Tal vez sea justo y conveniente investigar las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo. Tal vez sea el momento oportuno. Tal vez el juez Garzón sea la persona indicada para hacerlo, ya que tiene un indudable prestigio, una reputación de investigador escrupuloso y una ideología concreta que, en este caso, puede constituir una ventaja.
Ahora bien, ¿tiene sentido hacerlo en un proceso penal, que por naturaleza se dirige a la investigación de delitos con el fin de juzgar y, en su caso, condenar a los responsables? Hablamos de hechos producidos hace más de treinta años, por lo que la responsabilidad penal estará normalmente prescrita. Si no es así, tales hechos caerán en el ámbito de las amnistías otorgadas durante la transición. En cualquier caso, es probable que los responsables hayan fallecido, o que ya no vivan testigos suficientes para acreditar los hechos y obtener una sentencia condenatoria.
Por todo ello creemos que la vía penal no es adecuada para investigar estos hechos y que el juez Baltasar Garzón haría mejor en dedicar sus esfuerzos y los recursos públicos a la investigación de delitos que puedan ser perseguidos eficazmente en dicha vía que, desgraciadamente, no escasean. Y, si lo desea, que utilice su notoriedad para solicitar del Gobierno la investigación de los hechos que le interesan, pero con los fines de reparación moral y dignificación de los desaparecidos que actualmente son los únicos que pueden conseguirse.
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