domingo, 3 de mayo de 2009

Sucesiones

Hay razones a favor y en contra de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, que tantas cartas a La Vanguardia ha generado (http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090503/53695583223.html) No tomaré partido ahora. Sólo quiero repetir dos consideraciones:

Hablar de discriminación respecto de otras Comunidades Autónomas significa no haber entendido qué es la autonomía. En sentido etimológico, "autonomía" es "darse leyes propias" y éso es exactamente lo que significa que en Cataluña se mantenga el impuesto aunque en otras Comunidades se haya eliminado: nuestras leyes no tienen porqué ser las mismas que en las Comunidades vecinas, incluso cuando ello significa que nos quedemos solos en España o en Europa. ¿O acaso alguien aceptaría que en Cataluña debiera regir el régimen económico matrimonial de gananciales porque es el vigente en gran parte de España (y también hay razones para defenderlo)?

Muchas cosas se pueden decir al hilo de la discusión acerca del Impuesto sobre Sucesiones. La más evidente, que la financiación de la Generalitat es insuficiente. También cabe señalar que otras Comunidades no tienen dos cadenas públicas de televisión, para las que es preciso traducir expresamente casi todos los contenidos, o una costosa política lingüística. Pero éso es exactamente la autonomía: autonomía para gastar, pero también para recaudar los fondos que han de ser gastados.

Lo que nos lleva a la segunda consideración que mencionaba al principio. Los fondos públicos pueden proceder de tres fuentes: ingresos patrimoniales (de escasa cuantía en nuestro ámbito) o por la prestación de servicios públicos, impuestos y Deuda pública. Si se elimina un impuesto y se quiere mantener el mismo nivel de gasto, es preciso incrementar la recaudación de otros impuestos (subiendo los tipos) o crear impuestos nuevos. O bien, es posible emitir Deuda.

La Deuda pública es un préstamo que las entidades bancarias o, en último término, los ciudadanos, del mismo país o de otro (segùn la emisión) conceden a un ente público. Como todo préstamo, implica la obligación de pagar unos intereses durante un determinado número de años y, transcurridos éstos, devolver el principal. ¿Quién ha de pagar esos intereses (que no se pagarían si, en vez de Deuda se exigiesen impuestos) y devolver el principal (cosa innecesaria cuando se trata de impuestos)? Evidentemente los contribuyentes, los obligados a pagar impuestos durante los años en que corresponda el pago de intereses y la devolución del capital.

Por tanto, los que se oponen al Impuesto sobre Sucesiones han de saber que esta supresión puede suponer mayores impuestos o menores gastos en el futuro. Si aún así consideran que el impuesto debe ser eliminado, adelante. Éso es democracia. Pero cualquier decisión política debe ser adoptada sopesando los pros y los contras, los costes y los beneficios. Éso es sentido común.

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