar las elecciones.
Muy bien, exigen un sacrificio a los funcionarios en aras de su victoria política. La pregunta es: ¿qué compensación les ofrecen?¿Nombrarán funcionarios para cubrir los puestos de asesores de los políticos? Claro que no. ¿Recuperarán los funcionarios el poder adquisitivo una vez superada la crisis? Tampoco. ¿Les agradecerán siquiera ese sacrificio? De ninguna manera. ¿Levantarán las limitaciones del régimen de incompatibilidades, que hacen que un funcionario no pueda ser profesor asociado de universidad? Ni pensarlo. Se trata de una medida popular que, además, supone igualar, dentro de la Administración, pero por abajo.
El ministro Corbacho se ha apresurado a decir que los cargos políticos ya han congelado sus sueldos. Le ha faltado decir si han congelado los gastos de los ministros que corren a cargo del presupuesto de los ministerios. ¿Pagan sus viviendas, servicio, consumos? ¿Pagan sus vacaciones, sus escoltas? ¿Reciben una asignación para gastos de representación (vestuario, regalos privados)? En definitiva, ¿pagan algo con cargo a sus propios sueldos?
Como dijo un embajador (¿Lojendio?) cuando el boicot al franquismo, tras la guerra mundial: "La de patadas que le van a dar a Franco en nuestro culo". Pues éso: el Gobierno, en su munificencia, va a apretarse el cinturón de los funcionarios.
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090301/53650670212/corbacho-anuncia-que-el-gobierno-estudia-congelar-el-sueldo-de-los-funcionarios-que-ganen-mas-de-30..html
No es nada nuevo, lo hizo, no hace tanto, el Gobierno de José María Aznar. El Gobierno queda muy bien, y no le cuesta nada: total, son los funcionarios los que pagan el pato. El ahorro es irrisorio, pero lo que se busca no es un efecto económico, sino político, o sea, electoral.
Sin duda, existen muchos otros conceptos en que el ahorro podría ser superior. Sin ir más lejos, unificar las elecciones generales, autonómicas y europeas. Reducir los canales públicos de televisión. Limitar el número de asesores (por no decir de informes inútiles encargados a empresas privadas). Abandonar las costosas campañas de publicidad institucional, en otros términos publicidad electoral encubierta de los gobiernos. Pero estos son gastos ineludibles, ya que obedecen a la primera prioridad de cualquier político, ganar las elecciones.
Muy bien, exigen un sacrificio a los funcionarios en aras de su victoria política. La pregunta es: ¿qué compensación les ofrecen?¿Nombrarán funcionarios para cubrir los puestos de asesores de los políticos? Claro que no. ¿Recuperarán los funcionarios el poder adquisitivo una vez superada la crisis? Tampoco. ¿Les agradecerán siquiera ese sacrificio? De ninguna manera. ¿Levantarán las limitaciones del régimen de incompatibilidades, que hacen que un funcionario no pueda ser profesor asociado de universidad? Ni pensarlo. Se trata de una medida popular que, además, supone igualar, dentro de la Administración, pero por abajo.
El ministro Corbacho se ha apresurado a decir que los cargos políticos ya han congelado sus sueldos. Le ha faltado decir si han congelado los gastos de los ministros que corren a cargo del presupuesto de los ministerios. ¿Pagan sus viviendas, servicio, consumos? ¿Pagan sus vacaciones, sus escoltas? ¿Reciben una asignación para gastos de representación (vestuario, regalos privados)? En definitiva, ¿pagan algo con cargo a sus propios sueldos?
Como dijo un embajador (¿Lojendio?) cuando el boicot al franquismo, tras la guerra mundial: "La de patadas que le van a dar a Franco en nuestro culo". Pues éso: el Gobierno, en su munificencia, va a apretarse el cinturón de los funcionarios.
Crisis
Los bancos dieron créditos con garantía hipotecaria a quienes no tenían solvencia suficiente, pensando que el valor de los inmuebles crecería indefinidamente, de forma que, incluso si era preciso ejecutar la hipoteca, encontrarían fácilmente otro comprador y, por tanto, no podían perder.
Creyeron que, incluso si ofrecían un crédito de mayor valor que el inmueble, cuando llegase el momento de ejecutar la hipoteca, si llegaba, ese valor habría crecido y les resarciría sobradamente.
Es obvio que se equivocaron: llegó un momento en que los deudores no cumplieron sus obligaciones, los bancos ejecutaron las hipotecas y no encontraron comprador. Quizá, incluso, porque otro banco no aceptó como garantía ese mismo inmueble. Llegó la crisis.
En nuestro país, la crisis resulta especialmente grave, porque nuestra economía estaba muy centrada en la construcción, financiada mediante créditos hipotecarios. Parece evidente que esa dependencia del negocio inmobiliario ha sido claramente negativa ya que, incluso si volviera a funcionar con la misma alegría correríamos un riesgo cierto de que se repitiese la crisis por las mismas causas. Por tanto, para superar la crisis y evitar que se repita es imprescindible diversificar nuestra actividad, evitando esa dependencia de la construcción.
No obstante, lo único que escuchamos son llamadas a la concesión de más créditos: no créditos para hacer otras cosas, sino para que las inmobiliarias sigan trabajando como antes de la crisis. Me parece claro que éste es el camino equivocado. Hay que buscar otros negocios.
Para ello es imprescindible hacer dos cosas: detectar los puntos fuertes de nuestra economía, potenciarlos y explotarlos; y detectar los puntos débiles y, si es posible, corregirlos. Sólo así podremos superar la crisis y volver a crecer.
Tal vez sea una verdad de Pero Grullo. No obstante, parece que nuestras autoridades no llegan ni siquiera a entender esas verdades. Alguien tiene que decirlas.
Creyeron que, incluso si ofrecían un crédito de mayor valor que el inmueble, cuando llegase el momento de ejecutar la hipoteca, si llegaba, ese valor habría crecido y les resarciría sobradamente.
Es obvio que se equivocaron: llegó un momento en que los deudores no cumplieron sus obligaciones, los bancos ejecutaron las hipotecas y no encontraron comprador. Quizá, incluso, porque otro banco no aceptó como garantía ese mismo inmueble. Llegó la crisis.
En nuestro país, la crisis resulta especialmente grave, porque nuestra economía estaba muy centrada en la construcción, financiada mediante créditos hipotecarios. Parece evidente que esa dependencia del negocio inmobiliario ha sido claramente negativa ya que, incluso si volviera a funcionar con la misma alegría correríamos un riesgo cierto de que se repitiese la crisis por las mismas causas. Por tanto, para superar la crisis y evitar que se repita es imprescindible diversificar nuestra actividad, evitando esa dependencia de la construcción.
No obstante, lo único que escuchamos son llamadas a la concesión de más créditos: no créditos para hacer otras cosas, sino para que las inmobiliarias sigan trabajando como antes de la crisis. Me parece claro que éste es el camino equivocado. Hay que buscar otros negocios.
Para ello es imprescindible hacer dos cosas: detectar los puntos fuertes de nuestra economía, potenciarlos y explotarlos; y detectar los puntos débiles y, si es posible, corregirlos. Sólo así podremos superar la crisis y volver a crecer.
Tal vez sea una verdad de Pero Grullo. No obstante, parece que nuestras autoridades no llegan ni siquiera a entender esas verdades. Alguien tiene que decirlas.
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