Pilar Rahola, en La Vanguardia de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2008 (El crucifijo, http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081126/53585993127/el-crucifijo.html) pone en duda la importancia de ese crucifijo que una sentencia judicial ha ordenado retirar de un aula de una escuela pública de Valladolid. Acabe diciendo que si el problema de la educación en España es un crucifijo, estamos salvados.
La presencia de un crucifijo en un aula indica que la educación que en ella se imparte se ajusta a los criterios de la religión cristiana, ampliamente mayoritaria en nuestro país, aun hoy en día (al menos en comparación con otras confesiones). Por supuesto, cada cual puede tener la opinión que desee sobre el catolicismo, pero, en principio, nada hay que objetar a una religión y una ideología ampliamente aceptadas y que tienen tanto peso en nuestra sociedad (los ateos españoles no creen en el Dios cristiano; los anticlericales abominan del clero católico, etc.).
Ahora bien, ¿a quién corresponde decidir si el crucifijo ha de presidir el aula o estar ausente de ella? ¿A quién corresponde decidir cuál ha de ser el sesgo ideológico de la enseñanza que se imparte? ¿A quién corresponde elegir los fines de la educación pública y los medios de la misma?
La Sra. Rahola viene a decir que no tiene importancia que el crucifijo siga en la escuela, ya que hace siglos que está en ella. Pero esa solución conduce a evitar la opción, la decisión. Que la escuela siga produciendo carne de cañón, pues tradicionalmente así lo ha hecho. Que constituya un aparcamiento de niños y jóvenes. Que se limite a formar candidatos a empleos basura, que es lo que hace.
Tal vez sea mejor poner en cuestión el crucifijo y todos los aspectos de nuestro sistema educativo. Que se mantenga el crucifijo en buena hora si, quienes han de decidir, así lo eligen. Pero que se discutan las opciones y sus consecuencias, y se elija responsablemente. ¿Quién? Gobiernos, educadores, padres e, incluso, los alumnos. Todo menos mantener el desastre porque siempre ha sido así.
miércoles, 26 de noviembre de 2008
martes, 25 de noviembre de 2008
Maltrato
Hoy se celebra el día contra el maltrato y casi me apetece ponerme de parte de los maltratadores. No tengo pareja y, precisamente por éso me siento agredido: la literatura políticamente correcta acerca de la violencia de género nos considera a los varones prácticamente unos meros sospechosos de maltrato, unos maltratadores en potencia. Parece que quieran que nos avergoncemos de lo que no hacemos, simplemente porque otros lo hacen y, por tanto, nosotros podríamos hacerlo.
Que quede claro: la mujer maltratada no es culpable del maltrato. El maltratador es responsable de sus actos, no una víctima de la malvada sociedad.
Ahora bien, el maltratador actúa así porque no sabe superar de una manera mínimamente decente una situación que no comprende y le supera; corregir este problema ayudará a evitar el maltrato.
El hombre, hoy, se encuentra con que sus valores, aquellos en los que ha sido educado, no cuentan. Cumplir la principal obligación que nos han inculcado a los hombres, ser un buen proveedor, no tiene ningún valor. Sólo cuentan los valores femeninos: la empatía, la sensibilidad, el detallismo...aquéllo de que carecemos los varones, aquéllo que nadie nos ha enseñado. El hombre que ha aprendido que debe mantener a su familia y protegerla es casi ridículo. Y, claro, si ve negados y despreciados los valores sobre los que asienta su vida, no sabe cómo reaccionar. Y reacciona mal.
Otra cosa, sólo una pregunta: la mujer tiene, según dicen, mucha más habilidad verbal que el varón. ¿No se verá éste acorralado en una discusión y, por tanto, impelido a llevar esa discusión al terreno que le es más propicio, la fuerza física? La mujer tiene, además, un tono de voz agudo, estridente cuando se enfada, que fácilmente saca de quicio a un hombre que ya está nervioso.
Insisto: no pretendo explicar y menos justificar el maltrato. Sólo apuntar elementos que pueden influir en este comportamiento inaceptable. Piénsenlo.
Que quede claro: la mujer maltratada no es culpable del maltrato. El maltratador es responsable de sus actos, no una víctima de la malvada sociedad.
Ahora bien, el maltratador actúa así porque no sabe superar de una manera mínimamente decente una situación que no comprende y le supera; corregir este problema ayudará a evitar el maltrato.
El hombre, hoy, se encuentra con que sus valores, aquellos en los que ha sido educado, no cuentan. Cumplir la principal obligación que nos han inculcado a los hombres, ser un buen proveedor, no tiene ningún valor. Sólo cuentan los valores femeninos: la empatía, la sensibilidad, el detallismo...aquéllo de que carecemos los varones, aquéllo que nadie nos ha enseñado. El hombre que ha aprendido que debe mantener a su familia y protegerla es casi ridículo. Y, claro, si ve negados y despreciados los valores sobre los que asienta su vida, no sabe cómo reaccionar. Y reacciona mal.
Otra cosa, sólo una pregunta: la mujer tiene, según dicen, mucha más habilidad verbal que el varón. ¿No se verá éste acorralado en una discusión y, por tanto, impelido a llevar esa discusión al terreno que le es más propicio, la fuerza física? La mujer tiene, además, un tono de voz agudo, estridente cuando se enfada, que fácilmente saca de quicio a un hombre que ya está nervioso.
Insisto: no pretendo explicar y menos justificar el maltrato. Sólo apuntar elementos que pueden influir en este comportamiento inaceptable. Piénsenlo.
domingo, 23 de noviembre de 2008
Fosas silenciadas
Un lector de La Vanguardia, del sábado 22 de noviembre de 2008, bajo el título "Fosas silenciadas"(http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081122/53584632661.html), afirma que La democracia está cimentada sobre las fosas de la gente que luchó por la verdadera democracia que otros personajes que descansan en panteones les quitaron.
Lo siento, pero éso no es cierto; no todos lucharon por la democracia. Los marxistas, socialistas y comunistas, lucharon para implantar la dictadura del proletariado. Los anarquistas, que veneraban como valor máximo la libertad, destacaron por su violencia contra sus adversarios, negándoles las garantías democráticas: la seguridad jurídica, un juicio con posibilidad de defensa... Los nacionalistas catalanes se habían sublevado en 1934 contra el Gobierno legítimo de la República, elegido democráticamente, junto con los mineros asturianos, de obediencia marxista. Lucharon contra el fascismo, pero no necesariamente por la democracia.
Ni que decir tiene que ello no convierte a los franquistas en demócratas ni justifica la rebelión de julio de 1936. Pero a la República democrática configurada por la Constitución de 1931 no la apoyaban ni la derecha ni la izquierda, ambas empeñadas en imponer por la fuerza sus respectivos modelos ideológicos. La apoyaban tan sólo los partidos radicales, republicanos, minoritarios numéricamente, y ahí estuvo el gran problema de la República: las posiciones estaban tan polarizadas que casi nadie apoyaba la única opción que, por su carácter centrado, podía haber equilibrado la situación, podía haber sido viable.
Las conclusiones, a mi juicio son dos: recordemos a todos los muertos, pero no les hagamos defender lo que en vida no defendieron; y aprendamos todos a ceder para no caer de nuevo en la tragedia de la guerra civil.
Lo siento, pero éso no es cierto; no todos lucharon por la democracia. Los marxistas, socialistas y comunistas, lucharon para implantar la dictadura del proletariado. Los anarquistas, que veneraban como valor máximo la libertad, destacaron por su violencia contra sus adversarios, negándoles las garantías democráticas: la seguridad jurídica, un juicio con posibilidad de defensa... Los nacionalistas catalanes se habían sublevado en 1934 contra el Gobierno legítimo de la República, elegido democráticamente, junto con los mineros asturianos, de obediencia marxista. Lucharon contra el fascismo, pero no necesariamente por la democracia.
Ni que decir tiene que ello no convierte a los franquistas en demócratas ni justifica la rebelión de julio de 1936. Pero a la República democrática configurada por la Constitución de 1931 no la apoyaban ni la derecha ni la izquierda, ambas empeñadas en imponer por la fuerza sus respectivos modelos ideológicos. La apoyaban tan sólo los partidos radicales, republicanos, minoritarios numéricamente, y ahí estuvo el gran problema de la República: las posiciones estaban tan polarizadas que casi nadie apoyaba la única opción que, por su carácter centrado, podía haber equilibrado la situación, podía haber sido viable.
Las conclusiones, a mi juicio son dos: recordemos a todos los muertos, pero no les hagamos defender lo que en vida no defendieron; y aprendamos todos a ceder para no caer de nuevo en la tragedia de la guerra civil.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Balanzas
PATXO UNZUETA EL PAÍS 21/11/2008
Lo que importa (y exporta)
PATXO UNZUETA 21/11/2008
Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.
Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.
Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.
Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.
Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.
Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.
El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.
Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.
Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".
El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.
Cabe añadir que el Impuesto sobre el Valor Añadido de las ventas de las empresas catalanas en el resto de España (en España, para los nacionalistas) lo soportan los compradores, aunque lo ingresen las empresas. En consecuencia, si no se corrige al elaborar las balanzas fiscales, se imputa a Cataluña una aportación tributaria que, en puridad, no le corresponde. Como la balanza comercial es positiva para Cataluña, el efecto neto incrementa su aportación a las arcas públicas.
Pero quizá es más importante comentar la afirmación del dirigente vasco que cita el artículo transcrito: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". ¿Lo puede creer de veras?
Si un empresario, vasco, catalán o de cualquier otra parte, puede vender en Luxemburgo o en China y no lo hace, incumple su función, es un mal empresario. A no ser, claro, que para competir haya de vender más barato y deje de ganar dinero. O que los costes de apertura de nuevos mercados o los riesgos de la aventura sean demasiado altos. O sea, que eso de que no les importa perder el mercado español, que sería una pérdida soportable, es un cuento chino. Si fuese tan sencillo, ya lo estarían haciendo.
¿Existe realmente el riesgo de que, en el supuesto de que Cataluña o Euskadi se independizasen, perdiesen el mercado español? Hay varios factores: por una parte, el orgullo herido de los españoles; por otra, la conversión de compras interiores en adquisiciones intracomunitarias (IVA no deducible, distintas jurisdicciones en caso de juicio) que equipararían las mercancías procedentes de Cataluña a las que tienen como origen Alemania, Grecia o Eslovaquia, con lo que la calidad y el precio serían factores más importantes que el origen o la costumbre.
Tal vez los nacionalistas, a diferencia de los radicales (y un poco somiatruites) de ERC, no quieren realmente la independencia. Pero se han embarcado en un proceso sin vuelta atrás. Si repiten que Cataluña no es España y que todos los males de la primera provienen de la segunda, no pueden justificar el rechazo a la independencia, si se presenta la ocasión. Si optan por la rauxa, tal vez cuando quieran recuperar el seny sea tarde. Para ellos y para todos.
Lo que importa (y exporta)
PATXO UNZUETA 21/11/2008
Cada vez que se invoca el déficit fiscal de Cataluña como argumento para limitar su aportación a los mecanismos de cohesión territorial se recuerda que ese déficit se ve compensado de alguna manera por el superávit de la balanza comercial catalana en relación con el resto de España. Frente a las visiones simplistas de sectores nacionalistas, Ernest Lluch, por ejemplo, sostenía que las rentas que Cataluña transfiere a otras comunidades por vía fiscal las recupera con creces al vender en ellas sus productos, favoreciendo la creación de empleos catalanes.
Más recientemente se ha querido relativizar ese argumento diciendo que el mercado natural de Cataluña no es tanto España como el Mercado Único europeo. Un dirigente nacionalista vasco lo expresaba así: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". La discusión no tiene visos de amainar, pero puede hacerse ahora con datos más precisos: acaba de publicarse un estudio sobre el comercio inter-regional en España correspondiente al periodo 1995- 2006 que viene a cubrir una laguna estadística. Ha sido redactado por el Centro de Predicción Económica y patrocinado por 11 comunidades autónomas, entre las que figuran Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía.
Una primera conclusión del estudio es que todas las comunidades mantienen relaciones comerciales más intensas con el resto de España que con el extranjero, tanto desde el lado de las importaciones como de las exportaciones. El peso del comercio interior -ventas en la propia comunidad (29,9%) y a otras comunidades (44,1%)- supone el 74% del total de transaciones, frente al 26% del comercio exterior; en todas las comunidades el comercio inter-regional supera al internacional, y también (con alguna excepción insular) al intracomunitario.
Otra conclusión es que Cataluña es con gran diferencia la comunidad que registra un mayor saldo favorable en su relación con el resto de España: de más de 13.000 millones de euros en 1995 y de casi 20.000 en 2006. Las siguientes con mayor saldo positivo son el País Vasco y Galicia, con más de 6.000 millones cada una en 2006. Estas tres comunidades son las únicas que registran saldo positivo a lo largo de todo el periodo. Esa situación es compatible, en el caso de Cataluña, con un gran déficit en su relación con el exterior. Los autores del estudio sugieren que la condición de Cataluña como principal abastecedor del mercado interior y a la vez segundo mayor comprador (tras Madrid) en los mercados exteriores puede deberse a su función de puerta de entrada de productos que distribuye por todo el país. Sin embargo, aunque conserve el primer lugar en el ranking, el crecimiento del comercio inter-regional ha sido en Cataluña, en ese periodo de 11 años, inferior a la media.
Euskadi tuvo hasta hace poco saldos positivos también en el sector exterior, pero desde 2006 lo tiene negativo: importa más que exporta. Pero es significativa la fuerte dependencia de la economía vasca respecto al mercado español: vende (con datos de 2000) en su propio territorio el 26% de lo que produce y en otras comunidades el 42%. También es llamativo el fuerte superávit de Galicia, pese a que no figura, como las otras dos, entre las comunidades más desarrolladas.
Resulta irónico que sean precisamente las tres comunidades con mayor presencia nacionalista, incluyendo la de sectores partidarios de romper amarras con España, las que más se benefician de su relación comercial con las otras comunidades españolas.
El estudio no recoge los flujos financieros, pero hace años que el economista (y diputado socialista) Juan Muñoz, recientemente fallecido, ofreció datos indicativos del trasvase histórico, sobre todo a través de las cajas de ahorro, de una gran parte del ahorro de la España agraria a la industrial; de forma que en el País Vasco, por ejemplo, por cada 100 pesetas ahorradas en la comunidad, se invertían 180. Algo similar ocurría en Madrid y en Cataluña.
Hasta hace poco se daba por supuesto que el progreso de Andalucía, por ejemplo, o el de Extremadura, favorecía el de Cataluña, y viceversa; que los fondos transferidos por vía fiscal no sólo eran un factor de cohesión social, lo cual ya es bastante, sino un elemento de dinamización del mercado español, de cuya solvencia depende en gran medida la prosperidad de Cataluña. Había por tanto razones de equidad, pero también de interés compartido, para mantener las políticas redistributivas territoriales.
Esto ya no se percibe así por un sector de la población catalana, en parte por la discutible opción de su clase política que, en su demanda de una mejor financiación, asumió alegremente la teorización (aunque no las conclusiones últimas) del catalanismo más extremista, según la cual las balanzas fiscales probaban el "expolio fiscal" de Cataluña; de lo que deducían que la pertenencia a España "es un lastre", un "mal negocio".
El debate continuará, sin duda, pero tal vez los datos relativos a las balanzas comerciales, y no sólo las fiscales, permitan abordarlo de forma menos simplista y con mayor conocimiento de causa.
Cabe añadir que el Impuesto sobre el Valor Añadido de las ventas de las empresas catalanas en el resto de España (en España, para los nacionalistas) lo soportan los compradores, aunque lo ingresen las empresas. En consecuencia, si no se corrige al elaborar las balanzas fiscales, se imputa a Cataluña una aportación tributaria que, en puridad, no le corresponde. Como la balanza comercial es positiva para Cataluña, el efecto neto incrementa su aportación a las arcas públicas.
Pero quizá es más importante comentar la afirmación del dirigente vasco que cita el artículo transcrito: "Si no nos compran en Madrid, ya nos comprarán en Luxemburgo". ¿Lo puede creer de veras?
Si un empresario, vasco, catalán o de cualquier otra parte, puede vender en Luxemburgo o en China y no lo hace, incumple su función, es un mal empresario. A no ser, claro, que para competir haya de vender más barato y deje de ganar dinero. O que los costes de apertura de nuevos mercados o los riesgos de la aventura sean demasiado altos. O sea, que eso de que no les importa perder el mercado español, que sería una pérdida soportable, es un cuento chino. Si fuese tan sencillo, ya lo estarían haciendo.
¿Existe realmente el riesgo de que, en el supuesto de que Cataluña o Euskadi se independizasen, perdiesen el mercado español? Hay varios factores: por una parte, el orgullo herido de los españoles; por otra, la conversión de compras interiores en adquisiciones intracomunitarias (IVA no deducible, distintas jurisdicciones en caso de juicio) que equipararían las mercancías procedentes de Cataluña a las que tienen como origen Alemania, Grecia o Eslovaquia, con lo que la calidad y el precio serían factores más importantes que el origen o la costumbre.
Tal vez los nacionalistas, a diferencia de los radicales (y un poco somiatruites) de ERC, no quieren realmente la independencia. Pero se han embarcado en un proceso sin vuelta atrás. Si repiten que Cataluña no es España y que todos los males de la primera provienen de la segunda, no pueden justificar el rechazo a la independencia, si se presenta la ocasión. Si optan por la rauxa, tal vez cuando quieran recuperar el seny sea tarde. Para ellos y para todos.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Código Penal
El Periódico de Catalunya. 19 de noviembre de 2008.
Código Penal y fracaso social
JOSEP-MARIA Terricabras
Los expertos afirman que el Código Penal español es de los más duros de Europa. Al Gobierno de Madrid no le parece suficiente y quiere que lo sea más. Hace poco anunció que desea endurecer las penas por delitos de terrorismo, asesinato y por graves delitos sexuales, como la violación. Además de hacer cumplir íntegras las penas --un máximo de 40 años en la cárcel es lo que marca la ley--, cuando se haya cumplido la condena todavía podrá continuar el control, durante otros 20 años, con vigilancia y brazaletes electrónicos.Sé perfectamente que este tipo de delitos son gravísimos. No es preciso hablar más de ello. Pero, ¿justifica eso este endurecimiento de penas? Estoy seguro de que no. Y que la iniciativa del Gobierno pueda gustar a mucha gente no es ningún argumento sobre su bondad. A muchos también les gustaría reintroducir la pena de muerte, pero eso no significa que fuese bueno hacerlo (la Constitución no lo permite). En realidad, si alguien que ya ha pasado 40 años en la cárcel, después permanece aún, por decirlo así, en libertad vigilada durante 20 años, ¿no se está introduciendo disimuladamente la cadena perpetua, excluida por la Constitución? El artículo 25.2 dice textualmente: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social".Claro que nadie puede creerse este artículo. La cárcel, que te desintegra de la sociedad, ¿cómo puede ayudar a integrarte en ella? No es preciso utilizar eufemismos: nuestras cárceles sirven básicamente para castigar. Pero, cuando imponemos más castigo, más cárcel y más control estamos reconociendo nuestro fracaso social y cultural, nuestra impotencia. Los cambios que hay que hacer son muy profundos e importantes. ¿Es que no vemos, por ejemplo, que con la actual legislación antiterrorista --contraria a los derechos humanos-- y con una sociedad sexualmente permisiva (películas, anuncios...), pero al mismo tiempo reprimida y llena de frustraciones personales (soledad, cánones de belleza, machismo...), estamos, en realidad, cultivando el terrorismo y los delitos sexuales?
Que me digan que la explotación del Tercer Mundo constituye una causa real del terrorismo, por ejemplo, islámico, lo puedo comprender. Pero que me digan que la legislación antiterrorista constituye una caus del terrorismo, en particular de ETA, pues de éso hablamos, no me cabe en la cabeza.
¿Quiere decir en serio el Sr. Terricabras que si Iñaki De Juana Chaos, en vez de ser condenado por sus muchos crímenes a unos, realmente pocos, años de cárcel, hubiese sido condenado a unas pocas semanas (o, ya puestos, condecorado) se habría evitado ni siquiera un atentado? O, simplemente, el Sr. Terricabras comulga con ETA y cree que darles la razón a los violentos evitaría más atentados.
Esto último es cierto: la independencia de Euskadi (o, mejor, de toda Euskal Herria) evitaría nuevos atentados en España. Claro, quizá los violentos, los nuevos gobernantes matarían a quienes no pensasen como ellos, pero éso sería un problema interno del nuevo Estado.
El Sr. Terricabras viene a decir que, en su opinión, España está oprimiendo a Euskadi y esa opresión es la causa del terrorismo de ETA. Resumiendo su argumento, las bombas las pone la Guardia Civil. Si un navajero atraca al Sr. Terricabras cuando vuelva a su casa, sin duda le comprenderá y apoyará, porque la culpa, en definitiva, es del Sr. Terricabras. ¿O sólo comprende a ETA porque él es también independentista?
En cuanto a la permisividad sexual, creo que también se equivoca. ¿A qué llama delitos sexuales? Si se refiere a la violencia machista, quizá las contradicciones de nuestra sociedad en materia sexual, la indefinición de los roles sexuales y la confusión y frustración que provocan tengan parte de culpa. Tal vez ello es válido para la violación; más difícilmente para la pederastia. Pero, precisamente, la sociedad va siendo menos permisiva con estas conductas, pese a la mayor libertad sexual. Basta con recordar los consejos de Doña Elena Francis a las mujeres obligadas a tener sexo con sus maridos pese a no desearlo o la comprensión de la sociedad con los curas pederastas.
Pero, ¿no es contradictorio exigir menos rigor en la legislación antiterrorista y una sociedad más rígida y puritana en materia sexual? Hay que actuar sobre las causas, cuando son reales y están claras, pero, cuando no basta, el Código Penal debe producir un saludable temor en quien piense en delinquir. Culpar a la sociedad queda muy progre, pero sólo tiene valor cuando uno mismo ha sido víctima del delito.
Código Penal y fracaso social
JOSEP-MARIA Terricabras
Los expertos afirman que el Código Penal español es de los más duros de Europa. Al Gobierno de Madrid no le parece suficiente y quiere que lo sea más. Hace poco anunció que desea endurecer las penas por delitos de terrorismo, asesinato y por graves delitos sexuales, como la violación. Además de hacer cumplir íntegras las penas --un máximo de 40 años en la cárcel es lo que marca la ley--, cuando se haya cumplido la condena todavía podrá continuar el control, durante otros 20 años, con vigilancia y brazaletes electrónicos.Sé perfectamente que este tipo de delitos son gravísimos. No es preciso hablar más de ello. Pero, ¿justifica eso este endurecimiento de penas? Estoy seguro de que no. Y que la iniciativa del Gobierno pueda gustar a mucha gente no es ningún argumento sobre su bondad. A muchos también les gustaría reintroducir la pena de muerte, pero eso no significa que fuese bueno hacerlo (la Constitución no lo permite). En realidad, si alguien que ya ha pasado 40 años en la cárcel, después permanece aún, por decirlo así, en libertad vigilada durante 20 años, ¿no se está introduciendo disimuladamente la cadena perpetua, excluida por la Constitución? El artículo 25.2 dice textualmente: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social".Claro que nadie puede creerse este artículo. La cárcel, que te desintegra de la sociedad, ¿cómo puede ayudar a integrarte en ella? No es preciso utilizar eufemismos: nuestras cárceles sirven básicamente para castigar. Pero, cuando imponemos más castigo, más cárcel y más control estamos reconociendo nuestro fracaso social y cultural, nuestra impotencia. Los cambios que hay que hacer son muy profundos e importantes. ¿Es que no vemos, por ejemplo, que con la actual legislación antiterrorista --contraria a los derechos humanos-- y con una sociedad sexualmente permisiva (películas, anuncios...), pero al mismo tiempo reprimida y llena de frustraciones personales (soledad, cánones de belleza, machismo...), estamos, en realidad, cultivando el terrorismo y los delitos sexuales?
Que me digan que la explotación del Tercer Mundo constituye una causa real del terrorismo, por ejemplo, islámico, lo puedo comprender. Pero que me digan que la legislación antiterrorista constituye una caus del terrorismo, en particular de ETA, pues de éso hablamos, no me cabe en la cabeza.
¿Quiere decir en serio el Sr. Terricabras que si Iñaki De Juana Chaos, en vez de ser condenado por sus muchos crímenes a unos, realmente pocos, años de cárcel, hubiese sido condenado a unas pocas semanas (o, ya puestos, condecorado) se habría evitado ni siquiera un atentado? O, simplemente, el Sr. Terricabras comulga con ETA y cree que darles la razón a los violentos evitaría más atentados.
Esto último es cierto: la independencia de Euskadi (o, mejor, de toda Euskal Herria) evitaría nuevos atentados en España. Claro, quizá los violentos, los nuevos gobernantes matarían a quienes no pensasen como ellos, pero éso sería un problema interno del nuevo Estado.
El Sr. Terricabras viene a decir que, en su opinión, España está oprimiendo a Euskadi y esa opresión es la causa del terrorismo de ETA. Resumiendo su argumento, las bombas las pone la Guardia Civil. Si un navajero atraca al Sr. Terricabras cuando vuelva a su casa, sin duda le comprenderá y apoyará, porque la culpa, en definitiva, es del Sr. Terricabras. ¿O sólo comprende a ETA porque él es también independentista?
En cuanto a la permisividad sexual, creo que también se equivoca. ¿A qué llama delitos sexuales? Si se refiere a la violencia machista, quizá las contradicciones de nuestra sociedad en materia sexual, la indefinición de los roles sexuales y la confusión y frustración que provocan tengan parte de culpa. Tal vez ello es válido para la violación; más difícilmente para la pederastia. Pero, precisamente, la sociedad va siendo menos permisiva con estas conductas, pese a la mayor libertad sexual. Basta con recordar los consejos de Doña Elena Francis a las mujeres obligadas a tener sexo con sus maridos pese a no desearlo o la comprensión de la sociedad con los curas pederastas.
Pero, ¿no es contradictorio exigir menos rigor en la legislación antiterrorista y una sociedad más rígida y puritana en materia sexual? Hay que actuar sobre las causas, cuando son reales y están claras, pero, cuando no basta, el Código Penal debe producir un saludable temor en quien piense en delinquir. Culpar a la sociedad queda muy progre, pero sólo tiene valor cuando uno mismo ha sido víctima del delito.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Nacionalismo
En el "Magazine" de hoy, 9 de noviembre de 2008, Santi Santamaría dice que "...en el planeta Tierra todos somos más o menos nacionalistas, nos sentimos más o menos apegados a un territorio y a sus productos..."
Es cierto que todos, o la mayoría, nos sentimos apegados a un territorio, a unas costumbres, a un grupo con el que, más o menos, nos identificamos. Pero éso no es el nacionalismo, sino unos sentimientos, siempre personales, aunque más o menos compartidos por los que viven en la misma zona.
El nacionalismo es un proyecto político basado en esos sentimientos. Los que comparten, o creen compartir los sentimientos dirigidos al mismo país, a las mismas costumbres, los mismos valores, quieren imponerlos a todos los que comparten espacio físico con ellos. No conciben que se pueda vivir en esa zona y pensar y, sobre todo, sentir de otra manera. Por ello quieren erigir su manera de sentir y de vivir como la única válida en esa zona geográfica o, menos frecuentemente, en ese grupo social.
El concepto de nación no es otra cosa que el país ideal en que todos compartirían sus sentimientos, sus costumbres, su forma de ver y vivir la vida. Frecuentemente lo identifican con el país real, pero en otro momento, pues si existe realmente no hace falta el nacionalismo. El nacionalismo es el proyecto de construir en la realidad esa nación ideal y, como proyecto, no tiene sentido si ya existe realmente. Pero ese proyecto se presenta no como una alternativa, sino como una necesidad objetiva. Cualquier otra forma de convivencia constituye no un simple error, sino una traición a algo superior, que no es otra cosa que la nación, en definitiva, los sentimientos de los nacionalistas.
Por ello es posible tener sentimientos hacia el terruño, pero no ser nacionalista. Basta con presentar un proyecto de convivencia que no se base en ninguna entidad mítica, sino en simples ventajas, de forma que su aceptación sea una facultad de la población, no un deber ineludible hacia una quimera.
Es cierto que todos, o la mayoría, nos sentimos apegados a un territorio, a unas costumbres, a un grupo con el que, más o menos, nos identificamos. Pero éso no es el nacionalismo, sino unos sentimientos, siempre personales, aunque más o menos compartidos por los que viven en la misma zona.
El nacionalismo es un proyecto político basado en esos sentimientos. Los que comparten, o creen compartir los sentimientos dirigidos al mismo país, a las mismas costumbres, los mismos valores, quieren imponerlos a todos los que comparten espacio físico con ellos. No conciben que se pueda vivir en esa zona y pensar y, sobre todo, sentir de otra manera. Por ello quieren erigir su manera de sentir y de vivir como la única válida en esa zona geográfica o, menos frecuentemente, en ese grupo social.
El concepto de nación no es otra cosa que el país ideal en que todos compartirían sus sentimientos, sus costumbres, su forma de ver y vivir la vida. Frecuentemente lo identifican con el país real, pero en otro momento, pues si existe realmente no hace falta el nacionalismo. El nacionalismo es el proyecto de construir en la realidad esa nación ideal y, como proyecto, no tiene sentido si ya existe realmente. Pero ese proyecto se presenta no como una alternativa, sino como una necesidad objetiva. Cualquier otra forma de convivencia constituye no un simple error, sino una traición a algo superior, que no es otra cosa que la nación, en definitiva, los sentimientos de los nacionalistas.
Por ello es posible tener sentimientos hacia el terruño, pero no ser nacionalista. Basta con presentar un proyecto de convivencia que no se base en ninguna entidad mítica, sino en simples ventajas, de forma que su aceptación sea una facultad de la población, no un deber ineludible hacia una quimera.
domingo, 2 de noviembre de 2008
Artur Mas
En la entrevista que hoy, domingo 2 de noviembre, publica La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081102/53572086314.html), Artur Mas formula una declaración espectacular: si el Tribunal Constitucional recorta el Estatut, habrá que convocar elecciones anticipadas o un referéndum.
Es decir, si el Tribunal recorta el Estatut que pactaron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Artur Mas, la culpa será del tripartito y, por tanto, habrá que convocar elecciones anticipadas para echarlo. Es normal que el Sr. Mas quiera echar al actual gobierno, pero el razonamiento que implícitamente esgrime es sumamente retorcido.
En cuanto al referéndum, no dice qué pregunta formularía. Tal vez, podría referirse a la aceptación del Estatut, tal como haya quedado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, si la respuesta del electorado es positiva, todo quedaría arreglado. Pero, ¿y si es negativa? ¿Qué pasaría entonces?
Una posibilidad sería volver al Estatut de 1979 y, si alguien considera que a Cataluña le conviene un nuevo Estatut, preparar una reforma meditada, jurídicamente correcta y consensuada políticamente, en lugar de una chapuza pensada sólo para ganar una ventaja partidista.
Pero, tal vez, lo que el Sr. Mas propone es, directamente, un referéndum de autodeterminación. No promover una modificación de la Constitución española que permita el Estatut que, hipotética pero muy verosímilmente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional en varios puntos, sino convocar un referéndum prohibido por la Constitución para forzar algo que ésta no permite si no es por la vía del Título X. Algo similar al famoso plan Ibarretxe, para entendernos.
Seamos serios. Si el Tribunal Constitucional declara que artículos o partes del Estatut son incompatibles con la Constitución procede, primero, analizar la sentencia y ver qué fundamento tiene. A partir de ahí, sin perjuicio de la crítica de la sentencia, a efectos puramente académicos, reconocer los errores cometidos en la elaboración del texto estatutario. Y, efectuado este análisis, que cada formación política decida el camino a seguir. Dentro de la Constitución, que es la garantía de que, aunque no nos guste lo que tenemos, no nos impongan algo peor.
Como dijo Curchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con exclusión de todos los demás.
Es decir, si el Tribunal recorta el Estatut que pactaron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Artur Mas, la culpa será del tripartito y, por tanto, habrá que convocar elecciones anticipadas para echarlo. Es normal que el Sr. Mas quiera echar al actual gobierno, pero el razonamiento que implícitamente esgrime es sumamente retorcido.
En cuanto al referéndum, no dice qué pregunta formularía. Tal vez, podría referirse a la aceptación del Estatut, tal como haya quedado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, si la respuesta del electorado es positiva, todo quedaría arreglado. Pero, ¿y si es negativa? ¿Qué pasaría entonces?
Una posibilidad sería volver al Estatut de 1979 y, si alguien considera que a Cataluña le conviene un nuevo Estatut, preparar una reforma meditada, jurídicamente correcta y consensuada políticamente, en lugar de una chapuza pensada sólo para ganar una ventaja partidista.
Pero, tal vez, lo que el Sr. Mas propone es, directamente, un referéndum de autodeterminación. No promover una modificación de la Constitución española que permita el Estatut que, hipotética pero muy verosímilmente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional en varios puntos, sino convocar un referéndum prohibido por la Constitución para forzar algo que ésta no permite si no es por la vía del Título X. Algo similar al famoso plan Ibarretxe, para entendernos.
Seamos serios. Si el Tribunal Constitucional declara que artículos o partes del Estatut son incompatibles con la Constitución procede, primero, analizar la sentencia y ver qué fundamento tiene. A partir de ahí, sin perjuicio de la crítica de la sentencia, a efectos puramente académicos, reconocer los errores cometidos en la elaboración del texto estatutario. Y, efectuado este análisis, que cada formación política decida el camino a seguir. Dentro de la Constitución, que es la garantía de que, aunque no nos guste lo que tenemos, no nos impongan algo peor.
Como dijo Curchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con exclusión de todos los demás.
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