Legalidad

Las autoridades, civiles y, sobre todo, militares que permanecieron fieles a la República durante al Guerra Civil española fueron después condenadas por los sublevados victoriosos. Paradójicamente, el delito que se les imputó fue el de rebelión militar, el mismo que habían cometido los vencedores.

La  argumentación que utilizaron para ello fue que, una vez producido el pronunciamiento, la legitimidad correspondía a los rebeldes y prevalecía sobre la legalidad, de forma que todos estaban obligados a unirse y someterse al bando nacional. Quien no lo hizo, ajustándose a la legalidad republicana, se rebeló contra la supuesta legitimidad del levantamiento franquista.

No pretendo, en modo alguno, comparar o equiparara los actuales independentistas catalanes con los sublevados de 1936. Pero su argumentación es la misma: el derecho a decidir que alegan no está reconocido en ningún texto legal, interno o internacional, pero lo esgrimen como si procediese de una norma de rango superior a la misma Constitución. Así, exigen un referéndum sobre la independencia de Cataluña prescindiendo de los límites constitucionales de dicha figura: referéndum consultivo de todos los ciudadanos, señala el artículo 92 de la Constitución, que añade que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Es decir, generalidad y un procedimiento riguroso.

Como se ha señalado en otra entrada de este blog, es posible resolver la situación con arreglo al ordenamiento jurídico vigente. Pero, lo importante es que, si prescindimos del principio de legalidad en virtud de una supuesta legitimidad superior a la ley formal, convertimos a esta legitimidad en norma suprema que todo lo justifica. Como condenar a quien cumplió las obligaciones que le imponían la Constitución y las leyes como rebelde, precisamente por parte de unos rebeldes. 

Addenda a "El coste de la independencia"

Una pregunta me ronda la cabeza desde hace días. Creo que es importante para muchos ciudadanos catalanes que, como yo, contemplan la jubilación como un acontecimiento relativamente próximo (aunque no sepamos de cuantos años hablamos, como consecuencia de la crisis económica que no ha acabado).

La Seguridad Social a la que hemos estado cotizando durante nuestra vida profesional, en cuanto a la prestación de jubilación, al menos, se basa en un sistema de capitalización, aunque no puro: existe un fondo de reserva constituido por las aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores, que se ha de destinar al pago de las pensiones.

El importe de la pensión depende de lo aportado para cada trabajador, es decir, del número de años cotizados y del importe de las aportaciones, determinado en función de la escala salarial. Para tener derecho a la prestación, es preciso haber cotizado durante un número suficiente de años y el importe se determina de acuerdo con las cuantías cotizadas durante el número de años que determina la Ley, partiendo de la fecha de jubilación.

Pues bien, ¿qué ocurrirá con las pensiones en caso de que Cataluña se independice? Quienes ya hubiesen empezado a percibir las prestaciones no tendrán más problemas que los de un pensionista expatriado: seguirán cobrando de la Seguridad Social española. Pero quienes no hayan alcanzado la edad de jubilación ¿tendrán derecho a percibir algún importe de la Seguridad Social española, no habiendo cotizado a la misma durante los últimos años de su vida profesional? ¿Tendrán derecho a percibir una pensión de la Seguridad Social catalana, no habiendo cotizado a la misma más que unos pocos años (desde la independencia hasta la jubilación)?

Si la independencia se produjera de forma amistosa cabría negociar la división del fondo de reserva: la Seguridad Social catalana podría percibir la parte del fondo correspondiente a los trabajadores catalanes, asumiendo el pago de las correspondientes pensiones, con lo que se reproduciría (aproximadamente) la situación actualmente normal: se podría computar, para determinar el derecho a la prestación y su importe la totalidad de la vida laboral.

Pero, en caso de separación unilateral, la Seguridad Social española retendrá el fondo de reserva, y pagará a los trabajadores catalanes, cuando se jubilen, únicamente si, en los años en que hayan cotizado, han devengado derecho a la prestación, es decir, no computarán los años posteriores a la independencia, en que el trabajador ya habrá cotizado a la Seguridad Social catalana. Ésta, por su parte, sólo concederá pensión a quienes cumplan los requisitos de cotización que se establezcan que, lógicamente, no podrán tomar en consideración las cotizaciones a la Seguridad Social española.

Creo que la cuestión tiene importancia suficiente como para exigir que nos la aclaren antes de que se celebre cualquier consulta o se adopte cualquier decisión en este sentido. Como cantaba Lluís Llach, ...la fe no ens farà viure del passat.

Independencia, democracia y legalidad

Desde un punto de vista de derecho positivo, tiene razón Rajoy cuando afirma que la Constitución no permite celebrar un referéndum entre los catalanes acerca de la independencia de Cataluña.

Sin embargo, parece que también los independentistas están cargados de razón cuando afirman que es antidemocrático negarse a consultar a los ciudadanos acerca de un punto esencial de la organización política de la que forman parte.

En realidad, ambas partes están en ámbitos diferentes que se rigen por reglas diferentes. Los independentistas olvidan que un elemento esencial de la democracia es el Estado de derecho, el principio de legalidad: en democracia, la voluntad de los ciudadanos se traduce en leyes obligatorias para todos, tanto los que han votado (directamente o a través de representantes) a favor, como los que han votado en contra. Si las leyes no se cumplen, no hay democracia porque la voluntad de los ciudadanos no decide, no llega a determinar la realidad.

Ahora bien, Rajoy olvida que la Constitución prevé su propia reforma, por lo que, dentro del sistema legal, es posible cambiar todas las leyes, incluidos los artículos esenciales del texto constitucional. Por tanto, es posible conciliar ambos niveles, respetando el texto y el espíritu de la Constitución de forma estrictamente democrática.

Una vía para ello sería modificar la Constitución (por el procedimiento previsto en su artículo 168, que incluye un referéndum entre todos los ciudadanos españoles) para reconocer a Cataluña (rectius, a los ciudadanos de Cataluña) el derecho de autodeterminación. No obstante, esta vía parte de suponer que los ciudadanos de Cataluña quieren la independencia, lo que, en cualquier caso, no se les ha preguntado de forma explícita y vinculante, previo el correspondiente debate.

Por ello, parece mejor, menos complejo, plantear primero una consulta no vinculante (o vinculante sólo para el gobierno de la Generalidad) acerca de la voluntad de los catalanes de constituirse en un estado independiente y, sólo si la respuesta es afirmativa, iniciar el proceso de reforma constitucional.

En este proceso tendría un papel esencial la pregunta que formulábamos en otra entrada del blog: ¿Qué argumentos permitirían al resto de España obligar a Cataluña a permanecer unida al Estado español, simplemente por el juego de las mayorías?

Entendemos que este mecanismo es perfectamente legal, ya que no se atribuye a los catalanes una decisión que la Constitución atribuye a todos los ciudadanos españoles, y permite tanto a unos como a otros expresar democráticamente su voluntad. Además, no supone reconocer  a Cataluña el denominado "derecho a decidir" (la facultad de decidir unilateralmente su separación de España) si saber siquiera si es solicitado por la mayoría de los ciudadanos catalanes.

(Se han pronunciado en términos semejantes en "La Vanguardia" Francesc de Carreras y José Arias Velasco y no descartamos otros textos en sentido similar en otros medios).

Opresión fiscal

Hoy, 13 de junio de 2013, el Vicedirector de "La Vanguardia" acaba su editorial titulado "¡Menudo día! con las siguientes palabras: Sobre el salvaje golpe propinado por el jacobinismo represor contra nuestro Messi, opinaremos si abandonamos la UCI.http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54375599070/index.html

Sin duda, el Sr. Abián considera que la querella por delito contra la Hacienda Pública presentada por el Fiscal contra Leo Messi y su padre constituye un ataque a Cataluña ordenado por la caverna nacionalista española a sus esbirros de las fuerzas de ocupación, la Fiscalía y Hacienda. En la Cataluña independiente que desea "La Vanguardia", ésto no pasaría.

¿Por qué no pasaría? Hay dos posibilidades. Según la versión, un tanto optimista, del portavoz de la Generalidad, en una Cataluña independiente los contribuyentes pagarían alegremente sus impuestos, porque la Agencia Tributaria catalana sería una institución modélica. Lo que ocurre ahora es que los defraudadores fiscales practican una política de resistencia activa contra la opresión española en el ámbito tributario y esta política no tendría razón de ser en una Cataluña independiente.

Más realista parece la segunda posibilidad: en una Cataluña independiente, se inspeccionaría a quien decidiese el Gobierno de la Generalidad que, naturalmente, se cuidaría muy mucho de dejar que la Agencia Tributaria de Cataluña molestase a quienes el poder político desea proteger.

O sea, que si algunos defraudadores son descubiertos y llevados a juicio en Cataluña es solo porque actúa la odiada Hacienda estatal. ¿Verdad, Sr. Millet?

Independencia, quizá. Democracia, seguro.

En términos generales, sin pensar todavía en el caso concreto, ¿qué puede hacer un estado democrático cuando una parte de sus ciudadanos, concentrados en una zona geográfica determinada, expresan su deseo muy mayoritario de separarse de dicho Estado y constituirse en un Estado independiente? Agreguemos que, además, tanto la parte que pretende separarse como el resto del Estado inicial son viables, es decir, que la separación no es imposible ni determina el estrangulamiento económico del la parte restante.

En nuestra opinión, un Estado democrático, en la anterior situación, no puede hacer otra cosa que admitir la separación. Que la parte que se oponga a la secesión obligue a una población a permanecer en el Estado contra su voluntad, en las condiciones expresadas, resulta contrario al concepto mismo de democracia, como gobierno del pueblo. Es, claramente una imposición similar, aunque no idéntica, a la colonial.

Ello es así incluso cuando la constitución del Estado se ha producido por vías democráticas, mediante la expresión de la voluntad mayoritaria de la población, incluida la que posteriormente pretende separarse. De otra forma estaríamos ante un plebiscito irrevocable que vincularía no sólo a los que tomaran parte en el mismo, sino también a las generaciones futuras que, obviamente, no participaron en él, y no podrían manifestar su voluntad al respecto.

En definitiva, entendemos que cualquier argumento que pretenda esgrimir el Estado para oponerse a la segregación, en las condiciones expuestas, se basará en pretendidos valores absolutos. Y no vemos que puedan ser aceptados otros valores absolutos que los más elementales: la vida humana y la democracia misma, básicamente (quizá algún otro; no es esa la cuestión). De igual manera que no admitimos la inevitabilidad de la secesión como consecuencia de que la parte que se pretende segregar constituya algo tan etéreo como una nación, no podemos admitir su inadmisibilidad porque el Estado constituya algo tan etéreo como una nación.

Pasando al caso concreto de Cataluña, no damos valor ni a la pretendida nación española, ni a la pretendida nación catalana. Sólo a la voluntad de los ciudadanos, conscientemente formada y libremente expresada. Y éste es el primer requisito que falla: los ciudadanos de Cataluña no han expresado su voluntad en relación con la independencia. Han votado a unos partidos, a unas personas; en menor medida, han votado unos programas o unas promesas que, realmente, todos sabemos que son pura palabrería electoral. Además, las leyes electorales no responden al principio "un hombre (una persona), un voto", sino que contienen reglas que traducen los votos en escaños de forma no proporcional.

Por tanto, si el Estado español pretende ser democrático, debe autorizar una consulta dirigida a conocer la voluntad de los ciudadanos de Cataluña acerca de la independencia que solicitan sus representantes. Sólo entonces podremos aplicar las reglas del juego democrático.

Además, convendría fijar algunos puntos, como el porcentaje que se ha de alcanzar para comenzar a hablar realmente de segregación. La mayoría es la mitad más uno, pero en cuestión tan grave parece conveniente exigir una mayoría reforzada, ya que, aunque no definitiva, la decisión ha de ser duradera y, sin duda, es trascendental.

También se habría de determinar qué ocurre si hay zonas diversas que arrojan resultados opuestos: si las tierras del Ebro son contrarias a la independencia, ¿podrían mantenerse en España? En nuestra opinión,sería tan antidemocrático imponerles la permanencia en Cataluña como imponer a una Cataluña mayoritariamente favorable a la independencia la permanencia en España. Pero, ¿y si fuese el Barcelonés contrario a la independencia? La zona más densamente poblada, la que genera más ingresos impositivos, la que tiene mayor población originaria de otras zonas del Estado, ¿puede ser arrastrada por el voto de la Cataluña rural?¿y si en el conjunto de Cataluña se alcanza la mayoría reforzada, pero no en esa zona concreta?

La Constitución española define a España como un Estado social y democrático de Derecho. El resto de su articulado viene a estructurar este Estado, a regular las formas en que la democracia se ha de materializar en medidas concretas. Entre estas formas se encuentra la reforma de la propia Constitución. Por tanto, el que la Constitución no permita la separación de Cataluña no es un impedimento real. Si, como creemos, la democracia exige que esa separación pueda producirse si la desea una mayoría suficiente de ciudadanos, ha de ofrecer y, en nuestra opinión, ofrece vías suficientes para hacerla realidad, dentro de la legalidad, sin abandonar el Estado de derecho (es decir, pasando legalmente del Estado de derecho español al Estado de derecho catalán).

Por cierto, como puede ver cualquiera que lea las entradas de este blog, el autor es rotundamente contrario a la independencia de Cataluña. En un referéndum, votaría en contra. Pero el autor también pretende defender la democracia e imponer las propias preferencias a una mayoría contraria es siempre antidemocrático. 

A vueltas con el inglés

Estoy de acuerdo con el conseller de Eonomia i Coneixement en la importancia de que nuestros jóvenes dominen el inglés; en realidad, creo que existe un amplísimo consenso en este sentido, al menos es lo que se desprende de las declaraciones de políticos, líderes empresariales y prácticamente todo aquél que emite una opinión al respecto. http://www.lavanguardia.com/vida/20130406/54372064211/universitarios-acceden-sin-nivel-minimo-ingles.html

Ahora bien, la medida que propone, consistente en exigir la acreditación del dominio de la lengua inglesa para obtener un título universitario plantea algunas dudas. En primer lugar, se dice que el dominio del inglés resulta imprescindible para todos, no solo para los universitarios. Además, se trata de una materia incluida en los planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria. Y esas enseñanzas son regladas por el mismo gobierno del que forma parte el conseller. ¿No es ahí donde está realmente el problema y, por tanto, donde se ha de encontrar y aplicar la solución?

Sería más lógico que se exigiese un nivel adecuado de inglés para obtener el título que otorga la enseñanza secundaria (y, en su caso, el equivalente en Formación Profesional). Y, si se quiere, exigir un nivel aún mejor en las pruebas de acceso a la Universidad. Así, los universitarios podrían acceder a la literatura especializada  en inglés, no solo manuales, sino sobre todo "papers", que es donde se exponen los últimos avances de las diferentes ciencias, lo que habría de redundar en una mejora del nivel de nuestras Universidades.

Pero lo que se propone no deja de ser lo que los psicólogos conductistas denominan un refuerzo, en concreto de carácter negativo. En el tradicional ejemplo del palo y la zanahoria, se trata del palo. La pregunta inmediata es: ¿y la zanahoria? En otros términos, ¿qué beneficios obtiene u obtendrá quien domine el inglés?

Si la creencia generalizada de que el inglés es necesario para obtener trabajo, para desenvolverse en el mundo de la empresa, sobre todo en esta economía globalizada fuese cierta, quienes se encuentran en el mercado laboral estarían tratando de aprender inglés a marchas forzadas, ya que tendrían un refuerzo positivo, mejorar sus expectativas de encontrar trabajo, o un trabajo mejor y más retribuido, y un refuerzo negativo, la imposibilidad de acceder a esos puestos de trabajo. La enseñanza, pública y privada, reglada y no reglada tendría dificultades para atender toda la demanda de enseñanza del inglés. Pero no parece que ésto suceda.

¿No será que estos refuerzos no funcionan? ¿Que quien domina el inglés no ve recompensado ese conocimiento con el acceso más fácil a puestos mejor retribuidos?¿Que las empresas tienen sobradamente cubierta su demanda de profesionales que dominen el inglés, por lo que no ofrecen mejores condiciones a quienes acrediten su conocimiento, o no las ofrecen peores a quienes no conocen este idioma?

Durante los años de bonanza, nuestra economía se basó en dos actividades: el turismo, que exige el conocimiento de idiomas, pero que ofrece tan solo trabajos estacionales, que no exigen formación y que, en una medida importante se cubren con nacionales de los países de los que proceden los visitantes, y la construcción, que no precisa el conocimiento de idiomas. Y parece evidente, por sus actos, que tanto el gobierno catalán como el del Estado pretenden volver, superada la crisis, a esa economía. ¿Para qué necesitamos el inglés??No será esa la causa real del problema?

Corrupción

En "La Vanguardia" de hoy aparecen, entre otros espacios que dan cuenta de la corrupción reinante, dos artículos, de Francesc de Carreras y Fernando Ónega hablando de ética y de la necesidad de recuperarla (Emergencia ética. Días desoladores para la ética).

Ciertamente, la corrupción de los políticos tiene mucho que ver con la pérdida de valores y con el descrédito de la moral y de la ética. Pero, por una parte, no se trata sólo de la pérdida de valores por parte de los políticos, sino de toda la sociedad, al menos la española (probablemente lo propio sucede en otras partes y, como prueba, basta con ver el éxito de Berlusconi). Por otra, creo que lo que sucede es, en buena parte, el producto de características propias de nuestro país (o, quizá, de las sociedades mediterráneas...o también de otras).

Estoy hablando del personalismo de nuestra sociedad y de nuestra economía, en que tienen un papel preponderante las relaciones personales, lo que se manifiesta en una tupida red de favores mutuos y en una división de la sociedad en dos clases: quienes tienen relaciones y, por tanto, pueden pedir favores porque los van a devolver, y el resto. 

¿Pruebas? La larga lista de consejos de Administración en que figuraba el prócer catalán por antonomasia, Félix Millet, que era imposible que atendiese a todos. El propio Millet dijo que la sociedad barcelonesa, o quizá catalana, estaba regida por cien familias, cuatrocientas personas, que se conocían, estaban emparentadas entre sí y se encontraban en todas partes. O el fulgurante ascenso del príncipe de CDC, Oriol Pujol, que nadie, y menos en su partido, duda de que se debe al influjo de su padre, Jordi Pujol.

¿Más pruebas? ¿A qué se debe, si no, el interés de las empresas por contratar a ex-políticos que, en principio, nunca han desarrollado funciones en la empresa privada y que no presentan conocimientos relacionados con el sector en que deben desempeñar sus servicios? Basta mencionar a David Madí o a Esperanza Aguirre, sin olvidar a José María Aznar, Felipe González, Josep Piqué, Macià Alavedra o Ángel Acebes.

Esto sucede porque los españoles somos muy conscientes del poder de los contactos y no nos avergonzamos de buscarlos y usarlos, cada uno en su nivel. Enchufes, influencias, nepotismo...en las actuales circunstancias se nos dice que una de las principales vías para encontrar empleos son los contactos, lo que significa que una recomendación vale más que la experiencia de toda una carrera. 

En este sentido se puede citar también otro artículo de opinión de "La Vanguardia, del notario Juan- José López Burniol (Las castas acampadas sobre el Estado), que parte de un caso similar a los anteriores, pero especialmente singular: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha encontrado un nuevo comedero, pese al desastre de la entidad por él presidida y a la tremenda crisis, prueba indudable de lo erróneo de la política que aplicó siendo vicepresidente económico del Gobierno. ¿Quién le daría otra oportunidad, atendiendo únicamente a sus resultados?

Por lo demás, de Carreras manifiesta una clara ingenuidad cuando afirma que Si los partidos quieren recuperar el crédito perdido deben presentar un pacto de Estado que aborde las reformas necesarias para regenerar la vida política, hoy moralmente descalificada. Los partidos no pueden hacer algo frontalmente contrario a sus intereses, ya que la corrupción está en la base de su financiación y de ésta depende su éxito electoral y, por tanto, los medios de subsistencia de sus dirigentes. Además, es absurdo pensar que los corruptos, quienes han llevado al extremo un vicio de la sociedad española, puedan regenerar esa misma sociedad. 

Y este es el gran problema. ¿Cómo limpiar la sociedad española de favoritismos, enchufes, influencias y demás corruptelas? O, mejor, ¿quién puede liderar esta regeneración?¿quién tiene la autoridad moral para advertir y denunciar y la posición necesaria para hacerse oír por toda la sociedad, cuando los medios de comunicación están controlados por las élites políticas y económicas, por las castas de que habla López Burniol? Hay quien está limpio de pecado y puede arrojar la primera piedra, sin duda, pero es un ciudadano anónimo, que no tiene voz pública.

Y, aunque la tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Crear un partido político que, inmediatamente, tendría que aceptar componendas con los ya existentes, buscar medios económicos para financiar sus campañas y crear unos cuadros que, como todos, tendrían que vivir y buscarían hacerlo lo mejor posible. ¿Podrían mantener su honestidad?

Sin embargo, alguien debe encontrar la solución. Si no es así, la situación degenerará en violencia y autoritarismo. Desgraciadamente, soy pesimista.