En "La Vanguardia" de ayer, domingo 14 de agosto, Antonio Durán-Sindreu publica una Tribuna bajo el título "Fiscalidad y trabajo". En ella afirma que Si el trabajo es la fuente originaria de creación de riqueza, es un contrasentido que sea, a su vez, la que más fiscalidad soporta. Afirma, en consecuencia, que es necesario aligerar la fiscalidad sobre el trabajo y, considerando la Seguridad Social como un impuesto, propone reducir el coste que supone para las empresas. Y, para contrarrestar el consiguiente descenso de la recaudación, propone incrementar el IVA y los Impuestos Especiales.
La Seguridad Social protege al trabajador frente a contingencias presentes, como la enfermedad, y futuras, como la jubilación, que implican una disminúción o desaparición de los ingresos procedentes del trabajo y un aumento de las necesidades. En consecuencia, si las cuotas de la Seguridad Social se pueden calificar como un impuesto, ya que son exigidas coactivamente por el Estado, también pueden ser presentadas como una retribución, en parte en especie y, en parte, diferida, del trabajo.
La propuesta del Sr. Durán-Sindreu supone reducir la retribución que percibe el trabajador del empresario, ya que éste dejará de satisfacer esas cuotas o pagará un importe inferior. La diferencia para mantener las prestaciones del sistema deberá ser aportada por el Estado, con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos.
Pero este incremento del gasto público exige, como reconoce expresamente el Sr. Durán-Sindreu, un aumento de la recaudación impositiva. Pero no a través de los impuestos directos y, en particular, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la figura con más capacidad redistributiva, sino a través de los impuestos sobre el consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, impuestos que tienen un carácter claramente regresivo.
¿Qué significa este carácter regresivo? Sencillamente, que recaen en mayor medida sobre las personas con menor capacidad económica. En un ejemplo simplificado: imaginemos una persona o familia que obtiene una renta de 100 unidades, que cubren exactamente sus necesidades (no puede ahorrar); paga en concepto de IVA el 18% de esa renta. Imaginemos ahora otra persona o familia idéntica, pero que percibe una renta de 1.000 unidades. Podría vivir con 100 unidades y ahorrar 900. En este caso límite (y totalmente hipotético, claro está), pagaría el 1,8% de su renta en concepto de IVA. Cuanto mayor es el ahorro efectivo, que depende en parte de la capacidad de ahorro, es decir, de la renta, menor es la proporción de esa renta satisfecha en concepto de impuesto sobre el consumo.
La conclusión es evidente: el Sr. Durán-Sindreu propone reducir los costes de las empresas trasladándolos a los trabajadores, haciendo que la financiación de la Seguridad Social pase a ser soportada en mayor medida por éstos. Como los empresarios seguirán apropiándose de los beneficios de sus empresas, que habrían de ser mayores con la disminución de los costes y no se verían mermados por la imposición directa sino en la misma medida que ahora (o, incluso en menor medida, si se reducen el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF), el conjunto supone una traslación de renta a favor de los que más tienen.
Por ello, en nuestra opinión, si resulta preciso favorecer la creación de empresas mediante incentivos fiscales, éstos han de tener un carácter claramente temporal, de manera que, una vez superada la crisis, las clases populares resulten compensadas mediante un incremento de su participación en el Producto Interior Bruto, fundamentalmente mediante un incremento de la imposición directa sobre las rentas más altas.
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