Leyes

La reacción más común al enjuiciamiento del lehendakari Ibarretxe y otros políticos consiste en considerarlo una barbaridad perpetrada por unos jueces obtusos y cerrilmente franquistas.

http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20090109/53614151656.html

Tal vez, dicho procesamiento sea un despropósito. Pero no se presta atención a un punto fundamental: ¿Es acorde con las leyes vigentes ese procesamiento? ¿Tiene un fundamento jurídico, aunque después se resuelva en el archivo de la causa o en una sentencia absolutoria?

Si la normativa vigente exige ese juicio por apreciar indicios de delito en la conducta de los políticos afectados, lo que constituye un despropósito es exigir la inaplicación de la ley por razones políticas y, en particular, por la condición de políticos en ejercicio de los encausados.

Tal vez, efectivamente, esa ley esté mal hecha, sea un auténtico despropósito. En ese caso, lo que procede es derogarla o modificarla. Y no se ha de olvidar que esa ley la hicieron los políticos que ahora se quejan, culpando a los jueces. Y que la hicieron como está por razones estrictamente políticas, que son las únicas que entienden, las únicas que atienden. O sea, que hay que recordarles la necesidad de estar a las duras y a las maduras.

Por supuesto, si la ley no permite encontrar en la conducta de los imputados indicios de delito, se han de depurar las posibles responsabilidades: podría, incluso, existir un delito de prevaricación en los titulares de los órganos judiciales que hubieran encausado a unos ciudadanos en ausencia de esos indicios, más aún si lactuaron así por motivaciones políticas.

Ahora bien, vigente una ley procede recordar y aplicar el tradicional brocardo: dura lex, sed lex. El principio de legalidad es uno de los presupuestos fundamentales de una sociedad democrática. Dejar de aplicar una ley vigente supone una erosión del Estado de Derecho. Hacerlo en beneficio de un político es el camino directo a la dictadura.