Me parece que Francesc de Carreras se deja llevar, en su artículo de hoy, en "La Vanguardia" ("¿Hay federalistas en España?) por los conocimientos propios de su especialidad y olvida los sentimientos que subyacen bajo el concepto de federalismo que postula el PSC.
El PSC, está dominado, por cálculo electoral, por los nacionalistas de izquierda. Gentes como Maragall (los dos hermanos), tan nacionalistas como Pujol, pero menos conservadores en materia económica y religiosa. Como el partido sabe que los charnegos del Baix Llobregat no tienen más opción que votar al PSC (ellos quisieran votar al PSOE, pero no se presenta en Cataluña) o a ICV, que sólo puede formar gobierno con el PSC (salvo un crecimiento de ERC poco probable), buscan votos entre los nacionalistas, dando al partido un perfil claramente nacionalista. Ello se ve acentuado en la actualidad por la necesidad de ERC para mantenerse en el poder.
El proyecto nacionalista, tanto da si de CiU, de ERC o de los nacionalistas del PSC consiste en la construcción de la nación catalana: una Cataluña depurada de la influencia española, de lengua y cultura exclusivamente catalanas. Algo que no existe en la actualidad (basta con echar un vistazo a la encuesta lingüística de 2008 del Idescat) y que, evidentemente, exige aumentar las diferencias con España (España como opuesta a Cataluña, sobra decirlo) y crearlas cuando no existen o no son suficientes.
A este objetivo responde la política lingüística, cultural, educativa de la Generalidad, que no se diferencia bajo el tripartito de lo que sucedía en tiempos del pujolismo. Al mismo objetivo responde la creación de las veguerías o la publicación soterrada del Código civil catalán.
El federalismo asimétrico responde al mismo objetivo. Si Cataluña obtiene un estatus diferenciado, distintas instituciones o competencias respecto del resto de España, logra una diferencia real y, por tanto, al mismo tiempo, contribuye a crear y ve reconocida su condición nacional.
Por ello Pujol insistía en el reconocimiento del "fet diferencial". Por ello tiene importancia la inclusión de la palabra "nación" en el Estatuto de Autonomía. Por ello el mismo Estatuto pretende imponer ese bilateralismo imposible.
Si los partidos catalanes pretendiesen trabajar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña, su preocupación sería ejercer las competencias de la Generalidad, que no son pocas, para prestar los mejores servicios públicos que permitiesen los recursos disponibles. El que otras Comunidades Autónomas, históricas o de nuevo cuño, tuviesen las mismas competencias, no tendría importancia: en nada favorece o perjudica el ejercicio de las competencias del gobierno catalán.
Pero lo que importa no son los servicios públicos, lo que importan no son los ciudadanos de Cataluña. Lo que importa es la construcción de la nación catalana y a ello se deben sacrificar los demás valores.
jueves, 11 de febrero de 2010
miércoles, 10 de febrero de 2010
Multas, multas
Absolutamente genial la columna de Quim Monzó en "La Vanguardia" de hoy. El mejor Monzó, cargado de ironía y de razón.
En el mismo diario, una carta de un lector ("Denuncias ociosas") incide, desde otro ángulo, en el mismo tema. El sistema de sanciones contra los incívicos es ineficaz y casi genera más irrisión que otra cosa.
Las multas por infracciones como viajar sin billete en transporte público u orinar en la calle no tienen un efecto disuasorio por varias razones: no hay suficiente vigilancia para que el riesgo de ser descubierto sea real; los encargados de formular las denuncias, frecuentemente carecen de la capacidad coercitiva que les permita parar e identificar a los transgresores y formular la denuncia, con lo que se les ríen en las barbas.
Pero, sobre todo, las multas son inútiles si se imponen a aquéllos que carecen de bienes fácilmente embargables que permitan hacer efectiva la sanción. Y bienes de este tipo hay relativamente pocos: saldo positivo en cuentas bancarias, una nómina, una devolución del IRPF, en la época adecuada del año y poca cosa más. Un coche o una moto no son fácilmente localizables y enajenarlos es costoso, en ambos sentidos. Subastar una vivienda para cobrar 40 o 50 euros de multa es claramente desproporcionado, caro y complejo.
La única solución, a mi modo de ver, es imponer multas exclusivamente a aquellos infractores que demuestren que tienen recursos económicos que aseguren el pago o que depositen su importe en el acto, sin perjuicio de los recursos que puedan proceder. A los demás, no hay que imponerles sanciones económicas sino otras, que realmente supongan un perjuicio con verdadera capacidad disuasoria. Por ejemplo, trabajos para la comunidad. Un par de fines de semana recogiendo papeles en las calles, limpiando graffitti o desbrozando bosques puede ser mano de santo para los gamberros.
El problema, claro está, es que estas sanciones afectan a la libertad individual y, por tanto, es preciso que las impongan los jueces. Por tanto, necesitamos que nuestro sistema judicial sea capaz de lidiar, además de los procesos por delitos o faltas penales, con lo que hasta ahora han sido infracciones administrativas. Ello sólo es posible si se realiza una reforma en profundidad del propio sistema judicial, de forma que sea rápido y eficaz.
Esta reforma es inexcusable si pretendemos que las leyes sean respetadas, lo que constituye una exigencia del Estado de Derecho, pero también una necesidad del mercado.
Que el juicio por el "caso Hacienda" se vea diez años después del descubrimiento de los hechos hace que la sentencia pierda mucho de su valor, sobre todo ejemplar y preventivo. Ya se está diciendo que Millet, pese al escándalo, no pisará la cárcel, si no ha sido internado preventivamente, porque hasta que haya sentencia firme pasarán muchos años y puede fallecer antes o alcanzar una edad en la que se le ahorre el ingreso.
Se pretende incentivar el alquiler inmobiliario, pero el propietario teme que los inquilinos se conviertan en "okupas" durante meses o años, hasta que logre hacer efectivo el lanzamiento. Y, hablando de "okupas", qué decir de esos propietarios que han encontrado su domicilio o segunda residencia ocupados por extraños sin ningún título y han visto que la justicia ampara a los ocupantes.
Por poner otro ejemplo, las estupefacientes resoluciones judiciales en casos de violencia de género ponen de manifiesto la necesidad de la reforma por otra razón: en parte por corporativismo, en parte por una mal entendida sacralización de la independencia judicial no generan ninguna reacción efectiva y hacen patentes los defectos del sistema de selección y formación de los jueces y magistrados.
En resumen: no tengo la solución a todos los problemas, estructurales y coyunturales de nuestro país, pero la reforma del sistema judicial es una medida necesaria, aunque no suficiente, para resolver la mayoría de ellos. En las presentes y graves circunstancias, me parece que es un buen punto para empezar.
En el mismo diario, una carta de un lector ("Denuncias ociosas") incide, desde otro ángulo, en el mismo tema. El sistema de sanciones contra los incívicos es ineficaz y casi genera más irrisión que otra cosa.
Las multas por infracciones como viajar sin billete en transporte público u orinar en la calle no tienen un efecto disuasorio por varias razones: no hay suficiente vigilancia para que el riesgo de ser descubierto sea real; los encargados de formular las denuncias, frecuentemente carecen de la capacidad coercitiva que les permita parar e identificar a los transgresores y formular la denuncia, con lo que se les ríen en las barbas.
Pero, sobre todo, las multas son inútiles si se imponen a aquéllos que carecen de bienes fácilmente embargables que permitan hacer efectiva la sanción. Y bienes de este tipo hay relativamente pocos: saldo positivo en cuentas bancarias, una nómina, una devolución del IRPF, en la época adecuada del año y poca cosa más. Un coche o una moto no son fácilmente localizables y enajenarlos es costoso, en ambos sentidos. Subastar una vivienda para cobrar 40 o 50 euros de multa es claramente desproporcionado, caro y complejo.
La única solución, a mi modo de ver, es imponer multas exclusivamente a aquellos infractores que demuestren que tienen recursos económicos que aseguren el pago o que depositen su importe en el acto, sin perjuicio de los recursos que puedan proceder. A los demás, no hay que imponerles sanciones económicas sino otras, que realmente supongan un perjuicio con verdadera capacidad disuasoria. Por ejemplo, trabajos para la comunidad. Un par de fines de semana recogiendo papeles en las calles, limpiando graffitti o desbrozando bosques puede ser mano de santo para los gamberros.
El problema, claro está, es que estas sanciones afectan a la libertad individual y, por tanto, es preciso que las impongan los jueces. Por tanto, necesitamos que nuestro sistema judicial sea capaz de lidiar, además de los procesos por delitos o faltas penales, con lo que hasta ahora han sido infracciones administrativas. Ello sólo es posible si se realiza una reforma en profundidad del propio sistema judicial, de forma que sea rápido y eficaz.
Esta reforma es inexcusable si pretendemos que las leyes sean respetadas, lo que constituye una exigencia del Estado de Derecho, pero también una necesidad del mercado.
Que el juicio por el "caso Hacienda" se vea diez años después del descubrimiento de los hechos hace que la sentencia pierda mucho de su valor, sobre todo ejemplar y preventivo. Ya se está diciendo que Millet, pese al escándalo, no pisará la cárcel, si no ha sido internado preventivamente, porque hasta que haya sentencia firme pasarán muchos años y puede fallecer antes o alcanzar una edad en la que se le ahorre el ingreso.
Se pretende incentivar el alquiler inmobiliario, pero el propietario teme que los inquilinos se conviertan en "okupas" durante meses o años, hasta que logre hacer efectivo el lanzamiento. Y, hablando de "okupas", qué decir de esos propietarios que han encontrado su domicilio o segunda residencia ocupados por extraños sin ningún título y han visto que la justicia ampara a los ocupantes.
Por poner otro ejemplo, las estupefacientes resoluciones judiciales en casos de violencia de género ponen de manifiesto la necesidad de la reforma por otra razón: en parte por corporativismo, en parte por una mal entendida sacralización de la independencia judicial no generan ninguna reacción efectiva y hacen patentes los defectos del sistema de selección y formación de los jueces y magistrados.
En resumen: no tengo la solución a todos los problemas, estructurales y coyunturales de nuestro país, pero la reforma del sistema judicial es una medida necesaria, aunque no suficiente, para resolver la mayoría de ellos. En las presentes y graves circunstancias, me parece que es un buen punto para empezar.
lunes, 1 de febrero de 2010
Inmigración
No es cierto, como dice hoy en "La Vanguardia" Josep Miró i Ardèvol ("La inmigración como problema") que la inmigración sea un problema. La inmigración es una solución.
Lo que cabe preguntarse es si la inmigración es la mejor solución (o la menos mala). O, incluso, si es posible otra solución. En este sentido, es mucho más realista el artículo de Antoni Puigverd, en el mismo diario. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100201/comentarios_53881432039-1.html
La inmigración ha sido la respuesta que ha dado la economía española (incluida la catalana, Sr. Puigverd) a los retos del siglo XXI. Los empresarios querían seguir compitiendo como siempre lo habían hecho, a base de reducir los salarios, como única forma conocida de aumentar la productividad. Y, ciertamente, lo consiguieron, de forma que, como decía José María Aznar y podía haber seguido diciendo José Luís Rodríguez Zapatero, "España iba bien".
Y la inmigración suplió el deficit de natalidad de nuestro país, contribuyendo a compensar, sobre todo en las previsiones, la disminución de contribuciones a la Seguridad Social.
Ahora bien, la inmigración produce tensiones y esas tensiones pueden desembocar en problemas. El citado artículo de Puigverd expone varios de ellos de forma ejemplar. No menciona otros, alguno fundamental, como es que, ante una inmigración descontrolada, el exceso de recién llegados no absorbido por el mercado laboral sólo puede sobrevivir al margen de la ley, en la economía sumergida (lo que, en definitiva, es la razón de que no se quiera regular verdaderamente) o en la delincuencia (lo que ya no es tan deseable).
Pero, sobre todo, la inmigración cambia nuestra sociedad. Los inmigrantes, que se hacen cargo de los trabajos más duros por un sueldo mínimo y sin recibir ayudas reales por parte del Estado, no tienen por qué integrarse en la sociedad española (y catalana, Sr. Puigverd). No tienen por qué asumir nuestras costumbres y valores, sino, muy al contrario, aportan sus costumbres y valores a la sociedad de la que ellos son una parte creciente.
Éste es el problema real: queremos que nos estén agradecidos y, en prueba de agradecimiento, abandonen su lengua, sus valores, sus costumbres, su religión o su forma de vivir su religión, y adopten las nuestras. Y ellos no quieren, sencillamente por que no nos lo deben, porque no les hemos dado nada que ellos no hayan pagado con su trabajo.
Los nacionalistas, como el Sr. Puigverd, todavía están tratando de imponerse sobre los inmigrantes de décadas pasadas y sus descendientes. Todavía están tratando de convencer a los charnegos de que ellos, los nacionalistas catalanes de toda la vida, son los amos del cortijo y los inmigrantes o sus descendientes, para ser admitidos, deben convertirse a la verdadera fe del nacionalismo catalán y defender los valores y los intereses de la burguesía catalanista de toda la vida.
No lo han conseguido y, tal vez, nunca lo consigan. Pero no por la resistencia de los mentados charnegos, que casi están convencidos y, como prueba, basta ver al actual Presidente de la Generalidad. Ahora los que no querían convivir con andaluces o extremeños tienen que tragar la presencia de mogrebíes, pakistaníes, sudacas y negros varios. Y éstos acabarán venciendo por razones sencillamente demográficas.
Este es, a largo plazo, el problema de la inmigración. ¿O es el problema de los nacionalistas?
Lo que cabe preguntarse es si la inmigración es la mejor solución (o la menos mala). O, incluso, si es posible otra solución. En este sentido, es mucho más realista el artículo de Antoni Puigverd, en el mismo diario. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100201/comentarios_53881432039-1.html
La inmigración ha sido la respuesta que ha dado la economía española (incluida la catalana, Sr. Puigverd) a los retos del siglo XXI. Los empresarios querían seguir compitiendo como siempre lo habían hecho, a base de reducir los salarios, como única forma conocida de aumentar la productividad. Y, ciertamente, lo consiguieron, de forma que, como decía José María Aznar y podía haber seguido diciendo José Luís Rodríguez Zapatero, "España iba bien".
Y la inmigración suplió el deficit de natalidad de nuestro país, contribuyendo a compensar, sobre todo en las previsiones, la disminución de contribuciones a la Seguridad Social.
Ahora bien, la inmigración produce tensiones y esas tensiones pueden desembocar en problemas. El citado artículo de Puigverd expone varios de ellos de forma ejemplar. No menciona otros, alguno fundamental, como es que, ante una inmigración descontrolada, el exceso de recién llegados no absorbido por el mercado laboral sólo puede sobrevivir al margen de la ley, en la economía sumergida (lo que, en definitiva, es la razón de que no se quiera regular verdaderamente) o en la delincuencia (lo que ya no es tan deseable).
Pero, sobre todo, la inmigración cambia nuestra sociedad. Los inmigrantes, que se hacen cargo de los trabajos más duros por un sueldo mínimo y sin recibir ayudas reales por parte del Estado, no tienen por qué integrarse en la sociedad española (y catalana, Sr. Puigverd). No tienen por qué asumir nuestras costumbres y valores, sino, muy al contrario, aportan sus costumbres y valores a la sociedad de la que ellos son una parte creciente.
Éste es el problema real: queremos que nos estén agradecidos y, en prueba de agradecimiento, abandonen su lengua, sus valores, sus costumbres, su religión o su forma de vivir su religión, y adopten las nuestras. Y ellos no quieren, sencillamente por que no nos lo deben, porque no les hemos dado nada que ellos no hayan pagado con su trabajo.
Los nacionalistas, como el Sr. Puigverd, todavía están tratando de imponerse sobre los inmigrantes de décadas pasadas y sus descendientes. Todavía están tratando de convencer a los charnegos de que ellos, los nacionalistas catalanes de toda la vida, son los amos del cortijo y los inmigrantes o sus descendientes, para ser admitidos, deben convertirse a la verdadera fe del nacionalismo catalán y defender los valores y los intereses de la burguesía catalanista de toda la vida.
No lo han conseguido y, tal vez, nunca lo consigan. Pero no por la resistencia de los mentados charnegos, que casi están convencidos y, como prueba, basta ver al actual Presidente de la Generalidad. Ahora los que no querían convivir con andaluces o extremeños tienen que tragar la presencia de mogrebíes, pakistaníes, sudacas y negros varios. Y éstos acabarán venciendo por razones sencillamente demográficas.
Este es, a largo plazo, el problema de la inmigración. ¿O es el problema de los nacionalistas?
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