El Gobierno ha anunciado la modificación de la normativa que regula el aborto y la Iglesia católica no ha tardado en recordar su tradicional doctrina en la materia. Desde luego, es perfectamente legítimo que la Iglesia exponga y explique su doctrina y más en un tema que sigue siendo polémico.
Ahora bien, la doctrina que expone la Iglesia se refiere a la moral, que es un conjunto de normas cuyo incumplimiento es sancionado por la propia conciencia. Además, sostiene que su moral coincide con la ley divina, siendo el castigo por infringirla la condenación eterna (aunque ahora no lo mencionan mucho).
La modificación que proyecta el Gobierno, en cambio, se refiere a las condiciones en que es lícito abortar, sin que tal acción constituya delito. Por tanto, no habla de moral, sino de Derecho penal. Así, cuando los obispos hablan de la doctrina de la Iglesiasobre el aborto, se entiende que hablan también de Derecho penal, por el contexto, cuando ellos, en cualquier momento, si son preguntados, dicen hablar únicamente de moral.
Por ello quisiera pedir a los señores obispos que, si quieren entrar en la discusión relativa a la modificación de la normativa sobre el aborto, hablen de lo que realmente se discute: de las normas penales, de las circunstancias en que abortar ha de ser, o no, delito.
En otros términos, que digan, si así lo entienden, que la doctrina cristiana exige que la mujer que aborta y los facultativos que la auxilien, deben ser condenados a penas de cárcel, aunque el embarazo haya sido causado por una violación, suponga riesgo de muerte para la madre o el feto presente malformaciones que determinen una existencia miserable.
Si no quieren pronunciarse en esta materia, si insisten en decir que hablan de moral a sabiendas de que sus palabras serán interpretadas en términos de Derecho penal, si persisten en tirar la piedra y esconder la mano, que recuerden las duras palabras que dirigió su Maestro contra los hipócritas.
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