Quiero felicitar a Antoni Puigverd, cuyo artículo "Los jóvenes y el corsé feudal", publicado hoy, 15 de agosto, en "La Vanguardia" pone de manifiesto un problema grave al que nadie parece haber querido prestar atención.
Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.
Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.
Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.
Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.
La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.
Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.
¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.
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