El Parlamento de Cataluña ha decidido prohibir las corridas de toros a partir de 2012. La prohibición ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios, pese a la libertad de voto que algunas formaciones han permitido a sus diputados.
Si la prohibición obedeciera exclusivamente a las razones esgrimidas para sostenerla, no habría nada que objetar. Los argumentos de los defensores de los animales son sólidos y su causa digna. También, eso sí, habría argumentos para oponerse a la prohibición o a la oportunidad de acordarla en plena crisis. Pero la democracia tiene estas cosas: hay diversas opciones defendibles, los representantes de los ciudadanos eligen una de ellas y aciertan o se equivocan. En este último caso, normalmente, es posible rectificar, con lo que se limitan los perjuicios.
Pero es incoherente prohibir las corridas por el sufrimiento que causan a los animales sacrificados y defender los correbous pese al sufrimiento que causan a animales similares. Lo que lleva a concluir que, a los políticos que han apoyado la prohibición, el sufrimiento de los animales no les importa lo más mínimo.
La verdadera razón de la prohibición es que constituye un paso adelante en la construcción nacional de Cataluña. Este proceso consiste, básicamente, en ampliar las diferencias de Cataluña respecto de España o, más exactamente, del resto de España.
La afirmación, dogma fundamental del nacionalismo catalán, de que Cataluña es una nación, se sustenta en el denominado fet diferencial: las características que comparten los catalanes, de manera que presentan una identidad propia, y les distinguen de los demás, en particular de los restantes españoles (los restantes habitantes del territorio estatal; no entramos aquí en si España es o no una nación).
Lo que se pretende es, pues, crear una diferencia más: en España hay corridas, en Cataluña no. Cataluña no participa de la "fiesta nacional" española, luego no pertenece a la nación española; es otra nación (el silogismo completo incluiría todas las diferencias que se pudiesen encontrar, claro está, no sólo los toros).
Por tanto, si bien comprendemos e incluso compartimos (al menos en parte) los sentimientos de los animalistas, rechazamos la maniobra que realmente constituye el fondo político de la prohibición. Lo que están haciendo es modificar conscientemente la sociedad catalana a fin de crear la nación de sus sueños que hoy, mal que les pese, no existe. Y hacerlo es legítimo, pero sólo si lo declaran abiertamente, no amparándose en argumentos que les permitan ocultar sus verdaderas intenciones.
Los partidos abiertamente nacionalistas, CiU y ERC no llegan a admitir que ésta es realmente su política, ya que ello entraría en contradicción con su dogma fundamental de que Cataluña es ya una nación (¿entonces para qué es necesaria su construcción nacional?). Pero es el PSC el que debería manifestar si apoya este proceso de diferenciación consciente de Cataluña respecto de España o no; en definitiva, si es un partido nacionalista o no.
jueves, 29 de julio de 2010
domingo, 25 de julio de 2010
El Estatuto y la financiación
Un lector afirma en "La Vanguardia" que el propósito fundamental del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña era mejorar la financiación y acabar con el famoso expolio fiscal. En mi opinión, se equivoca totalmente.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
domingo, 18 de julio de 2010
Naciones plurales
Quiero felicitar a Toni Soler por su artículo en "La Vanguardia" del domingo, 18 de julio de 2010. No es ninguna broma, y la fecha es una simple coincidencia. Como "la Vanguardia" digital no lo recoge, lo reproduzco aquí:
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
jueves, 15 de julio de 2010
Banderas
La victora de la selección española en el Mundial de fútbol dio lugar a un hecho insólito: gente circulando por Barcelona (y por otras ciudades de Cataluña, supongo) ondeando banderas españolas; otras banderas españolas en los balcones. Este hecho ha sido comentado en la prensa desde diferentes enfoques, especialmente al producirse al día siguiente de la multitudinaria manifestación catalanista, en que ondearon muchas banderas catalanas y, especialmente "estelades" (por cierto, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre la "estelada" con el triángulo azul y la estrella blanca y la otra, con la estrella roja sobre fondo amarillo?).
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
sábado, 10 de julio de 2010
¿Provocación?
Pese a lo que titula en primera página "La Vanguardia" y sostien su Director, la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso planteado por el PP frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña no es ninguna provocación.
El Tribunal Constitucional ha cumplido su obligación de dictar sentencia (tarde, es cierto) y, al hacer público su texto, ha permitido que sean conocidos sus fundamentos jurídicos, es decir, los argumentos que le han conducido al fallo que ya conocíamos. Es decir, nos ha puesto en disposición de leerla, valorarla y juzgarla, estando es posesión de todos los elementos necesarios para ese juicio. En una palabra, nos ha dado la posibilidad de actuar racionalmente.
Pero eso, actuar racionalmente es lo que no interesa a los políticos; probablemente a todos los políticos, de todos los partidos. A los nacionalistas, unos y otros, porque el nacionalismo es algo visceral, emocional, reñido con la razón. Al PSOE, probablemente, porque el revuelo generado por la sentencia aparta la atención de lo que verdaderamente importa, que es la crisis económica y su gestión. Quizá el sector no nacionalista del PSC estaría dispuesto a recuperar el sentido común, pero no puede deshacerse de la histeria que el tripartito del que es parte fundamental desencadenó por motivos puramente electoralistas.
Racionalmente no se puede sostener que un país en que la lengua mayoritaria es el español (ver la encuesta lingüística de 2008 del IDESCAT) es una nación separada de España y, mucho menos, que ese argumento justifique un supuesto derecho a la autodeterminación que ningún país reconoce por ese solo motivo. Pero tampoco se justifica decidir que la minoría de lengua catalana en España (o la mayoría de lengua castellana en Cataluña) hayan de abandonar su lengua o su identidad en aras de un sentimiento que no comparten, por fuerte que sea.
Por ello es harto improbable que el deseo de Francesc de Carreras se cumpla: que se cierre el ciclo de rauxa iniciado por la apuesta de Pasqual Maragall para ganar las elecciones de 2003 y anular definitivamente a CiU y seguido de envites crecientes por ambas partes a fin de liderar el movimiento nacionalista, jugando con los sentimientos de la población (y aprovechado por el PP para atizar el miedo al separatismo en su electorado más fiel).
Seguirá la rauxa, seguirá aumentando la tensión emocional, porque a los políticos les interesa para ocultar su nulidad, su incapacidad para colaborar en la solución de los graves problemas que soportamos, para distraer la atención de su corrupción, de que sólo se preocupan de llenarse los bolsillos y seguir en el poder. No sé hasta dónde podemos llegar, pero me temo lo peor.
El Tribunal Constitucional ha cumplido su obligación de dictar sentencia (tarde, es cierto) y, al hacer público su texto, ha permitido que sean conocidos sus fundamentos jurídicos, es decir, los argumentos que le han conducido al fallo que ya conocíamos. Es decir, nos ha puesto en disposición de leerla, valorarla y juzgarla, estando es posesión de todos los elementos necesarios para ese juicio. En una palabra, nos ha dado la posibilidad de actuar racionalmente.
Pero eso, actuar racionalmente es lo que no interesa a los políticos; probablemente a todos los políticos, de todos los partidos. A los nacionalistas, unos y otros, porque el nacionalismo es algo visceral, emocional, reñido con la razón. Al PSOE, probablemente, porque el revuelo generado por la sentencia aparta la atención de lo que verdaderamente importa, que es la crisis económica y su gestión. Quizá el sector no nacionalista del PSC estaría dispuesto a recuperar el sentido común, pero no puede deshacerse de la histeria que el tripartito del que es parte fundamental desencadenó por motivos puramente electoralistas.
Racionalmente no se puede sostener que un país en que la lengua mayoritaria es el español (ver la encuesta lingüística de 2008 del IDESCAT) es una nación separada de España y, mucho menos, que ese argumento justifique un supuesto derecho a la autodeterminación que ningún país reconoce por ese solo motivo. Pero tampoco se justifica decidir que la minoría de lengua catalana en España (o la mayoría de lengua castellana en Cataluña) hayan de abandonar su lengua o su identidad en aras de un sentimiento que no comparten, por fuerte que sea.
Por ello es harto improbable que el deseo de Francesc de Carreras se cumpla: que se cierre el ciclo de rauxa iniciado por la apuesta de Pasqual Maragall para ganar las elecciones de 2003 y anular definitivamente a CiU y seguido de envites crecientes por ambas partes a fin de liderar el movimiento nacionalista, jugando con los sentimientos de la población (y aprovechado por el PP para atizar el miedo al separatismo en su electorado más fiel).
Seguirá la rauxa, seguirá aumentando la tensión emocional, porque a los políticos les interesa para ocultar su nulidad, su incapacidad para colaborar en la solución de los graves problemas que soportamos, para distraer la atención de su corrupción, de que sólo se preocupan de llenarse los bolsillos y seguir en el poder. No sé hasta dónde podemos llegar, pero me temo lo peor.
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