Despedir funcionarios

Propone Pedro Nueno en “La Vanguardia” de hoy, domingo 30 de mayo, como medida para reactivar la economía, despedir a 100.000 funcionarios, dándoles seis meses de cobertura salarial para buscarse otra cosa.

Quisiera preguntarle al Sr. Nueno por qué los funcionarios han de tener menos cobertura que otro trabajador en el supuesto de desempleo. Quizá le gustaría proponer reducir la prestación a seis meses, como máximo, con carácter general, pero no se atreve y da por sentado que, en el caso de los funcionarios, puede decirlo porque a nadie le importará.

Pero, ya que el Sr. Nueno propone eliminar funcionarios, le pediría que concretase su propuesta. Que determine qué funcionarios deberían ser despedidos. No, claro está, con una lista de nombres y apellidos, que no puede pedirse a quien ni siquiera forma parte de la Administración, pero sí designando aquéllos órganos u organismos del sector público a los que afectaría la medida.

Debería decir si despediría al personal de la Seguridad Social y, en tal caso, cómo solucionaría las interminables listas de espera actuales. Parece que reducir el número de médicos difícilmente permitiría tratar el mismo número de enfermos.

O quizá reduciría el personal dedicado a la enseñanza en los colegios e institutos públicos. Sin duda, el estrés de los docentes se reduciría si se aumentase el número de alumnos por aula, de acuerdo con alguna abstrusa ley de la economía liberal.

Tal vez la disminución podría afectar a los distintos cuerpos de policía, a fin de reducir la sensación de inseguridad que motiva las quejas de los ciudadanos cuando, ante un hecho delictivo, no hay una patrulla inmediatamente disponible.

O bien los despidos podrían cebarse en la Administración de justicia, cuya escasa importancia es notoria, sobre todo, cuando un ciudadano acude a ella solicitando el restablecimiento de sus derechos vulnerados antijurídicamente, ya sea porque le han robado el bolso, le han “okupado” la casa o le han despedido por negarse a realizar funciones que no le corresponden.

El Sr. Nueno podría contestar que él se refiere a los burócratas, los funcionarios que no prestan servicios directos a los ciudadanos, limitándose a mover papeles y, sobre todo, a poner trabas a la actividad económica imponiendo todo tipo de controles, permisos, tributos o multas. Pero, entonces, se entiende mal que también proponga establecer un mecanismo de copago en Sanidad, que exigiría un sistema de administración para la emisión de facturas, cobro, entrega de recibos, resolución de reclamaciones, etc. O que sugiera premiar a todo empresario que contrate a un desempleado con dos meses de carencia por año que lo mantenga empleado, lo que supone complicar la Administración de la Seguridad Social.

En definitiva, el Sr. Nueno debería, para formular esa propuesta, demostrar que sobran funcionarios y concretar dónde sobran y cuales sobran. O, lo que viene a ser lo mismo, señalar qué servicios públicos son prescindibles y explicar si se limitaría a eliminarlos o cómo los sustituiría. Pero, claro, repetir un dogma que, además, resulta popular no cuesta nada y permite hacer las cuentas de la lechera. Así, cualquiera se las da de experto economista.

Esfuerzo

Un lector de "La Vanguardia", Joan Badia, expone su perplejidad frente al artículo que dos profesores de Esade publicaron en el mismo diario el pasado día 10 de mayo. Éstos criticaban las alusiones a la cultura del esfuerzo, a nuestro entender, desde dos puntos de vista: porque el esfuerzo es un valor, no una cultura y porque no basta con pedir esfuerzo, sino que éste debe dirigirse a un determinado objetivo; por ello preguntan, no sin razón, si hay objetivos que merezcan nuestro esfuerzo.


El Sr. Badia, por su parte, defiende el esfuerzo, especialmente el esfuerzo de los jóvenes para adquirir una formación, pero lo hace dando por sentado que la educación, la cultura, sirven por si mismas. Es decir, que el objetivo de conseguir una cultura merece el esfuerzo de los jóvenes. Es ilustrativo el título (que quizá haya puesto la redacción de "La Vanguardia") de la carta: "¿Y por qué no esforzarse?".

La respuesta a ambas posturas puede ser la siguiente: lo que se pretende decir al hablar de cultura del esfuerzo es que quienes usan esta expresión desearían que, en nuestra sociedad, el esfuerzo fuese un medio adecuado para obtener los objetivos que valoramos, y así fuese reconocido socialmente. Que, a cualquier persona que tiene un objetivo que, para ella, es valioso, se le pueda aconsejar: esfuérzate para conseguirlo; no es seguro que lo consigas, hay condicionantes que están fuera de nuestro control, pero el esfuerzo es la vía más segura para que, si es posible, lo consigas.

¿Cuál es el objetivo más común de cualquier persona? Sin duda, ganarse la vida, conseguir unos ingresos que le permitan vivir, fundar una familia y sacarla adelante. ¿Permite el esfuerzo asegurar la consecución de este objetivo o, al menos, es la vía más segura para conseguirlo? En nuestra sociedad parece que no.

¿Cuántos trabajadores que se han esforzado para cumplir correctamente con su trabajo se han visto despedidos porque a la empresa le interesa más conseguir un empleado más barato, aunque no tenga la misma formación y experiencia?¿Cuántos licenciados han sido rechazados para cubrir una plaza para la que no se exigía ese nivel educativo porque el empresario pensaba que una persona formada podría ser más consciente de sus derechos laborales y, por tanto, más conflictiva?

Las empresas de nuestro país han optado por centrarse en sectores que requieren mano de obra poco cualificada (turismo y construcción) y basar su competitividad en precios bajos, conseguidos mediante la contención y aún reducción de los costes salariales. Para ello, lo que necesitan es trabajadores poco formados, que no puedan exigir sueldos más altos y que puedan ser sustituidos fácilmente. Si ésta es la oferta, ¿para qué formarse, para qué esforzarse?

¿Quiénes ganan mucho dinero? Artistas o deportistas de elite, que se caracterizan no por haberse esforzado más que sus competidores (aunque se hayan esforzado), sino por tener mejores condiciones que ellos.

¿Qué muestran los medios de comunicación? Una fauna variopinta que consigue subsistir, en excelentes condiciones, sin pegar un palo al agua, exhibiendo precisamente su enciclopédica incultura, sus pasiones más primarias, que muestran claramente la ausencia de una educación que las haya depurado.

¿Cuál ha sido el negocio de estas décadas? Conseguir que el suelo rústico, adquirido a bajo precio, fuese recalificado como suelo urbano, lo que no exigía otra cosa que convencer (de formas legales o ilegales) a los políticos en cuya mano estaba tal recalificación.

¿Qué aparece en los escándalos de corrupción que llenan los telediarios y periódicos? Que los contactos, las amistades, los favores hechos a personas bien situadas rinden buenos dividendos, mucho mejores que la formación y el trabajo serio. Que un amiguete es mucho más útil para, por ejemplo, conseguir un contrato público, que una oferta técnica y económicamente ventajosa.

La cultura del esfuerzo quiere decir, simplemente, que si el esfuerzo, la formación y el trabajo bien hecho se ven recompensados, económica y socialmente (dinero y prestigio), los ciudadanos tendrán una verdadera razón para esforzarse y ese esfuerzo hará competitiva nuestra economía. Si no es así, si el progreso social y económico no existe o depende exclusivamente de factores que no podemos controlar, no tendremos razones para trabajar y esforzarnos: sólo para jugar a la lotería.

Derecho catalán

El Notario Juan José López Burniol publica hoy, en "La Vanguardia" un interesante artículo sobre la salvación del Derecho civil tradicional catalán, que ha llegado hasta nosotros bajo la forma de la compilación de 1960. Naturalmente, el Sr. López Burniol considera esa conservación como un triunfo y una expresión de la voluntad nacional de Cataluña.

Se limita, no obstante, a la aparición de la compilación, cuando la historia del Derecho civil catalán llega más allá, hasta nuestros días, en que se están publicando, por separado, los libros del Código civil de Cataluña. Y, por descontado, no contempla los aspectos menos positivos de este proceso.

La compilación centraba su atención en dos instituciones jurídicas: el régimen económico del matrimonio y la sucesión por causa de muerte. Contenía también algunas disposiciones en materia de derechos reales, que más constituían particularidades dentro del régimen general establecido por el Código civil común que una regulación separada de las correspondientes instituciones.

El gran mérito que se atribuía al régimen económico matrimonial presuntivo de separación de bienes, frente al régimen de gananciales establecido por el Código civil era que permitía a la mujer catalana la administración y disposición de su patrimonio sin necesidad de consentimiento marital. En rigor, algo que debía quedar resuelto por el estatuto de la persona, y no por el régimen económico conyugal.

Ahora bien, el régimen de separación resultaba interesante para quienes disponían de un patrimonio considerable. La mujer que tenía bienes, que tenía independencia económica, conseguía así también la independencia jurídica. Pero el Derecho civil regula las relaciones patrimoniales de todos los ciudadanos, no sólo de los ricos.

Para la mayoría de la población, en tiempos en que sólo el marido trabajaba fuera de casa y aportaba en consecuencia ingresos a la familia, sea por un trabajo dependiente o por un pequeño negocio, el régimen de separación dejaba a la mujer sin recursos, ya que el marido hacía suyas las ganancias de su actividad (y hay que recordar que en la actualidad la mujer sigue ganando menos que el varón).

En el régimen de gananciales, los rendimientos del trabajo o del ejercicio de una profesión, arte u oficio son comunes a ambos cónyuges, así como los bienes adquiridos con esos rendimientos. En el modelo de familia tradicional, en que la mujer se ocupaba de la casa y de los hijos (y también, muchas veces, atendía la "botiga") este régimen resultaba incontestablemente más justo, al atribuir a la esposa la mitad de unas ganancias a cuya consecución también contribuía.

En realidad, el régimen de separación obedecía a los intereses de los propietarios agrícolas. A diferencia de lo que sucedía en Castilla, en que resultaba beneficiosa la constitución de latifundios (y a ello tendían el régimen de gananciales y los mayorazgos) el territorio catalán, más montañoso y, por tanto, compartimentado, no favorecía las grandes explotaciones, por lo que era preferible mantener las fincas dentro del grupo familiar.

En una sociedad industrial o postindustrial pues, el régimen de separación de bienes no tenía la misma razón de ser y, con el acceso de las clases medias a la propiedad inmueble, debió ser, cuando menos, puesto en tela de juicio, en lugar de conservarlo ciegamente por su carácter tradicional.

En cuanto al régimen sucesorio, preguntaría al Notario: ¿cuántos "heretaments" ha autorizado en todo el tiempo de su ejercicio profesional? El "heretament", el pacto sucesorio, autorizado por el Derecho catalán mientras el Código civil común lo prohibe expresamente, constituye la particularidad jurídica más notoria de Cataluña, pero no tiene aplicación práctica.

El resto del Derecho sucesorio catalán es muy similar al regulado por el Código civil común, aunque no sea idéntico. Que la legítima sea de un cuarto o un tercio de la herencia supone una diferencia, pero dentro de una misma institución: se trata de un límite a la libertad del testador establecido en beneficio de los parientes más cercanos. Distinto sería que una de las dos legislaciones no aceptase la sucesión testada o no estableciese legítima alguna, permitiendo una libertad total al otorgar testamento.

Desde 1960, el Derecho civil catalán se ha limitado a las especialidades previstas en la compilación, mientras en el resto de las relaciones se aplicaba el Código civil común (o leyes especiales). Desde esa fecha (en realidad, desde mucho antes) en las Facultades de Derecho de Cataluña ése era todo el Derecho civil catalán que se enseñaba y en los Tribunales ése era todo el Derecho civil catalán que se aplicaba. El resto de la tradición jurídica catalana se ha perdido hace mucho.

Desde hace unos años, no obstante, se están promulgando los libros de un nuevo Código civil de Cataluña, que recoge las instituciones que se han conservado (y, en ocasiones las modifica aceptando soluciones idénticas a las previstas en el Código común, como sucede con la accesión) y regula "ex novo" muchas otras materias. En éstas no se puede apelar a la tradición jurídica catalana y debiera discutirse la conveniencia de esa regulación, que se ha hecho, pese a su trascendencia, de forma discreta y aun solapada, casi clandestina.

Ya la Constitución de 1812 disponía que "El Código civil, el criminal y el de comerecio serán unos mismos para toda la Monarquía..."(artículo 258). Lo que pretendían aquellos liberales era crear lo que hoy conocemos como unidad de mercado: eliminar trabas al desarrollo de la actividad económica. Lo contrario de lo que, en nuestra opinión supone la publicación del Código civil de Cataluña.

Este Código supone que un promotor que trabaje en Cataluña y fuera de ella (simplemente en las zonas limítrofes de Aragón o Valencia) podrá utilizar planos y estudios técnicos idénticos o similares, pero habrá de pedir asesoramiento jurídico por partida doble. Que una empresa que pretenda garantizar una deuda con inmuebles, situados unos en Cataluña y otros fuera habrá de pedir estudios jurídicos separados. En consecuencia, que sus costes serán más elevados (lo que, indudablemente, beneficiará a los Abogados).

Pero, sin duda, y prácticamente así lo reconoce LÓpez Burniol, un Derecho diferenciado constituye uno de los elementos fundamentales de la identidad nacional. Como el objetivo del nacionalismo (no de CiU, de todos los grupos nacionalistas, CiU, ERC, PSC...) es la construcción nacional de Cataluña, es decir, crear la diferencia, donde no exista, o aumentarla, donde ya aparezca, la creación de un Derecho civil distinto constituye una acción esencial para crear la nación catalana. Ése es el verdadero objetivo y a él se han de sacrificar incluso los intereses económicos de los ciudadanos y las empresas de Cataluña.

La realidad

Se queda corto Fernando Ónega cuando afirma, en "La Vanguardia" de hoy, que Gobierno y oposición elaboran sus análisis no sobre la realidad global y objetiva, sino sobre sus aspectos parciales y, por tanto, asumir sólo los aspectos positivos (Zapatero) o los negativos (Rajoy) es deshonesto.

Los políticos prescinden de la realidad, sencillamente porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es conseguir y mantener el poder. Por ello sólo dan importancia a aquellos aspectos de la realidad que les pueden hacer ganar o perder votos. Ni al Gobierno ni a la oposición les importa la crisis económica, ni en cuanto causa de dificultades gravísimas para las familias ni en cuanto fuente de cambios incontrolables para la sociedad española. Lo único que les importa es la influencia que la crisis y las medidas que pueda verse obligado a adoptar el Gobierno puedan tener sobre el resultado de las próximas elecciones.

Este ha sido el norte de la política gubernamental durante toda la crisis: no hacer nada que pudiera restarle votos; negar la propia crisis, contra toda evidencia, primero; repartir subsidios con criterio político, después y aplazar cualquier medida que pueda resultar impopular en todo momento.

La oposición, por su parte, se ha dedicado a enfatizar los errores del Gobierno (éso es parte de su cometido), pero sin proponer en ningún momento medidas practicables. Se diría que Rajoy no quiere darle a Zapatero la posibilidad de acertar rectificando, ni la de equivocarse, también al rectificar, adoptando alguna medida propuesta por el Partido Popular.

Así pues, la política sustituye a la realidad. Lo accesorio prima sobre lo fundamental. Los partidos no quieren, no ya cambiar la sociedad, sino que ni siquiera pretenden intentar resolver los problemas de esa sociedad, de los ciudadanos que les han votado y pagan sus sueldos y pensiones, financian los partidos y les permiten dedicarse a sus cosas. Éso es, los ciudadanos pagamos a los políticos para que se preocupen exclusivamente de sus propios intereses.

No otra cosa se desprende del artículo de Francesc de Carreras, también en "La Vanguardia". El tripartito abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria por interés electoral. Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero siguieron el juego por los mismos intereses. El PP presentó el recurso de inconstitucionalidad (por preceptos que no discute en otros estatutos) también por los votos que podía proporcionarle. Y la ciudadanía demostró cumplidamente su desinterés al no molestarse en votar en el referéndum algo que sólo interesaba a los políticos.

Porque,¿mejorará en algo la economía catalana que el preámbulo del Estatuto afirme que el Parlamento ha dicho que Cataluña es una nación?¿incrementará la seguridad que la Generalitat tenga un mayor control de los órganos judiciales a través del Consell de Justícia? Algunos preceptos pueden revestir cierta trascendencia, pero, en general, sólo tienen importancia para los políticos, no para los ciudadanos. Pero también aquí, la realidad no interesa a los partidos, más allá de la influencia que pueda tener en sus propios intereses.

De igual manera, Juan-José López Burniol ignora la realidad de Cataluña, cuando afirma que sólo caben dos opciones: federalismo o independencia. Ignora la realidad porque sólo se fija en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Para muchos ciudadanos catalanes, el problema no es el encaje de Cataluña en España, sino los políticos españoles, incluidos los catalanes.

El argumento fundamental de la tesis de López Burniol es la consideración de Cataluña como una nación. Ahora bien, la realidad catalana, tozuda, no se ajusta a dicho argumento. Un país la mayoría de cuyos habitantes son castellanoparlantes (ver la encuesta lingüística del Idescat) no puede ser una nación diferenciada, precisamente, por razones lingüísticas y culturales. Pero en el mundo político, el carácter nacional de Cataluña es un dogma inalterable.

Lo que ocurre es que los partidos catalanes silencian un sector muy importante de la ciudadanía. Primero, por la sobrerrepresentación de las comarcas rurales sobre las industriales o, por poner nombres, de los nacionalistas de Girona y Lleida sobre los charnegos del cinturón industrial de Barcelona. Segundo, por los intereses electorales del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seguros del voto de los últimos (que querrían votar al PSOE y no tienen otras alternativas que la abstención o los rojiverdes) pretenden pescar entre los desencantados del nacionalismo, presentándose como un partido nacionalista más.

Así, el problema tiene mucho de artificial, creado por los políticos por razones electorales, es decir, para satisfacer sus propios intereses. Los ciudadanos han dado la espalda a los políticos, porque éstos, previamente, han olvidado por completo que han sido elegidos para manejar los intereses comunes de la ciudadanía, de la que ellos mismos deberían sentirse parte.

Este fenómeno propicia el voto de fuerzas políticas alternativas que, aún conectadas con la realidad, presentan una oferta que los ciudadanos entienden y aprecian. Así sucedió con Ciudadanos. Pero estas alternativas son rápidamente neutralizadas, al amenazar los intereses de la clase política, o bien absorbidas por ésta, al tener que entrar en el juego electoral, es decir, buscar financiación encubierta. El resultado puede ser un descrédito tal de la democracia, por culpa de políticos sedicentemente democráticos, que una opción dictatorial obtenga suficientes apoyos para imponerse. No será la primera vez.