Editorial conjunto

El Tribunal Constitucional ha demostrado sobradamente su politización. Se acepta sin cuestionarlo que sus magistrados han sido nombrados por su afinidad a los partidos políticos que los propusieron. Su Presidenta ha utilizado sus poderes para procurar obstruir una sentencia que no le interesa (que no interesa al partido que la designó) y lograr una más favorable desde el punto de vista estrictamente político, no jurídico.

Todas las formaciones políticas han hecho lo posible para influir en la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La excepción, el Partido Popular, que pide respeto al Tribunal que él nunca ha respetado (¿quién ha bloqueado la renovación de los magistrados?) porque entiende que le interesa.

El Presidente de la Generalidad de Cataluña ha protagonizado alguna de las últimas manifestaciones dirigidas a orientar la decisión del Tribunal Constitucional hacia una sentencia favorable a los intereses electorales de la formación que lidera. No se diferencia en ésto de la actuación de la oposición, salvo en que su acción se reviste del carácter institucional que implica su cargo. En definitiva, la Generalidad está intentando influir en una instancia que, teóricamente, debiera ser neutral, vinculada sólo por la Constitución.

Ahora, el editorial conjunto de doce periódicos catalanes se ha unido a las presiones. Porque su finalidad es, claramente, presionar al Tribunal para que emita una sentencia favorable a las posiciones políticas que defienden estos periódicos.

Pues bien, que nadie vuelva a quejarse de la politización del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano jurisdiccional. Quien intenta influir en el Tribunal para obtener una sentencia favorable a sus posiciones políticas, fuera de la intervención formal en el proceso constitucional se descalifica para exigirle neutralidad política. Entre todos han convertido la justicia constitucional en un zoco: que nadie se queje si se compra y se vende, se regatea y hasta se engaña. Ésto es lo normal en un mercadillo, aunque no lo sea en un tribunal.

Pero el contenido del editorial es también discutible. Si acusa de posiciones irreductibles a los magistrados "conservadores", ¿acaso no son también irreductibles las que defienden los editorialistas? ¿Aceptan acaso alguna posibilidad de estar errados? No, estamos en la dialéctica de la verdad contra el error, como en las Cruzadas, en la Inquisición.

Los pactos de la transición, que cualquiera diría se plasmaron precisamente en la Constitución que debiera aplicar el Tribunal Constitucional (y que todos se han puesto de acuerdo para que no aplique, dando preferencia a sus intereses) fueron deliberadamente ambiguos, para permitir el acuerdo. En consecuencia, se dejó su concreción para más adelante, a través de la actuación del Tribunal. No cabe, pues, pretender que se infringen esos pactos porque la interpretación de la Constitución sea distinta de la que uno querría.

Y es cierto que hay preocupación en Cataluña, y es preciso que toda España lo sepa. En particular, que lo sepan los políticos catalanes, en el gobierno y en la oposición: los ciudadanos de Cataluña están preocupados por la economía, por sus empleos, por la corrupción, por la seguridad. No les preocupa ningún artículo del Estatuto.

Porque, ¿acaso alguien sabe en qué se concretan las críticas al Estatuto que contiene el recurso interpuesto por el PP? Y, ¿supone la eliminación de los preceptos recurridos una disminución real de la capacidad de las instituciones catalanas para desarrollar una política que beneficie a los ciudadanos de este país?¿o sólo supone la posibilidad de un quebranto electoral para los políticos catalanes?

Que el preámbulo del Estatuto contenga o no la palabra nación, ¿puede impedir el funcionamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos que presta la Generalidad? Que no se consagre la obligación de conocer la lengua catalana, ¿modificará en un ápice la política lingüística de la Generalidad?

Como escribe Francesc de Carreras, el recurso afecta sólo, en realidad, a los intereses electorales de los políticos que sufrimos en Cataluña. El tripartito, que abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria para conseguir de una tacada superar al pujolismo, sin necesidad de desarrollar mejores políticas, ve peligrar su logro fundamental. CiU, que acudió rauda a la subasta al alza de competencias y declaraciones altisonantes, quiere ahora, como entonces, capitalizar el descontento. Todos, maniobran persiguiendo sus propios intereses, dejando a los ciudadanos como convidados de piedra en este que, si no fuera porque afecta a nuestros bolsillos y a nuestros derechos, podríamos calificar de sainete.

Lo peor de todo es que dicen que cada país tiene los políticos que se merece. ¿Qué habremos hecho para merecer ésto?