Como otros antes que él, Enric Juliana ("Salvar a las pymes, esa es la prioridad", La Vanguardia, 29 de septiembre de 2008) propone una amnistía fiscal como medio de incentivar la economía, incrementando la liquidez del sistema. Una emisión de bonos públicos no nominativos, que permitiese aflorar los fondos negros de los últimos años para inyectarlos en la economía a fin de superar la crisis.
Desde luego, esta medida sería profundamente injusta, por discriminar a todos los ciudadanos que han cumplido sus obligaciones fiscales, frente a los defraudadores, que no tendrían que hacer frente ni a las sanciones ni siquiera a la deuda tributaria eludida.
Pero, además y sobre todo, esta medida sería contraproducente. En efecto, se dice que el gran problema de la economía española es la falta de competitividad, que impide el crecimiento de nuestras exportaciones, con lo que la demanda exterior no puede contrarrestar la disminución de la demanda interna consecuencia de la crisis.
Pues bien, ¿qué supone el fraude fiscal, sino una competencia desleal por parte de las empresas que reducen sus márgenes supliéndolos con los impuestos defraudados? Si santificamos esta política mediante una amnistía fiscal, estaremos concediendo una ventaja competitiva precisamente a aquellas empresas menos competitivas por ellas mismas, aquéllas que, de no ser por la defraudación, el mercado habría expulsado en beneficio de las otras, que aun pagando religiosamente los impuestos, obtienen beneficios y son viables.
Es decir, la amnistía fiscal no sólo es injusta, sino que contribuye a expulsar del mercado a las mejores empresas, aquéllas que cumplen su finalidad económica, obtener beneficios, respetando la ley. ¿Vamos a salir de la crisis dañando nuestro tejido empresarial, perdiendo competitividad?Sin duda, esta supuesta solución no es sino pan para hoy, hambre para mañana. Pero nuestros políticos sólo atienden al corto plazo; hasta las próximas elecciones como mucho, por lo que es posible, y aun probable, que cometan este estúpido error.
lunes, 29 de septiembre de 2008
lunes, 22 de septiembre de 2008
Financiación
Una columna de "El Periódico de Cataluña" de hoy, 22 de septiembre de 2008 (*), sostiene que si los ciudadanos de Cataluña hubiesen sido informados de que la financiación de la Generalitat dependía del nuevo Estatuto de Autonomía, la participación en el referéndum no hubiera sido tan baja. Concluye pidiendo una movilización de la sociedad civil para lograr una financiación justa.
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
sábado, 20 de septiembre de 2008
Ortografía
El suplemento "es" de La Vanguardia de hoy sábado, 20 de septiembre de 2008, dedica un artículo a la ortografía y su posible reforma. En él se recoge la manifestación de un profesor de lengua que niega que el incremento de las faltas de ortografía sea consecuencia de la degradación de la enseñanza, afirmando que no pueden compararse los resultados escolares de ahora con los de anteriores generaciones, en que la mayoría de los chicos abandonaban los estudios a los 10 o 12 años para pasar al mundo laboral.
Este argumento sólo puede tener validez si significa que sólo los más inteligentes continuaban estudiando, mientras quienes abandonaban los estudios eran siempre los mediocres. Y ello, supuesto que la ortografía sea algo tan complejo que sólo inteligencias privilegiadas puedan dominarla. Pero si quienes abandonaban los estudios eran los que no tenían medios económicos, entre quienes los proseguían habría una minoría de superdotados y una mayoría de personas de inteligencia media. Si la media no ha descendido, al aumentar el número de jóvenes escolarizados no tiene por qué disminuir el nivel de sus conocimientos, salvo que la enseñanza sea peor.
Hace años, una buena caligrafía y una buena ortografía eran las tarjetas de visita de una persona educada (y, en este aspecto, "educación" significaba tanto "formación" como "cortesía"). La educación daba prestigio social y se presuponía que otorgaba acceso a una ocupación bien remunerada. Por tanto, las familias exigían a sus retoños que aprendiesen a escribir correctamente, como primer paso de la promoción social que soñaban para ellos.
Hoy, en cambio, el prestigio social y la riqueza no van ligados a la educación. Los famosos son, demasiado frecuentemente, unos incultos; hasta pueden llegar a ser famosos por su incultura. En cuanto al dinero, las ocupaciones mejor remuneradas dependen de las dotes físicas (deportistas de élite, modelos, actores -pido perdón a los cómicos, que han tenido que aprender a actuar a base de años-, cantantes que nunca han estudiado música...).
Los padres se han dado cuenta de que la formación es un factor poco importante para el éxito en la vida. Sólo algunos conocimientos se valoran positivamente (es el caso del inglés). Por tanto, no aconsejan, y menos exigen, a sus hijos que se esfuercen en formarse.
La ortografía sólo tendrá valor cuando quienes la dominen tengan preferencia para acceder a puestos de trabajo bien remunerados frente a quienes cometan gran número de faltas, sea por impedir la obtención de un título universitario, sea por ser exigida por los empleadores. Si el mercado no la exige, si no tiene ninguna importancia práctica, la degradación continuará.
Este argumento sólo puede tener validez si significa que sólo los más inteligentes continuaban estudiando, mientras quienes abandonaban los estudios eran siempre los mediocres. Y ello, supuesto que la ortografía sea algo tan complejo que sólo inteligencias privilegiadas puedan dominarla. Pero si quienes abandonaban los estudios eran los que no tenían medios económicos, entre quienes los proseguían habría una minoría de superdotados y una mayoría de personas de inteligencia media. Si la media no ha descendido, al aumentar el número de jóvenes escolarizados no tiene por qué disminuir el nivel de sus conocimientos, salvo que la enseñanza sea peor.
Hace años, una buena caligrafía y una buena ortografía eran las tarjetas de visita de una persona educada (y, en este aspecto, "educación" significaba tanto "formación" como "cortesía"). La educación daba prestigio social y se presuponía que otorgaba acceso a una ocupación bien remunerada. Por tanto, las familias exigían a sus retoños que aprendiesen a escribir correctamente, como primer paso de la promoción social que soñaban para ellos.
Hoy, en cambio, el prestigio social y la riqueza no van ligados a la educación. Los famosos son, demasiado frecuentemente, unos incultos; hasta pueden llegar a ser famosos por su incultura. En cuanto al dinero, las ocupaciones mejor remuneradas dependen de las dotes físicas (deportistas de élite, modelos, actores -pido perdón a los cómicos, que han tenido que aprender a actuar a base de años-, cantantes que nunca han estudiado música...).
Los padres se han dado cuenta de que la formación es un factor poco importante para el éxito en la vida. Sólo algunos conocimientos se valoran positivamente (es el caso del inglés). Por tanto, no aconsejan, y menos exigen, a sus hijos que se esfuercen en formarse.
La ortografía sólo tendrá valor cuando quienes la dominen tengan preferencia para acceder a puestos de trabajo bien remunerados frente a quienes cometan gran número de faltas, sea por impedir la obtención de un título universitario, sea por ser exigida por los empleadores. Si el mercado no la exige, si no tiene ninguna importancia práctica, la degradación continuará.
jueves, 18 de septiembre de 2008
Lenguas
Hoy,18 de septiembre de 2008, "El Periódico de Cataluña" incluye dos artículos interesantísimos. En la página 16, José A. Sorolla, en su Crónica desde París, firma "Multilingüisme en el regne de l'aparença", en el cual, a partir de la bien consolidada política de apoyo al francés frente a las lenguas regionales, critica el apoyo de Francia a la Jornada Europea de las Lenguas como un ejercicio de hipocresía.
Eso nos lleva a pensar que en España nadie se atreve a defender abiertamente la adopción del castellano como lengua única, con la consiguiente supresión de las lenguas regionales, periféricas o como se las quiera llamar. Hay algunas medidas concretas que parecen apuntar en esa dirección, pero ni siquiera el Partido Popular, o Ciutadans, al que se atribuye un españolismo sin límites, incorporan ese objetivo en sus programas.
Cuidado, no hablamos aquí de aceite de ricino, palizas o pelotones de fusilamiento. Simplemente, de adoptar medidas políticas dirigidas a implantar progresivamente una determinada lengua en todo el territorio del Estado, como un proyecto de futuro.
Aún más, tampoco en Cataluña se atreve ningún partido a proponer abiertamente, como objetivo a medio o largo plazo, la implantación del catalán como única lengua. Todos sabemos que ésta es, justamente, la esencia del nacionalismo catalán, pero sólo las pintadas de grupúsculos incontrolados osan reconocerlo ("en català i prou").
Y aquí viene la referencia al segundo de los artículos mencionados. Enla página 8, Joseba Arregi, bajo el título "Ibarretxe, jutge suprem", comenta las declaraciones del lehendakari Ibarretxe y sus consejeros negando legitimidad a cualquier tribunal (ahora el Tribunal Constitucional, mañana tal vez elTribunal de Derechos Humanos) que se oponga a sus proyectos.
La explicación de Arregi es sencilla: los nacionalistas (vascos, en este caso, pero en nuestra opinión se puede, se debe extrapolar, porque es una característica esencial de cualquier nacionalismo) no aceptan que alguien pueda tener unos sentimientos distintos de los suyos. Quien afirma tenerlos, o miente o es un malvado o un degenerado. Así, elevan sus sentimientos a la categoría de verdad absoluta; un paso más, y defienden su verdad por la fuerza, porque la verdad no debe tener miramientos con el error, menos aún si es consciente y deliberado.
En una democracia es esencial el debate, la libre exposición y discusión de las ideas, sean o no populares. Tal vez se pueda negar el derecho a expresar las ideas que atacan, precisamente, la democracia (la prohibición de hacer propaganda pronazi o negar el holocausto, por ejemplo) y aun és es dudoso, por cuanto supone una negación de los principios que se defienden. Por ello pedimos a todos los nacionalistas que expresen y sometan a público debate su proyecto lingüístico sin falsos pudores. Que digan, por una vez, la verdad.
Eso nos lleva a pensar que en España nadie se atreve a defender abiertamente la adopción del castellano como lengua única, con la consiguiente supresión de las lenguas regionales, periféricas o como se las quiera llamar. Hay algunas medidas concretas que parecen apuntar en esa dirección, pero ni siquiera el Partido Popular, o Ciutadans, al que se atribuye un españolismo sin límites, incorporan ese objetivo en sus programas.
Cuidado, no hablamos aquí de aceite de ricino, palizas o pelotones de fusilamiento. Simplemente, de adoptar medidas políticas dirigidas a implantar progresivamente una determinada lengua en todo el territorio del Estado, como un proyecto de futuro.
Aún más, tampoco en Cataluña se atreve ningún partido a proponer abiertamente, como objetivo a medio o largo plazo, la implantación del catalán como única lengua. Todos sabemos que ésta es, justamente, la esencia del nacionalismo catalán, pero sólo las pintadas de grupúsculos incontrolados osan reconocerlo ("en català i prou").
Y aquí viene la referencia al segundo de los artículos mencionados. Enla página 8, Joseba Arregi, bajo el título "Ibarretxe, jutge suprem", comenta las declaraciones del lehendakari Ibarretxe y sus consejeros negando legitimidad a cualquier tribunal (ahora el Tribunal Constitucional, mañana tal vez elTribunal de Derechos Humanos) que se oponga a sus proyectos.
La explicación de Arregi es sencilla: los nacionalistas (vascos, en este caso, pero en nuestra opinión se puede, se debe extrapolar, porque es una característica esencial de cualquier nacionalismo) no aceptan que alguien pueda tener unos sentimientos distintos de los suyos. Quien afirma tenerlos, o miente o es un malvado o un degenerado. Así, elevan sus sentimientos a la categoría de verdad absoluta; un paso más, y defienden su verdad por la fuerza, porque la verdad no debe tener miramientos con el error, menos aún si es consciente y deliberado.
En una democracia es esencial el debate, la libre exposición y discusión de las ideas, sean o no populares. Tal vez se pueda negar el derecho a expresar las ideas que atacan, precisamente, la democracia (la prohibición de hacer propaganda pronazi o negar el holocausto, por ejemplo) y aun és es dudoso, por cuanto supone una negación de los principios que se defienden. Por ello pedimos a todos los nacionalistas que expresen y sometan a público debate su proyecto lingüístico sin falsos pudores. Que digan, por una vez, la verdad.
miércoles, 17 de septiembre de 2008
La Iglesia y el aborto
El Gobierno ha anunciado la modificación de la normativa que regula el aborto y la Iglesia católica no ha tardado en recordar su tradicional doctrina en la materia. Desde luego, es perfectamente legítimo que la Iglesia exponga y explique su doctrina y más en un tema que sigue siendo polémico.
Ahora bien, la doctrina que expone la Iglesia se refiere a la moral, que es un conjunto de normas cuyo incumplimiento es sancionado por la propia conciencia. Además, sostiene que su moral coincide con la ley divina, siendo el castigo por infringirla la condenación eterna (aunque ahora no lo mencionan mucho).
La modificación que proyecta el Gobierno, en cambio, se refiere a las condiciones en que es lícito abortar, sin que tal acción constituya delito. Por tanto, no habla de moral, sino de Derecho penal. Así, cuando los obispos hablan de la doctrina de la Iglesiasobre el aborto, se entiende que hablan también de Derecho penal, por el contexto, cuando ellos, en cualquier momento, si son preguntados, dicen hablar únicamente de moral.
Por ello quisiera pedir a los señores obispos que, si quieren entrar en la discusión relativa a la modificación de la normativa sobre el aborto, hablen de lo que realmente se discute: de las normas penales, de las circunstancias en que abortar ha de ser, o no, delito.
En otros términos, que digan, si así lo entienden, que la doctrina cristiana exige que la mujer que aborta y los facultativos que la auxilien, deben ser condenados a penas de cárcel, aunque el embarazo haya sido causado por una violación, suponga riesgo de muerte para la madre o el feto presente malformaciones que determinen una existencia miserable.
Si no quieren pronunciarse en esta materia, si insisten en decir que hablan de moral a sabiendas de que sus palabras serán interpretadas en términos de Derecho penal, si persisten en tirar la piedra y esconder la mano, que recuerden las duras palabras que dirigió su Maestro contra los hipócritas.
Ahora bien, la doctrina que expone la Iglesia se refiere a la moral, que es un conjunto de normas cuyo incumplimiento es sancionado por la propia conciencia. Además, sostiene que su moral coincide con la ley divina, siendo el castigo por infringirla la condenación eterna (aunque ahora no lo mencionan mucho).
La modificación que proyecta el Gobierno, en cambio, se refiere a las condiciones en que es lícito abortar, sin que tal acción constituya delito. Por tanto, no habla de moral, sino de Derecho penal. Así, cuando los obispos hablan de la doctrina de la Iglesiasobre el aborto, se entiende que hablan también de Derecho penal, por el contexto, cuando ellos, en cualquier momento, si son preguntados, dicen hablar únicamente de moral.
Por ello quisiera pedir a los señores obispos que, si quieren entrar en la discusión relativa a la modificación de la normativa sobre el aborto, hablen de lo que realmente se discute: de las normas penales, de las circunstancias en que abortar ha de ser, o no, delito.
En otros términos, que digan, si así lo entienden, que la doctrina cristiana exige que la mujer que aborta y los facultativos que la auxilien, deben ser condenados a penas de cárcel, aunque el embarazo haya sido causado por una violación, suponga riesgo de muerte para la madre o el feto presente malformaciones que determinen una existencia miserable.
Si no quieren pronunciarse en esta materia, si insisten en decir que hablan de moral a sabiendas de que sus palabras serán interpretadas en términos de Derecho penal, si persisten en tirar la piedra y esconder la mano, que recuerden las duras palabras que dirigió su Maestro contra los hipócritas.
lunes, 15 de septiembre de 2008
Gasto público
La Vanguardia, en portada, anuncia que "Catalunya abre el curso con récord de barracones". Se darán clases en 940 módulos prefabricados, 144 más que el curso anterior. Y la Generalitat considera que la mejor aplicación de nuestro dinero es financiar una escuela en Francia. Y, claro, también dice que no tiene suficiente dinero.
No falta dinero, sin embargo, para abrir esas embajadas de la Generalitat en grandes ciudades, pese a la falta de competencias. Y, desde luego, el nombramiento de Apel·les Carod Rovira al frente de la de París huele a nepotismo desde lejos. Pero la Generalitat no tiene suficiente dinero y las clases se han de dar en barracones.
No obstante, se ha de reconocer que no sólo en Cataluña se despilfarra. La deducción de 400 euros que José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la manga en la campaña electoral es un caso claro de apropiación de fondos públicos para fines privados. Pero, claro, si hubiera ganado el PP también habría tenido que cumplir sus promesas electorales.
La utilización que los partidos nacionalistas de Cataluña pretenden hacer de las balanzas fiscales parte de un presupuesto falso: creer que los ingresos públicos recaudados en Cataluña deben gastarse en Cataluña es una consecuencia del dogma nacionalista, según el cual Cataluña es una nación distinta de España. Ahora bien, este dogma no se ha reconocido ni siquiera en el Estatuto de Autonomía. Los ingresos provenientes de Cataluña, según la legislación vigente, se incorporan a los Presupuestos Generales del Estado, sin adscripción, y financian los gastos de esos mismos Presupuestos. Es el principio de unidad de caja.
Sin embargo, la polémica sobre las balanzas fiscales puede tener un efecto positivo: que los ciudadanos nos preguntemos en qué gastan los gobiernos nuestro dinero. Gobiernos, en plural: tanto el central como los autonómicos y municipales. Y, si hay despilfarro, que castiguemos electoralmente a quien administra mal nuestro dinero. Como decía el eslogan: Hacienda somos todos.
No falta dinero, sin embargo, para abrir esas embajadas de la Generalitat en grandes ciudades, pese a la falta de competencias. Y, desde luego, el nombramiento de Apel·les Carod Rovira al frente de la de París huele a nepotismo desde lejos. Pero la Generalitat no tiene suficiente dinero y las clases se han de dar en barracones.
No obstante, se ha de reconocer que no sólo en Cataluña se despilfarra. La deducción de 400 euros que José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la manga en la campaña electoral es un caso claro de apropiación de fondos públicos para fines privados. Pero, claro, si hubiera ganado el PP también habría tenido que cumplir sus promesas electorales.
La utilización que los partidos nacionalistas de Cataluña pretenden hacer de las balanzas fiscales parte de un presupuesto falso: creer que los ingresos públicos recaudados en Cataluña deben gastarse en Cataluña es una consecuencia del dogma nacionalista, según el cual Cataluña es una nación distinta de España. Ahora bien, este dogma no se ha reconocido ni siquiera en el Estatuto de Autonomía. Los ingresos provenientes de Cataluña, según la legislación vigente, se incorporan a los Presupuestos Generales del Estado, sin adscripción, y financian los gastos de esos mismos Presupuestos. Es el principio de unidad de caja.
Sin embargo, la polémica sobre las balanzas fiscales puede tener un efecto positivo: que los ciudadanos nos preguntemos en qué gastan los gobiernos nuestro dinero. Gobiernos, en plural: tanto el central como los autonómicos y municipales. Y, si hay despilfarro, que castiguemos electoralmente a quien administra mal nuestro dinero. Como decía el eslogan: Hacienda somos todos.
domingo, 14 de septiembre de 2008
La Iglesia y el poder
Benedicto XVI ha condenado en París el afán de dinero y poder. Creo que nadie criticará esta condena, al menos si no excluye el afán de mejorar económicamente como un estímulo al esfuerzo y a la creatividad.
El Partido Popular apoyó decididamente la guerra de Irak, que ha costado centenares de miles de muertos y no ha mostrado arrepentimiento por ello. Lo hizo, además, contra la opinión del Papa, claramente manifestada.
Puesto que la Ley de Dios prohibe matar y muchos, cristianos o no, creemos que causar la muerte a otro ser humano es una de las acciones más graves que se pueden cometer (uno de los pecados más graves) parece que la Iglesia debería guardar una prudente distancia respecto de ese partido lo que, evidentemente, no significa echarse en brazos del PSOE, con el que tiene diferencias serias.
En cambio, la Conferencia Episcopal Española hizo, prácticamente, campaña electoral a favor del PP, organizando incluso una manifestación poco antes del inicio de la campaña que sólo tenía sentido leída en clave electoral, ya que no estaba pendiente ninguna decisión que pudiese ser modificada por la demostración.
Sin duda, la Conferencia coincide con el PP en valores más serios que la vida humana y la ley divina, lo que explica ese apoyo casi explícito. Y estos valores no pueden ser otros que la financiación de la Iglesia (la casilla en la declaración de IRPF), la clase de religión y los colegios religiosos. Es decir, dinero y poder.
Creo que la Iglesia debe realizar una profunda autocrítica, examinando la conformidad de sus acciones con la doctrina que dice defender. Como reza el dicho castellano: "obras son amores, y no buenas razones".
El Partido Popular apoyó decididamente la guerra de Irak, que ha costado centenares de miles de muertos y no ha mostrado arrepentimiento por ello. Lo hizo, además, contra la opinión del Papa, claramente manifestada.
Puesto que la Ley de Dios prohibe matar y muchos, cristianos o no, creemos que causar la muerte a otro ser humano es una de las acciones más graves que se pueden cometer (uno de los pecados más graves) parece que la Iglesia debería guardar una prudente distancia respecto de ese partido lo que, evidentemente, no significa echarse en brazos del PSOE, con el que tiene diferencias serias.
En cambio, la Conferencia Episcopal Española hizo, prácticamente, campaña electoral a favor del PP, organizando incluso una manifestación poco antes del inicio de la campaña que sólo tenía sentido leída en clave electoral, ya que no estaba pendiente ninguna decisión que pudiese ser modificada por la demostración.
Sin duda, la Conferencia coincide con el PP en valores más serios que la vida humana y la ley divina, lo que explica ese apoyo casi explícito. Y estos valores no pueden ser otros que la financiación de la Iglesia (la casilla en la declaración de IRPF), la clase de religión y los colegios religiosos. Es decir, dinero y poder.
Creo que la Iglesia debe realizar una profunda autocrítica, examinando la conformidad de sus acciones con la doctrina que dice defender. Como reza el dicho castellano: "obras son amores, y no buenas razones".
jueves, 11 de septiembre de 2008
Banderas
Hoy, 11 de septiembre, "Diada Nacional de Catalunya", muchos edificios estaban engalanados con "senyeres". En edificios públicos o comerciales, éstas eran, a veces de gran tamaño, colgando varios pisos. Desde la AP7 se veían, a la altura de Molins de Rei y de Martorell, grandes "senyeres" en la montaña.
"Senyeres" bastante más grandes que la bandera española que el ministro Trillo colócó en la plaza Colón de Madrid (que allí sigue). Probablemente, los que han puesto las "senyeres" criticaron duramente la iniciativa del ministro.
Me gustaría que tanto unos como otros comprendiesen que sus acciones son prácticamente idénticas y también lo son los sentimientos que las inspiran. Sólo difiere el objeto de esos sentimientos, o ni siquiera éso, ya que se trata de un objeto ideal y, por tanto, imaginario.
Sería bueno que se diesen cuenta de que no es cierto que "ellos" tengan razón y "los otros" estén equivocados, que unos sean los buenos y los demás, los que no comulgan con sus ideas o no comparten sus sentimientos sean unos canallas. Que aprendiésemos, todos, que cada ser humano es único y distinto, pero, a la vez, que todos tenemos en común precisamente el ser humanos.
"Senyeres" bastante más grandes que la bandera española que el ministro Trillo colócó en la plaza Colón de Madrid (que allí sigue). Probablemente, los que han puesto las "senyeres" criticaron duramente la iniciativa del ministro.
Me gustaría que tanto unos como otros comprendiesen que sus acciones son prácticamente idénticas y también lo son los sentimientos que las inspiran. Sólo difiere el objeto de esos sentimientos, o ni siquiera éso, ya que se trata de un objeto ideal y, por tanto, imaginario.
Sería bueno que se diesen cuenta de que no es cierto que "ellos" tengan razón y "los otros" estén equivocados, que unos sean los buenos y los demás, los que no comulgan con sus ideas o no comparten sus sentimientos sean unos canallas. Que aprendiésemos, todos, que cada ser humano es único y distinto, pero, a la vez, que todos tenemos en común precisamente el ser humanos.
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Educación
La OCDE ha vuelto a suspender el sistema educativo español. La reacción ha sido pedir al Estado más dinero y cambios en el sistema. Pero nadie ha atendido a lo que, en realidad, es la causa de la deficiencia de nuestro sistema educativo.
Sencillamente, a nadie le interesa que los jóvenes tengan una buena educación. La economía española ha elegido un modelo basado en aprovechar (pagando) el conocimiento exterior y reducir los costes mediante el pago de salarios mínimos a una masa de trabajadores poco formados y, por tanto, fácilmente sustituibles. Las empresas quieren mano de obra barata y poco especializada, de forma que, si no la encuentran en España, se deslocalizan y la encuentran en Marruecos o en países similares.
Los políticos, por supuesto, lo que quieren es un electorado fácilmente manipulable y éso quiere decir que no piense. Es, realmente, un tópico, pero desgraciadamente acertado.
Basta ver la televisión para darse cuenta de qué valora nuestra sociedad: los dones innatos, ya sea la belleza, la habilidad para practicar un deporte, la mordacidad o la simpatía. El modelo a imitar nunca es alguien que haya basado sus logros en el esfuerzo y el estudio.
Incluso, en profesiones que exigen un nivel de conocimientos, lo que se valora realmente no es ese nivel, sino cualidades que no se aprenden en la escuela o la universidad, como los contactos, la capacidad comercial o la facilidad para negociar. Cualidades sin duda apreciables, pero innatas, lo que supone que el estudiante no confíe en el esfuerzo de aprendizaje para prosperar, convencido de que el éxito no depende de él y, sobre todo, no tiene que ver con su educación.
Si los títulos y las notas se ven recompensados con contratos más ventajosos y más rápidos, con promociones en el trabajo, la demanda provocará la mejora del sistema educativo. Si da lo mismo estudiar o no estudiar, porque los buenos puestos de trabajo se los llevarán los enchufados o los más simpáticos, dará igual la oferta de educación porque no será aprovechada.
Sencillamente, a nadie le interesa que los jóvenes tengan una buena educación. La economía española ha elegido un modelo basado en aprovechar (pagando) el conocimiento exterior y reducir los costes mediante el pago de salarios mínimos a una masa de trabajadores poco formados y, por tanto, fácilmente sustituibles. Las empresas quieren mano de obra barata y poco especializada, de forma que, si no la encuentran en España, se deslocalizan y la encuentran en Marruecos o en países similares.
Los políticos, por supuesto, lo que quieren es un electorado fácilmente manipulable y éso quiere decir que no piense. Es, realmente, un tópico, pero desgraciadamente acertado.
Basta ver la televisión para darse cuenta de qué valora nuestra sociedad: los dones innatos, ya sea la belleza, la habilidad para practicar un deporte, la mordacidad o la simpatía. El modelo a imitar nunca es alguien que haya basado sus logros en el esfuerzo y el estudio.
Incluso, en profesiones que exigen un nivel de conocimientos, lo que se valora realmente no es ese nivel, sino cualidades que no se aprenden en la escuela o la universidad, como los contactos, la capacidad comercial o la facilidad para negociar. Cualidades sin duda apreciables, pero innatas, lo que supone que el estudiante no confíe en el esfuerzo de aprendizaje para prosperar, convencido de que el éxito no depende de él y, sobre todo, no tiene que ver con su educación.
Si los títulos y las notas se ven recompensados con contratos más ventajosos y más rápidos, con promociones en el trabajo, la demanda provocará la mejora del sistema educativo. Si da lo mismo estudiar o no estudiar, porque los buenos puestos de trabajo se los llevarán los enchufados o los más simpáticos, dará igual la oferta de educación porque no será aprovechada.
domingo, 7 de septiembre de 2008
Adicción
En el Magazine del 7 de septiembre, Quim Monzó se hace eco de estudios que niegan que la adicción al sexo constituya una patología. Alega, básicamente, la ausencia de una sustancia externa al organismo que genere la adicción. El argumento tiene un peso indudable, pero tal vez la conclusión merezca más comentarios.
Algunos psiquiatras consideran que cualquier hábito que provoque problemas al sujeto en su vida diaria puede ser calificado como un problema psiquiátrico. Así, aunque lavarse las manos es una práctica higiénica muy recomendable, hacerlo cien o más veces al día constituye una enfermedad. Se califica como trastorno obsesivo compulsivo, pero igual podría calificarse como adicción a lavarse las manos.
De igual manera, podría decirse que el adicto al sexo está obsesionado y practica el sexo compulsivamente, lo que acercaría este problema (cuyo carácter patológico se discute) al anterior (cuyo carácter patológico está fuera de toda duda).
Por otra parte, es sabido que realizar el acto sexual produce una descarga de endorfinas, sustancias similares a la morfina generadas por el organismo. Ciertamente, no son externas, pero su similitud con los opiáceos podría justificar que se hable de adicción.
En definitiva, el problema radica en el escaso desarrollo de la psiquiatría y de la psicología (sin ánimo de negar los esfuerzos de los profesionales de estas disciplinas y los resultados que han obtenido). El diagnóstico se basa, fundamentalmente, en síntomas, pudiendo un mismo síntoma deberse a distintas causas y, por el contrario, una msma causa determinar diferentes síntomas. Por ello, en nuestra opinión, no queda sino seguir trabajando y tratar de comprender el sufrimiento de los otros, aunque nos parezca absurdo que ese problema genere ningún tipo de sufrimiento.
Algunos psiquiatras consideran que cualquier hábito que provoque problemas al sujeto en su vida diaria puede ser calificado como un problema psiquiátrico. Así, aunque lavarse las manos es una práctica higiénica muy recomendable, hacerlo cien o más veces al día constituye una enfermedad. Se califica como trastorno obsesivo compulsivo, pero igual podría calificarse como adicción a lavarse las manos.
De igual manera, podría decirse que el adicto al sexo está obsesionado y practica el sexo compulsivamente, lo que acercaría este problema (cuyo carácter patológico se discute) al anterior (cuyo carácter patológico está fuera de toda duda).
Por otra parte, es sabido que realizar el acto sexual produce una descarga de endorfinas, sustancias similares a la morfina generadas por el organismo. Ciertamente, no son externas, pero su similitud con los opiáceos podría justificar que se hable de adicción.
En definitiva, el problema radica en el escaso desarrollo de la psiquiatría y de la psicología (sin ánimo de negar los esfuerzos de los profesionales de estas disciplinas y los resultados que han obtenido). El diagnóstico se basa, fundamentalmente, en síntomas, pudiendo un mismo síntoma deberse a distintas causas y, por el contrario, una msma causa determinar diferentes síntomas. Por ello, en nuestra opinión, no queda sino seguir trabajando y tratar de comprender el sufrimiento de los otros, aunque nos parezca absurdo que ese problema genere ningún tipo de sufrimiento.
martes, 2 de septiembre de 2008
Memoria histórica
Tal vez sea justo y conveniente investigar las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo. Tal vez sea el momento oportuno. Tal vez el juez Garzón sea la persona indicada para hacerlo, ya que tiene un indudable prestigio, una reputación de investigador escrupuloso y una ideología concreta que, en este caso, puede constituir una ventaja.
Ahora bien, ¿tiene sentido hacerlo en un proceso penal, que por naturaleza se dirige a la investigación de delitos con el fin de juzgar y, en su caso, condenar a los responsables? Hablamos de hechos producidos hace más de treinta años, por lo que la responsabilidad penal estará normalmente prescrita. Si no es así, tales hechos caerán en el ámbito de las amnistías otorgadas durante la transición. En cualquier caso, es probable que los responsables hayan fallecido, o que ya no vivan testigos suficientes para acreditar los hechos y obtener una sentencia condenatoria.
Por todo ello creemos que la vía penal no es adecuada para investigar estos hechos y que el juez Baltasar Garzón haría mejor en dedicar sus esfuerzos y los recursos públicos a la investigación de delitos que puedan ser perseguidos eficazmente en dicha vía que, desgraciadamente, no escasean. Y, si lo desea, que utilice su notoriedad para solicitar del Gobierno la investigación de los hechos que le interesan, pero con los fines de reparación moral y dignificación de los desaparecidos que actualmente son los únicos que pueden conseguirse.
Ahora bien, ¿tiene sentido hacerlo en un proceso penal, que por naturaleza se dirige a la investigación de delitos con el fin de juzgar y, en su caso, condenar a los responsables? Hablamos de hechos producidos hace más de treinta años, por lo que la responsabilidad penal estará normalmente prescrita. Si no es así, tales hechos caerán en el ámbito de las amnistías otorgadas durante la transición. En cualquier caso, es probable que los responsables hayan fallecido, o que ya no vivan testigos suficientes para acreditar los hechos y obtener una sentencia condenatoria.
Por todo ello creemos que la vía penal no es adecuada para investigar estos hechos y que el juez Baltasar Garzón haría mejor en dedicar sus esfuerzos y los recursos públicos a la investigación de delitos que puedan ser perseguidos eficazmente en dicha vía que, desgraciadamente, no escasean. Y, si lo desea, que utilice su notoriedad para solicitar del Gobierno la investigación de los hechos que le interesan, pero con los fines de reparación moral y dignificación de los desaparecidos que actualmente son los únicos que pueden conseguirse.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Código civil
El pasado mes de julio se aprobó y publicó en el DOGC el libro del Código civil de Cataluña relativo a las sucesiones. Con ello continúa un proceso que, a nuestro juicio, constituye un considerable error.
Desde luego, no hay duda de la competencia de Cataluña para aprobar su propio derecho civil. Lo que discutimos es la conveniencia de aprobar un Código civil propio por los costes que ello ha de representar para las empresas.
En efecto, una sociedad promotora que actúe en Cataluña y en otros territorios deberá analizar la adecuación de sus cláusulas contractuales a cada uno de los derechos vigentes en tales territorios, con el consiguiente aumento de los costes de asesoramiento. Lo propio sucederá si un deudor pretende garantizar una obligación mediante la hipoteca de inmuebles situados en territorios con distintas legislaciones o mediante fianzas aportadas por peersonas sometidas a diferentes derechos; otro tanto le sucederá al acreedor.
De igual manera, el ciudadano de Zaragoza que pretenda adquirir un apartamento en la Costa Dorada hará bien en solicitar asesoramiento acerca de la legislación catalana, pues una diferencia de detalle puede representar un coste importante.
La afirmación de que con ello se pretende recuperar el derecho tradicional de Cataluña no es válida, sencillamente porque ese derecho tradicional, con escasas excepciones, ha desaparecido. La causa fue, primero, la interpretación que el Tribunal Supremo hizo del artículo 12 (posteriormente 13.2) del Código civil común, en nuestra opinión claramente errónea, y, después, la publicación de la Compilación en 1960. El resultado fue que, al menos desde esta última fecha, no se ha aplicado ni estudiado (salvo a título de investigación histórica) ese derecho tradicional catalán, que ha quedado así prácticamente muerto. Así, no se pretende recuperar una tradición que aún se recuerda, sino crear una legislación totalmente nueva.
El objetivo es, claramente, reforzar el hecho diferencial que constituye la base del proyecto nacionalista. Se asumen los costes señalados a fin de fomentar esa diferencia que, en definitiva, ha de justificar la independencia de Cataluña.
Desde la perspectiva de la aplicación práctica del derecho, hubiese sido preferible mantener el Código civil común, renovándolo de considerarse necesario, e incluir en él, directamente o mediante remisión a otras normas, las particularidades del derecho catalán efectivamente aplicado (el régimen matrimonial de separación, por ejemplo, o la regulación de la legítima), conservando una unidad jurídica que facilitaría las relaciones económicas, en particular en el campo inmobiliario. Pero se ha preferido sacrificar las conveniencias prácticas en aras de una ideología política concreta.
Desde luego, no hay duda de la competencia de Cataluña para aprobar su propio derecho civil. Lo que discutimos es la conveniencia de aprobar un Código civil propio por los costes que ello ha de representar para las empresas.
En efecto, una sociedad promotora que actúe en Cataluña y en otros territorios deberá analizar la adecuación de sus cláusulas contractuales a cada uno de los derechos vigentes en tales territorios, con el consiguiente aumento de los costes de asesoramiento. Lo propio sucederá si un deudor pretende garantizar una obligación mediante la hipoteca de inmuebles situados en territorios con distintas legislaciones o mediante fianzas aportadas por peersonas sometidas a diferentes derechos; otro tanto le sucederá al acreedor.
De igual manera, el ciudadano de Zaragoza que pretenda adquirir un apartamento en la Costa Dorada hará bien en solicitar asesoramiento acerca de la legislación catalana, pues una diferencia de detalle puede representar un coste importante.
La afirmación de que con ello se pretende recuperar el derecho tradicional de Cataluña no es válida, sencillamente porque ese derecho tradicional, con escasas excepciones, ha desaparecido. La causa fue, primero, la interpretación que el Tribunal Supremo hizo del artículo 12 (posteriormente 13.2) del Código civil común, en nuestra opinión claramente errónea, y, después, la publicación de la Compilación en 1960. El resultado fue que, al menos desde esta última fecha, no se ha aplicado ni estudiado (salvo a título de investigación histórica) ese derecho tradicional catalán, que ha quedado así prácticamente muerto. Así, no se pretende recuperar una tradición que aún se recuerda, sino crear una legislación totalmente nueva.
El objetivo es, claramente, reforzar el hecho diferencial que constituye la base del proyecto nacionalista. Se asumen los costes señalados a fin de fomentar esa diferencia que, en definitiva, ha de justificar la independencia de Cataluña.
Desde la perspectiva de la aplicación práctica del derecho, hubiese sido preferible mantener el Código civil común, renovándolo de considerarse necesario, e incluir en él, directamente o mediante remisión a otras normas, las particularidades del derecho catalán efectivamente aplicado (el régimen matrimonial de separación, por ejemplo, o la regulación de la legítima), conservando una unidad jurídica que facilitaría las relaciones económicas, en particular en el campo inmobiliario. Pero se ha preferido sacrificar las conveniencias prácticas en aras de una ideología política concreta.
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