viernes, 26 de diciembre de 2008

Financiación

Muchas voces, desde posiciones nacionalistas, acusan al Gobierno español de incumplir los plazos fijados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin duda, el Gobierno podía haber sido más diligente en esta materia (y en muchas otras). Pero esta acusación se basa en contemplar el Estatuto de forma aislada, sin tomar en consideración el contexto.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081225/53606149724.html

Lo primero que hay que recordar es que el artículo 157.3 de la Constitución (que sigue vigente y tiene rango superior al Estatuto) dispone que Mediante ley orgánica podrá regulares el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Este precepto prevé, claramente, una norma general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común, al servicio de los principios que, en esta materia, sienta el artículo 156.1 de la propia Constitución: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Ello implica, necesariamente, una negociación multilateral, aun cuando de la misma pudiera resultar un régimen financiero para Cataluña distinto de los vigentes en las restantes Comunidades Autónomas.

Desde el punto de vista jurídico, cabría este régimen distinto; desde la perspectiva política, ya es otro cantar. Cualquier diferencia será vista por las restantes Comunidades como un privilegio para Cataluña y, en consecuencia, todas se opondrán frontalmente. De forma que, políticamente, la bilateralidad es una fantasía.

En cuanto al incumplimiento de los plazos, habría que matizar una cosa: ¿cree alguien que si el Gobierno hubiese planteado, dentro del plazo estatutario, un acuerdo inaceptable para la Generalitat, ésta se hubiese sentido obligada a aceptarlo para respetar el plazo? Es evidente que no. ¿Qué ocurre, pues? ¿Dejaría el plazo de tener carácter vinculante en ese caso, o el carácter obligatorio se refiere sólo al Gobierno estatal, no a la Generalitat?

La respuesta, en cualquier caso, es que ese plazo no es más que una declaración de intenciones, que hubiera debido omitirse en la redacción del Estatuto. Se trata de un calendario político (estoy tentado de decir que carente de ningún valor) que no debió publicarse en los diarios oficiales, sino en la prensa común. Y, si alguien tiene dudas, baste una pregunta: ¿qué sanción establece la norma -el Estatuto- para el caso de incumplimiento?

jueves, 25 de diciembre de 2008

Sanciones a jueces

Un lector pide que le expliquen el desequilibrio entre las sanciones impuestas al juez que no ejecutó una sentencia firme por pederastia (la situación de libertad permitió al condenado asesinar a una niña) y al que ralentizó el trámite de una adopción porque la adoptante era la novia de la madre del menor.(http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081225/53605803840.html

No se si tengo humor y sentido común suficientes, pero voy a intentar explicárselo.

El juez que tramitaba la adopción incumplió las normas procesales consciente y voluntariamente, por su opción ideológica contraria a la homosexualidad. Con ello, infringió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohibe establecer diferencias por razón de opción sexual. Evidentemente, tratándose de un juez, no cabe alegar ignorancia, por lo que su responsabilidad es plena.

El juez Tirado no se negó a ejecutar la sentencia. Simplemente, por la carga de trabajo de su juzgado y la desorganización del mismo, perdió de vista que tenía esa ejecución pendiente. Su falta puede calificarse como negligencia.

En Derecho, el incumplimiento voluntario de una norma, lo que se denomina "dolo" se considera más grave que la imprudencia o negligencia, lo que se conoce como "culpa". Ahí puede estar la razón técnica de la diferencia entre ambas sanciones. No olvidemos que la muerte de la pequeña Mari Luz no se puede imputar al juez Tirado, sino que es responsabilidad exclusiva del asesino.

Ahora bien, hay muchos otros elementos a considerar. Por una parte, ¿es justa la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales a efectos de adopción? Un sector importante de la sociedad no lo cree así. Quizá, si tuviesen el poder, cambiarían la Ley, haciendo lícita la conducta del juez al que se impuso la sanción más grave.

Otro aspecto importante es la desigualdad entre las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria del juzgado, por la misma infracción, la falta de ejecución de la sentencia.

Pero, sobre todo, la postura de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se explica por otro factor. La sobrecarga de trabajo de los juzgados, los frecuentes cambios de titular, la insuficiente informatización, la falta de conexión electrónica entre los distintos juzgados y entre éstos, la Policía y la Administración penitenciaria figuran entre las causas de la falta de ejecución de la sentencia contra el pederasta. Estas carencias se deben a los políticos que rigen y han regido el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los que han propuesto y aprobado los presupuestos que no han permitido modernizar la Administración de Justicia y hacerla eficaz y más justa.

Estos políticos son los que ahora, al ponerse de manifiesto su mala gestión, quieren imputar las culpas exclusivamente al juez y a la secretaria, para que nadie hable de ellos. Que pague el más débil, en definitiva, que haya un chivo expiatorio. A ésto se oponen los miembros del CGPJ.

Desde esta perspectiva, quizá la sanción al juez Tirado sea justa; quizá, incluso, excesiva en comparación con la nula sanción impuesta a los políticos coautores de la falta. Y, en los presupuestos para 2009, no se proveen fondos para la imprescindible reforma de la justicia: los políticos insisten en hacer posibles situaciones como la que comentamos. En términos jurídicos, un auténtico delito continuado.

martes, 23 de diciembre de 2008

Elegidos de Dios

Ciertamente, Ángel Sanz Briz, al que dedica un artículo Pilar Rahola en La Vanguardia de hoy, 23 de diciembre ("Anejo a la legación española", http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20081223/53604538404/anejo-a-la-legacion-espanyola.html) merece el reconocimiento de toda la gente decente y el agradecimiento de los judíos y del Estado de Israel, por las vidas que salvó de la barbarie nazi. Pero el título de "Justo entre las naciones" que le concedió Israel parece inadecuado. Se trata de un héroe, sin duda, pero no de un semidios.

Lo que ocurre es que los judíos siguen considerándose el pueblo elegido de Dios y, por tanto, ven el servicio que se les presta como un servicio prestado al creador, y su agradecimiento como la expresión del agradecimiento divino. De ahí un título con resonancias mesiánicas.

De igual manera, es perfectamente natural y humano el agradecimiento de los obispos, sacerdotes y religiosos a Franco y a sus tropas, que les libraron de ser víctimas de la ira popular (a raíz de la sublevación, que apoyaron pero no protagonizaron, pero también antes, recuérdese la semana trágica) y les convirtieron en parte respetada del establishment.

Pero el trato que la Iglesia española dio a Franco no fue el simple agradecimiento de los miembros de su clero, sino el de salvador de la fe, de instrumento de la voluntad divina, de elegido del Señor. No supieron, o no quisieron, separar sus deseos humanos de los designios divinos y, por tanto, pusieron a Dios al lado de Franco, para lo bueno y para lo malo, como protector y cómplice, también de lo más oscuro de la dictadura. En definitiva, instrumentalizaron a Dios, al ponerlo al servicio de su agradecimiento, de su bienestar y de su poder, en lugar de someterse ellos a Su voluntad.

Quizá aún puedan recapacitar y recuperar la humildad. Recordar que la Iglesia triunfante, en buena teología, no es la que gobierna la tierra, sino la que goza de la presencia divina, en el cielo.

sábado, 20 de diciembre de 2008

Inmigración

El pacto firmado por los políticos catalanes para la acogida e integración de los inmigrantes (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081219/53602549242/firmado-el-pacte-nacional-per-a-la-immigracio-que-establece-el-catalan-como-lengua-de-acogida-ciu-ge.html) ha establecido que el catalán será la lengua de acogida. Se supone que será la lengua que se enseñe a los inmigrantes y se prevé que, para acreditar su arraigo, habrán de probar que la dominan o que la están aprendiendo.

Integrar, en este contexto, significa "pasar a formar parte de" una determinada sociedad. Lo que ocurre es que la sociedad en que los firmantes del pacto pretenden que se integren los inmigrantes no existe. La sociedad exclusivamente catalanoparlante que proponen los nacionalistas dejó de existir hace muchos años (antes de 1714, de hecho) y el proyecto nacionalista consiste, precisamente, en crear esa sociedad.

Por tanto, este pacto por la integración, en realidad, en vez de atender a las necesidades de los inmigrantes y velar por la paz social, lo que busca es utilizar a los recién llegados como peones en un proyecto político que les resulta ajeno y que, en definitiva, pretende conservar la supremacía de los "catalanes de toda la vida" sobre los que, en su día, fueron inmigrantes y hoy son, aunque la palabra sea políticamente incorrecta, "charnegos".

Lo que pretenden es que los inmigrantes de última generación se unan a los catalanes de toda la vida para obligar a los charnegos a cambiar de lengua y de sentimiento, a renunciar a sus raíces españolas a fin de formar la sociedad que pretende el nacionalismo. Y el charnego Montilla se atreve a decir que lo que busca es que Cataluña sea un solo país: sí, un solo país en que los inmigrantes del siglo XX no tengan voz ni representación política, una ficción al gusto de los que siempre han mandado y pretenden seguir en el poder.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Saura

Ahora, la convocatoria de los jefes de los Mossos y de los bomberos de la Generalitat a un acto político del conseller Saura es un escándalo (http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20081218/53602188615/icv-asegura-que-los-mossos-ya-asistian-a-actos-de-interioren-la-epoca-de-tura-y-pujol-jaume-bosch-jo.html). Pero se ha repetido muchas veces, con el beneplácito de los que ahora se rasgan las vestiduras que la Administración es una herramienta fundamental en la construcción nacional de Catalunya.

Para los nacionalistas, la Administración es una herramienta política al servicio de su ideología. Nada tiene de extraño que Saura, un nacionalista en sentido amplio (cree en la Nación catalana, aunque no pertenezca a CiU), adapte el principio a su propia visión: los funcionarios de la Generalitat o, al menos, de su Departamento, no sólo han de ser nacionalistas, sino también izquierdistas y ecologistas. Para éso trabajan en su Departamento.

Los políticos de hoy no tienen en cuenta para nada el interés común. El poder sirve para sus intereses particulares, el principal de los cuales es perpetuarse en el mismo poder. Ésa es la principal, si no única, función de la Administración. Los ciudadanos podemos...pagar impuestos.

sábado, 13 de diciembre de 2008

Catalanismo

Un grupo de socios del Ateneu protesta por el acto celebrado en la sede de dicha entidad por el partido que lidera Rosa Díez (http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081212/53597420198.html). Afirman estar a favor de la pluralidad, de la libertad de expresión, pero niegan que unas determinadas ideas, las de ese partido, puedan expresarse.

En particular, señalan que resulta inaceptable negar que Cataluña sea una nación. No se dan cuenta de que, en definitiva, rechazan una ideología idéntica a la suya, pero basada en un objeto o, mejor, un sentimiento diferente al suyo.

En efecto, si en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43 % de castellanoparlantes y un 9 % de hablantes de otras lenguas (página web de la Generalitat), resulta imposible sostener objetivamente que sea una nación. No existe el grado de identidad interna y diversidad hacia el exterior que ese concepto, ciertamente difícil de definir, exige. En consecuencia, afirmar que Cataluña es una nación es expresar algo subjetivo, un sentimiento. Por tanto, lo que niegan es que alguien pueda no compartir su sentimiento.

Pero, si el nacionalismo catalán es un movimiento político, su objetivo sólo puede ser convertir Cataluña en una nación: crear esa identidad interna y esa diferencia hacia el exterior mediante la generalización del hecho diferencial es el proyecto nacionalista.

Lo que rechazan es, pues, que pueda haber otro proyecto diferente al suyo, pero tan legítimo a priori como el suyo: Cataluña sólo puede ser como ellos la desean. No, por tanto, como decidan los ciudadanos de Cataluña. Que, seguramente, no será como quisiera Rosa Díez, pero tampoco como pretenden los socios del Ateneu.