El Presidente de la Generalitat, en su primer mensaje de fin de año, ha urgido a los ciudadanos a reaccionar contra las amenazas contra nuestra realidad nacional, según informa "La Vanguardia".
Quizá no resulte fácil definir la realidad. Creo que podemos estar de acuerdo en que esta palabra refleja lo que verdaderamente es, o existe, con independencia de que podamos, queramos o sepamos verlo, como consecuencia de nuestros deseos, fantasías, prejuicios, parcialidades, opiniones preconcebidas y otros obstáculos que nublan nuestra visión subjetiva.
Si esta aproximación es correcta, la realidad debe ser ligada a un momento determinado. En ese momento, la realidad es fija: es lo que aparece en la foto obtenida en ese momento. Pero en cualquier otro momento, la realidad será distinta de la correspondiente al momento anterior y de la que existirá en el siguiente, sencillamente porque el universo está en permanente cambio.
Amenazar la realidad, por consiguiente, sólo tiene sentido si nos referimos a una realidad futura: no podemos cambiar el pasado (sólo el relato del pasado) ni tampoco el presente. La foto refleja nuestra posición en el momento en que se obtiene y sólo nos permite prepararnos para ese momento, o lamentar no haber estado prevenidos.
¿Qué quiere decir el Sr. Mas? Sin duda que debemos reaccionar contra aquéllo que puede provocar que el futuro no sea conforme a sus deseos. Si Cataluña es hoy una nación, o lo ha sido históricamente, ya no es posible cambiarlo. De hecho, la realidad futura será también inmutable cuando llegue, por el concepto mismo de realidad, por lo que sólo tiene sentido hablar de deseos o previsiones.
Aquí está, por tanto, la trampa del nacionalismo: trata de convencernos de que los deseos de los nacionalistas son la realidad, de forma que creamos que no existe la opción. No es posible oponerse a la realidad, sólo podemos tratar de hacer que la realidad de un momento futuro (o de todos los momentos futuros) sea distinta de la realidad de este momento en uno o varios aspectos. Hacer que la realidad de un momento futuro coincida con nuestros deseos actuales.
Por tanto, el Presidente de la Generalitat nos está exhortando a oponernos a aquellos factores que pueden conducir a que, en el futuro, Cataluña no sea una nación, como él y quienes comparten sus creencias y sentimientos desean.
El engaño quizá presente así un nuevo matiz: al equiparar sus deseos con la realidad, el Sr. Mas se siente legitimado para dar a tales deseos un alcance universal. Que en el futuro Cataluña constituya una nación es un deseo que comparten diversas opciones políticas, pero no tiene porqué ser compartido por todos. Su mensaje, en lugar de institucional, como procedería en las circunstancias en que lo emite, es partidista.
Pues no. Cataluña, en cada momento, será lo que quienes aquí vivimos y trabajamos, hagamos. No existe un determinismo histórico que nos vete ciertas alternativas o nos imponga otras; sólo circunstancias que nos pueden hacer unas opciones más difíciles que otras. Podemos elegir libremente los objetivos y trabajar para conseguirlos, así como modularlos o cambiarlos en todo momento. Precisamente, porque no son realidad.
viernes, 31 de diciembre de 2010
martes, 28 de diciembre de 2010
Nación en construcción
El nuevo Presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su toma de posesión, afirmó, según recoge "La Vanguardia" en su edición en papel (no así en la digital) No me siento resistente, tampoco liberador, me siento constructor de la nación catalana.
Además de definir (por si era preciso) su objetivo fundamental (aunque, por lo que él mismo señaló, no su primera prioridad, afortunadamente) esta expresión que, repito, "La Vanguardia" entrecomilla como cita textual, nos revela algo esencial sobre el nacionalismo y los nacionalistas.
Si la nación catalana ha de ser construida, es que todavía no existe o, al menos, no está completa. Si ya estuviese construida, no sería preciso construirla, en todo caso ampliarla o reformarla (ya sé que ésto podría firmarlo el famoso Perogrullo, pero seguro que ningún medio repara en ello...o quizás no quieren advertirlo).
¿En qué consiste la construcción de la nación catalana? Me parece evidente: se trata de eliminar las influencias "foráneas", para que Cataluña sea exclusivamente catalana, puramente catalana. ¿De qué influencias "foráneas" puede tratarse? Principalmente, claro, de la influencia española, ejercida a través del Estado y de las sucesivas oleadas migratorias, pero también de la que ejercen los inmigrantes actuales, cuyo número y capacidad reproductiva ya suponen un motivo de preocupación para los guardianes de las esencias.
En consecuencia, pretender extraer cualquier consecuencia del llamado "hecho nacional" es una incoherencia o, quizá, una artimaña deshonesta. No se puede afirmar que Cataluña haya de llegar a ser forzosamente de una u otra manera porque hoy mismo ya sea así. No podemos estar ahora en una meta que se reconoce sin lugar a dudas como algo futuro, pendiente de ser construido. Cataluña será como la hagamos los ciudadanos de Cataluña y, viceversa, los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a decidir cómo ha de ser Cataluña en cada momento (y nos corresponde decidir hacia dónde nos encaminamos, aunque siempre, los ciudadanos de cada momento podrán variar el rumbo).
Pero aún podemos contemplar otra hipótesis: tal vez la nación catalana ya exista, pero limitada a una parte de la población, evidentemente los que tienen la lengua, costumbres, tradiciones que llevan más tiempo en Cataluña, se hayan originado aquí o hayan venido hace tiempo desde otras tierras y un determinado sentimiento hacia todo ello. Entonces, la construcción nacional de Cataluña consistiría en extender esta lengua, costrumbres, tradiciones y sentimientos a toda la población.
En esta hipótesis, estaríamos hablando de dos Cataluñas: una, el país de siete millones y medio de habitantes de distintos orígenes, lenguas, tradiciones y sentimiento; otra, los "verdaderos" catalanes, los que tienen el origen, la lengua, las tradiciones y los sentimientos "correctos". En definitiva, la construcción nacional de Cataluña, desde este punto de vista, pretende el predominio de este grupo particular sobre el total.
La democracia supone el gobierno de los representantes de la mayoría determinados por el resultado de las elecciones y, en este sentido, no podemos (ni pretendemos) negar la legitimidad del gobierno de CiU que preside Artur Mas. Propondrá las medidas que entienda oportunas y, si son aprobadas por el Parlamento, se convertirán en leyes que todos los ciudadanos deberemos acatar y sólo el recurso de inconstitucionalidad podrá evitarlo, si hay causa para ello.
Pero tenemos que tener todos muy claro que la construcción nacional de Cataluña es un proyecto político, defendido por los partidos que se definen como nacionalistas,m que podemos seguir, modificar o abandonar, a través de los mecanismos de la democracia. No se trata de ninguna necesidad histórica, de ningún "destino en lo universal" que se pueda imponer contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
Además de definir (por si era preciso) su objetivo fundamental (aunque, por lo que él mismo señaló, no su primera prioridad, afortunadamente) esta expresión que, repito, "La Vanguardia" entrecomilla como cita textual, nos revela algo esencial sobre el nacionalismo y los nacionalistas.
Si la nación catalana ha de ser construida, es que todavía no existe o, al menos, no está completa. Si ya estuviese construida, no sería preciso construirla, en todo caso ampliarla o reformarla (ya sé que ésto podría firmarlo el famoso Perogrullo, pero seguro que ningún medio repara en ello...o quizás no quieren advertirlo).
¿En qué consiste la construcción de la nación catalana? Me parece evidente: se trata de eliminar las influencias "foráneas", para que Cataluña sea exclusivamente catalana, puramente catalana. ¿De qué influencias "foráneas" puede tratarse? Principalmente, claro, de la influencia española, ejercida a través del Estado y de las sucesivas oleadas migratorias, pero también de la que ejercen los inmigrantes actuales, cuyo número y capacidad reproductiva ya suponen un motivo de preocupación para los guardianes de las esencias.
En consecuencia, pretender extraer cualquier consecuencia del llamado "hecho nacional" es una incoherencia o, quizá, una artimaña deshonesta. No se puede afirmar que Cataluña haya de llegar a ser forzosamente de una u otra manera porque hoy mismo ya sea así. No podemos estar ahora en una meta que se reconoce sin lugar a dudas como algo futuro, pendiente de ser construido. Cataluña será como la hagamos los ciudadanos de Cataluña y, viceversa, los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a decidir cómo ha de ser Cataluña en cada momento (y nos corresponde decidir hacia dónde nos encaminamos, aunque siempre, los ciudadanos de cada momento podrán variar el rumbo).
Pero aún podemos contemplar otra hipótesis: tal vez la nación catalana ya exista, pero limitada a una parte de la población, evidentemente los que tienen la lengua, costumbres, tradiciones que llevan más tiempo en Cataluña, se hayan originado aquí o hayan venido hace tiempo desde otras tierras y un determinado sentimiento hacia todo ello. Entonces, la construcción nacional de Cataluña consistiría en extender esta lengua, costrumbres, tradiciones y sentimientos a toda la población.
En esta hipótesis, estaríamos hablando de dos Cataluñas: una, el país de siete millones y medio de habitantes de distintos orígenes, lenguas, tradiciones y sentimiento; otra, los "verdaderos" catalanes, los que tienen el origen, la lengua, las tradiciones y los sentimientos "correctos". En definitiva, la construcción nacional de Cataluña, desde este punto de vista, pretende el predominio de este grupo particular sobre el total.
La democracia supone el gobierno de los representantes de la mayoría determinados por el resultado de las elecciones y, en este sentido, no podemos (ni pretendemos) negar la legitimidad del gobierno de CiU que preside Artur Mas. Propondrá las medidas que entienda oportunas y, si son aprobadas por el Parlamento, se convertirán en leyes que todos los ciudadanos deberemos acatar y sólo el recurso de inconstitucionalidad podrá evitarlo, si hay causa para ello.
Pero tenemos que tener todos muy claro que la construcción nacional de Cataluña es un proyecto político, defendido por los partidos que se definen como nacionalistas,m que podemos seguir, modificar o abandonar, a través de los mecanismos de la democracia. No se trata de ninguna necesidad histórica, de ningún "destino en lo universal" que se pueda imponer contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
lunes, 27 de diciembre de 2010
La profesión de los políticos
Habla hoy el vicedirector de "La Vanguardia" sobre los "ex", cuyas filas van a engrosarse con los cargos cesantes del gobierno de la Generalidad como consecuencia de las elecciones que dieron la victoria a CiU.
Al final de su artículo, menciona el Sr. Abián unas estadísticas: el 60% de los parlamentarios catalanes no han trabajado en la empresa privada; el 80% proceden de otros cargos públicos y el 25% son funcionarios de carrera. La conclusión, que no expresa, puede ser que los políticos están constituyendo una casta especial, sin conexión con la sociedad (y, sobre todo, con la economía) real. Creo que hay que matizar esta conclusión.
Que la mayoría de los parlamentarios no haya trabajado en la empresa privada es lamentable, pero quiza pueda explicarse. ¿Qué empresario dejará su empresa, la que ha creado y hecho crecer, para que se venga abajo mientras él se dedica a la política? Evidentemente, sólo aquél que haya fracasado y no tenga ya empresa. Pero, ¿habrá aprendido de sus fracasos o trasladará sus errores a la gestión pública?
Lo propio se puede decir de los profesionales, en particular, los abogados que, por su formación, están más cerca del parlamento. No dejarán la profesión, permitiendo que sus clientes pasen a otros profesionales; sólo pasarán a la política para obtener contactos e influencias que les puedan resarcir de las pérdidas. ¿Salimos ganando los ciudadanos con estos trasvases del sector privado al público?
En cuanto a otros trabajadores del sector privado, normalmente su función es la gestión de asuntos muy particulares: un médico suele tener experiencia en diagnosticar enfermos individuales y prescribir y aplicar los tratamientos oportunos. Esta experiencia no es demasiado útil para la política, que debe adoptar otro punto de vista, general y relacionado con el resto de la sociedad (aunque, ciertamente, un conseller de Sanidad deba tomar muy en cuenta la opinión de los médicos). Lo propio cabe decir de los agentes de seguros, de los fontaneros, de los expertos en marketing o de los veterinarios.
Que los parlamentarios provengan de otros cargos públicos no es, a nuestro entender, negativo, sino que puede ser muy positivo: que un conseller haya dado muestras de su valía en el desempeño de otro cargo, por ejemplo alcalde de una localidad, significa que ya tiene conocimientos de gestión pública y una experiencia acreditada. Es decir, lo que se supone que exigiría un empresario privado a la hora de escoger un directivo para su empresa. Si a nadie se le ocurriría escoger a un neófito como director general, director financiero o jefe de ventas de su empresa, ¿por qué hemos de considerar normal que personas sin experiencia accedan a la presidencia, a un ministerio o conselleria?
En cuanto a los funcionarios, hay que distinguir dos grupos: los teóricos, es decir, los profesores de universidad, y los prácticos. Respecto de los primeros, su formación no garantiza un buen desempeño en el gobierno. Pueden aportar conocimientos válidos, sobre todo si la materia que imparten o su forma de abordarla está especialmente apegada a la realidad de cada momento; si han trabajado proponiendo, criticando o estudiando políticas públicas, su experiencia puede ser una importante contribución a la vida pública. No así si se han dedicado a la ciencia pura, aunque se trate de una materia de especial interés práctico.
De los funcionarios que gestionan materias de interés general, cabe decir que pueden presentar los mismos inconvenientes ya mencionados respecto de los trabajadores del sector privado: es probable que su experiencia les sugiera ideas válidas para mejorar aspectos concretos de su labor, de las unidades en que se encuadran para ejercerla, pero es más difícil que tengan una visión general, tanto en el espacio como en el tiempo.
Pero dentro de este grupo están también los funcionarios cuya labor consiste, precisamente, en proponer a los políticos las actuaciones viables en cada momento, ya sea de acuerdo con las líneas generales trazadas por ellos, ya para que elijan entre diversas alternativas, y en llevar a la práctica las decisiones que adopten los representantes de la voluntad popular. Es decir, personas cuya formación y experiencia se centra en las mismas materias sobre las que han de decidir los políticos, pero con más incidencia en los aspectos prácticos.
Yendo al extremo, estos funcionarios son los responsables de la gestión de los asuntos públicos, de los que se ocupan los políticos cuando se lo permite su propia actividad, centrada en las encuestas, los votos, las elecciones, las mayorías parlamentarias, los pactos políticos, etc. No es extraño que se sientan atraidos por la posibilidad de introducir una brizna de conocimiento técnico en ese mundo de marketing y negociación, por contribuir a elaborar las leyes que deben aplicar y cuyos defectos ven y padecen diariamente.
¿Tecnocracia, concepto denostado donde los haya? A nuestro juicio, simplemente la necesidad, evidente en cualquier sociedad que pretenda funcionar correctamente, de que se encarguen de las diferentes funciones las personas más capaces, por su formación, capacidad y experiencia, para desempeñarlas con éxito.
Un solo dato histórico: tras la Revolución francesa, se pretendió que los representantes del pueblo ejerciesen todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el más técnico, el que exige mayores capacidades y formación, ya que el Juez no tiene expertos en Derecho en quienes apoyarse, debió ser excluido de tal pretensión, confiando de nuevo en jueces expertos en Derecho, por los malos resultados que dieron los tribunales populares.
Quizá ahora estamos viviendo un proceso similar en relación con los otros poderes, pero los dogmas indiscutidos no nos dejan verlo. Un político debe estar preparado para gobernar, no sólo ser un experto en ganar elecciones, obtener la investidura y sacar adelante leyes que reflejen los intereses de las formaciones que las apoyan. Gobernar no significa sólo ocupar el Gobierno y, por tanto, usar sus resortes para seguir en el poder, sino utilizar este poder para resolver los problemas comunes. Para ésto votamos a los políticos, aunque parece que no se hayan enterado.
Al final de su artículo, menciona el Sr. Abián unas estadísticas: el 60% de los parlamentarios catalanes no han trabajado en la empresa privada; el 80% proceden de otros cargos públicos y el 25% son funcionarios de carrera. La conclusión, que no expresa, puede ser que los políticos están constituyendo una casta especial, sin conexión con la sociedad (y, sobre todo, con la economía) real. Creo que hay que matizar esta conclusión.
Que la mayoría de los parlamentarios no haya trabajado en la empresa privada es lamentable, pero quiza pueda explicarse. ¿Qué empresario dejará su empresa, la que ha creado y hecho crecer, para que se venga abajo mientras él se dedica a la política? Evidentemente, sólo aquél que haya fracasado y no tenga ya empresa. Pero, ¿habrá aprendido de sus fracasos o trasladará sus errores a la gestión pública?
Lo propio se puede decir de los profesionales, en particular, los abogados que, por su formación, están más cerca del parlamento. No dejarán la profesión, permitiendo que sus clientes pasen a otros profesionales; sólo pasarán a la política para obtener contactos e influencias que les puedan resarcir de las pérdidas. ¿Salimos ganando los ciudadanos con estos trasvases del sector privado al público?
En cuanto a otros trabajadores del sector privado, normalmente su función es la gestión de asuntos muy particulares: un médico suele tener experiencia en diagnosticar enfermos individuales y prescribir y aplicar los tratamientos oportunos. Esta experiencia no es demasiado útil para la política, que debe adoptar otro punto de vista, general y relacionado con el resto de la sociedad (aunque, ciertamente, un conseller de Sanidad deba tomar muy en cuenta la opinión de los médicos). Lo propio cabe decir de los agentes de seguros, de los fontaneros, de los expertos en marketing o de los veterinarios.
Que los parlamentarios provengan de otros cargos públicos no es, a nuestro entender, negativo, sino que puede ser muy positivo: que un conseller haya dado muestras de su valía en el desempeño de otro cargo, por ejemplo alcalde de una localidad, significa que ya tiene conocimientos de gestión pública y una experiencia acreditada. Es decir, lo que se supone que exigiría un empresario privado a la hora de escoger un directivo para su empresa. Si a nadie se le ocurriría escoger a un neófito como director general, director financiero o jefe de ventas de su empresa, ¿por qué hemos de considerar normal que personas sin experiencia accedan a la presidencia, a un ministerio o conselleria?
En cuanto a los funcionarios, hay que distinguir dos grupos: los teóricos, es decir, los profesores de universidad, y los prácticos. Respecto de los primeros, su formación no garantiza un buen desempeño en el gobierno. Pueden aportar conocimientos válidos, sobre todo si la materia que imparten o su forma de abordarla está especialmente apegada a la realidad de cada momento; si han trabajado proponiendo, criticando o estudiando políticas públicas, su experiencia puede ser una importante contribución a la vida pública. No así si se han dedicado a la ciencia pura, aunque se trate de una materia de especial interés práctico.
De los funcionarios que gestionan materias de interés general, cabe decir que pueden presentar los mismos inconvenientes ya mencionados respecto de los trabajadores del sector privado: es probable que su experiencia les sugiera ideas válidas para mejorar aspectos concretos de su labor, de las unidades en que se encuadran para ejercerla, pero es más difícil que tengan una visión general, tanto en el espacio como en el tiempo.
Pero dentro de este grupo están también los funcionarios cuya labor consiste, precisamente, en proponer a los políticos las actuaciones viables en cada momento, ya sea de acuerdo con las líneas generales trazadas por ellos, ya para que elijan entre diversas alternativas, y en llevar a la práctica las decisiones que adopten los representantes de la voluntad popular. Es decir, personas cuya formación y experiencia se centra en las mismas materias sobre las que han de decidir los políticos, pero con más incidencia en los aspectos prácticos.
Yendo al extremo, estos funcionarios son los responsables de la gestión de los asuntos públicos, de los que se ocupan los políticos cuando se lo permite su propia actividad, centrada en las encuestas, los votos, las elecciones, las mayorías parlamentarias, los pactos políticos, etc. No es extraño que se sientan atraidos por la posibilidad de introducir una brizna de conocimiento técnico en ese mundo de marketing y negociación, por contribuir a elaborar las leyes que deben aplicar y cuyos defectos ven y padecen diariamente.
¿Tecnocracia, concepto denostado donde los haya? A nuestro juicio, simplemente la necesidad, evidente en cualquier sociedad que pretenda funcionar correctamente, de que se encarguen de las diferentes funciones las personas más capaces, por su formación, capacidad y experiencia, para desempeñarlas con éxito.
Un solo dato histórico: tras la Revolución francesa, se pretendió que los representantes del pueblo ejerciesen todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el más técnico, el que exige mayores capacidades y formación, ya que el Juez no tiene expertos en Derecho en quienes apoyarse, debió ser excluido de tal pretensión, confiando de nuevo en jueces expertos en Derecho, por los malos resultados que dieron los tribunales populares.
Quizá ahora estamos viviendo un proceso similar en relación con los otros poderes, pero los dogmas indiscutidos no nos dejan verlo. Un político debe estar preparado para gobernar, no sólo ser un experto en ganar elecciones, obtener la investidura y sacar adelante leyes que reflejen los intereses de las formaciones que las apoyan. Gobernar no significa sólo ocupar el Gobierno y, por tanto, usar sus resortes para seguir en el poder, sino utilizar este poder para resolver los problemas comunes. Para ésto votamos a los políticos, aunque parece que no se hayan enterado.
sábado, 25 de diciembre de 2010
El católico Artur Mas
En "La Vanguardia" de hoy, Enric Juliana ("Aromas de Jansenio") defiende que, contra lo que han señalado otros comentaristas, la figura de Artur Mas emparenta más bien con el jansenismo que con el calvinismo. Se basa, esencialmente, en la efectiva influencia que la doctrina jansenista, de origen francés, tuvo en Cataluña y Valencia.
En cierto modo, no estoy de acuerdo con esta idea. El elemento diferencial del calvinismo, la predestinación, cuadra mucho mejor con el nacionalismo de Mas. Calvino afirma que quienes están predestinados a salvarse lo pondrán de manifiesto durante toda su vida, al observar una conducta moralmente irreprochable y tener, en consecuencia, la protección divina que les garantiza el éxito terrenal.
Es claro el carácter conservador de esta doctrina y su aplicación a un político nacionalista, que pretende el retorno de los viejos buenos tiempos en que los suyos, la burguesía mercantil catalana, dominaban todos los resortes del país (salvo los que, como el ejército, dependían de Madrid). La conexión entre el éxito económico y la moral tradicional tiene un reflejo perfecto en la ideología nacionalista, que aúna catalanismo y empresa privada, con el paraguas protector de la Generalitat y, todo ello, como resultado de la observancia de una ley inmutable y trascendente: la ley divina, en un caso, la realidad nacional de Cataluña, del otro.
Frente al calvinismo, que exige la demostración contínua de fe a lo largo de toda la vida del ser humano, el catolicismo admite la salvación por el arrepentimiento del último momento, tras una vida entera de pecado. Como se dice en Don Juan Tenorio, de Zorrilla: un punto de contrición da a un alma la salvación. La salvación, la gloria no es producto del trabajo paciente y constante de toda una vida, sino de un logro único, de un momento de genio o de lucidez. En "El condenado por desconfiado" de Tirso de Molina, el pecador endurecido se salva en el último momento, confundiendo a quien creyó que toda una vida de pecado no podía conducir sino a la condenación eterna.
Esta fue la moral del tripartito, y su fracaso. No una política tranquila de prudentes reformas que compensasen los desequilibrios de casi un cuarto de siglo de gobierno nacionalista, sino un logro deslumbrante que les asegurase el pase a la Historia (y la reelección indefinida, al desaparecer CiU): el nuevo Estatuto de Autonomía. Huelga repetir lo que sucedió y el magro beneficio electoral que, a la larga, han obtenido los partidos que lo formaban.
Pero Artur Mas ya ha anticipado que su religión es también este catolicismo, por demás tan español: la gran obra de su mandato ha de ser la obtención del régimen de concierto económico para Cataluña, algo muy superior a lo que pretendía, en materia económica, el Estatuto, que se vio recortado en este campo como en otros (de hecho, en la elaboración del Estatuto se planteó el concierto y se desechó por inalcanzable).
Me temo, pues, que tampoco esta vez Cataluña tendrá un gobierno dispuesto a aportar lo que Cataluña (y España) necesita: un trabajo, discreto y paciente, para resolver los graves problemas que tenemos planteados, confiando en que una mejoría, lenta pero constante, edificada sobre bases sólidas, garantice un éxito electoral que compense tal trabajo. Tendrá (y me gustaría equivocarme) un gobierno cortoplacista, que sólo atenderá al resultado de las próximas y contínuas elecciones y a beneficiar a quienes pueden influir en ellas: quienes aportan financiación, y la clientela, que aporta votos.
En cierto modo, no estoy de acuerdo con esta idea. El elemento diferencial del calvinismo, la predestinación, cuadra mucho mejor con el nacionalismo de Mas. Calvino afirma que quienes están predestinados a salvarse lo pondrán de manifiesto durante toda su vida, al observar una conducta moralmente irreprochable y tener, en consecuencia, la protección divina que les garantiza el éxito terrenal.
Es claro el carácter conservador de esta doctrina y su aplicación a un político nacionalista, que pretende el retorno de los viejos buenos tiempos en que los suyos, la burguesía mercantil catalana, dominaban todos los resortes del país (salvo los que, como el ejército, dependían de Madrid). La conexión entre el éxito económico y la moral tradicional tiene un reflejo perfecto en la ideología nacionalista, que aúna catalanismo y empresa privada, con el paraguas protector de la Generalitat y, todo ello, como resultado de la observancia de una ley inmutable y trascendente: la ley divina, en un caso, la realidad nacional de Cataluña, del otro.
Frente al calvinismo, que exige la demostración contínua de fe a lo largo de toda la vida del ser humano, el catolicismo admite la salvación por el arrepentimiento del último momento, tras una vida entera de pecado. Como se dice en Don Juan Tenorio, de Zorrilla: un punto de contrición da a un alma la salvación. La salvación, la gloria no es producto del trabajo paciente y constante de toda una vida, sino de un logro único, de un momento de genio o de lucidez. En "El condenado por desconfiado" de Tirso de Molina, el pecador endurecido se salva en el último momento, confundiendo a quien creyó que toda una vida de pecado no podía conducir sino a la condenación eterna.
Esta fue la moral del tripartito, y su fracaso. No una política tranquila de prudentes reformas que compensasen los desequilibrios de casi un cuarto de siglo de gobierno nacionalista, sino un logro deslumbrante que les asegurase el pase a la Historia (y la reelección indefinida, al desaparecer CiU): el nuevo Estatuto de Autonomía. Huelga repetir lo que sucedió y el magro beneficio electoral que, a la larga, han obtenido los partidos que lo formaban.
Pero Artur Mas ya ha anticipado que su religión es también este catolicismo, por demás tan español: la gran obra de su mandato ha de ser la obtención del régimen de concierto económico para Cataluña, algo muy superior a lo que pretendía, en materia económica, el Estatuto, que se vio recortado en este campo como en otros (de hecho, en la elaboración del Estatuto se planteó el concierto y se desechó por inalcanzable).
Me temo, pues, que tampoco esta vez Cataluña tendrá un gobierno dispuesto a aportar lo que Cataluña (y España) necesita: un trabajo, discreto y paciente, para resolver los graves problemas que tenemos planteados, confiando en que una mejoría, lenta pero constante, edificada sobre bases sólidas, garantice un éxito electoral que compense tal trabajo. Tendrá (y me gustaría equivocarme) un gobierno cortoplacista, que sólo atenderá al resultado de las próximas y contínuas elecciones y a beneficiar a quienes pueden influir en ellas: quienes aportan financiación, y la clientela, que aporta votos.
sábado, 11 de diciembre de 2010
Los políticos
El Profesor Francesc de Carreras escribe, en "La Vanguardia" de hoy, acerca de la corrupción (y, no hace falta decirlo, no es partidario). No pienso, ni por asomo, defender la corrupción (yo tampoco soy partidario). Pero quisiera comentar un inciso de su artículo "La truculenta corrupción" (¿Soy demasiado suspicaz o el título remeda la fiesta religiosa de anteayer, la Inmaculada Concepción? Mal chiste, Sr. de Carreras).
Dice el artículo que, según un sondeo dado a conocer ayer, el 42,9 % de las persons que se dedican a la política lo hacen sólo para obtener poder e influencia y otro 21,7 % simplemente para enriquecerse. El autor califica estos datos como "alarmantes".
Y ¿qué esperaban, tanto los encuestados como el Sr. de Carreras? Con pocas (y felices) excepciones de vocaciones absolutamente absorbentes, la mayoría de los ciudadanos trabajamos para ganarnos la vida lo mejor que podemos. Participamos, de un modo u otro, en la producción y venta de bienes y servicios, a fin de obtener los medios con los que vivir y sacar adelante a nuestras familias de la mejor forma posible. Y, dentro de unos límites variables, procuramos optar por los empleos que nos ofrecen una mayor remuneración. No es extraño que los políticos hagan lo mismo.
Ahora bien, hay una diferencia. En cualquier empleo, sabemos que nuestra remuneración depende de lo que aportemos a la empresa o el cliente que nos paga. Si no trabajamos, si no hacemos aquéllo por lo que nos pagan, nos echarán a la calle o no tendremos clientes. ¿Pasa lo mismo con los políticos?
La lectura de los diarios nos demuestra que no. Que para un político en el gobierno, es más provechoso seguir una política nefasta, pero popular, para seguir en el cargo, que una política desagradable, pero positiva para el país. Que para un político en la oposición, el ataque al adversario es más rentable que la búsqueda del bien común, en términos de votos, que son los únicos que les importan, aunque ello dañe al país que pretenden gobernar.
Para un segundón, lo importante es cumplir la voluntad de quienes construyen las listas electorales. Los electores no tienen importancia para el aspirante a repetir como candidato; sólo la tienen para el director de campaña, encargado de convencer a los ciudadanos de que voten su lista.
Es decir, la forma de obtener y mantener el puesto, los ingresos y las expectativas, para los políticos no es cumplir con la voluntad de quienes, en definitiva, les pagamos para que trabajen en nuestro beneficio (a la vez que, en cuanto se ganan el sueldo, en el suyo propio). Trabajan exclusivamente para ellos mismos, para perpetuarse en el escaño y acceder al gobierno y a los puestos mejor retribuidos que les reporta o mantenerse en ellos. Y también para disponer de unos contactos y una información que el mercado está dispuesto a retribuir generosamente.
La culpa es suya, pero también nuestra. Porque les seguimos votando, aunque actúen en contra de nuestros intereses, por el temor, irracional o no, de que si vienen los otros será aún peor. Porque preferimos votar a los nuestros, aunque roben, que a los otros, pensando que no pueden ser honrados.
Y, también, porque en nuestro país, en general, en el mundo real y no el virtual de la política, el trabajo bien hecho no se valora y no se remunera. Todos sabemos que, para prosperar e, incluso, enriquecerse honradamente, la vía no es trabajar más y mejor que la competencia, sino disponer de enchufes, contactos, amigos o padrinos, en los poderes públicos y fuera de ellos. ¿Por qué iban a ser distintos los políticos?
Dice el artículo que, según un sondeo dado a conocer ayer, el 42,9 % de las persons que se dedican a la política lo hacen sólo para obtener poder e influencia y otro 21,7 % simplemente para enriquecerse. El autor califica estos datos como "alarmantes".
Y ¿qué esperaban, tanto los encuestados como el Sr. de Carreras? Con pocas (y felices) excepciones de vocaciones absolutamente absorbentes, la mayoría de los ciudadanos trabajamos para ganarnos la vida lo mejor que podemos. Participamos, de un modo u otro, en la producción y venta de bienes y servicios, a fin de obtener los medios con los que vivir y sacar adelante a nuestras familias de la mejor forma posible. Y, dentro de unos límites variables, procuramos optar por los empleos que nos ofrecen una mayor remuneración. No es extraño que los políticos hagan lo mismo.
Ahora bien, hay una diferencia. En cualquier empleo, sabemos que nuestra remuneración depende de lo que aportemos a la empresa o el cliente que nos paga. Si no trabajamos, si no hacemos aquéllo por lo que nos pagan, nos echarán a la calle o no tendremos clientes. ¿Pasa lo mismo con los políticos?
La lectura de los diarios nos demuestra que no. Que para un político en el gobierno, es más provechoso seguir una política nefasta, pero popular, para seguir en el cargo, que una política desagradable, pero positiva para el país. Que para un político en la oposición, el ataque al adversario es más rentable que la búsqueda del bien común, en términos de votos, que son los únicos que les importan, aunque ello dañe al país que pretenden gobernar.
Para un segundón, lo importante es cumplir la voluntad de quienes construyen las listas electorales. Los electores no tienen importancia para el aspirante a repetir como candidato; sólo la tienen para el director de campaña, encargado de convencer a los ciudadanos de que voten su lista.
Es decir, la forma de obtener y mantener el puesto, los ingresos y las expectativas, para los políticos no es cumplir con la voluntad de quienes, en definitiva, les pagamos para que trabajen en nuestro beneficio (a la vez que, en cuanto se ganan el sueldo, en el suyo propio). Trabajan exclusivamente para ellos mismos, para perpetuarse en el escaño y acceder al gobierno y a los puestos mejor retribuidos que les reporta o mantenerse en ellos. Y también para disponer de unos contactos y una información que el mercado está dispuesto a retribuir generosamente.
La culpa es suya, pero también nuestra. Porque les seguimos votando, aunque actúen en contra de nuestros intereses, por el temor, irracional o no, de que si vienen los otros será aún peor. Porque preferimos votar a los nuestros, aunque roben, que a los otros, pensando que no pueden ser honrados.
Y, también, porque en nuestro país, en general, en el mundo real y no el virtual de la política, el trabajo bien hecho no se valora y no se remunera. Todos sabemos que, para prosperar e, incluso, enriquecerse honradamente, la vía no es trabajar más y mejor que la competencia, sino disponer de enchufes, contactos, amigos o padrinos, en los poderes públicos y fuera de ellos. ¿Por qué iban a ser distintos los políticos?
viernes, 12 de noviembre de 2010
Nacionalismo y realidad
Se ha publicado un adelanto de una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centrada en la intención de voto de las elecciones catalanas del 28 de noviembre. Los resultados electorales previstos son interesantes, pero la encuesta incluye una serie de preguntas sobre cuestiones que, en principio, están detrás del voto o la intención de voto de cada persona que llaman poderosamente la atención. Tanto, que hasta "La Vanguardia" se ha visto obligada a comentarlos de forma destacada en su edición digital.
Según esta encuesta, el 60,5 % de los ciudadanos de Cataluña se sienten tan españoles como catalanes o más, frente a un 37 % que se sienten más catalanes que españoles o únicamente catalanes. El grupo más numeroso son quienes se sienten tan españoles como catalanes, con un 43 %.
La misma encuesta nos dice que el castellano es la lengua materna del 55,2 % de los ciudadanos, mientras el catalán lo es para el 37,5 % y un 5,3 % se siente vinculado por igual a ambas lenguas.
Un 65,9 % de los encuestados no se considera nacionalista catalán, condición que sí se atribuye el 31,7 % de la muestra.
A la luz de estos datos no se sostiene la afirmación de que Cataluña es una nación distinta e, incluso, opuesta a España. El hecho supuestamente diferencial sólo concurre en una minoría (aunque importante). La mayoría tiene vínculos tan fuertes con España como con Cataluña, lo que excluye de raíz la alternativa excluyente que implica el nacionalismo.
Afirmar que Cataluña es una nación y extraer consecuencias políticas de este hecho, como hemos visto desmentido por la realidad, supone sencillamente pretender imponer los sentimientos de la minoría a la mayoría, lo que evidencia un escaso respeto por la democracia. Y ésto es, exactamente, lo que afirma el credo nacionalista: que Cataluña es una nación y que, como consecuencia, tiene la voluntad y el derecho de autogobernarse.
Cuidado, otra cosa son las elecciones, la composición del Parlamento y el Gobierno. Lo que deciden los representantes de los ciudadanos, elegidos democráticamente, se plasma en las leyes, que obligan a esos mismos ciudadanos mientras están vigentes, en virtud del principio de legalidad, esencial también en una democracia. Contra ellas no puede prevalecer la creencia de que no reflejan la voluntad popular, como tampoco el mito de la nación.
Pero es importante destacar la realidad que muestra esta encuesta, como otros estudios incluso encargados por la Generalidad. Porque hemos llegado a una situación en que sentirse español, utilizar el castellano o rechazar el nacionalismo catalán (y el dogma fundamental del mismo, que afirma que Cataluña es una nación) es algo vergonzoso que hay que ocultar, cuando son características que compartimos la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
Y, por tanto, hay que tratar al nacionalismo como lo que es: un movimiento político y social que pretende crear la nación catalana, invirtiendo las estadísticas. Pretende que la mayoría de los habitantes de Cataluña tengan como lengua materna el catalán, se sientan exclusiva o fundamentalmente catalanes y apoyen el proyecto nacionalista. Se puede estar a favor de este nacionalismo o en su contra, como sucede con cualquier proyecto político o social; éso es democracia. Lo que no es admisible es que nos impongan un dogma que, además, es descaradamente falso.
Encuesta CIS:
Según esta encuesta, el 60,5 % de los ciudadanos de Cataluña se sienten tan españoles como catalanes o más, frente a un 37 % que se sienten más catalanes que españoles o únicamente catalanes. El grupo más numeroso son quienes se sienten tan españoles como catalanes, con un 43 %.
La misma encuesta nos dice que el castellano es la lengua materna del 55,2 % de los ciudadanos, mientras el catalán lo es para el 37,5 % y un 5,3 % se siente vinculado por igual a ambas lenguas.
Un 65,9 % de los encuestados no se considera nacionalista catalán, condición que sí se atribuye el 31,7 % de la muestra.
A la luz de estos datos no se sostiene la afirmación de que Cataluña es una nación distinta e, incluso, opuesta a España. El hecho supuestamente diferencial sólo concurre en una minoría (aunque importante). La mayoría tiene vínculos tan fuertes con España como con Cataluña, lo que excluye de raíz la alternativa excluyente que implica el nacionalismo.
Afirmar que Cataluña es una nación y extraer consecuencias políticas de este hecho, como hemos visto desmentido por la realidad, supone sencillamente pretender imponer los sentimientos de la minoría a la mayoría, lo que evidencia un escaso respeto por la democracia. Y ésto es, exactamente, lo que afirma el credo nacionalista: que Cataluña es una nación y que, como consecuencia, tiene la voluntad y el derecho de autogobernarse.
Cuidado, otra cosa son las elecciones, la composición del Parlamento y el Gobierno. Lo que deciden los representantes de los ciudadanos, elegidos democráticamente, se plasma en las leyes, que obligan a esos mismos ciudadanos mientras están vigentes, en virtud del principio de legalidad, esencial también en una democracia. Contra ellas no puede prevalecer la creencia de que no reflejan la voluntad popular, como tampoco el mito de la nación.
Pero es importante destacar la realidad que muestra esta encuesta, como otros estudios incluso encargados por la Generalidad. Porque hemos llegado a una situación en que sentirse español, utilizar el castellano o rechazar el nacionalismo catalán (y el dogma fundamental del mismo, que afirma que Cataluña es una nación) es algo vergonzoso que hay que ocultar, cuando son características que compartimos la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
Y, por tanto, hay que tratar al nacionalismo como lo que es: un movimiento político y social que pretende crear la nación catalana, invirtiendo las estadísticas. Pretende que la mayoría de los habitantes de Cataluña tengan como lengua materna el catalán, se sientan exclusiva o fundamentalmente catalanes y apoyen el proyecto nacionalista. Se puede estar a favor de este nacionalismo o en su contra, como sucede con cualquier proyecto político o social; éso es democracia. Lo que no es admisible es que nos impongan un dogma que, además, es descaradamente falso.
Encuesta CIS:
jueves, 11 de noviembre de 2010
Visita papal o misa de Estado
Francesc de Carreras dicta hoy una clase magistral en "La Vanguardia" ("Estado laico, personas libres") acerca de la laicidad y la confesionalidad del Estado. Parte, como es obvio, de la reciente visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona y de las reacciones que ha suscitado.
Quiero hoy fijarme particularmente en uno de los muchos temas que han sido objeto de debate en relación con esta visita: la ausencia del Presidente del Gobierno en la ceremonia de consagración de la Sagrada Familia.
Si viniese a España en visita oficial el Presidente de algún país que, al propio tiempo, tuviese un cargo en la masonería y, aprovechando su estancia en España presidiese aquí algún acto masónico, sin duda los Reyes le recibirían de acuerdo con el programa habitual en las visitas de Estado. Sin embargo dudo mucho que nadie encontrase extraño que no asistiesen al ceremonial masónico. Incluso es improbable que fuesen invitados, ya que las reuniones masónicas no son públicas.
Si fuese un monarca musulmán el que acudiese a la inauguración de una mezquita en nuestro país, probablemente el Rey le recibiría, le invitaría a un almuerzo o cena oficial y a otros actos, de trabajo o lúdicos. Pero nadie se escandalizaría porque D. Juan Carlos no asistiese a la oración del viernes en la mezquita, ya que no es musulmán.
¿Por qué, entonces, extraña y aun escandaliza que José Luis Rodríguez Zapatero no haya asistido a la consagración de la nueva basílica, si es notorio que no es creyente?
Hay un primer elemento: el Estado tiene un protocolo más o menos establecido para las visitas de Jefes de Estado extranjeros. Visitas oficiales, claro está, pues las visitas privadas son precisamente éso, privadas. Pero la visita del Papa no se ajusta en absoluto a ese protocolo, que suele incluir reuniones con el Rey y, en ocasiones, el Presidente del Gobierno, una comida o cena oficial, alguna visita turística y una agenda de trabajo variable.
El Papa no ha venido a ocuparse de las relaciones entre el Reino de España y el Estado Vaticano. Ha venido exclusivamente a actos de carácter religioso; en la terminología eclesial, ha venido como pastor de la Iglesia universal a encontrarse con sus ovejas de las iglesias particulares de Santiago y Barcelona (de Galicia y Cataluña, de España, este punto no es relevante).
Dado que los Reyes de España son católicos no es extraño que asistiesen a una ceremonia de la religión que profesan, más todavía cuando, en definitiva, quien la presidía tiene también la condición de Jefe de Estado. Pero, ¿por qué había de asistir quien no profesa tal religión? Si el Papa quería reunirse con el Presidente del Gobierno español, lo procedente era que le invitase a una reunión; si Zapatero quería hablar con el pontífice, debía solicitar una audiencia.
La presencia de tantos notorios ateos, agnósticos o indiferentes en la ceremonia de la Sagrada Familia y las críticas por la ausencia de Zapatero ponen de manifiesto que, para mucha gente, la Iglesia católica forma parte de las instituciones políticas de España. Que, para ellos, reyes y gobernantes han de rendir pleitesía al Obispo de Roma, cuya tiara está decorada con tres coronas, para hacer patente su superioridad sobre reyes y emperadores.
Y que para la jerarquía católica también es así. Que el da mihi animas, caetera tolle no va con ellos, sino que se consideran parte de la estructura institucional del poder político, como siempre han sido.
¿Quién decidió las personas que habían de ser invitadas a la consagración de la Sagrada Familia? Parece evidente que, si no lo hizo la Iglesia (la Secretaría de Estado vaticana, la archidiócesis de Barcelona) al menos debió ser consultada y dar su visto bueno. O sea, que aceptó la presencia de personalidades que claramente no estaban interesadas en el aspecto religioso de la ceremonia (que se supone que debía primar), sino en sus posibles repercusiones políticas, económicas o de imagen.
Esta acepción de personas parece que no cuadra bien con una Iglesia que predica la hermandad de todos los seres humanos como hijos del mismo Padre. Por ello creo que las críticas deben dirigirse también al Vaticano, que se preocupa demasiado de cuestiones puramente terrenales.
Quiero hoy fijarme particularmente en uno de los muchos temas que han sido objeto de debate en relación con esta visita: la ausencia del Presidente del Gobierno en la ceremonia de consagración de la Sagrada Familia.
Si viniese a España en visita oficial el Presidente de algún país que, al propio tiempo, tuviese un cargo en la masonería y, aprovechando su estancia en España presidiese aquí algún acto masónico, sin duda los Reyes le recibirían de acuerdo con el programa habitual en las visitas de Estado. Sin embargo dudo mucho que nadie encontrase extraño que no asistiesen al ceremonial masónico. Incluso es improbable que fuesen invitados, ya que las reuniones masónicas no son públicas.
Si fuese un monarca musulmán el que acudiese a la inauguración de una mezquita en nuestro país, probablemente el Rey le recibiría, le invitaría a un almuerzo o cena oficial y a otros actos, de trabajo o lúdicos. Pero nadie se escandalizaría porque D. Juan Carlos no asistiese a la oración del viernes en la mezquita, ya que no es musulmán.
¿Por qué, entonces, extraña y aun escandaliza que José Luis Rodríguez Zapatero no haya asistido a la consagración de la nueva basílica, si es notorio que no es creyente?
Hay un primer elemento: el Estado tiene un protocolo más o menos establecido para las visitas de Jefes de Estado extranjeros. Visitas oficiales, claro está, pues las visitas privadas son precisamente éso, privadas. Pero la visita del Papa no se ajusta en absoluto a ese protocolo, que suele incluir reuniones con el Rey y, en ocasiones, el Presidente del Gobierno, una comida o cena oficial, alguna visita turística y una agenda de trabajo variable.
El Papa no ha venido a ocuparse de las relaciones entre el Reino de España y el Estado Vaticano. Ha venido exclusivamente a actos de carácter religioso; en la terminología eclesial, ha venido como pastor de la Iglesia universal a encontrarse con sus ovejas de las iglesias particulares de Santiago y Barcelona (de Galicia y Cataluña, de España, este punto no es relevante).
Dado que los Reyes de España son católicos no es extraño que asistiesen a una ceremonia de la religión que profesan, más todavía cuando, en definitiva, quien la presidía tiene también la condición de Jefe de Estado. Pero, ¿por qué había de asistir quien no profesa tal religión? Si el Papa quería reunirse con el Presidente del Gobierno español, lo procedente era que le invitase a una reunión; si Zapatero quería hablar con el pontífice, debía solicitar una audiencia.
La presencia de tantos notorios ateos, agnósticos o indiferentes en la ceremonia de la Sagrada Familia y las críticas por la ausencia de Zapatero ponen de manifiesto que, para mucha gente, la Iglesia católica forma parte de las instituciones políticas de España. Que, para ellos, reyes y gobernantes han de rendir pleitesía al Obispo de Roma, cuya tiara está decorada con tres coronas, para hacer patente su superioridad sobre reyes y emperadores.
Y que para la jerarquía católica también es así. Que el da mihi animas, caetera tolle no va con ellos, sino que se consideran parte de la estructura institucional del poder político, como siempre han sido.
¿Quién decidió las personas que habían de ser invitadas a la consagración de la Sagrada Familia? Parece evidente que, si no lo hizo la Iglesia (la Secretaría de Estado vaticana, la archidiócesis de Barcelona) al menos debió ser consultada y dar su visto bueno. O sea, que aceptó la presencia de personalidades que claramente no estaban interesadas en el aspecto religioso de la ceremonia (que se supone que debía primar), sino en sus posibles repercusiones políticas, económicas o de imagen.
Esta acepción de personas parece que no cuadra bien con una Iglesia que predica la hermandad de todos los seres humanos como hijos del mismo Padre. Por ello creo que las críticas deben dirigirse también al Vaticano, que se preocupa demasiado de cuestiones puramente terrenales.
lunes, 1 de noviembre de 2010
A vueltas con la pederastia
En parte tiene razón Antoni Puigverd en su artículo "La doble moral y la burla", publicado hoy en "La Vanguardia". Nuestra sociedad, o muchos de sus componentes, toleran y aun alaban en "los suyos" lo que denigran y condenan en "los otros".
Así, los sedicentes progresistas condenan la manifestación de Sánchez Dragó de haber practicado el sexo con niñas de trece años, cuando no han hecho aspaviento alguno ante declaraciones u otras manifestaciones proclives a la pederastia procedentes de artistas de izquierda. Inversamente, Esperanza Aguirre, firme defensora de la moral católica, es particularmente comprensiva con Sánchez Dragó.
En esta materia, las cosas están muy claras. La pederastia debe condenarse siempre y los pederastas, incluido el propio Sánchez Dragó deben ser tratados, sencillamente, como apestados. Sólo si muestran arrepentimiento pueden ser aceptados de nuevo en la sociedad, y éso de forma condicional, siempre que no reincidan.
Ahora bien, en el caso de la Iglesia católica hay que distinguir dos cosas: lo anterior vale para los curas pederastas. No debe haber distinción. Pero la doble moral resulta especialmente rechazable en la jerarquía eclesiástica. Y éso es, exactamente, lo que revela el tratamiento tradicional de los casos de pederastia sacerdotal por parte de los Obispos y superiores religiosos.
Quienes no dudaban en condenar a los laicos (al menos si no tenían mucho poder) por sus conductas en materia de sexualidad, sin mostrar ninguna flexibilidad (negar la comunión a divorciados, expulsar a profesores de religión que osaban "vivir en pecado" o contraer matrimonio civil) trataron siempre de ocultar y minimizar los abusos cometidos por clérigos sobre menores, pese a que la doctrina cristiana condena, sin ambages, tales actos.
La razón aducida era "evitar el escándalo". En otros términos, procurar que nadie conociese la verdad, lo que equivale a decir una mentira (sutilezas jesuíticas aparte). ¿Por qué? En mi opinión, para proteger la imagen de la Iglesia y de sus sacerdotes, como seres más santos y más sabios que los meros laicos, en frase de quien la Iglesia venera como san Josemaría Escrivá de Balaguer, "la clase de tropa".
La doble moral es condenable siempre. Pero La Iglesia, que se arroga el derecho a juzgar y condenar a los otros, haciéndolo además en nombre de Dios, no puede permitirse tales flaquezas. Los sacerdotes, pueden caer, pueden pecar; aunque a regañadientes, la jerarquía admite que son sólo hombres, iguales en esencia a los demás. Pero la cúpula, el Papa y los Obispos que afirman ser infalibles por asistirles la tercera persona de la Santísima Trinidad cuando enseñan de manera concorde una doctrina, no pueden actuar en contra de sus propias enseñanzas de manera uniforme. Al menos impunemente.
Benedicto XVI ha adoptado medidas respecto de los pederastas; ha establecido la forma en que las Iglesias particulares deben tratar los casos de pederastia en que los autores sean clérigos, totalmente opuesta a la tradicional. Pero aún no ha explicado por qué la Iglesia, que pretende estar en posesión de la Verdad revelada por Dios mismo, actuaba en cuestiones tan serias de forma totalmente contraria a la que ahora reconoce como correcta y adecuada a la doctrina.
¿Tiene que reconocer que se equivocaron?¿Que la jerarquía eclesiástica abandonó el camino recto por un ídolo, el prestigio, el poder? Si lo hace, ¿puede mantener la arrogancia de quien está en lo cierto?
Sólo veo una posibilidad: un severo examen de conciencia de la estructura jerárquica de la Iglesia. El reconocimiento de que son buscadores de la Verdad, no poseedores de la misma. Y mostrar en su conducta que han aprendido a ser más humildes. Sus enemigos no dejarán de echarles en cara sus contradicciones. Se han exaltado hasta el límite, por éso son humillados con especial saña.
Así, los sedicentes progresistas condenan la manifestación de Sánchez Dragó de haber practicado el sexo con niñas de trece años, cuando no han hecho aspaviento alguno ante declaraciones u otras manifestaciones proclives a la pederastia procedentes de artistas de izquierda. Inversamente, Esperanza Aguirre, firme defensora de la moral católica, es particularmente comprensiva con Sánchez Dragó.
En esta materia, las cosas están muy claras. La pederastia debe condenarse siempre y los pederastas, incluido el propio Sánchez Dragó deben ser tratados, sencillamente, como apestados. Sólo si muestran arrepentimiento pueden ser aceptados de nuevo en la sociedad, y éso de forma condicional, siempre que no reincidan.
Ahora bien, en el caso de la Iglesia católica hay que distinguir dos cosas: lo anterior vale para los curas pederastas. No debe haber distinción. Pero la doble moral resulta especialmente rechazable en la jerarquía eclesiástica. Y éso es, exactamente, lo que revela el tratamiento tradicional de los casos de pederastia sacerdotal por parte de los Obispos y superiores religiosos.
Quienes no dudaban en condenar a los laicos (al menos si no tenían mucho poder) por sus conductas en materia de sexualidad, sin mostrar ninguna flexibilidad (negar la comunión a divorciados, expulsar a profesores de religión que osaban "vivir en pecado" o contraer matrimonio civil) trataron siempre de ocultar y minimizar los abusos cometidos por clérigos sobre menores, pese a que la doctrina cristiana condena, sin ambages, tales actos.
La razón aducida era "evitar el escándalo". En otros términos, procurar que nadie conociese la verdad, lo que equivale a decir una mentira (sutilezas jesuíticas aparte). ¿Por qué? En mi opinión, para proteger la imagen de la Iglesia y de sus sacerdotes, como seres más santos y más sabios que los meros laicos, en frase de quien la Iglesia venera como san Josemaría Escrivá de Balaguer, "la clase de tropa".
La doble moral es condenable siempre. Pero La Iglesia, que se arroga el derecho a juzgar y condenar a los otros, haciéndolo además en nombre de Dios, no puede permitirse tales flaquezas. Los sacerdotes, pueden caer, pueden pecar; aunque a regañadientes, la jerarquía admite que son sólo hombres, iguales en esencia a los demás. Pero la cúpula, el Papa y los Obispos que afirman ser infalibles por asistirles la tercera persona de la Santísima Trinidad cuando enseñan de manera concorde una doctrina, no pueden actuar en contra de sus propias enseñanzas de manera uniforme. Al menos impunemente.
Benedicto XVI ha adoptado medidas respecto de los pederastas; ha establecido la forma en que las Iglesias particulares deben tratar los casos de pederastia en que los autores sean clérigos, totalmente opuesta a la tradicional. Pero aún no ha explicado por qué la Iglesia, que pretende estar en posesión de la Verdad revelada por Dios mismo, actuaba en cuestiones tan serias de forma totalmente contraria a la que ahora reconoce como correcta y adecuada a la doctrina.
¿Tiene que reconocer que se equivocaron?¿Que la jerarquía eclesiástica abandonó el camino recto por un ídolo, el prestigio, el poder? Si lo hace, ¿puede mantener la arrogancia de quien está en lo cierto?
Sólo veo una posibilidad: un severo examen de conciencia de la estructura jerárquica de la Iglesia. El reconocimiento de que son buscadores de la Verdad, no poseedores de la misma. Y mostrar en su conducta que han aprendido a ser más humildes. Sus enemigos no dejarán de echarles en cara sus contradicciones. Se han exaltado hasta el límite, por éso son humillados con especial saña.
sábado, 30 de octubre de 2010
Bilingüismo o monolingüismo
¿Qué es lo que quiere Antoni Puigverd?¿Qué modelo de convivencia lingüística preconiza para Cataluña? El Sr. Puigverd dice que los castellanoparlantes de Cataluña deberíamos compensar a los catalanoparlantes por la política lingüística de los Borbones y de Franco. Dice también que la política lingüística que han seguido los gobiernos catalanes desde la restauración de la Generalitat no puede desarrollarse sin el apoyo de la mayoría castellanoparlante. Y, por último, reclama a los gobernantes un nuevo 6 de octubre.
Los nacionalistas afirman que pretenden conseguir la igualdad lingüística. Para ello, tal como señala el Sr. Puigverd, establecen discriminaciones positivas. Y se quejan cuando, como ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye que el catalán sea declarado lengua preferente de la Administración municipal barcelonesa, se limitan estas discriminaciones.
Hay aquí, en mi opinión, un engaño consciente, que viene envenenando la política catalana desde hace décadas. El propósito de los nacionalistas (no hablo de CiU solamente, sino de todos los que, desde cualquier formación política parten del dogma de que Cataluña es una nación) es claramente imponer el monolingüismo catalán. O, lo que es lo mismo, expulsar el castellano del ámbito público de Cataluña y, si es posible, también del privado. Pero ningún partido se atreve a reconocerlo públicamente.
Lo reconocen, eso sí, muchos nacionalistas a título personal, por ejemplo en cartas a "La Vanguardia". Los que piden vivir exclusivamente en catalán están abogando por la desaparición del castellano: a no ser que cada cual lleve un cartelito que le identifique lingüísticamente y sólo se dirijan o sólo contesten a quienes se identifiquen como catalanoparlantes, se encontrarán con ciudadanos de lengua castellana y al menos uno de los dos habrá de aceptar la lengua del otro. O ambos utilizarán una misma lengua, o cada uno habrá de dirigirse al otro en su propia lengua y, por tanto, entender la ajena.
Si es así, lo que el Sr. Puigverd propone es que los castellanoparlantes de Cataluña, que somos mayoría según reconoce explícitamente (él y el IDESCAT) apoyemos una política dirigida contra nosotros, que busca conscientemente el predominio de la minoría sobre la mayoría. Y sin contrapartidas: no nos dicen qué ventajas podemos obtener de renunciar a nuestra lengua y adoptar el catalán. Simplemente, alega los pecados de quienes murieron hace muchos años como justificación de una política, y una situación simétrica.
Y, por último, la referencia al 6 de octubre. El 6 de octubre de 1934, el Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declaró el Estat Català, levantándose contra la legalidad de la República española, vigente entonces. Fue un golpe de Estado, que no tuvo éxito por la falta de apoyo en otras partes de España e, incluso, en Cataluña. Lo mismo que, posteriormente haría el general Franco, con mayores fuerzas y con las funestas consecuencias que todos conocemos.
¿Es éso exactamente lo que propone Antoni Puigverd?
Los nacionalistas afirman que pretenden conseguir la igualdad lingüística. Para ello, tal como señala el Sr. Puigverd, establecen discriminaciones positivas. Y se quejan cuando, como ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye que el catalán sea declarado lengua preferente de la Administración municipal barcelonesa, se limitan estas discriminaciones.
Hay aquí, en mi opinión, un engaño consciente, que viene envenenando la política catalana desde hace décadas. El propósito de los nacionalistas (no hablo de CiU solamente, sino de todos los que, desde cualquier formación política parten del dogma de que Cataluña es una nación) es claramente imponer el monolingüismo catalán. O, lo que es lo mismo, expulsar el castellano del ámbito público de Cataluña y, si es posible, también del privado. Pero ningún partido se atreve a reconocerlo públicamente.
Lo reconocen, eso sí, muchos nacionalistas a título personal, por ejemplo en cartas a "La Vanguardia". Los que piden vivir exclusivamente en catalán están abogando por la desaparición del castellano: a no ser que cada cual lleve un cartelito que le identifique lingüísticamente y sólo se dirijan o sólo contesten a quienes se identifiquen como catalanoparlantes, se encontrarán con ciudadanos de lengua castellana y al menos uno de los dos habrá de aceptar la lengua del otro. O ambos utilizarán una misma lengua, o cada uno habrá de dirigirse al otro en su propia lengua y, por tanto, entender la ajena.
Si es así, lo que el Sr. Puigverd propone es que los castellanoparlantes de Cataluña, que somos mayoría según reconoce explícitamente (él y el IDESCAT) apoyemos una política dirigida contra nosotros, que busca conscientemente el predominio de la minoría sobre la mayoría. Y sin contrapartidas: no nos dicen qué ventajas podemos obtener de renunciar a nuestra lengua y adoptar el catalán. Simplemente, alega los pecados de quienes murieron hace muchos años como justificación de una política, y una situación simétrica.
Y, por último, la referencia al 6 de octubre. El 6 de octubre de 1934, el Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declaró el Estat Català, levantándose contra la legalidad de la República española, vigente entonces. Fue un golpe de Estado, que no tuvo éxito por la falta de apoyo en otras partes de España e, incluso, en Cataluña. Lo mismo que, posteriormente haría el general Franco, con mayores fuerzas y con las funestas consecuencias que todos conocemos.
¿Es éso exactamente lo que propone Antoni Puigverd?
sábado, 23 de octubre de 2010
El abrazo de Vergara
Muy interesante el artículo de Juan-José López Burniol en "La Vanguardia" del 23 de octubre, "El segundo abrazo de Vergara". Muy interesante por lo que dice, pero quizá más por lo que no dice, o no dice claramente.
No dice que en Cataluña también hubo carlistas, pero no lograron un acuerdo similar porque no tuvieron el apoyo popular que lograron en Navarra y en el País Vasco. No dice que el nacionalismo es heredero del carlismo, no sólo en su pretensión de restaurar un pasado glorioso (léase mantener el statu quo de antaño), sino mediante un proceso explícito de captación desarrollado, por ejemplo por Torras i Bages.
Tampoco dice que el mantenimiento de los regímenes de concierto y convenio, respectivamente en el País Vasco y Navarra, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 fue un intento de acabar con ETA, dando a los vascos un privilegio económico injustificado a todas luces, ya que Álava y Navarra mantenían sus regímenes por su apoyo al bando nacional en la Guerra Civil. Intento claramente fracasado, pues puso de manifiesto la rentabilidad de la violencia terrorista.
Y no dice claramente que si el pacto con el PNV puede significar el fin de ETA es porque el PNV tiene (y ha tenido siempre) la llave que puede encerrar a ETA en el pasado, pero no ha querido usarla en tanto pudiese obtener réditos. Que es cierta la teoría del árbol y las nueces expuesta por Arzallus, según la cual, ETA agitaba el árbol, pero el PNV estaba abajo, preparado para recoger las nueces.
Naturalmente, no dice que en Cataluña sigue habiendo muchos cristinos (ahora se llaman xarnegos) que dificultan , como antaño, un apoyo total a la causa nacionalista y, por tanto, una amenaza suficiente para conseguir lo mismo que los vascos. Y, en definitiva, que sin dos siglos de violencia, es muy poco probable que Cataluña obtenga el concierto que pretenden los nacionalistas.
No dice que en Cataluña también hubo carlistas, pero no lograron un acuerdo similar porque no tuvieron el apoyo popular que lograron en Navarra y en el País Vasco. No dice que el nacionalismo es heredero del carlismo, no sólo en su pretensión de restaurar un pasado glorioso (léase mantener el statu quo de antaño), sino mediante un proceso explícito de captación desarrollado, por ejemplo por Torras i Bages.
Tampoco dice que el mantenimiento de los regímenes de concierto y convenio, respectivamente en el País Vasco y Navarra, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 fue un intento de acabar con ETA, dando a los vascos un privilegio económico injustificado a todas luces, ya que Álava y Navarra mantenían sus regímenes por su apoyo al bando nacional en la Guerra Civil. Intento claramente fracasado, pues puso de manifiesto la rentabilidad de la violencia terrorista.
Y no dice claramente que si el pacto con el PNV puede significar el fin de ETA es porque el PNV tiene (y ha tenido siempre) la llave que puede encerrar a ETA en el pasado, pero no ha querido usarla en tanto pudiese obtener réditos. Que es cierta la teoría del árbol y las nueces expuesta por Arzallus, según la cual, ETA agitaba el árbol, pero el PNV estaba abajo, preparado para recoger las nueces.
Naturalmente, no dice que en Cataluña sigue habiendo muchos cristinos (ahora se llaman xarnegos) que dificultan , como antaño, un apoyo total a la causa nacionalista y, por tanto, una amenaza suficiente para conseguir lo mismo que los vascos. Y, en definitiva, que sin dos siglos de violencia, es muy poco probable que Cataluña obtenga el concierto que pretenden los nacionalistas.
sábado, 16 de octubre de 2010
Un gitano que paga sus impuestos
El "La contra" del 15 de octubre, Lluís Amiguet entrevista al guitarrista Tomatito. En un momento de la entrevista (al final de lo publicado) el entrevistado dice "Soy un gitano que paga sus impuestos". Y esta frase es el título de la entrevista, que aparece destacado tipográficamente.
Tanto Tomatito como Amiguet encuentran que esta frase tiene un especial sentido. Por éso la pronuncia el primero y la recoge y destaca el segundo. En realidad, la frase completa es "Soy un gitano que paga sus impuestos y está integrado", lo que quizá incorpora un matiz, pero no cambia el sentido general.
"Soy un ciudadano que paga sus impuestos" es una frase que hemos oído en muchas películas, dicha por un ciudadano que se siente o simula sentirse maltratado arbitrariamente por un agente de la autoridad. Frecuentemente ese maltrato obedece a una característica que incluye al ciudadano en una minoría. Entonces tiene el especial sentido de resaltar que lo que cuenta no es esa característica, sino la plena ciudadanía: soy un ciudadano que cumple sus obligaciones y, por tanto, exige pleno respeto a sus derechos; el que pertenezca a una minoría (por raza, religión, lengua, origen, discapacidad, conducta excéntrica) no justifica que se vulneren esos derechos.
El contexto de la entrevista no es, evidentemente, el mismo, pero sin duda quien pronuncia la frase quiere recordar esta idea y así lo entienden el periodista y los lectores. Pero Tomatito no dice "Soy un ciudadano..." sino "Soy un gitano que paga sus impuestos". Resalta, por tanto, dos cosas; que es gitano y que paga sus impuestos.
Que es gitano, es decir, que no reclama ser considerado un ciudadano más, individualizado por su personalidad, su actividad artística, sus ideas, sus sentimientos, sino que para él es importante la pertenencia a un grupo especial, una minoría que ha sido tradicionalmente despreciada y excluida.
Y que paga sus impuestos, cosa menos universal de lo que sería deseable en nuestra sociedad en general y entre los gitanos en particular. En resumen, que está integrado en la sociedad, pero como gitano. Que esta condición no queda restringida a su vida privada, sino que él mismo desea que trascienda a su vida pública.
A mi modo de ver, ésa puede ser una peculiaridad de los gitanos que dificulta su encaje en la sociedad española actual. Quieren mantener una identidad grupal que quizá choca con los principios en que se basa nuestra organización social.
Aunque sin duda estamos lejos de conseguirlo, nuestro objetivo es no hacer diferencias por razón de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social(artículo 14 de la Constitución). Y resulta que los perjudicados por la discriminación quieren mantener viva la diferencia.
¿Como compatibilizar estas dos pretensiones contradictorias? Quizá sea bueno, en primer lugar, hacer explícito lo que cada cual pretende. Los límites de la sociedad, formalizados en las normas jurídicas, son públicos y debemos exigir y exigirnos su cumplimiento. Los gitanos deben determinar si esos límites son compatibles con el mantenimiento de su identidad como grupo. Si no pueden aceptar alguno de ellos, quizá podamos encontrar una solución, pero en ningún caso ésta puede consistir en que sus normas grupales prevalezcan sobre las leyes estatales.
Creo que fue en Lleida donde, para evitar problemas de orden público en que estaban implicados jóvenes gitanos, las autoridades buscaron la intervención de los patriarcas de la comunidad gitana, como aceptando que los gitanos no estuviesen sometidos a las leyes generales, sino únicamente a las suyas propias. Esta discriminación me parece tan inaceptable como la exclusión de los gitanos de cualquier servicio público. Pero está basada en el reconocimiento de los gitanos como grupo diferenciado que, como hemos visto en la entrevista con Tomatito, ellos mismos postulan.
Y, reconocidos como grupo diferenciado, no resulta extraño que la sociedad y las autoridades a través de las que debe actuar y expresarse, los traten (o maltraten) de forma conjunta, como grupo. Es lo que ha hecho Sarkozy: en lugar de aplicar las leyes a los individuos que infringen las leyes, ha tomado medidas contra el grupo al que pertenecen algunos de los infractores.
En definitiva, se trata de una tensión entre dos tendencias contrarias, que también puede verse en otros fenómenos: la que atribuye el protagonismo al individuo y la que pone en primera línea al grupo. Ambas tienen partidarios y detractores. ¿Puede haber un equilibrio, o tenemos que optar necesariamente?¿Tiene una de ellas carácter positivo, siendo negativa la otra? El individualismo, se dice, conduce a la insolidaridad y la pérdida de rasgos compartidos por un grupo. La prevalencia de los colectivos puede conducir a sacrificar los derechos individuales. Quizá sea uno de los debates más importantes de nuestro tiempo.
Tanto Tomatito como Amiguet encuentran que esta frase tiene un especial sentido. Por éso la pronuncia el primero y la recoge y destaca el segundo. En realidad, la frase completa es "Soy un gitano que paga sus impuestos y está integrado", lo que quizá incorpora un matiz, pero no cambia el sentido general.
"Soy un ciudadano que paga sus impuestos" es una frase que hemos oído en muchas películas, dicha por un ciudadano que se siente o simula sentirse maltratado arbitrariamente por un agente de la autoridad. Frecuentemente ese maltrato obedece a una característica que incluye al ciudadano en una minoría. Entonces tiene el especial sentido de resaltar que lo que cuenta no es esa característica, sino la plena ciudadanía: soy un ciudadano que cumple sus obligaciones y, por tanto, exige pleno respeto a sus derechos; el que pertenezca a una minoría (por raza, religión, lengua, origen, discapacidad, conducta excéntrica) no justifica que se vulneren esos derechos.
El contexto de la entrevista no es, evidentemente, el mismo, pero sin duda quien pronuncia la frase quiere recordar esta idea y así lo entienden el periodista y los lectores. Pero Tomatito no dice "Soy un ciudadano..." sino "Soy un gitano que paga sus impuestos". Resalta, por tanto, dos cosas; que es gitano y que paga sus impuestos.
Que es gitano, es decir, que no reclama ser considerado un ciudadano más, individualizado por su personalidad, su actividad artística, sus ideas, sus sentimientos, sino que para él es importante la pertenencia a un grupo especial, una minoría que ha sido tradicionalmente despreciada y excluida.
Y que paga sus impuestos, cosa menos universal de lo que sería deseable en nuestra sociedad en general y entre los gitanos en particular. En resumen, que está integrado en la sociedad, pero como gitano. Que esta condición no queda restringida a su vida privada, sino que él mismo desea que trascienda a su vida pública.
A mi modo de ver, ésa puede ser una peculiaridad de los gitanos que dificulta su encaje en la sociedad española actual. Quieren mantener una identidad grupal que quizá choca con los principios en que se basa nuestra organización social.
Aunque sin duda estamos lejos de conseguirlo, nuestro objetivo es no hacer diferencias por razón de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social(artículo 14 de la Constitución). Y resulta que los perjudicados por la discriminación quieren mantener viva la diferencia.
¿Como compatibilizar estas dos pretensiones contradictorias? Quizá sea bueno, en primer lugar, hacer explícito lo que cada cual pretende. Los límites de la sociedad, formalizados en las normas jurídicas, son públicos y debemos exigir y exigirnos su cumplimiento. Los gitanos deben determinar si esos límites son compatibles con el mantenimiento de su identidad como grupo. Si no pueden aceptar alguno de ellos, quizá podamos encontrar una solución, pero en ningún caso ésta puede consistir en que sus normas grupales prevalezcan sobre las leyes estatales.
Creo que fue en Lleida donde, para evitar problemas de orden público en que estaban implicados jóvenes gitanos, las autoridades buscaron la intervención de los patriarcas de la comunidad gitana, como aceptando que los gitanos no estuviesen sometidos a las leyes generales, sino únicamente a las suyas propias. Esta discriminación me parece tan inaceptable como la exclusión de los gitanos de cualquier servicio público. Pero está basada en el reconocimiento de los gitanos como grupo diferenciado que, como hemos visto en la entrevista con Tomatito, ellos mismos postulan.
Y, reconocidos como grupo diferenciado, no resulta extraño que la sociedad y las autoridades a través de las que debe actuar y expresarse, los traten (o maltraten) de forma conjunta, como grupo. Es lo que ha hecho Sarkozy: en lugar de aplicar las leyes a los individuos que infringen las leyes, ha tomado medidas contra el grupo al que pertenecen algunos de los infractores.
En definitiva, se trata de una tensión entre dos tendencias contrarias, que también puede verse en otros fenómenos: la que atribuye el protagonismo al individuo y la que pone en primera línea al grupo. Ambas tienen partidarios y detractores. ¿Puede haber un equilibrio, o tenemos que optar necesariamente?¿Tiene una de ellas carácter positivo, siendo negativa la otra? El individualismo, se dice, conduce a la insolidaridad y la pérdida de rasgos compartidos por un grupo. La prevalencia de los colectivos puede conducir a sacrificar los derechos individuales. Quizá sea uno de los debates más importantes de nuestro tiempo.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
El coste de la independencia
No acabo de entender la carta que, bajo el título "Explicacions clares" recoge hoy "La Vanguardia". Su autor pide a los políticos que expliquen las supuestas bondades de la independencia, afirmando que el que lograse hacerlo de forma clara se llevaría de calle las elecciones, cualquiera que fuese su ideológía.
No lo entiendo por dos razones: la primera, porque en la actualidad yo no creo nada dicho por un político, y pienso que la mayoría de los ciudadanos comparten esta incredulidad. Y, la segunda, porque el autor de la carta da por sentado que la independencia sólo tiene bondades, pese a pedir que se las expliquen. ¿Para qué necesita explicaciones, si ya está convencido?
La independencia de Cataluña supondría, obviamente, que ninguna parte de los impuestos satisfechos por los contribuyentes catalanes iría a las arcas del Estado español. Esos fondos podrían ser invertidos en beneficio de los ciudadanos catalanes, o gastados inútilmente en proyectos improductivos. La independencia no garantiza el buen hacer de los gestores públicos, aunque éstos dispongan de más fondos.
Pero la independencia también supondría costes económicos. En primer lugar, variaría la posición de Cataluña frente a la Unión Europea. La aportación de Cataluña a los presupestos de la Unión ya no se determinaría en función del Producto Interior Bruto per capita español, sino del catalán. Cataluña tendría más riqueza por habitante que España, por lo que habría de contribuir más y tendría menos financiación de las instituciones europeas. Es decir, parte, al menos, de lo que ahora va a otras Comunidades Autónomas iría a los países menos desarrollados de la Unión. Este factor debe ser cuantificado.
Además, una Cataluña independiente debería construir servicios que, actualmente corren a cargo del Estado español y que resultaría difícil o imposible repartir, en caso de ruptura. Los más evidentes son la defensa y la representación exterior. ¿Tendría fuerzas armadas una Cataluña independiente? Y, en caso afirmativo, ¿cuánto costaría la creación y mantenimiento de los ejércitos catalanes?¿Cuánto costaría la creación de una red de representaciones diplomáticas y consulares de Cataluña?
La independencia y la forma en que se alcanzase podrían tener efectos importantes en las empresas catalanas. ¿Perderían su actual cuota del mercado español? Y, en caso de que así fuese, ¿cuánto tiempo requeriría sustituir estos clientes por otros, nuevos, de terceros países. Es bien sabido que la apertura de nuevos mercados requiere un esfuerzo mucho mayor que el mantenimiento de los ya existentes e, incluso, el aumento de una cuota ya existente.
Pero, aunque la propaganda de los partidos políticos hace hincapié en las ventajas económicas de la independencia (cuidándose mucho de explicarlas y cuantificarlas, de contestar a preguntas como las expuestas), ésta es, en realidad, un instrumento al servicio de la construcción nacional de Cataluña. Es decir, de transformar Cataluña de acuerdo con el sueño nacionalista.
Una Cataluña exclusivamente catalanoparlante, depurada de la influencia que, durante siglos, ha tenido España, unas veces por imposición, otras por interés de los propios catalanes (y, en particular, de las elites) y muchas, en fin, por compartir un espacio geográfico y, por tanto, problemas, necesidades y también oportunidades.
Esta construcción nacional exigiría conseguir que los ciudadanos de Cataluña de lengua castellana y cultura española o mixta, abandonasen su lengua y cultura, cortasen sus raíces, asumiendo una identidad que no es la suya. De grado, o por fuerza.
¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a este proceso? ¿Compensan las ventajas económicas de la independencia este cambio que ha de afectar a un número muy importante de ciudadanos y, en consecuencia, a la sociedad catalana en su conjunto? También este factor ha de valorarse cuidadosamente. La independencia no es un proceso fácilmente reversible.
No lo entiendo por dos razones: la primera, porque en la actualidad yo no creo nada dicho por un político, y pienso que la mayoría de los ciudadanos comparten esta incredulidad. Y, la segunda, porque el autor de la carta da por sentado que la independencia sólo tiene bondades, pese a pedir que se las expliquen. ¿Para qué necesita explicaciones, si ya está convencido?
La independencia de Cataluña supondría, obviamente, que ninguna parte de los impuestos satisfechos por los contribuyentes catalanes iría a las arcas del Estado español. Esos fondos podrían ser invertidos en beneficio de los ciudadanos catalanes, o gastados inútilmente en proyectos improductivos. La independencia no garantiza el buen hacer de los gestores públicos, aunque éstos dispongan de más fondos.
Pero la independencia también supondría costes económicos. En primer lugar, variaría la posición de Cataluña frente a la Unión Europea. La aportación de Cataluña a los presupestos de la Unión ya no se determinaría en función del Producto Interior Bruto per capita español, sino del catalán. Cataluña tendría más riqueza por habitante que España, por lo que habría de contribuir más y tendría menos financiación de las instituciones europeas. Es decir, parte, al menos, de lo que ahora va a otras Comunidades Autónomas iría a los países menos desarrollados de la Unión. Este factor debe ser cuantificado.
Además, una Cataluña independiente debería construir servicios que, actualmente corren a cargo del Estado español y que resultaría difícil o imposible repartir, en caso de ruptura. Los más evidentes son la defensa y la representación exterior. ¿Tendría fuerzas armadas una Cataluña independiente? Y, en caso afirmativo, ¿cuánto costaría la creación y mantenimiento de los ejércitos catalanes?¿Cuánto costaría la creación de una red de representaciones diplomáticas y consulares de Cataluña?
La independencia y la forma en que se alcanzase podrían tener efectos importantes en las empresas catalanas. ¿Perderían su actual cuota del mercado español? Y, en caso de que así fuese, ¿cuánto tiempo requeriría sustituir estos clientes por otros, nuevos, de terceros países. Es bien sabido que la apertura de nuevos mercados requiere un esfuerzo mucho mayor que el mantenimiento de los ya existentes e, incluso, el aumento de una cuota ya existente.
Pero, aunque la propaganda de los partidos políticos hace hincapié en las ventajas económicas de la independencia (cuidándose mucho de explicarlas y cuantificarlas, de contestar a preguntas como las expuestas), ésta es, en realidad, un instrumento al servicio de la construcción nacional de Cataluña. Es decir, de transformar Cataluña de acuerdo con el sueño nacionalista.
Una Cataluña exclusivamente catalanoparlante, depurada de la influencia que, durante siglos, ha tenido España, unas veces por imposición, otras por interés de los propios catalanes (y, en particular, de las elites) y muchas, en fin, por compartir un espacio geográfico y, por tanto, problemas, necesidades y también oportunidades.
Esta construcción nacional exigiría conseguir que los ciudadanos de Cataluña de lengua castellana y cultura española o mixta, abandonasen su lengua y cultura, cortasen sus raíces, asumiendo una identidad que no es la suya. De grado, o por fuerza.
¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a este proceso? ¿Compensan las ventajas económicas de la independencia este cambio que ha de afectar a un número muy importante de ciudadanos y, en consecuencia, a la sociedad catalana en su conjunto? También este factor ha de valorarse cuidadosamente. La independencia no es un proceso fácilmente reversible.
sábado, 18 de septiembre de 2010
Los olvidados
Al parecer, el PSC está cambiando su orientación, enfriando su entusiasmo catalanista. Así lo muestran las declaraciones de José Montilla contra el independentismo o la separación de Ciutadans pel canvi. No hay que decir que este cambio es valorado negativamente por muchos comentaristas. Así lo hace hoy, en "La Vanguardia", Pilar Rahola.
Por supuesto, a los nacionalistas no les puede parecer bien que uno de los grandes partidos catalanes escape de la disciplina nacionalista, en la que hasta ahora ha permanecido. Hablo de ese dogma indiscutible según el cual Cataluña es una nación y todos sus problemas vienen de España, por lo que cualquier incremento del autogobierno es, automáticamente, beneficioso. Este dogma era defendido, dentro del PSC, por el sector nacionalista representado por Ciutadans pel canvi y aceptado por el partido por intereses electorales y de gobierno: la aceptación del dogma permitió la formación del tripartito y determinó las líneas maestras de la política del mismo, en particular el nefasto proceso de reforma estatutaria. También fue la causa de los problemas del PSC, que ahora prevé una pérdida de votos y el pase a la oposición.
Pero tal vez los socialistas catalanes hayan recordado algo que el nacionalismo siempre ha tratado de ocultar y olvidar: la realidad social de Cataluña. Una parte muy importante de la población catalana, tal vez la mayoría, proviene de otras partes de España o son hijos o nietos, por una línea o por ambas, de inmigrantes. Gentes que mantienen vínculos culturales y emocionales con España, sin dejar por ello de tenerlos con la tierra en la que viven y con la cultura y las tradiciones de las gentes cuyos antepasados la habitaban.
Estas personas son ciudadanos de Cataluña con plenos derechos, porque han contribuido y contribuyen a construir este país (pero la Cataluña real de hoy, no la fantasía, en parte historicista y en parte futurista, de los nacionalistas). Y son los votantes naturales del partido socialista. He escrito bien, del partido socialista, porque son quienes en las elecciones generales desean votar PSOE y votan PSC porque creen que es el PSOE en Cataluña.
Tal vez el PSC ha recordado a su electorado y pretende defender sus intereses, a fin de evitar perderlo en la abstención. Y así quizá se resuelva la paradoja de que, siendo el castellano la lengua más hablada en Cataluña, los partidos y los políticos catalanes sean abrumadoramente nacionalistas y, en mayor o menor medida, antiespañoles.
Esta pluralidad de Cataluña, que el nacionalismo ha tratado de ocultar o negar en sus manifestaciones, al tiempo que procuraba eliminarla con su política (basta ver la educación, los medios de comunicación, la política cultural), dentro del proceso denominado "construcción nacional de Cataluña" debe forzosamente ser tenida en cuenta en cualquier proyecto que pretenda resolver el encaje de Cataluña en España. No se trata, como muchos afirman, de encajar una nación en otra nación o en un estado plurinacional; se trata de encajar una realidad compleja en otra no menos plural, respetando a las mayorías y a las minorías de ambas.
Aquí se encuentra el error de la, por otra parte lúcida y realista serie de tres artículos de Juan-José López Burniol cuya tercera parte publica hoy "La Vanguardia". Habla de Cataluña como si fuese una realidad monolítica y, en consecuencia, plantea la relación como un enfrentamiento de dos países, olvidando esa parte de la población catalana que participa de ambos y que los nacionalistas (y López Burniol es un nacionalista) pretenderían forzar a elegir entre convertirse al catalanismo o volver a la tierra de sus mayores.
Hasta ahora, el PSC ha contribuido a silenciar a esta parte de la población y a incorporarla a la Cataluña nacionalista. Esta política ha tenido un éxito indudable, aunque aún está lejos de lograr una Cataluña homogéneamente catalanoparlante y nacionalista. Y, tal vez, el cambio de política de los socialistas catalanes suponga que este grupo se convierta en el nexo de unión entre España y Cataluña. Aunque ello les pese a los nacionalistas, empeñados en crear una nación químicamente pura.
Por supuesto, a los nacionalistas no les puede parecer bien que uno de los grandes partidos catalanes escape de la disciplina nacionalista, en la que hasta ahora ha permanecido. Hablo de ese dogma indiscutible según el cual Cataluña es una nación y todos sus problemas vienen de España, por lo que cualquier incremento del autogobierno es, automáticamente, beneficioso. Este dogma era defendido, dentro del PSC, por el sector nacionalista representado por Ciutadans pel canvi y aceptado por el partido por intereses electorales y de gobierno: la aceptación del dogma permitió la formación del tripartito y determinó las líneas maestras de la política del mismo, en particular el nefasto proceso de reforma estatutaria. También fue la causa de los problemas del PSC, que ahora prevé una pérdida de votos y el pase a la oposición.
Pero tal vez los socialistas catalanes hayan recordado algo que el nacionalismo siempre ha tratado de ocultar y olvidar: la realidad social de Cataluña. Una parte muy importante de la población catalana, tal vez la mayoría, proviene de otras partes de España o son hijos o nietos, por una línea o por ambas, de inmigrantes. Gentes que mantienen vínculos culturales y emocionales con España, sin dejar por ello de tenerlos con la tierra en la que viven y con la cultura y las tradiciones de las gentes cuyos antepasados la habitaban.
Estas personas son ciudadanos de Cataluña con plenos derechos, porque han contribuido y contribuyen a construir este país (pero la Cataluña real de hoy, no la fantasía, en parte historicista y en parte futurista, de los nacionalistas). Y son los votantes naturales del partido socialista. He escrito bien, del partido socialista, porque son quienes en las elecciones generales desean votar PSOE y votan PSC porque creen que es el PSOE en Cataluña.
Tal vez el PSC ha recordado a su electorado y pretende defender sus intereses, a fin de evitar perderlo en la abstención. Y así quizá se resuelva la paradoja de que, siendo el castellano la lengua más hablada en Cataluña, los partidos y los políticos catalanes sean abrumadoramente nacionalistas y, en mayor o menor medida, antiespañoles.
Esta pluralidad de Cataluña, que el nacionalismo ha tratado de ocultar o negar en sus manifestaciones, al tiempo que procuraba eliminarla con su política (basta ver la educación, los medios de comunicación, la política cultural), dentro del proceso denominado "construcción nacional de Cataluña" debe forzosamente ser tenida en cuenta en cualquier proyecto que pretenda resolver el encaje de Cataluña en España. No se trata, como muchos afirman, de encajar una nación en otra nación o en un estado plurinacional; se trata de encajar una realidad compleja en otra no menos plural, respetando a las mayorías y a las minorías de ambas.
Aquí se encuentra el error de la, por otra parte lúcida y realista serie de tres artículos de Juan-José López Burniol cuya tercera parte publica hoy "La Vanguardia". Habla de Cataluña como si fuese una realidad monolítica y, en consecuencia, plantea la relación como un enfrentamiento de dos países, olvidando esa parte de la población catalana que participa de ambos y que los nacionalistas (y López Burniol es un nacionalista) pretenderían forzar a elegir entre convertirse al catalanismo o volver a la tierra de sus mayores.
Hasta ahora, el PSC ha contribuido a silenciar a esta parte de la población y a incorporarla a la Cataluña nacionalista. Esta política ha tenido un éxito indudable, aunque aún está lejos de lograr una Cataluña homogéneamente catalanoparlante y nacionalista. Y, tal vez, el cambio de política de los socialistas catalanes suponga que este grupo se convierta en el nexo de unión entre España y Cataluña. Aunque ello les pese a los nacionalistas, empeñados en crear una nación químicamente pura.
sábado, 11 de septiembre de 2010
La Diada
El artículo del Director de "La Vanguardia" en la fiesta nacional del 11 de septiembre resulta tan obvio que parece mentira que lo escriba el Director de uno de los diarios más importantes de Cataluña en fecha tan señalada. Y, sin embargo, él ha considerado necesario escribirlo y tenemos que reconocer que es un acierto, que era necesario. Dice, sencillamente, que la prioridad de Cataluña, hoy, es crear trabajo para los 555.894 parados censados a 31 de agosto.
Más concretamente, el Sr. Antich dice que Esa es hoy nuestra primera reivindicación nacional. No sé si ésa es su intención, pero a mi me parece que está diciendo a los políticos que menos reivindicaciones identitarias y más "anar per feina". Que la acción de gobierno debe dirigirse a resolver los problemas que, de verdad, preocupan a los ciudadanos de Cataluña, no a perseguir una entelequia.
En este sentido, quisiera comentar la propuesta estrella de quien, según las encuestas, será el próximo Presidente de la Generalitat, Artur Mas: el concierto económico.
El Sr. Mas ya propuso el concierto durante la preparación de la reforma del Estatuto de Autonomía y, si no recuerdo mal, no se incluyó en el texto votado por el Parlamento de Cataluña. Se consideró una propuesta demasiado ambiciosa, inalcanzable en las circunstancias existentes en ese momento. Pero ahora, que una propuesta menos ambiciosa ha sido cercenada, primero por el acuerdo suscrito por el propio Sr. Mas y el Presidente del Gobierno español y después por el Tribunal Constitucional, nos lo propone como la próxima exigencia irrenunciable.
O bien el Sr. Mas considera que la consecución del actual Estatuto ha sido un éxito y, por tanto, hay que proponerse metas más ambiciosas, como los deportistas buscan mejorar sus records, o bien nos pretende engañar como si fuéramos tontos. Y creo que la segunda es la alternativa correcta.
Lo que nos dice el líder nacionalista es que Cataluña no puede funcionar si no consigue primero algo que no tiene. Y que, por tanto, no le podemos exigir resultados tangibles. Lo que hace es preparar una coartada para su propio fracaso, de forma que no le afecte electoralmente: si se crea empleo, bien; si no, la culpa no es suya, sino de Madrid.
Cuidado, es otra versión de la política del tripartito, sobre todo en su primera edición. La aventura estatutaria fue un intento de lograr un gran triunfo virtual que sustituyese a los avances reales, mucho más problemáticos. No hace falta mejorar el empleo, la competitividad, la educación, la sanidad... Basta con avanzar en el autogobierno porque, como éste es la panacea, contiene en sí todas las mejoras posibles, diga lo que diga la realidad. Y, si no se logra, hay un tercero al que echar la culpa, tanto de impedir los avances en el autogobierno como de cualquier otro error ó ineficiencia del Gobierno.
Lo que calculan nuestros políticos es que, si un día Cataluña accede a la independencia y se quedan sin coartada, ya buscarán nuevas excusas. O, mejor, que ya las buscarán sus sucesores. El que venga detrás que arree, que lo que importa es sólo la próxima encuesta, las próximas elecciones. Mientras tanto, ellos no tienen que preocuparse de gobernar bien porque, hagan lo que hagan, la culpa es de Madrid.
Más concretamente, el Sr. Antich dice que Esa es hoy nuestra primera reivindicación nacional. No sé si ésa es su intención, pero a mi me parece que está diciendo a los políticos que menos reivindicaciones identitarias y más "anar per feina". Que la acción de gobierno debe dirigirse a resolver los problemas que, de verdad, preocupan a los ciudadanos de Cataluña, no a perseguir una entelequia.
En este sentido, quisiera comentar la propuesta estrella de quien, según las encuestas, será el próximo Presidente de la Generalitat, Artur Mas: el concierto económico.
El Sr. Mas ya propuso el concierto durante la preparación de la reforma del Estatuto de Autonomía y, si no recuerdo mal, no se incluyó en el texto votado por el Parlamento de Cataluña. Se consideró una propuesta demasiado ambiciosa, inalcanzable en las circunstancias existentes en ese momento. Pero ahora, que una propuesta menos ambiciosa ha sido cercenada, primero por el acuerdo suscrito por el propio Sr. Mas y el Presidente del Gobierno español y después por el Tribunal Constitucional, nos lo propone como la próxima exigencia irrenunciable.
O bien el Sr. Mas considera que la consecución del actual Estatuto ha sido un éxito y, por tanto, hay que proponerse metas más ambiciosas, como los deportistas buscan mejorar sus records, o bien nos pretende engañar como si fuéramos tontos. Y creo que la segunda es la alternativa correcta.
Lo que nos dice el líder nacionalista es que Cataluña no puede funcionar si no consigue primero algo que no tiene. Y que, por tanto, no le podemos exigir resultados tangibles. Lo que hace es preparar una coartada para su propio fracaso, de forma que no le afecte electoralmente: si se crea empleo, bien; si no, la culpa no es suya, sino de Madrid.
Cuidado, es otra versión de la política del tripartito, sobre todo en su primera edición. La aventura estatutaria fue un intento de lograr un gran triunfo virtual que sustituyese a los avances reales, mucho más problemáticos. No hace falta mejorar el empleo, la competitividad, la educación, la sanidad... Basta con avanzar en el autogobierno porque, como éste es la panacea, contiene en sí todas las mejoras posibles, diga lo que diga la realidad. Y, si no se logra, hay un tercero al que echar la culpa, tanto de impedir los avances en el autogobierno como de cualquier otro error ó ineficiencia del Gobierno.
Lo que calculan nuestros políticos es que, si un día Cataluña accede a la independencia y se quedan sin coartada, ya buscarán nuevas excusas. O, mejor, que ya las buscarán sus sucesores. El que venga detrás que arree, que lo que importa es sólo la próxima encuesta, las próximas elecciones. Mientras tanto, ellos no tienen que preocuparse de gobernar bien porque, hagan lo que hagan, la culpa es de Madrid.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Fusión
Interesante artículo el que hoy publica Antoni Puigverd en "La Vanguardia" bajo el título "¿White trash? Cuidado con el fuego". En él señala que el PSC ha fracasado tanto en articular la relación entre Cataluña y España mediante un modelo federal como en lograr la síntesis o fusión de las comunidades catalanoparlante y castellanoparlante en un solo pueblo.
Comenta Puigverd el conocido incremento de la abstención en las elecciones autonómicas de los castellanoparlantes que votan PSOE en las generales, que niega que obedezca a una oposición a la línea oficial del PSC. Y añade que tampoco CiU ha logrado entrar en los barrios y ciudades del cinturón barcelonés.
Por fin, advierte el riesgo que representa la frase de un escritor nacionalista, que no nombra, que niega la posibilidad de que Cataluña se fraccione en dos comunidades, por cuanto los castellanoparlantes del cinturón industrial (los "xarnegos", aunque puede que "La Vanguardia" me censure el blog por usar un término políticamente incorrecto) son "white trash", basura blanca.
Es incoherente temer la ruptura de Cataluña cuando no se ha logrado unificarla. Tiene razón el Sr. Puigverd cuando dice que los castellanohablantes no se implican. Podría decir, mejor, que dan la espalda a la política catalana. Y lo hacen porque la sienten ajena. La acción política de la Generalitat, tanto cuando gobernaban los nacionalistas de CiU como bajo los nacionalistas del tripartito, tiene como objetivo principal crear la Cataluña que desean los nacionalistas. Una Cataluña de lengua catalana que corte sus vínculos emocionales, culturales, de solidaridad, con España. Una Cataluña en que los castellanoparlantes sean, y se sientan, extranjeros.
Por ello, los "xarnegos" sienten que el Gobierno que puede trabajar a su favor no es la Generalitat, sino el Gobierno español, el de Madrid. De ahí que se abstengan en las elecciones autonómicas. Quizá esta percepción sea errónea, pero basta leer los titulares de prensa: las noticias que ponen de manifiesto diferencias con otras Comunidades Autónomas, es decir, que resaltan la autonomía catalana, siempre se refieren a la identidad y, desde luego, en el sentido catalanista y antiespañol. Rara vez hay una singularidad catalana en el ámbito social, que justifique un interés de este sector de la sociedad catalana por la acción del que debería ser también su Gobierno.
Otro diario recoge hoy un artículo que, sin ambages, sostiene que el catalán debe ser el ascensor social en Cataluña. Ello implica que hay una clara diferencia de clases, la superior, catalanoparlante, y la inferior, castellanoparlante, y que así debe continuar, si bien se ha de permitir a los castellanoparlantes que abandonen su lengua y raíces (que se arrepientan) incorporarse a la clase superior (se olvida de señalar que, además, tendrá que lograr el éxito económico, que no depende sólo de la lengua).
Si quieren una prueba más, ahí está José Montilla: sí, un "xarnego" en la presidencia de la Generalitat, pero un "xarnego penedit". ¿Alguien recuerda haber oído a Montilla hablar en castellano, como presidente, dentro de Cataluña? Si el que debería ser el presidente de todos los catalanes, el líder del partido que se supone que quiere representar los intereses de esos castellanoparlantes del cinturón industrial no les habla en su lengua (salvo quizá en campaña electoral), ¿cómo quiere que le entiendan, que confíen en él y en su programa?
"White trash" no, "xarnegos". Ésta es la categoría clave en la política catalana. Mientras los "xarnegos" sigan pensando que la política de la Generalitat no les afecta, los nacionalistas podrán seguir soñando con su Cataluña ideal, mitad medieval mitad del siglo XXI. Pero el día que se den cuenta de que pagan la construcción de una Cataluña a la medida de los de siempre, se pondrá de manifiesto que, ni se ha logrado la fusión, ni se ha pretendido lograr nunca. Lo que se ha buscado es la perpetuación del "statu quo".
Comenta Puigverd el conocido incremento de la abstención en las elecciones autonómicas de los castellanoparlantes que votan PSOE en las generales, que niega que obedezca a una oposición a la línea oficial del PSC. Y añade que tampoco CiU ha logrado entrar en los barrios y ciudades del cinturón barcelonés.
Por fin, advierte el riesgo que representa la frase de un escritor nacionalista, que no nombra, que niega la posibilidad de que Cataluña se fraccione en dos comunidades, por cuanto los castellanoparlantes del cinturón industrial (los "xarnegos", aunque puede que "La Vanguardia" me censure el blog por usar un término políticamente incorrecto) son "white trash", basura blanca.
Es incoherente temer la ruptura de Cataluña cuando no se ha logrado unificarla. Tiene razón el Sr. Puigverd cuando dice que los castellanohablantes no se implican. Podría decir, mejor, que dan la espalda a la política catalana. Y lo hacen porque la sienten ajena. La acción política de la Generalitat, tanto cuando gobernaban los nacionalistas de CiU como bajo los nacionalistas del tripartito, tiene como objetivo principal crear la Cataluña que desean los nacionalistas. Una Cataluña de lengua catalana que corte sus vínculos emocionales, culturales, de solidaridad, con España. Una Cataluña en que los castellanoparlantes sean, y se sientan, extranjeros.
Por ello, los "xarnegos" sienten que el Gobierno que puede trabajar a su favor no es la Generalitat, sino el Gobierno español, el de Madrid. De ahí que se abstengan en las elecciones autonómicas. Quizá esta percepción sea errónea, pero basta leer los titulares de prensa: las noticias que ponen de manifiesto diferencias con otras Comunidades Autónomas, es decir, que resaltan la autonomía catalana, siempre se refieren a la identidad y, desde luego, en el sentido catalanista y antiespañol. Rara vez hay una singularidad catalana en el ámbito social, que justifique un interés de este sector de la sociedad catalana por la acción del que debería ser también su Gobierno.
Otro diario recoge hoy un artículo que, sin ambages, sostiene que el catalán debe ser el ascensor social en Cataluña. Ello implica que hay una clara diferencia de clases, la superior, catalanoparlante, y la inferior, castellanoparlante, y que así debe continuar, si bien se ha de permitir a los castellanoparlantes que abandonen su lengua y raíces (que se arrepientan) incorporarse a la clase superior (se olvida de señalar que, además, tendrá que lograr el éxito económico, que no depende sólo de la lengua).
Si quieren una prueba más, ahí está José Montilla: sí, un "xarnego" en la presidencia de la Generalitat, pero un "xarnego penedit". ¿Alguien recuerda haber oído a Montilla hablar en castellano, como presidente, dentro de Cataluña? Si el que debería ser el presidente de todos los catalanes, el líder del partido que se supone que quiere representar los intereses de esos castellanoparlantes del cinturón industrial no les habla en su lengua (salvo quizá en campaña electoral), ¿cómo quiere que le entiendan, que confíen en él y en su programa?
"White trash" no, "xarnegos". Ésta es la categoría clave en la política catalana. Mientras los "xarnegos" sigan pensando que la política de la Generalitat no les afecta, los nacionalistas podrán seguir soñando con su Cataluña ideal, mitad medieval mitad del siglo XXI. Pero el día que se den cuenta de que pagan la construcción de una Cataluña a la medida de los de siempre, se pondrá de manifiesto que, ni se ha logrado la fusión, ni se ha pretendido lograr nunca. Lo que se ha buscado es la perpetuación del "statu quo".
martes, 24 de agosto de 2010
Antecedentes penales
Una columna de "la Vanguardia" de hoy comenta una carta aparecida anteriormente en que una lectora denunciaba que Millet y Montull, en lugar de estar en prisión pagando sus culpas, se encuentran pasando sus vacaciones, tan ricamente, en sus segundas residencias.
Como primer comentario, hay que recordar que Millet y Montull no han sido condenados legalmente por delito alguno, en relación con el saqueo del Palau y, en consecuencia, sólo pueden ser encarcelados en concepto de presos preventivos, lo que exige que se cumplan unas condiciones (riesgo de fuga o de eliminación de pruebas, por ejemplo) que, a criterio del Juez, no deben concurrir. Lo que hay que pedir es que finalice rápidamente la instrucción, que se abra el juicio oral y que una sentencia firme determine el ingreso de ambos delincuentes en prisión, ahora sí, para pagar sus culpas.
También hay que recordar que los instructores tienden a demorar la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil hasta prácticamente el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral. Ello se debe a que, frecuentemente, sólo en ese momento se conocen los elementos precisos para determinar el importe de dicha responsabilidad (por ejemplo, la duración de la incapacidad determinada por unas lesiones o el valor de los bienes robados y la lista de los que han sido recuperados y de los que se han perdido). Quizá, en casos como el presente esta tendencia no resulta adecuada, si bien, indudablemente, aún no se conoce con precisión el importe de los fondos sustraídos y su destino.
Pero lo importante, a nuestro juicio, es que Félix Millet ya había estado en prisión (preventiva) por el asunto Renta Catalana. La sentencia definitiva, creo recordar, fue condenatoria, pero no supuso un nuevo ingreso en prisión, dado el abono del tiempo de prisión preventiva.
Así pues, antes de que surgiese a la luz el expolio del Palau (ésto si que es un expolio, un robo), Millet ya era un delincuente. Ello, sin embargo, no impidió que la sociedad civil catalana y las Administraciones públicas le considerasen el patricio ejemplar a quien se podía confiar, con los ojos cerrados, la gestión de una auténtica institución que manejaba una cifra importante de fondos públicos y privados. Encima, sabiendo perfectamente que la música no le interesaba.
Pero no se trata de una excepción. El Tribunal Supremo condenó a "los Albertos", como autores de un delito de estafa; es decir, una sentencia del alto Tribunal afirmó que ambos primos habían engañado a otras personas a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de éstas. Luego, el Tribunal Constitucional afirmó que los hechos habían prescrito y, por tanto, no debieron juzgarse, pero en modo alguno eliminó la evidencia de que las acciones realizadas por los "ex" de las hermanas Koplowitz cumpliesen las características del tipo penal de estafa.
Y, sin embargo, "los Albertos" no fueron tratados como apestados en los medios financieros. Los cuentacorrentistas del Banco Zaragozano no cancelaron sus cuentas, como hubiese sido lógico, ante la noticia de que dicha entidad estaba dirigida por unos estafadores (en el sentido vulgar, no en el estrictamente jurídico de persona condenada en sentencia criminal firme). ¿No temieron ser objeto de una nueva maquinación de tan tenebrosos sujetos?
Los problemas de Jordi Pujol con la Justicia a raíz del caso Banca Catalana tal vez estén excesivamente teñidos por la política y no se pueda efectuar una comparación válida. Sin embargo, cabe citarlos siquiera marginalmente.
En el Parlamento de Cataluña, un conseller ha venido a declarar que tanto su propio gobierno como el anterior (de otra formación política) encargó informes inútiles, generosamente retribuidos. Estos hechos constituyen uno o varios delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, nadie se ha escandalizado ni, que sepamos, la Fiscalía ha abierto actuaciones.
Parece, pues, que nuestra sociedad no valora negativamente la comisión de delitos económicos (decía Jaume Perich que, de un millón de pesetas hacia abajo, un delito dejaba de ser económico para convertirese en robo ¡qué tiempos aquéllos!). Se trata de algo parecido a lo que comentaba hace unos días un invitado de la contra: el fracaso es imprescindible para conseguir triunfar en los negocios. El delincuente de hoy, si pertenece a la clase superior, ha tenido mala suerte; quizá mañana será un triunfador: no le cogerán.
Quizá también, la tradicional lenidad de nuestra sociedad con los delitos que afectan a una colectividad, sobre todo si se trata de toda la sociedad (caso de los delitos contra la Hacienda Pública) contribuya a explicar esta anomalía: robar a una persona determinada está feo, robar a instituciones sin rostro, es sólo pasarse de listo. Olvidamos, en general, que detrás de estas instituciones estamos todos los contribuyentes. ¿O es precisamente por éso? Quienes no contribuyen no se ven afectados por la apropiación indebida de fondos públicos. Por tanto, en definitiva, Millet y Montull qwuizá no hayan perjudicado a los suyos.
Como primer comentario, hay que recordar que Millet y Montull no han sido condenados legalmente por delito alguno, en relación con el saqueo del Palau y, en consecuencia, sólo pueden ser encarcelados en concepto de presos preventivos, lo que exige que se cumplan unas condiciones (riesgo de fuga o de eliminación de pruebas, por ejemplo) que, a criterio del Juez, no deben concurrir. Lo que hay que pedir es que finalice rápidamente la instrucción, que se abra el juicio oral y que una sentencia firme determine el ingreso de ambos delincuentes en prisión, ahora sí, para pagar sus culpas.
También hay que recordar que los instructores tienden a demorar la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil hasta prácticamente el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral. Ello se debe a que, frecuentemente, sólo en ese momento se conocen los elementos precisos para determinar el importe de dicha responsabilidad (por ejemplo, la duración de la incapacidad determinada por unas lesiones o el valor de los bienes robados y la lista de los que han sido recuperados y de los que se han perdido). Quizá, en casos como el presente esta tendencia no resulta adecuada, si bien, indudablemente, aún no se conoce con precisión el importe de los fondos sustraídos y su destino.
Pero lo importante, a nuestro juicio, es que Félix Millet ya había estado en prisión (preventiva) por el asunto Renta Catalana. La sentencia definitiva, creo recordar, fue condenatoria, pero no supuso un nuevo ingreso en prisión, dado el abono del tiempo de prisión preventiva.
Así pues, antes de que surgiese a la luz el expolio del Palau (ésto si que es un expolio, un robo), Millet ya era un delincuente. Ello, sin embargo, no impidió que la sociedad civil catalana y las Administraciones públicas le considerasen el patricio ejemplar a quien se podía confiar, con los ojos cerrados, la gestión de una auténtica institución que manejaba una cifra importante de fondos públicos y privados. Encima, sabiendo perfectamente que la música no le interesaba.
Pero no se trata de una excepción. El Tribunal Supremo condenó a "los Albertos", como autores de un delito de estafa; es decir, una sentencia del alto Tribunal afirmó que ambos primos habían engañado a otras personas a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de éstas. Luego, el Tribunal Constitucional afirmó que los hechos habían prescrito y, por tanto, no debieron juzgarse, pero en modo alguno eliminó la evidencia de que las acciones realizadas por los "ex" de las hermanas Koplowitz cumpliesen las características del tipo penal de estafa.
Y, sin embargo, "los Albertos" no fueron tratados como apestados en los medios financieros. Los cuentacorrentistas del Banco Zaragozano no cancelaron sus cuentas, como hubiese sido lógico, ante la noticia de que dicha entidad estaba dirigida por unos estafadores (en el sentido vulgar, no en el estrictamente jurídico de persona condenada en sentencia criminal firme). ¿No temieron ser objeto de una nueva maquinación de tan tenebrosos sujetos?
Los problemas de Jordi Pujol con la Justicia a raíz del caso Banca Catalana tal vez estén excesivamente teñidos por la política y no se pueda efectuar una comparación válida. Sin embargo, cabe citarlos siquiera marginalmente.
En el Parlamento de Cataluña, un conseller ha venido a declarar que tanto su propio gobierno como el anterior (de otra formación política) encargó informes inútiles, generosamente retribuidos. Estos hechos constituyen uno o varios delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, nadie se ha escandalizado ni, que sepamos, la Fiscalía ha abierto actuaciones.
Parece, pues, que nuestra sociedad no valora negativamente la comisión de delitos económicos (decía Jaume Perich que, de un millón de pesetas hacia abajo, un delito dejaba de ser económico para convertirese en robo ¡qué tiempos aquéllos!). Se trata de algo parecido a lo que comentaba hace unos días un invitado de la contra: el fracaso es imprescindible para conseguir triunfar en los negocios. El delincuente de hoy, si pertenece a la clase superior, ha tenido mala suerte; quizá mañana será un triunfador: no le cogerán.
Quizá también, la tradicional lenidad de nuestra sociedad con los delitos que afectan a una colectividad, sobre todo si se trata de toda la sociedad (caso de los delitos contra la Hacienda Pública) contribuya a explicar esta anomalía: robar a una persona determinada está feo, robar a instituciones sin rostro, es sólo pasarse de listo. Olvidamos, en general, que detrás de estas instituciones estamos todos los contribuyentes. ¿O es precisamente por éso? Quienes no contribuyen no se ven afectados por la apropiación indebida de fondos públicos. Por tanto, en definitiva, Millet y Montull qwuizá no hayan perjudicado a los suyos.
viernes, 20 de agosto de 2010
Las mejores universidades del mundo
Según un informe de la UGT del que se hace hoy eco "La Vanguardia", Cataluña es la región europea que menos invierte en educación, por debajo de otras con un nivel inferior de desarrollo, como Rumanía.
El mismo periódico recoge la noticia, y la comenta en un editorial que no aparece en la versión digital, de que ninguna universidad catalana (ni española) aparece entre las 200 mejores universidades del mundo.
Parece evidente la relación entre ambas noticias. Y todo ello concuerda con lo que se comenta en la entrada anterior de este blog, "El corsé feudal y la lógica económica". A dicha entrada me remito.
Lo que más sorprende es la medida que se proponen adoptar las tres universidades catalanas que aparecen en la lista entre los puestos 201 y 400: la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Pretenden agruparse bajo la marca Universitat de Catalunya en las ferias e instituciones internacionales. Aun sorprende más que la dirección de "La Vanguardia" considere urgente la adopción de esta medida.
Espero acertar al suponer que lo que pretenden estas universidades es optimizar el uso de los recursos para darse a conocer en los distintos foros educativos internacionales, estando presentes, por ejemplo, mediante stands conjuntos, donde no podrían llegar individualmente. Quiero decir que el objetivo es realmente alcanzar una mayor resonancia internacional de las universidades, no simplemente potenciar en el mundo académico la imagen de Cataluña como nación diferente de España.
Pero ni una palabra de lo que de verdad importa. No hay ninguna referencia a mejorar la calidad de las universidades catalanas, corrigiendo los defectos que puedan tener y potenciando sus virtudes (mejorar la calidad de los docentes, elevar la exigencia, imponer el dominio del inglés como requisito de admisión, facilitar el acceso a publicaciones de prestigio...). Ni, por supuesto, a mejorar los medios, lo que significa, en buena medida, aumentar los recursos destinados a las universidades.
Sin duda, a las universidades catalanas les sobra calidad para superar a Harvard, Berkeley, Stanford y, naturalmente, Oxbridge. Su problema es, simplemente, de imagen y, con cuatro medidas de marketing, quedará solucionado. Si es que somos los mejores del mundo, en ésto como en todo.
Pero, eso sí, aunque no se refiere a la enseñanza universitaria, Cataluña dispone de fondos para financiar escuelas en Francia que enseñen en catalán, aunque aquí muchas clases se hayan de impartir en barracones. Así nos va.
El mismo periódico recoge la noticia, y la comenta en un editorial que no aparece en la versión digital, de que ninguna universidad catalana (ni española) aparece entre las 200 mejores universidades del mundo.
Parece evidente la relación entre ambas noticias. Y todo ello concuerda con lo que se comenta en la entrada anterior de este blog, "El corsé feudal y la lógica económica". A dicha entrada me remito.
Lo que más sorprende es la medida que se proponen adoptar las tres universidades catalanas que aparecen en la lista entre los puestos 201 y 400: la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Pretenden agruparse bajo la marca Universitat de Catalunya en las ferias e instituciones internacionales. Aun sorprende más que la dirección de "La Vanguardia" considere urgente la adopción de esta medida.
Espero acertar al suponer que lo que pretenden estas universidades es optimizar el uso de los recursos para darse a conocer en los distintos foros educativos internacionales, estando presentes, por ejemplo, mediante stands conjuntos, donde no podrían llegar individualmente. Quiero decir que el objetivo es realmente alcanzar una mayor resonancia internacional de las universidades, no simplemente potenciar en el mundo académico la imagen de Cataluña como nación diferente de España.
Pero ni una palabra de lo que de verdad importa. No hay ninguna referencia a mejorar la calidad de las universidades catalanas, corrigiendo los defectos que puedan tener y potenciando sus virtudes (mejorar la calidad de los docentes, elevar la exigencia, imponer el dominio del inglés como requisito de admisión, facilitar el acceso a publicaciones de prestigio...). Ni, por supuesto, a mejorar los medios, lo que significa, en buena medida, aumentar los recursos destinados a las universidades.
Sin duda, a las universidades catalanas les sobra calidad para superar a Harvard, Berkeley, Stanford y, naturalmente, Oxbridge. Su problema es, simplemente, de imagen y, con cuatro medidas de marketing, quedará solucionado. Si es que somos los mejores del mundo, en ésto como en todo.
Pero, eso sí, aunque no se refiere a la enseñanza universitaria, Cataluña dispone de fondos para financiar escuelas en Francia que enseñen en catalán, aunque aquí muchas clases se hayan de impartir en barracones. Así nos va.
domingo, 15 de agosto de 2010
El corsé feudal y la lógica económica
Quiero felicitar a Antoni Puigverd, cuyo artículo "Los jóvenes y el corsé feudal", publicado hoy, 15 de agosto, en "La Vanguardia" pone de manifiesto un problema grave al que nadie parece haber querido prestar atención.
Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.
Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.
Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.
Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.
La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.
Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.
¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.
Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.
Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.
Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.
Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.
La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.
Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.
¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.
jueves, 29 de julio de 2010
Toros
El Parlamento de Cataluña ha decidido prohibir las corridas de toros a partir de 2012. La prohibición ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios, pese a la libertad de voto que algunas formaciones han permitido a sus diputados.
Si la prohibición obedeciera exclusivamente a las razones esgrimidas para sostenerla, no habría nada que objetar. Los argumentos de los defensores de los animales son sólidos y su causa digna. También, eso sí, habría argumentos para oponerse a la prohibición o a la oportunidad de acordarla en plena crisis. Pero la democracia tiene estas cosas: hay diversas opciones defendibles, los representantes de los ciudadanos eligen una de ellas y aciertan o se equivocan. En este último caso, normalmente, es posible rectificar, con lo que se limitan los perjuicios.
Pero es incoherente prohibir las corridas por el sufrimiento que causan a los animales sacrificados y defender los correbous pese al sufrimiento que causan a animales similares. Lo que lleva a concluir que, a los políticos que han apoyado la prohibición, el sufrimiento de los animales no les importa lo más mínimo.
La verdadera razón de la prohibición es que constituye un paso adelante en la construcción nacional de Cataluña. Este proceso consiste, básicamente, en ampliar las diferencias de Cataluña respecto de España o, más exactamente, del resto de España.
La afirmación, dogma fundamental del nacionalismo catalán, de que Cataluña es una nación, se sustenta en el denominado fet diferencial: las características que comparten los catalanes, de manera que presentan una identidad propia, y les distinguen de los demás, en particular de los restantes españoles (los restantes habitantes del territorio estatal; no entramos aquí en si España es o no una nación).
Lo que se pretende es, pues, crear una diferencia más: en España hay corridas, en Cataluña no. Cataluña no participa de la "fiesta nacional" española, luego no pertenece a la nación española; es otra nación (el silogismo completo incluiría todas las diferencias que se pudiesen encontrar, claro está, no sólo los toros).
Por tanto, si bien comprendemos e incluso compartimos (al menos en parte) los sentimientos de los animalistas, rechazamos la maniobra que realmente constituye el fondo político de la prohibición. Lo que están haciendo es modificar conscientemente la sociedad catalana a fin de crear la nación de sus sueños que hoy, mal que les pese, no existe. Y hacerlo es legítimo, pero sólo si lo declaran abiertamente, no amparándose en argumentos que les permitan ocultar sus verdaderas intenciones.
Los partidos abiertamente nacionalistas, CiU y ERC no llegan a admitir que ésta es realmente su política, ya que ello entraría en contradicción con su dogma fundamental de que Cataluña es ya una nación (¿entonces para qué es necesaria su construcción nacional?). Pero es el PSC el que debería manifestar si apoya este proceso de diferenciación consciente de Cataluña respecto de España o no; en definitiva, si es un partido nacionalista o no.
Si la prohibición obedeciera exclusivamente a las razones esgrimidas para sostenerla, no habría nada que objetar. Los argumentos de los defensores de los animales son sólidos y su causa digna. También, eso sí, habría argumentos para oponerse a la prohibición o a la oportunidad de acordarla en plena crisis. Pero la democracia tiene estas cosas: hay diversas opciones defendibles, los representantes de los ciudadanos eligen una de ellas y aciertan o se equivocan. En este último caso, normalmente, es posible rectificar, con lo que se limitan los perjuicios.
Pero es incoherente prohibir las corridas por el sufrimiento que causan a los animales sacrificados y defender los correbous pese al sufrimiento que causan a animales similares. Lo que lleva a concluir que, a los políticos que han apoyado la prohibición, el sufrimiento de los animales no les importa lo más mínimo.
La verdadera razón de la prohibición es que constituye un paso adelante en la construcción nacional de Cataluña. Este proceso consiste, básicamente, en ampliar las diferencias de Cataluña respecto de España o, más exactamente, del resto de España.
La afirmación, dogma fundamental del nacionalismo catalán, de que Cataluña es una nación, se sustenta en el denominado fet diferencial: las características que comparten los catalanes, de manera que presentan una identidad propia, y les distinguen de los demás, en particular de los restantes españoles (los restantes habitantes del territorio estatal; no entramos aquí en si España es o no una nación).
Lo que se pretende es, pues, crear una diferencia más: en España hay corridas, en Cataluña no. Cataluña no participa de la "fiesta nacional" española, luego no pertenece a la nación española; es otra nación (el silogismo completo incluiría todas las diferencias que se pudiesen encontrar, claro está, no sólo los toros).
Por tanto, si bien comprendemos e incluso compartimos (al menos en parte) los sentimientos de los animalistas, rechazamos la maniobra que realmente constituye el fondo político de la prohibición. Lo que están haciendo es modificar conscientemente la sociedad catalana a fin de crear la nación de sus sueños que hoy, mal que les pese, no existe. Y hacerlo es legítimo, pero sólo si lo declaran abiertamente, no amparándose en argumentos que les permitan ocultar sus verdaderas intenciones.
Los partidos abiertamente nacionalistas, CiU y ERC no llegan a admitir que ésta es realmente su política, ya que ello entraría en contradicción con su dogma fundamental de que Cataluña es ya una nación (¿entonces para qué es necesaria su construcción nacional?). Pero es el PSC el que debería manifestar si apoya este proceso de diferenciación consciente de Cataluña respecto de España o no; en definitiva, si es un partido nacionalista o no.
domingo, 25 de julio de 2010
El Estatuto y la financiación
Un lector afirma en "La Vanguardia" que el propósito fundamental del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña era mejorar la financiación y acabar con el famoso expolio fiscal. En mi opinión, se equivoca totalmente.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
domingo, 18 de julio de 2010
Naciones plurales
Quiero felicitar a Toni Soler por su artículo en "La Vanguardia" del domingo, 18 de julio de 2010. No es ninguna broma, y la fecha es una simple coincidencia. Como "la Vanguardia" digital no lo recoge, lo reproduzco aquí:
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
jueves, 15 de julio de 2010
Banderas
La victora de la selección española en el Mundial de fútbol dio lugar a un hecho insólito: gente circulando por Barcelona (y por otras ciudades de Cataluña, supongo) ondeando banderas españolas; otras banderas españolas en los balcones. Este hecho ha sido comentado en la prensa desde diferentes enfoques, especialmente al producirse al día siguiente de la multitudinaria manifestación catalanista, en que ondearon muchas banderas catalanas y, especialmente "estelades" (por cierto, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre la "estelada" con el triángulo azul y la estrella blanca y la otra, con la estrella roja sobre fondo amarillo?).
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
sábado, 10 de julio de 2010
¿Provocación?
Pese a lo que titula en primera página "La Vanguardia" y sostien su Director, la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso planteado por el PP frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña no es ninguna provocación.
El Tribunal Constitucional ha cumplido su obligación de dictar sentencia (tarde, es cierto) y, al hacer público su texto, ha permitido que sean conocidos sus fundamentos jurídicos, es decir, los argumentos que le han conducido al fallo que ya conocíamos. Es decir, nos ha puesto en disposición de leerla, valorarla y juzgarla, estando es posesión de todos los elementos necesarios para ese juicio. En una palabra, nos ha dado la posibilidad de actuar racionalmente.
Pero eso, actuar racionalmente es lo que no interesa a los políticos; probablemente a todos los políticos, de todos los partidos. A los nacionalistas, unos y otros, porque el nacionalismo es algo visceral, emocional, reñido con la razón. Al PSOE, probablemente, porque el revuelo generado por la sentencia aparta la atención de lo que verdaderamente importa, que es la crisis económica y su gestión. Quizá el sector no nacionalista del PSC estaría dispuesto a recuperar el sentido común, pero no puede deshacerse de la histeria que el tripartito del que es parte fundamental desencadenó por motivos puramente electoralistas.
Racionalmente no se puede sostener que un país en que la lengua mayoritaria es el español (ver la encuesta lingüística de 2008 del IDESCAT) es una nación separada de España y, mucho menos, que ese argumento justifique un supuesto derecho a la autodeterminación que ningún país reconoce por ese solo motivo. Pero tampoco se justifica decidir que la minoría de lengua catalana en España (o la mayoría de lengua castellana en Cataluña) hayan de abandonar su lengua o su identidad en aras de un sentimiento que no comparten, por fuerte que sea.
Por ello es harto improbable que el deseo de Francesc de Carreras se cumpla: que se cierre el ciclo de rauxa iniciado por la apuesta de Pasqual Maragall para ganar las elecciones de 2003 y anular definitivamente a CiU y seguido de envites crecientes por ambas partes a fin de liderar el movimiento nacionalista, jugando con los sentimientos de la población (y aprovechado por el PP para atizar el miedo al separatismo en su electorado más fiel).
Seguirá la rauxa, seguirá aumentando la tensión emocional, porque a los políticos les interesa para ocultar su nulidad, su incapacidad para colaborar en la solución de los graves problemas que soportamos, para distraer la atención de su corrupción, de que sólo se preocupan de llenarse los bolsillos y seguir en el poder. No sé hasta dónde podemos llegar, pero me temo lo peor.
El Tribunal Constitucional ha cumplido su obligación de dictar sentencia (tarde, es cierto) y, al hacer público su texto, ha permitido que sean conocidos sus fundamentos jurídicos, es decir, los argumentos que le han conducido al fallo que ya conocíamos. Es decir, nos ha puesto en disposición de leerla, valorarla y juzgarla, estando es posesión de todos los elementos necesarios para ese juicio. En una palabra, nos ha dado la posibilidad de actuar racionalmente.
Pero eso, actuar racionalmente es lo que no interesa a los políticos; probablemente a todos los políticos, de todos los partidos. A los nacionalistas, unos y otros, porque el nacionalismo es algo visceral, emocional, reñido con la razón. Al PSOE, probablemente, porque el revuelo generado por la sentencia aparta la atención de lo que verdaderamente importa, que es la crisis económica y su gestión. Quizá el sector no nacionalista del PSC estaría dispuesto a recuperar el sentido común, pero no puede deshacerse de la histeria que el tripartito del que es parte fundamental desencadenó por motivos puramente electoralistas.
Racionalmente no se puede sostener que un país en que la lengua mayoritaria es el español (ver la encuesta lingüística de 2008 del IDESCAT) es una nación separada de España y, mucho menos, que ese argumento justifique un supuesto derecho a la autodeterminación que ningún país reconoce por ese solo motivo. Pero tampoco se justifica decidir que la minoría de lengua catalana en España (o la mayoría de lengua castellana en Cataluña) hayan de abandonar su lengua o su identidad en aras de un sentimiento que no comparten, por fuerte que sea.
Por ello es harto improbable que el deseo de Francesc de Carreras se cumpla: que se cierre el ciclo de rauxa iniciado por la apuesta de Pasqual Maragall para ganar las elecciones de 2003 y anular definitivamente a CiU y seguido de envites crecientes por ambas partes a fin de liderar el movimiento nacionalista, jugando con los sentimientos de la población (y aprovechado por el PP para atizar el miedo al separatismo en su electorado más fiel).
Seguirá la rauxa, seguirá aumentando la tensión emocional, porque a los políticos les interesa para ocultar su nulidad, su incapacidad para colaborar en la solución de los graves problemas que soportamos, para distraer la atención de su corrupción, de que sólo se preocupan de llenarse los bolsillos y seguir en el poder. No sé hasta dónde podemos llegar, pero me temo lo peor.
miércoles, 30 de junio de 2010
La sentencia
Por fin tenemos sentencia. O, mejor, aún no tenemos sentencia. Como empiezan a señalar voces sensatas, como Francesc de Carreras , tenemos el fallo, pero no el texto de la sentencia, con los argumentos que han convencido a los magistrados del Tribunal Constitucional que, especialmente en los preceptos declarados constitucionales sólo según determinada interpretación, son realmente esenciales.
Pero las reacciones ya se han producido: reacciones políticas frente a lo que ven como un acto político. El texto de la sentencia es fundamental para enjuiciarla como lo que es, lo que debe ser, una resolución jurídica. Pero ese texto no se considera necesario para ensalzar, condenar o, simplemente, enjuiciar esa sentencia, opinar sobre ella. Ni para reclamar reacciones incongruentes frente a una sentencia definitiva.
Con ello se nos muestra que la denominada clase política tiene un desprecio absoluto no sólo por las leyes o por la Constitución, sino por el Derecho mismo; por el Estado de Derecho. Sólo atienden al pasteleo político, en que todo está en venta a cambio de poder, a la demagogia como medio para obtener votos por el engaño, o a la compra pura y simple, a cambio de dinero.
Ahora se afirma, como Miquel Roca, que España tiene un problema o, como el Director de "La Vanguardia", que se impide el acoplamiento armonioso de Cataluña en España.
Lo primero que hay que preguntar es si Cataluña quiere realmente mantenerse en España en alguna condición. Más exactamente, si esa Cataluña de la que se erigen en portavoces (y que puede ser muy distinta de la real) quiere, en último término, permanecer en España.
Si nos dicen que Cataluña es una nación diferenciada de España o de las naciones que en España se engloban y que, en consecuencia tiene el derecho y la voluntad de autogobernarse, ¿no están diciendo que, en último término, la independencia de Cataluña, el autogobierno más amplio, es inevitable?
Si nos muestran claramente y nos dicen, quizá menos explícitamente, que la finalidad de ese autogobierno es la construcción nacional de Cataluña, es decir, la extensión de las características diferenciales y su profundización, ¿no están reconociendo que la independencia es consustancial al nacionalismo (no me refiero a CiU, sino a todos los que comparten el sentimiento nacionalista)?
Se reprocha a la sentencia, fundamentalmente, limitar el autogobierno de Cataluña. Autogobierno había con el Estatuto de 1979. El Estatuto de 2006 pretendía ampliar ese autogobierno. Y, al parecer, lo que no se admite es que la Constitución ponga un límite a ese autogobierno o, lo que es casi lo mismo, que éste no pueda ampliarse indefinidamente. ¿Hasta qué límites? Indefinidamente quiere decir sin límite y eso sólo puede conducir a la independencia.
Efectivamente, los nacionalistas no han fijado las condiciones en que aceptarían permanecer en España. Lo único que afirman es que si ésta no acepta sus condiciones, prefieren irse. Y utilizan la figura del pacto entre Cataluña y España. Pero, para que haya un pacto es precisa una negociación en que cada parte exprese lo que está dispuesta a ofrecer y lo que quiere conseguir. Y, además, que ambas partes acepten el acuerdo. La postura nacionalista parece exigir que España debe aceptar sus condiciones, cualesquiera que éstas sean, sin poder fijar más condiciones que la sola permanencia.
Es decir, tanto por sus presupuestos como por su estrategia, los nacionalistas ponen de manifiesto que no tienen voluntad de que Cataluña forme parte de España. Que no están dispuestos a llegar a ningún pacto y menos a cumplirlo. En estas condiciones, culpar a la otra parte de eso mismo parece más bien una artimaña para conseguir su objetivo último: la creación de una nación catalana independiente.
Pero las reacciones ya se han producido: reacciones políticas frente a lo que ven como un acto político. El texto de la sentencia es fundamental para enjuiciarla como lo que es, lo que debe ser, una resolución jurídica. Pero ese texto no se considera necesario para ensalzar, condenar o, simplemente, enjuiciar esa sentencia, opinar sobre ella. Ni para reclamar reacciones incongruentes frente a una sentencia definitiva.
Con ello se nos muestra que la denominada clase política tiene un desprecio absoluto no sólo por las leyes o por la Constitución, sino por el Derecho mismo; por el Estado de Derecho. Sólo atienden al pasteleo político, en que todo está en venta a cambio de poder, a la demagogia como medio para obtener votos por el engaño, o a la compra pura y simple, a cambio de dinero.
Ahora se afirma, como Miquel Roca, que España tiene un problema o, como el Director de "La Vanguardia", que se impide el acoplamiento armonioso de Cataluña en España.
Lo primero que hay que preguntar es si Cataluña quiere realmente mantenerse en España en alguna condición. Más exactamente, si esa Cataluña de la que se erigen en portavoces (y que puede ser muy distinta de la real) quiere, en último término, permanecer en España.
Si nos dicen que Cataluña es una nación diferenciada de España o de las naciones que en España se engloban y que, en consecuencia tiene el derecho y la voluntad de autogobernarse, ¿no están diciendo que, en último término, la independencia de Cataluña, el autogobierno más amplio, es inevitable?
Si nos muestran claramente y nos dicen, quizá menos explícitamente, que la finalidad de ese autogobierno es la construcción nacional de Cataluña, es decir, la extensión de las características diferenciales y su profundización, ¿no están reconociendo que la independencia es consustancial al nacionalismo (no me refiero a CiU, sino a todos los que comparten el sentimiento nacionalista)?
Se reprocha a la sentencia, fundamentalmente, limitar el autogobierno de Cataluña. Autogobierno había con el Estatuto de 1979. El Estatuto de 2006 pretendía ampliar ese autogobierno. Y, al parecer, lo que no se admite es que la Constitución ponga un límite a ese autogobierno o, lo que es casi lo mismo, que éste no pueda ampliarse indefinidamente. ¿Hasta qué límites? Indefinidamente quiere decir sin límite y eso sólo puede conducir a la independencia.
Efectivamente, los nacionalistas no han fijado las condiciones en que aceptarían permanecer en España. Lo único que afirman es que si ésta no acepta sus condiciones, prefieren irse. Y utilizan la figura del pacto entre Cataluña y España. Pero, para que haya un pacto es precisa una negociación en que cada parte exprese lo que está dispuesta a ofrecer y lo que quiere conseguir. Y, además, que ambas partes acepten el acuerdo. La postura nacionalista parece exigir que España debe aceptar sus condiciones, cualesquiera que éstas sean, sin poder fijar más condiciones que la sola permanencia.
Es decir, tanto por sus presupuestos como por su estrategia, los nacionalistas ponen de manifiesto que no tienen voluntad de que Cataluña forme parte de España. Que no están dispuestos a llegar a ningún pacto y menos a cumplirlo. En estas condiciones, culpar a la otra parte de eso mismo parece más bien una artimaña para conseguir su objetivo último: la creación de una nación catalana independiente.
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