Informes

El Gobierno catalán descarta dimisiones por el escándalo de los informes inútiles, pagados a precios superiores a los de mercado o que podían haber elaborado los funcionarios de la Generalitat. Con entonar el "mea culpa" ya basta. Se supone que, en adelante, procurarán que no les pillen.

En realidad, lo importante no son las dimisiones. Lo importante es hacer tres preguntas:

1ª Quién encargó los informes.
2ª A quién se encargaron esos informes.
3ª Para qué se encargaron los dichosos informes.

Un informe inútil sólo se encarga porque se quiere justificar una decisión que no se debería tomar, y hay que fabricar un argumento de peso para ello (¡lo recomienda un informe externo!) o porque se quiere pagar a alguien, ya en retribución de servicios que no se pueden declarar abiertamente, ya para hacerle (o hacerse) un favor. En cualquier caso, se utilizan los fondos públicos para fines prohibidos, lo que, sencillamente, constituye delito.

Pagar un informe útil a un precio superior al de mercado puede ser un error. Pero es preciso adoptar dos medidas:

1ª Valorar la competencia de quien lo encargó (se supone que debía conocer el ámbito en el que se le atribuyeron responsabilidades) y los mecanismos de contratación.

2ª Excluir de cualquier otro encargo público al profesional o la empresa que engañó a la Generalitat.

En cuanto a encargar a un ente externo un informe que podían elaborar los servicios de la Generalitat (o, ya puestos, los de otro ente público), es un error que revela desconocimiento de la estructura y posibilidades de la propia Generalitat y desidia en el cumplimiento de las propias funciones, ya que nada hay más fácil que preguntar u ordenar preguntar: ¿tenemos algún servicio especializado en... (edafología, sánscrito, neurociencias, derecho aeronáutico)? También en este caso, la pregunta es si esa persona está capacitada para desempeñar el cargo público.

Después se me ha ocurrido plantear otra pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si el responsable de esta conducta no hubiese sido un cargo político sino un funcionario? Probablemente se le hubiera incoado un expediente disciplinario. Quizá no.

Lo que importa es que si opta por hacer la vista gorda con estos hechos, el Gobierno (cualquier gobierno, pero estamos hablando del catalán) se deslegitima para sancionar a sus funcionarios. Y, a partir de ahí, el funcionario que no quiere trabajar, puede hacerlo impunemente, perjudicando a la institución y a todos los funcionarios. Y, por supuesto, a los ciudadanos, que pagan los impuestos que permiten el funcionamiento de la Administración, que debe estar a su servicio.

Por tanto, que recapaciten. El interés público exige que se invesstiguen los hechos y se depuren responsabilidades. ¿Dimisiones? Ceses, más bien.