sábado, 1 de mayo de 2010

La realidad

Se queda corto Fernando Ónega cuando afirma, en "La Vanguardia" de hoy, que Gobierno y oposición elaboran sus análisis no sobre la realidad global y objetiva, sino sobre sus aspectos parciales y, por tanto, asumir sólo los aspectos positivos (Zapatero) o los negativos (Rajoy) es deshonesto.

Los políticos prescinden de la realidad, sencillamente porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es conseguir y mantener el poder. Por ello sólo dan importancia a aquellos aspectos de la realidad que les pueden hacer ganar o perder votos. Ni al Gobierno ni a la oposición les importa la crisis económica, ni en cuanto causa de dificultades gravísimas para las familias ni en cuanto fuente de cambios incontrolables para la sociedad española. Lo único que les importa es la influencia que la crisis y las medidas que pueda verse obligado a adoptar el Gobierno puedan tener sobre el resultado de las próximas elecciones.

Este ha sido el norte de la política gubernamental durante toda la crisis: no hacer nada que pudiera restarle votos; negar la propia crisis, contra toda evidencia, primero; repartir subsidios con criterio político, después y aplazar cualquier medida que pueda resultar impopular en todo momento.

La oposición, por su parte, se ha dedicado a enfatizar los errores del Gobierno (éso es parte de su cometido), pero sin proponer en ningún momento medidas practicables. Se diría que Rajoy no quiere darle a Zapatero la posibilidad de acertar rectificando, ni la de equivocarse, también al rectificar, adoptando alguna medida propuesta por el Partido Popular.

Así pues, la política sustituye a la realidad. Lo accesorio prima sobre lo fundamental. Los partidos no quieren, no ya cambiar la sociedad, sino que ni siquiera pretenden intentar resolver los problemas de esa sociedad, de los ciudadanos que les han votado y pagan sus sueldos y pensiones, financian los partidos y les permiten dedicarse a sus cosas. Éso es, los ciudadanos pagamos a los políticos para que se preocupen exclusivamente de sus propios intereses.

No otra cosa se desprende del artículo de Francesc de Carreras, también en "La Vanguardia". El tripartito abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria por interés electoral. Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero siguieron el juego por los mismos intereses. El PP presentó el recurso de inconstitucionalidad (por preceptos que no discute en otros estatutos) también por los votos que podía proporcionarle. Y la ciudadanía demostró cumplidamente su desinterés al no molestarse en votar en el referéndum algo que sólo interesaba a los políticos.

Porque,¿mejorará en algo la economía catalana que el preámbulo del Estatuto afirme que el Parlamento ha dicho que Cataluña es una nación?¿incrementará la seguridad que la Generalitat tenga un mayor control de los órganos judiciales a través del Consell de Justícia? Algunos preceptos pueden revestir cierta trascendencia, pero, en general, sólo tienen importancia para los políticos, no para los ciudadanos. Pero también aquí, la realidad no interesa a los partidos, más allá de la influencia que pueda tener en sus propios intereses.

De igual manera, Juan-José López Burniol ignora la realidad de Cataluña, cuando afirma que sólo caben dos opciones: federalismo o independencia. Ignora la realidad porque sólo se fija en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Para muchos ciudadanos catalanes, el problema no es el encaje de Cataluña en España, sino los políticos españoles, incluidos los catalanes.

El argumento fundamental de la tesis de López Burniol es la consideración de Cataluña como una nación. Ahora bien, la realidad catalana, tozuda, no se ajusta a dicho argumento. Un país la mayoría de cuyos habitantes son castellanoparlantes (ver la encuesta lingüística del Idescat) no puede ser una nación diferenciada, precisamente, por razones lingüísticas y culturales. Pero en el mundo político, el carácter nacional de Cataluña es un dogma inalterable.

Lo que ocurre es que los partidos catalanes silencian un sector muy importante de la ciudadanía. Primero, por la sobrerrepresentación de las comarcas rurales sobre las industriales o, por poner nombres, de los nacionalistas de Girona y Lleida sobre los charnegos del cinturón industrial de Barcelona. Segundo, por los intereses electorales del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seguros del voto de los últimos (que querrían votar al PSOE y no tienen otras alternativas que la abstención o los rojiverdes) pretenden pescar entre los desencantados del nacionalismo, presentándose como un partido nacionalista más.

Así, el problema tiene mucho de artificial, creado por los políticos por razones electorales, es decir, para satisfacer sus propios intereses. Los ciudadanos han dado la espalda a los políticos, porque éstos, previamente, han olvidado por completo que han sido elegidos para manejar los intereses comunes de la ciudadanía, de la que ellos mismos deberían sentirse parte.

Este fenómeno propicia el voto de fuerzas políticas alternativas que, aún conectadas con la realidad, presentan una oferta que los ciudadanos entienden y aprecian. Así sucedió con Ciudadanos. Pero estas alternativas son rápidamente neutralizadas, al amenazar los intereses de la clase política, o bien absorbidas por ésta, al tener que entrar en el juego electoral, es decir, buscar financiación encubierta. El resultado puede ser un descrédito tal de la democracia, por culpa de políticos sedicentemente democráticos, que una opción dictatorial obtenga suficientes apoyos para imponerse. No será la primera vez.

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