miércoles, 27 de mayo de 2009

Propaganda electoral

Magnífico el artículo del Pilar Rahola en "La Vanguardia" de hoy, 27 de mayo. Y, sobre todo, equitativo: habla por igual de tirios y de troyanos.

Pero quizá olvida una cosa: basta con ver los programas que triunfan en televisión para entender a qué público se dirigen las campañas electorales. Los que se deleitan con los programas en que unos analfabetos orgullosos de serlo se insultan en dura competencia para airear las debilidades de otros, frecuentemente tan analfabetos como ellos y deseosos de aparecer en los mismos programas, ¿a qué tipo de propaganda van a ser receptivos? ¿A serias argumentaciones basadas en datos contrastados? ¿A propuestas de regeneración? La propaganda electoral es el Tomate de la política, porque los votantes son los seguidores de Aquí hay tomate.

Además, ¿cómo van a prometer los políticos algo que es diametralmente opuesto a sus intereses? Es urgente cambiar el modelo económico basado en la propiedad del suelo, el control de la edificabilidad, las hipotecas y la construcción. Es decir, los negocios de los partidos, de los políticos y de quienes subvencionan a los políticos. ¿Podemos esperar que abandonen su modus vivendi?

Es importante valorar el conocimiento y el esfuerzo. El conocimiento porque ya no podemos competir recortando los salarios, por lo que hemos de aprovechar nuestra capacidad tecnológica y potenciar la innovación. El esfuerzo porque los pelotazos, basados en el suelo como único elemento material y en la confianza en la ilimitada alza de los precios de los edificios, han mostrado ser dañinos. Pero ni a los políticos, cuyo negocio se basa en estar cerca del poder, ni a los electores, cuya máxima aspiración es vivir sin trabajar (como sus ídolos de los programas basura) les apetece aceptar esos valores. Y, ¿cómo ganar unas elecciones -ló único que interesa a los políticos- propugnando medidas sensatas y necesarias, pero impopulares?

La única vía que veo practicable es prescindir de los políticos y tratar de convencer a los ciudadanos de la necesidad de un verdadero cambio, un cambio de valores. Convencer, sobre todo, a los emprendedores, de que el futuro exige ese cambio de orientación, hacia actividades basadas en la tecnología y el conocimiento y de que para desarrollar estas actividades es imprescindible pagar bien a quienes poseen ese conocimiento y están dispuestos a esforzarse en hacer bien su trabajo. Convencer a los trabajadores de que su interés está en buscar la excelencia, adquiriendo conocimientos y esforzándose, Convencer a los estudiantes, y a sus padres, de que su esfuerzo se verá recompensado. Y exigir a los políticos que no obstaculicen el progreso.

Pilar Rahola puede poner su pluma al servicio de este cambio de valores. Artículos como el de hoy muestran su valía. ¿Preferirá ejercer como una política sin partido, mostrando agudeza en la crítica pero sin aportar nada positivo? Es el camino fácil.

domingo, 24 de mayo de 2009

Expolio

El candidato de ERC a las elecciones europeas pide un tope al "expolio fiscal" de los Estados. Este tope lo debería fijar la Unión Europea.

Junqueras pone como ejemplo la diferencia entre la aportación del "land" más rico de Alemania y las aportaciones de Valencia, Cataluña o Baleares. Si sus datos son correctos, éstas superan el doble de aquéllas.

Por supuesto, el candidato olvida que la estructura del sistema fiscal alemán es diferente de la que tiene en nuestro país. En Alemania, cada "land" recauda sus impuestos, de forma que no hay un fondo común sino con las aportaciones de los "lander". Es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (como el nuestro, que duda cabe). Así, el IVA ingresado por una empresa es soportado por los compradores de bienes y servicios que la misma produce, en su Estado, "land" o Comunidad Autónoma o fuera de él. Si las empresas catalanas venden fuera de Cataluña, se computan en la aportación de Cataluña impuestos soportados por ciudadanos de otras Comunidades (sucedería si la Generalitat recaudase el IVA e interfiere en el cálculo de las balanzas fiscales).

El sistema fiscal alemán es una consecuencia lógica de la estructura federal de Alemania. Pero nuestro país no es un Estado federal, aunque en ciertos aspectos se asemeje a uno. Por ello, el Sr. Junqueras no propone establecer topes a las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Presupuesto común, sino sólo a las de Cataluña, Valencia y Baleares; en una palabra, a las comunidades que constituyen lo que los nacionalistas denominan la nación catalana. Por eso no menciona a Madrid, que también es aportante neta.

Así, los nacionalistas consideran justificado establecer esos topes por una ley anterior y superior a la Constitución. Por la misma razón, el desequilibrio resultante del sistema actual es tachado de expolio. Si consultamos el diccionario, "expolio" significa robo, ni más ni menos. No importa que el sistema fiscal se haya aprobado por las Cortes, con participación (y en muchos casos voto favorable) de los representantes de los ciudadanos de las Comunidades "expoliadas". Se trata de un robo contrario a la Ley natural que ordena que los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña, porque es una nación.

Claro, podríamos adoptar otros criterios: ¿por qué no plantear la importancia de las comarcas, y preguntar si el Alt Empordà o el Montsià resultan beneficiados o perjudicados ante el Barcelonés o el Baix Llobregat? ¿por qué no podrían quejarse los ricos de que los impuestos que pagan benefician básicamente a los pobres? ¿o distinguiremos entre la Cataluña marítima y la interior?

Pero, sobre todo, las aportaciones deben venir determinadas por las desigualdades existentes: si un Estado, "land" o Comunidad Autónoma presenta un estado de subdesarrollo frente a otros desarrollados, o si ha sufrido una catástrofe natural, puede justificarse una aportación que, en otras circunstancias resultaría excesiva. La solidaridad, virtud tradicionalmente apreciada por la izquierda (se ve que no por la "esquerra") lo exigíría.

Quizá no sea mala idea diseñar un sistema fiscal que incluya topes a las aportaciones o introduzca el principio de ordinalidad. Que prevea, si se estima oportuno, excepciones (las catástrofes antes aludidas o proyectos excepcionales, como fueron, en su día, los Juegos Olímpicos de Barcelona y pueden ser, en el futuro, los de Madrid). Lo que no se puede hacer es llamar ladrones a los demás y quejarse luego de que nos maltratan. Si quieren la independencia, que argumenten en su favor, en lugar de crear enemigos de Cataluña.

domingo, 3 de mayo de 2009

Sucesiones

Hay razones a favor y en contra de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, que tantas cartas a La Vanguardia ha generado (http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090503/53695583223.html) No tomaré partido ahora. Sólo quiero repetir dos consideraciones:

Hablar de discriminación respecto de otras Comunidades Autónomas significa no haber entendido qué es la autonomía. En sentido etimológico, "autonomía" es "darse leyes propias" y éso es exactamente lo que significa que en Cataluña se mantenga el impuesto aunque en otras Comunidades se haya eliminado: nuestras leyes no tienen porqué ser las mismas que en las Comunidades vecinas, incluso cuando ello significa que nos quedemos solos en España o en Europa. ¿O acaso alguien aceptaría que en Cataluña debiera regir el régimen económico matrimonial de gananciales porque es el vigente en gran parte de España (y también hay razones para defenderlo)?

Muchas cosas se pueden decir al hilo de la discusión acerca del Impuesto sobre Sucesiones. La más evidente, que la financiación de la Generalitat es insuficiente. También cabe señalar que otras Comunidades no tienen dos cadenas públicas de televisión, para las que es preciso traducir expresamente casi todos los contenidos, o una costosa política lingüística. Pero éso es exactamente la autonomía: autonomía para gastar, pero también para recaudar los fondos que han de ser gastados.

Lo que nos lleva a la segunda consideración que mencionaba al principio. Los fondos públicos pueden proceder de tres fuentes: ingresos patrimoniales (de escasa cuantía en nuestro ámbito) o por la prestación de servicios públicos, impuestos y Deuda pública. Si se elimina un impuesto y se quiere mantener el mismo nivel de gasto, es preciso incrementar la recaudación de otros impuestos (subiendo los tipos) o crear impuestos nuevos. O bien, es posible emitir Deuda.

La Deuda pública es un préstamo que las entidades bancarias o, en último término, los ciudadanos, del mismo país o de otro (segùn la emisión) conceden a un ente público. Como todo préstamo, implica la obligación de pagar unos intereses durante un determinado número de años y, transcurridos éstos, devolver el principal. ¿Quién ha de pagar esos intereses (que no se pagarían si, en vez de Deuda se exigiesen impuestos) y devolver el principal (cosa innecesaria cuando se trata de impuestos)? Evidentemente los contribuyentes, los obligados a pagar impuestos durante los años en que corresponda el pago de intereses y la devolución del capital.

Por tanto, los que se oponen al Impuesto sobre Sucesiones han de saber que esta supresión puede suponer mayores impuestos o menores gastos en el futuro. Si aún así consideran que el impuesto debe ser eliminado, adelante. Éso es democracia. Pero cualquier decisión política debe ser adoptada sopesando los pros y los contras, los costes y los beneficios. Éso es sentido común.