Castellano

La manifestación del otro día ha vuelto a poner de actualidad el trato que recibe el castellano en Cataluña. Los manifestantes opinan que el castellano es perseguido, mientras los nacionalistas catalanes alegan que es objeto de un amplio uso social.

En cierto modo, ambos grupos tienen razón, aunque con algún matiz, pero en realidad hablan de cosas distintas.

El castellano es, efectivamente, utilizado de forma amplia en Cataluña. Si, por la calle, en un comercio, en una oficina, te diriges a cualquier persona en castellano, muy probablemente contestará en la misma lengua. La venta de diarios en castellano, de libros en la misma lengua, la afluencia a cines que proyectan filmes doblados en castellano supera con mucho las correspondientes en catalán. En consecuencia, puede decirse que el castellano goza de buena salud en Cataluña.

Ahora bien, la política de las instituciones públicas pretende la implantación del catalán como única lengua en todos los ámbitos a los que alcanzan sus poderes y, en último término, como única lengua de Cataluña. El castellano, para estas instituciones, es tan sólo la lenguadel Estado y, por tanto, debe usarse tan sólo en las relaciones con los órganos de ese Estado, nunca en relaciones con personas o instituciones catalanas.

Estos principios (que en la práctica no se cumplen a rajatabla) son la consecuencia lógica de la ideología nacionalista. Ésta sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial de carácter fundamentalmente cultural y, sobre todo, lingüístico, por lo que tiene un derecho y una vocación al autogobierno. Ahora bien, como la realidad, tozuda, no coincide exactamente con este dogma, ya que sólo un 48% de los habitantes de Cataluña son catalanoparlantes, frente a un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros (datos de la página web de la Generalidad), es precisa la construcción nacional de Cataluña, que consiste, naturalmente, en fomentar el uso del catalán en detrimento del castellano, a fin de que se cumpla el hecho diferencial.

No hace falta soliviantarse. Se trata tan sólo de un proyecto de futuro para Cataluña, que los ciudadanos deben valorar y aceptar o rechazar democráticamente, a través de las elecciones. Lo que se debe pedir a los nacionalistas es que reconozcan que se trata de su proyecto y que lo manifiesten abiertamente, en lugar de afirmar mendazmente que es una realidad actual o, incluso, una verdad eterna.

Ahora bien, tampoco hace falta hablar de persecución del castellano. No, porque las únicas medidas abiertamente punitivas que se utilizan son las multas a los comercios que no utilizan el catalán en sus rótulos. No hay encarcelamientos, guetos, detenciones de la gente que habla castellano. Únicamente, una política de discriminación activa y pasiva.