Fiscalidad de los trabajadores

En "La Vanguardia" de ayer, domingo 14 de agosto, Antonio Durán-Sindreu publica una Tribuna bajo el título "Fiscalidad y trabajo". En ella afirma que Si el trabajo es la fuente originaria de creación de riqueza, es un contrasentido que sea, a su vez, la que más fiscalidad soporta. Afirma, en consecuencia, que es necesario aligerar la fiscalidad sobre el trabajo y, considerando la Seguridad Social como un impuesto, propone reducir el coste que supone para las empresas. Y, para contrarrestar el consiguiente descenso de la recaudación, propone incrementar el IVA y los Impuestos Especiales.

La Seguridad Social protege al trabajador frente a contingencias presentes, como la enfermedad, y futuras, como la jubilación, que implican una disminúción o desaparición de los ingresos procedentes del trabajo y un aumento de las necesidades. En consecuencia, si las cuotas de la Seguridad Social se pueden calificar como un impuesto, ya que son exigidas coactivamente por el Estado, también pueden ser presentadas como una retribución, en parte en especie y, en parte, diferida, del trabajo.

La propuesta del Sr. Durán-Sindreu supone reducir la retribución que percibe el trabajador del empresario, ya que éste dejará de satisfacer esas cuotas o pagará un importe inferior. La diferencia para mantener las prestaciones del sistema deberá ser aportada por el Estado, con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos.

Pero este incremento del gasto público exige, como reconoce expresamente el Sr. Durán-Sindreu, un aumento de la recaudación impositiva. Pero no a través de los impuestos directos y, en particular, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la figura con más capacidad redistributiva, sino a través de los impuestos sobre el consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, impuestos que tienen un carácter claramente regresivo.

¿Qué significa este carácter regresivo? Sencillamente, que recaen en mayor medida sobre las personas con menor capacidad económica. En un ejemplo simplificado: imaginemos una persona o familia que obtiene una renta de 100 unidades, que cubren exactamente sus necesidades (no puede ahorrar); paga en concepto de IVA el 18% de esa renta. Imaginemos ahora otra persona o familia idéntica, pero que percibe una renta de 1.000 unidades. Podría vivir con 100 unidades y ahorrar 900. En este caso límite (y totalmente hipotético, claro está), pagaría el 1,8% de su renta en concepto de IVA. Cuanto mayor es el ahorro efectivo, que depende en parte de la capacidad de ahorro, es decir, de la renta, menor es la proporción de esa renta satisfecha en concepto de impuesto sobre el consumo.

La conclusión es evidente: el Sr. Durán-Sindreu propone reducir los costes de las empresas trasladándolos a los trabajadores, haciendo que la financiación de la Seguridad Social pase a ser soportada en mayor medida por éstos. Como los empresarios seguirán apropiándose de los beneficios de sus empresas, que habrían de ser mayores con la disminución de los costes y no se verían mermados por la imposición directa sino en la misma medida que ahora (o, incluso en menor medida, si se reducen el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF), el conjunto supone una traslación de renta a favor de los que más tienen.

Por ello, en nuestra opinión, si resulta preciso favorecer la creación de empresas mediante incentivos fiscales, éstos han de tener un carácter claramente temporal, de manera que, una vez superada la crisis, las clases populares resulten compensadas mediante un incremento de su participación en el Producto Interior Bruto, fundamentalmente mediante un incremento de la imposición directa sobre las rentas más altas.

Los empresarios

Hoy, domingo 7 de agosto, "La Vanguardia" publica una Tribuna del presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montell`, bajo el título "Tiempos revueltos". En ella, el Sr. Gay da consejos a las Administraciones públicas acerca de lo que deben hacer ante la durísima situación de le economía española. La verdad es que su lectura me ha dejado mal sabor de boca.

Es muy cierto que los políticos han respondido tarde y mal a la crisis, sobre todo el Gobierno de España. José Luis Rodríguez Zapatero, pero también los restantes mandatarios de nuestro país no se han preocupado sino de conservar o mejorar sus expectativas electorales, utilizando para ello los poderes que les hemos confiado y los fondos que les hemos entregado para usar en beneficio de los ciudadanos. Pero, ¿qué hay de los empresarios?

No he visto que en ningún momento las instituciones representativas de los empresarios hayan hecho autocrítica, reconociendo su participación en la génesis de la crisis económica y su parte de culpa en que sigamos hundidos en ella, sin salir a flote, a diferencia de otros países.

¿Acaso el excesivo peso de la construcción en la economía española no se debió a que los empresarios desdeñaron otros sectores, más difíciles, sin duda, para lanzarse en masa a invertir en el ladrillo, en busca de pelotazos fáciles e inmediatos, sin preocuparse del futuro?

¿No tienen nada que ver los empresarios, que pagaban sueldos altos a trabajadores sin formación en detrimento de los más cualificados, con la penosa situación de la educación?

¿Olvidamos que en todo caso de corrupción, por definición, concurren un cargo público, frecuentemente uno o más intermediarios y un empresario?

¿Creemos realmente que los bancos son entes impersonales, casi entelequias, en lugar de empresas especializadas en negociar con dinero ajeno, regidas por los correspondientes empresarios? y, por consiguiente, ¿no serán estos empresarios responsables de la crisis, en cuanto asumieron un riesgo excesivo y demasiado concentrado? Y, ¿no son también responsables de la falta de crédito para la reactivación de la economía, al mantener una cartera inmobiliaria inactiva, para evitar reconocer las pérdidas que ellos mismos provocaron?

Los empresarios reclaman a las Administraciones públicas que asuman las pérdidas que su irresponsable política generó, repartiéndolas entre los contribuyentes, y que creen las condiciones precisas para que ellos, sin riesgo o con un riesgo moderado, vuelvan a ganar dinero. Esperan que el Estado actúe como locomotora de la economía, para ponerse luego a rebufo y atribuirse todo el mérito. Y, además, querrán volver a las andadas, a ganar dinero con los pelotazos inmobiliarios y el ladrillo.

Eso sí, hay excepciones. Empresarios que han apostado por crear valor, ya sea mediante el empleo de las nuevas tecnologías o, simplemente, cuidar la calidad en bienes y servicios tradicionales. Que no buscan el pelotazo, sino la satisfacción de necesidades que, quizá, no han sido advertidas o eran cubiertas de formas menos adecuadas. A ellos les necesitamos. Desgraciadamente, por lo que se ve,son una minoría.