El conocido político nacionalista, David Madí, que abandonó la política activa una vez CiU hubo ganado las elecciones para pasar a la actividad privada, ha sido designado presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña.
Desde otras posiciones políticas se ha relacionado este nombramiento con un contencioso que enfrenta a Endesa con la Generalitat, que ha de imponer a la empresa una sanción económica que podría ser millonaria.
De igual manera, se ha señalado que la consultora Deloitte ha contratado al Sr. Madí como consultor a tiempo parcial. Precisamente Deloitte, que tiene que auditar las cuentas de entidades dependientes de la Generalitat en virtud de un sustancioso contrato.
Por supuesto, estas circunstancias son sospechosas. La sombra de una transacción ilegal y no declarada planea sobre estos nombramientos. Pero hay algo más.
Sin duda, el Sr. Madí es una persona muy inteligente, trabajadora y con una experiencia importante en materia de campañas electorales y marketing político. Pero, estos activos ¿justifican su nombramiento como asesor de una compañía energética? ¿Qué sabe D. David Madí del mercado energético, de las circunstancias en que se desarrolla el trabajo de una compañía de electricidad? O, ¿para qué quiere Endesa un experto en la planificación y dirección de campañas electorales? ¿qué parte del negocio de Deloitte se refiere al asesoramiento electoral?
Evidentemente, estas preguntas son retóricas. Lo que ofrece el Sr. Madí, lo que compran Endesa y Deloitte es su agenda de contactos y, muy especialmente, su vinculación al Presidente de la Generalitat, que le da fácil acceso y, se supone, influencia.
Y, por supuesto, estos activos sólo pueden servir para una cosa: para que quien los ha adquirido se sitúe en una posición de privilegio respecto de sus competidores, para que disponga de una ventaja que no procede de la excelencia de los bienes y servicios que aporta al mercado.
Esta es, en definitiva, la esencia de la corrupción: influir en una decisión mediante argumentos que no son los que el encargado de adoptarla debería tomar en cuenta. Unas veces cae en el campo del derecho penal; otras, fuera. Pero siempre perjudica a quienes pagan, aquéllos cuyo interés debería prevalecer.
Y, lo que es peor, el caso que comentamos es solo uno más. Es tan corriente que un político prominente se incorpore a cargos bien remunerados en la empresa privada que la sociedad lo considera normal y, sobre todo, que pone de manifiesto que resulta beneficioso: para la empresa y para el político. ¿Los ciudadanos?¿A quién le importan los ciudadanos?
