domingo, 30 de mayo de 2010

Despedir funcionarios

Propone Pedro Nueno en “La Vanguardia” de hoy, domingo 30 de mayo, como medida para reactivar la economía, despedir a 100.000 funcionarios, dándoles seis meses de cobertura salarial para buscarse otra cosa.

Quisiera preguntarle al Sr. Nueno por qué los funcionarios han de tener menos cobertura que otro trabajador en el supuesto de desempleo. Quizá le gustaría proponer reducir la prestación a seis meses, como máximo, con carácter general, pero no se atreve y da por sentado que, en el caso de los funcionarios, puede decirlo porque a nadie le importará.

Pero, ya que el Sr. Nueno propone eliminar funcionarios, le pediría que concretase su propuesta. Que determine qué funcionarios deberían ser despedidos. No, claro está, con una lista de nombres y apellidos, que no puede pedirse a quien ni siquiera forma parte de la Administración, pero sí designando aquéllos órganos u organismos del sector público a los que afectaría la medida.

Debería decir si despediría al personal de la Seguridad Social y, en tal caso, cómo solucionaría las interminables listas de espera actuales. Parece que reducir el número de médicos difícilmente permitiría tratar el mismo número de enfermos.

O quizá reduciría el personal dedicado a la enseñanza en los colegios e institutos públicos. Sin duda, el estrés de los docentes se reduciría si se aumentase el número de alumnos por aula, de acuerdo con alguna abstrusa ley de la economía liberal.

Tal vez la disminución podría afectar a los distintos cuerpos de policía, a fin de reducir la sensación de inseguridad que motiva las quejas de los ciudadanos cuando, ante un hecho delictivo, no hay una patrulla inmediatamente disponible.

O bien los despidos podrían cebarse en la Administración de justicia, cuya escasa importancia es notoria, sobre todo, cuando un ciudadano acude a ella solicitando el restablecimiento de sus derechos vulnerados antijurídicamente, ya sea porque le han robado el bolso, le han “okupado” la casa o le han despedido por negarse a realizar funciones que no le corresponden.

El Sr. Nueno podría contestar que él se refiere a los burócratas, los funcionarios que no prestan servicios directos a los ciudadanos, limitándose a mover papeles y, sobre todo, a poner trabas a la actividad económica imponiendo todo tipo de controles, permisos, tributos o multas. Pero, entonces, se entiende mal que también proponga establecer un mecanismo de copago en Sanidad, que exigiría un sistema de administración para la emisión de facturas, cobro, entrega de recibos, resolución de reclamaciones, etc. O que sugiera premiar a todo empresario que contrate a un desempleado con dos meses de carencia por año que lo mantenga empleado, lo que supone complicar la Administración de la Seguridad Social.

En definitiva, el Sr. Nueno debería, para formular esa propuesta, demostrar que sobran funcionarios y concretar dónde sobran y cuales sobran. O, lo que viene a ser lo mismo, señalar qué servicios públicos son prescindibles y explicar si se limitaría a eliminarlos o cómo los sustituiría. Pero, claro, repetir un dogma que, además, resulta popular no cuesta nada y permite hacer las cuentas de la lechera. Así, cualquiera se las da de experto economista.

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