Gasto público y crisis

Francesc de Carreras critica en "La Vanguardia" del 31 de enero algunos gastos de la Generalitat.
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090131/53631132045/alegria-en-el-gasto.html. Destaca, en particular, la incoherencia de tales gastos en la actual situación de crisis económica.

Por supuesto, esta alegría en el gasto no se limita al gobierno catalán; también el gobierno del Estado es culpable. De gastar sin sentido y de no utilizar los recursos disponibles para combatir la crisis.

La política económica preconizada por John Maynard Keynes para situaciones de crisis consiste en incrementar el gasto público, recurriendo al déficit, a fin de generar empleo y, por tanto, demanda que estimule la economía. Las empresas que trabajan para el Estado obtienen unos ingresos con los que pagan a sus proveedores y trabajadores, que gastan esos ingresos, generando una demanda que ha de ser atendida por las empresas.

Para que esta política produzca los mejores resultados, el Estado debe destinar el gasto a mejorar la capacidad productiva del país. Un incremento de las pensiones puede ser justo y necesario, y permite a los perceptores incrementar el consumo y, por tanto, elevar la demanda. Pero si se mejoran, por ejemplo, las comunicaciones, no sólo se actúa sobre la demanda, sino también sobre la oferta futura: las empresas de la zona beneficiada por la obra tendrán más facilidades para trasportar sus productos y, por tanto, podrán incrementar sus ventas.

Dinero había: los famosos cuatrocientos euros que Zapatero destinó a asegurar su reelección o los fondos que ahora reparte entre los Ayuntamientos para que construyan equipamientos deportivos o asistenciales. O, en el ámbito autonómico, los fondos a que se refiere el profesor de Carreras.

Ese dinero se podía aplicar a mejorar la capacidad productiva. Por ejemplo, facilitar el aprendizaje del inglés, una de las carencias básicas de los españoles, emitiendo en televisión películas o series en versión original subtitulada. O crear un mercado virtual de innovaciones, poniendo en contacto a través de la red a inventores, Universidades y empresas: el poder público podía garantizar la limpieza de las transacciones y la seguridad jurídica de los actores.

O, puesto que faltan profesionales de diversos oficios, incrementar la oferta de cursos de formación, dirigidos tanto a parados como a empleados, abriendo el abanico de horarios y centrándose en las profesiones deficitarias.

Estoy convencido de que, en una situación de emergencia, muchos profesionales estarían dispuestos a enseñar sus especialidades por una remuneración escasa, incluso gratuitamente; teniendo profesores, habría que encontrar aulas y material; si los cursos se revelaban útiles para conseguir empleo, los alumnos acudirían en masa. Sería preciso detectar qué conocimientos son más necesarios y crear los cursos necesarios; ambas cosas son competencias comunes de la Administración educativa.

Pero a los gobernantes, y a todos los políticos, el país y los ciudadanos que lo habitan les tienen sin cuidado. Ellos ven en la crisis una oportunidad para lo único que les interesa: conseguir el poder, si no lo tienen, y mantenerse en él. Por tanto, el aumento del gasto público que permite el déficit lo aplican según criterios de rentabilidad política, no de rentabilidad económica. Y así nos va.