Antecedentes penales

Una columna de "la Vanguardia" de hoy comenta una carta aparecida anteriormente en que una lectora denunciaba que Millet y Montull, en lugar de estar en prisión pagando sus culpas, se encuentran pasando sus vacaciones, tan ricamente, en sus segundas residencias.

Como primer comentario, hay que recordar que Millet y Montull no han sido condenados legalmente por delito alguno, en relación con el saqueo del Palau y, en consecuencia, sólo pueden ser encarcelados en concepto de presos preventivos, lo que exige que se cumplan unas condiciones (riesgo de fuga o de eliminación de pruebas, por ejemplo) que, a criterio del Juez, no deben concurrir. Lo que hay que pedir es que finalice rápidamente la instrucción, que se abra el juicio oral y que una sentencia firme determine el ingreso de ambos delincuentes en prisión, ahora sí, para pagar sus culpas.

También hay que recordar que los instructores tienden a demorar la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil hasta prácticamente el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral. Ello se debe a que, frecuentemente, sólo en ese momento se conocen los elementos precisos para determinar el importe de dicha responsabilidad (por ejemplo, la duración de la incapacidad determinada por unas lesiones o el valor de los bienes robados y la lista de los que han sido recuperados y de los que se han perdido). Quizá, en casos como el presente esta tendencia no resulta adecuada, si bien, indudablemente, aún no se conoce con precisión el importe de los fondos sustraídos y su destino.

Pero lo importante, a nuestro juicio, es que Félix Millet ya había estado en prisión (preventiva) por el asunto Renta Catalana. La sentencia definitiva, creo recordar, fue condenatoria, pero no supuso un nuevo ingreso en prisión, dado el abono del tiempo de prisión preventiva.

Así pues, antes de que surgiese a la luz el expolio del Palau (ésto si que es un expolio, un robo), Millet ya era un delincuente. Ello, sin embargo, no impidió que la sociedad civil catalana y las Administraciones públicas le considerasen el patricio ejemplar a quien se podía confiar, con los ojos cerrados, la gestión de una auténtica institución que manejaba una cifra importante de fondos públicos y privados. Encima, sabiendo perfectamente que la música no le interesaba.

Pero no se trata de una excepción. El Tribunal Supremo condenó a "los Albertos", como autores de un delito de estafa; es decir, una sentencia del alto Tribunal afirmó que ambos primos habían engañado a otras personas a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de éstas. Luego, el Tribunal Constitucional afirmó que los hechos habían prescrito y, por tanto, no debieron juzgarse, pero en modo alguno eliminó la evidencia de que las acciones realizadas por los "ex" de las hermanas Koplowitz cumpliesen las características del tipo penal de estafa.

Y, sin embargo, "los Albertos" no fueron tratados como apestados en los medios financieros. Los cuentacorrentistas del Banco Zaragozano no cancelaron sus cuentas, como hubiese sido lógico, ante la noticia de que dicha entidad estaba dirigida por unos estafadores (en el sentido vulgar, no en el estrictamente jurídico de persona condenada en sentencia criminal firme). ¿No temieron ser objeto de una nueva maquinación de tan tenebrosos sujetos?

Los problemas de Jordi Pujol con la Justicia a raíz del caso Banca Catalana tal vez estén excesivamente teñidos por la política y no se pueda efectuar una comparación válida. Sin embargo, cabe citarlos siquiera marginalmente.

En el Parlamento de Cataluña, un conseller ha venido a declarar que tanto su propio gobierno como el anterior (de otra formación política) encargó informes inútiles, generosamente retribuidos. Estos hechos constituyen uno o varios delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, nadie se ha escandalizado ni, que sepamos, la Fiscalía ha abierto actuaciones.

Parece, pues, que nuestra sociedad no valora negativamente la comisión de delitos económicos (decía Jaume Perich que, de un millón de pesetas hacia abajo, un delito dejaba de ser económico para convertirese en robo ¡qué tiempos aquéllos!). Se trata de algo parecido a lo que comentaba hace unos días un invitado de la contra: el fracaso es imprescindible para conseguir triunfar en los negocios. El delincuente de hoy, si pertenece a la clase superior, ha tenido mala suerte; quizá mañana será un triunfador: no le cogerán.

Quizá también, la tradicional lenidad de nuestra sociedad con los delitos que afectan a una colectividad, sobre todo si se trata de toda la sociedad (caso de los delitos contra la Hacienda Pública) contribuya a explicar esta anomalía: robar a una persona determinada está feo, robar a instituciones sin rostro, es sólo pasarse de listo. Olvidamos, en general, que detrás de estas instituciones estamos todos los contribuyentes. ¿O es precisamente por éso? Quienes no contribuyen no se ven afectados por la apropiación indebida de fondos públicos. Por tanto, en definitiva, Millet y Montull qwuizá no hayan perjudicado a los suyos.

Las mejores universidades del mundo

Según un informe de la UGT del que se hace hoy eco "La Vanguardia", Cataluña es la región europea que menos invierte en educación, por debajo de otras con un nivel inferior de desarrollo, como Rumanía.

El mismo periódico recoge la noticia, y la comenta en un editorial que no aparece en la versión digital, de que ninguna universidad catalana (ni española) aparece entre las 200 mejores universidades del mundo.

Parece evidente la relación entre ambas noticias. Y todo ello concuerda con lo que se comenta en la entrada anterior de este blog, "El corsé feudal y la lógica económica". A dicha entrada me remito.

Lo que más sorprende es la medida que se proponen adoptar las tres universidades catalanas que aparecen en la lista entre los puestos 201 y 400: la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Pretenden agruparse bajo la marca Universitat de Catalunya en las ferias e instituciones internacionales. Aun sorprende más que la dirección de "La Vanguardia" considere urgente la adopción de esta medida.

Espero acertar al suponer que lo que pretenden estas universidades es optimizar el uso de los recursos para darse a conocer en los distintos foros educativos internacionales, estando presentes, por ejemplo, mediante stands conjuntos, donde no podrían llegar individualmente. Quiero decir que el objetivo es realmente alcanzar una mayor resonancia internacional de las universidades, no simplemente potenciar en el mundo académico la imagen de Cataluña como nación diferente de España.

Pero ni una palabra de lo que de verdad importa. No hay ninguna referencia a mejorar la calidad de las universidades catalanas, corrigiendo los defectos que puedan tener y potenciando sus virtudes (mejorar la calidad de los docentes, elevar la exigencia, imponer el dominio del inglés como requisito de admisión, facilitar el acceso a publicaciones de prestigio...). Ni, por supuesto, a mejorar los medios, lo que significa, en buena medida, aumentar los recursos destinados a las universidades.

Sin duda, a las universidades catalanas les sobra calidad para superar a Harvard, Berkeley, Stanford y, naturalmente, Oxbridge. Su problema es, simplemente, de imagen y, con cuatro medidas de marketing, quedará solucionado. Si es que somos los mejores del mundo, en ésto como en todo.

Pero, eso sí, aunque no se refiere a la enseñanza universitaria, Cataluña dispone de fondos para financiar escuelas en Francia que enseñen en catalán, aunque aquí muchas clases se hayan de impartir en barracones. Así nos va.

El corsé feudal y la lógica económica

Quiero felicitar a Antoni Puigverd, cuyo artículo "Los jóvenes y el corsé feudal", publicado hoy, 15 de agosto, en "La Vanguardia" pone de manifiesto un problema grave al que nadie parece haber querido prestar atención.

Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.

Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.

Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.

Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.

La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.

Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.

¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.