Gasto público

La Vanguardia, en portada, anuncia que "Catalunya abre el curso con récord de barracones". Se darán clases en 940 módulos prefabricados, 144 más que el curso anterior. Y la Generalitat considera que la mejor aplicación de nuestro dinero es financiar una escuela en Francia. Y, claro, también dice que no tiene suficiente dinero.



No falta dinero, sin embargo, para abrir esas embajadas de la Generalitat en grandes ciudades, pese a la falta de competencias. Y, desde luego, el nombramiento de Apel·les Carod Rovira al frente de la de París huele a nepotismo desde lejos. Pero la Generalitat no tiene suficiente dinero y las clases se han de dar en barracones.



No obstante, se ha de reconocer que no sólo en Cataluña se despilfarra. La deducción de 400 euros que José Luis Rodríguez Zapatero se sacó de la manga en la campaña electoral es un caso claro de apropiación de fondos públicos para fines privados. Pero, claro, si hubiera ganado el PP también habría tenido que cumplir sus promesas electorales.



La utilización que los partidos nacionalistas de Cataluña pretenden hacer de las balanzas fiscales parte de un presupuesto falso: creer que los ingresos públicos recaudados en Cataluña deben gastarse en Cataluña es una consecuencia del dogma nacionalista, según el cual Cataluña es una nación distinta de España. Ahora bien, este dogma no se ha reconocido ni siquiera en el Estatuto de Autonomía. Los ingresos provenientes de Cataluña, según la legislación vigente, se incorporan a los Presupuestos Generales del Estado, sin adscripción, y financian los gastos de esos mismos Presupuestos. Es el principio de unidad de caja.



Sin embargo, la polémica sobre las balanzas fiscales puede tener un efecto positivo: que los ciudadanos nos preguntemos en qué gastan los gobiernos nuestro dinero. Gobiernos, en plural: tanto el central como los autonómicos y municipales. Y, si hay despilfarro, que castiguemos electoralmente a quien administra mal nuestro dinero. Como decía el eslogan: Hacienda somos todos.