Hay un clamor nacionalista contra el Impuesto sobre Sucesiones.
Dos argumentos son especialmente impactantes: que los herederos han contribuido(con su trabajo o con la moderación de su consumo) a la formación del patrimonio que reciben y por el cual se les exige el impuesto, y la comparación con otras Comunidades Autónomas que han suprimido o reducido el impuesto.
En cuanto al primero, hay que recordar que el Derecho civil catalán es profundamente individualista. El régimen económico matrimonial de separación de bienes, tradicional en Cataluña, supone que el cónyuge no adquiere participación alguna en los bienes de su consorte. Más claro, que la esposa del senyor Esteve, que además de trabajar en casa, atiende en "La Puntual", señera tienda de "betes i fils" de Barcelona, no cobra salario alguno y no tiene ningún derecho sobre los beneficios de la empresa.
Cuando el senyor Esteve fallece, los herederos han de pagar el Impuesto sobre todo su patrimonio, mientras que en los territorios que aplican el régimen de gananciales sólo han de pagarlo por la mitad, pues la otra mitad es propiedad de la viuda. Ello supone, automáticamente (salvo en caso de conmoriencia) una reducción del tipo (al ser menor el importe del caudal relicto) y un aplazamiento: pagarán por la mitad restante, pero al fallecer la madre, lo que supone un desembolso más asequible.
Pero es pecado hablar mal del régimen legal presuntivo, una de las señas de identidad, un "fet diferencial", que define la nación catalana. El problema viene, íntegro, de Madrid, la sede del Mal. Podrían reducir el impacto del impuesto, adoptando el régimen de gananciales, más adecuado para las clases medias y populares (lentamente, la mujer va adquiriendo unos ingresos y un patrimonio propios, aún inferiores a los de su marido). Pero prefieren la diferencia, que sólo beneficia a los ricos (o les beneficiaba: el régimen de separación servía para evitar que el marido controlase los bienes, sobre todo las fincas, de la mujer).
Por lo que respecta al segundo argumento, lo menos que se puede decir es que los nacionalistas debieran estar satisfechos: al no suprimir el Impuesto sobre Sucesiones, el gobierno catalán está ejercitando la autonomía que tanto valoran. Es otro "fet diferencial" del que debieran estar orgullosos. Pero no, lo que quieren es autonomía (independencia) en cuanto les favorezca, pero régimen común cuando suponga una ventaja.
Pues, señores, a las duras y a las maduras. Éso supone madurez, un requisito indispensable para la independencia.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
jueves, 24 de septiembre de 2009
Informes
El Gobierno catalán descarta dimisiones por el escándalo de los informes inútiles, pagados a precios superiores a los de mercado o que podían haber elaborado los funcionarios de la Generalitat. Con entonar el "mea culpa" ya basta. Se supone que, en adelante, procurarán que no les pillen.
En realidad, lo importante no son las dimisiones. Lo importante es hacer tres preguntas:
1ª Quién encargó los informes.
2ª A quién se encargaron esos informes.
3ª Para qué se encargaron los dichosos informes.
Un informe inútil sólo se encarga porque se quiere justificar una decisión que no se debería tomar, y hay que fabricar un argumento de peso para ello (¡lo recomienda un informe externo!) o porque se quiere pagar a alguien, ya en retribución de servicios que no se pueden declarar abiertamente, ya para hacerle (o hacerse) un favor. En cualquier caso, se utilizan los fondos públicos para fines prohibidos, lo que, sencillamente, constituye delito.
Pagar un informe útil a un precio superior al de mercado puede ser un error. Pero es preciso adoptar dos medidas:
1ª Valorar la competencia de quien lo encargó (se supone que debía conocer el ámbito en el que se le atribuyeron responsabilidades) y los mecanismos de contratación.
2ª Excluir de cualquier otro encargo público al profesional o la empresa que engañó a la Generalitat.
En cuanto a encargar a un ente externo un informe que podían elaborar los servicios de la Generalitat (o, ya puestos, los de otro ente público), es un error que revela desconocimiento de la estructura y posibilidades de la propia Generalitat y desidia en el cumplimiento de las propias funciones, ya que nada hay más fácil que preguntar u ordenar preguntar: ¿tenemos algún servicio especializado en... (edafología, sánscrito, neurociencias, derecho aeronáutico)? También en este caso, la pregunta es si esa persona está capacitada para desempeñar el cargo público.
Después se me ha ocurrido plantear otra pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si el responsable de esta conducta no hubiese sido un cargo político sino un funcionario? Probablemente se le hubiera incoado un expediente disciplinario. Quizá no.
Lo que importa es que si opta por hacer la vista gorda con estos hechos, el Gobierno (cualquier gobierno, pero estamos hablando del catalán) se deslegitima para sancionar a sus funcionarios. Y, a partir de ahí, el funcionario que no quiere trabajar, puede hacerlo impunemente, perjudicando a la institución y a todos los funcionarios. Y, por supuesto, a los ciudadanos, que pagan los impuestos que permiten el funcionamiento de la Administración, que debe estar a su servicio.
Por tanto, que recapaciten. El interés público exige que se invesstiguen los hechos y se depuren responsabilidades. ¿Dimisiones? Ceses, más bien.
En realidad, lo importante no son las dimisiones. Lo importante es hacer tres preguntas:
1ª Quién encargó los informes.
2ª A quién se encargaron esos informes.
3ª Para qué se encargaron los dichosos informes.
Un informe inútil sólo se encarga porque se quiere justificar una decisión que no se debería tomar, y hay que fabricar un argumento de peso para ello (¡lo recomienda un informe externo!) o porque se quiere pagar a alguien, ya en retribución de servicios que no se pueden declarar abiertamente, ya para hacerle (o hacerse) un favor. En cualquier caso, se utilizan los fondos públicos para fines prohibidos, lo que, sencillamente, constituye delito.
Pagar un informe útil a un precio superior al de mercado puede ser un error. Pero es preciso adoptar dos medidas:
1ª Valorar la competencia de quien lo encargó (se supone que debía conocer el ámbito en el que se le atribuyeron responsabilidades) y los mecanismos de contratación.
2ª Excluir de cualquier otro encargo público al profesional o la empresa que engañó a la Generalitat.
En cuanto a encargar a un ente externo un informe que podían elaborar los servicios de la Generalitat (o, ya puestos, los de otro ente público), es un error que revela desconocimiento de la estructura y posibilidades de la propia Generalitat y desidia en el cumplimiento de las propias funciones, ya que nada hay más fácil que preguntar u ordenar preguntar: ¿tenemos algún servicio especializado en... (edafología, sánscrito, neurociencias, derecho aeronáutico)? También en este caso, la pregunta es si esa persona está capacitada para desempeñar el cargo público.
Después se me ha ocurrido plantear otra pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si el responsable de esta conducta no hubiese sido un cargo político sino un funcionario? Probablemente se le hubiera incoado un expediente disciplinario. Quizá no.
Lo que importa es que si opta por hacer la vista gorda con estos hechos, el Gobierno (cualquier gobierno, pero estamos hablando del catalán) se deslegitima para sancionar a sus funcionarios. Y, a partir de ahí, el funcionario que no quiere trabajar, puede hacerlo impunemente, perjudicando a la institución y a todos los funcionarios. Y, por supuesto, a los ciudadanos, que pagan los impuestos que permiten el funcionamiento de la Administración, que debe estar a su servicio.
Por tanto, que recapaciten. El interés público exige que se invesstiguen los hechos y se depuren responsabilidades. ¿Dimisiones? Ceses, más bien.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
I+D
Un profesor universitario se queja en "La Vanguardia" de la reducción de los fondos públicos destinados a I+D y, sobre todo, de la falta de reacción ante ella.
Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."
Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.
Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.
Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.
El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.
En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.
Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.
La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.
Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."
Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.
Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.
Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.
El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.
En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.
Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.
La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.
viernes, 11 de septiembre de 2009
Charnego histórico
La Vanguardia publica hoy, 11 de septiembre, un sensato artículo de Pilar Rahola, en que critica la importancia que se ha atribuido, tanto desde posiciones nacionalistas catalanas como españolas, a algo tan nimio como el referendum de Arenys, olvidando, como siempre, que tenemos problemas reales y acuciantes (véase la crisis económica).
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Remuneraciones bancarias
Los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania propondrán al G-20 establecer reglas obligatorias para las remuneraciones de los directivos de los bancos, al menos de aquéllos que desarrollen operaciones arriesgadas (¿considerarán arriesgada la concesión de préstamos con garantía hipotecaria?), según informa hoy La Vanguardia.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Rubalcaba: burro
Dos grandes orejas de burro, como en los antiguos colegios, se deberían aplicar al Sr. Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, por sus recientes declaraciones, que hoy recoge "La Vanguardia" digital.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
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