Nacionalismo y realidad

Se ha publicado un adelanto de una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centrada en la intención de voto de las elecciones catalanas del 28 de noviembre. Los resultados electorales previstos son interesantes, pero la encuesta incluye una serie de preguntas sobre cuestiones que, en principio, están detrás del voto o la intención de voto de cada persona que llaman poderosamente la atención. Tanto, que hasta "La Vanguardia" se ha visto obligada a comentarlos de forma destacada en su edición digital.

Según esta encuesta, el 60,5 % de los ciudadanos de Cataluña se sienten tan españoles como catalanes o más, frente a un 37 % que se sienten más catalanes que españoles o únicamente catalanes. El grupo más numeroso son quienes se sienten tan españoles como catalanes, con un 43 %.

La misma encuesta nos dice que el castellano es la lengua materna del 55,2 % de los ciudadanos, mientras el catalán lo es para el 37,5 % y un 5,3 % se siente vinculado por igual a ambas lenguas.

Un 65,9 % de los encuestados no se considera nacionalista catalán, condición que sí se atribuye el 31,7 % de la muestra.

A la luz de estos datos no se sostiene la afirmación de que Cataluña es una nación distinta e, incluso, opuesta a España. El hecho supuestamente diferencial sólo concurre en una minoría (aunque importante). La mayoría tiene vínculos tan fuertes con España como con Cataluña, lo que excluye de raíz la alternativa excluyente que implica el nacionalismo.

Afirmar que Cataluña es una nación y extraer consecuencias políticas de este hecho, como hemos visto desmentido por la realidad, supone sencillamente pretender imponer los sentimientos de la minoría a la mayoría, lo que evidencia un escaso respeto por la democracia. Y ésto es, exactamente, lo que afirma el credo nacionalista: que Cataluña es una nación y que, como consecuencia, tiene la voluntad y el derecho de autogobernarse.

Cuidado, otra cosa son las elecciones, la composición del Parlamento y el Gobierno. Lo que deciden los representantes de los ciudadanos, elegidos democráticamente, se plasma en las leyes, que obligan a esos mismos ciudadanos mientras están vigentes, en virtud del principio de legalidad, esencial también en una democracia. Contra ellas no puede prevalecer la creencia de que no reflejan la voluntad popular, como tampoco el mito de la nación.

Pero es importante destacar la realidad que muestra esta encuesta, como otros estudios incluso encargados por la Generalidad. Porque hemos llegado a una situación en que sentirse español, utilizar el castellano o rechazar el nacionalismo catalán (y el dogma fundamental del mismo, que afirma que Cataluña es una nación) es algo vergonzoso que hay que ocultar, cuando son características que compartimos la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

Y, por tanto, hay que tratar al nacionalismo como lo que es: un movimiento político y social que pretende crear la nación catalana, invirtiendo las estadísticas. Pretende que la mayoría de los habitantes de Cataluña tengan como lengua materna el catalán, se sientan exclusiva o fundamentalmente catalanes y apoyen el proyecto nacionalista. Se puede estar a favor de este nacionalismo o en su contra, como sucede con cualquier proyecto político o social; éso es democracia. Lo que no es admisible es que nos impongan un dogma que, además, es descaradamente falso.

Encuesta CIS:

Visita papal o misa de Estado

Francesc de Carreras dicta hoy una clase magistral en "La Vanguardia" ("Estado laico, personas libres") acerca de la laicidad y la confesionalidad del Estado. Parte, como es obvio, de la reciente visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona y de las reacciones que ha suscitado.

Quiero hoy fijarme particularmente en uno de los muchos temas que han sido objeto de debate en relación con esta visita: la ausencia del Presidente del Gobierno en la ceremonia de consagración de la Sagrada Familia.

Si viniese a España en visita oficial el Presidente de algún país que, al propio tiempo, tuviese un cargo en la masonería y, aprovechando su estancia en España presidiese aquí algún acto masónico, sin duda los Reyes le recibirían de acuerdo con el programa habitual en las visitas de Estado. Sin embargo dudo mucho que nadie encontrase extraño que no asistiesen al ceremonial masónico. Incluso es improbable que fuesen invitados, ya que las reuniones masónicas no son públicas.

Si fuese un monarca musulmán el que acudiese a la inauguración de una mezquita en nuestro país, probablemente el Rey le recibiría, le invitaría a un almuerzo o cena oficial y a otros actos, de trabajo o lúdicos. Pero nadie se escandalizaría porque D. Juan Carlos no asistiese a la oración del viernes en la mezquita, ya que no es musulmán.

¿Por qué, entonces, extraña y aun escandaliza que José Luis Rodríguez Zapatero no haya asistido a la consagración de la nueva basílica, si es notorio que no es creyente?

Hay un primer elemento: el Estado tiene un protocolo más o menos establecido para las visitas de Jefes de Estado extranjeros. Visitas oficiales, claro está, pues las visitas privadas son precisamente éso, privadas. Pero la visita del Papa no se ajusta en absoluto a ese protocolo, que suele incluir reuniones con el Rey y, en ocasiones, el Presidente del Gobierno, una comida o cena oficial, alguna visita turística y una agenda de trabajo variable.

El Papa no ha venido a ocuparse de las relaciones entre el Reino de España y el Estado Vaticano. Ha venido exclusivamente a actos de carácter religioso; en la terminología eclesial, ha venido como pastor de la Iglesia universal a encontrarse con sus ovejas de las iglesias particulares de Santiago y Barcelona (de Galicia y Cataluña, de España, este punto no es relevante).

Dado que los Reyes de España son católicos no es extraño que asistiesen a una ceremonia de la religión que profesan, más todavía cuando, en definitiva, quien la presidía tiene también la condición de Jefe de Estado. Pero, ¿por qué había de asistir quien no profesa tal religión? Si el Papa quería reunirse con el Presidente del Gobierno español, lo procedente era que le invitase a una reunión; si Zapatero quería hablar con el pontífice, debía solicitar una audiencia.

La presencia de tantos notorios ateos, agnósticos o indiferentes en la ceremonia de la Sagrada Familia y las críticas por la ausencia de Zapatero ponen de manifiesto que, para mucha gente, la Iglesia católica forma parte de las instituciones políticas de España. Que, para ellos, reyes y gobernantes han de rendir pleitesía al Obispo de Roma, cuya tiara está decorada con tres coronas, para hacer patente su superioridad sobre reyes y emperadores.

Y que para la jerarquía católica también es así. Que el da mihi animas, caetera tolle no va con ellos, sino que se consideran parte de la estructura institucional del poder político, como siempre han sido.

¿Quién decidió las personas que habían de ser invitadas a la consagración de la Sagrada Familia? Parece evidente que, si no lo hizo la Iglesia (la Secretaría de Estado vaticana, la archidiócesis de Barcelona) al menos debió ser consultada y dar su visto bueno. O sea, que aceptó la presencia de personalidades que claramente no estaban interesadas en el aspecto religioso de la ceremonia (que se supone que debía primar), sino en sus posibles repercusiones políticas, económicas o de imagen.

Esta acepción de personas parece que no cuadra bien con una Iglesia que predica la hermandad de todos los seres humanos como hijos del mismo Padre. Por ello creo que las críticas deben dirigirse también al Vaticano, que se preocupa demasiado de cuestiones puramente terrenales.

A vueltas con la pederastia

En parte tiene razón Antoni Puigverd en su artículo "La doble moral y la burla", publicado hoy en "La Vanguardia". Nuestra sociedad, o muchos de sus componentes, toleran y aun alaban en "los suyos" lo que denigran y condenan en "los otros".

Así, los sedicentes progresistas condenan la manifestación de Sánchez Dragó de haber practicado el sexo con niñas de trece años, cuando no han hecho aspaviento alguno ante declaraciones u otras manifestaciones proclives a la pederastia procedentes de artistas de izquierda. Inversamente, Esperanza Aguirre, firme defensora de la moral católica, es particularmente comprensiva con Sánchez Dragó.

En esta materia, las cosas están muy claras. La pederastia debe condenarse siempre y los pederastas, incluido el propio Sánchez Dragó deben ser tratados, sencillamente, como apestados. Sólo si muestran arrepentimiento pueden ser aceptados de nuevo en la sociedad, y éso de forma condicional, siempre que no reincidan.

Ahora bien, en el caso de la Iglesia católica hay que distinguir dos cosas: lo anterior vale para los curas pederastas. No debe haber distinción. Pero la doble moral resulta especialmente rechazable en la jerarquía eclesiástica. Y éso es, exactamente, lo que revela el tratamiento tradicional de los casos de pederastia sacerdotal por parte de los Obispos y superiores religiosos.

Quienes no dudaban en condenar a los laicos (al menos si no tenían mucho poder) por sus conductas en materia de sexualidad, sin mostrar ninguna flexibilidad (negar la comunión a divorciados, expulsar a profesores de religión que osaban "vivir en pecado" o contraer matrimonio civil) trataron siempre de ocultar y minimizar los abusos cometidos por clérigos sobre menores, pese a que la doctrina cristiana condena, sin ambages, tales actos.

La razón aducida era "evitar el escándalo". En otros términos, procurar que nadie conociese la verdad, lo que equivale a decir una mentira (sutilezas jesuíticas aparte). ¿Por qué? En mi opinión, para proteger la imagen de la Iglesia y de sus sacerdotes, como seres más santos y más sabios que los meros laicos, en frase de quien la Iglesia venera como san Josemaría Escrivá de Balaguer, "la clase de tropa".

La doble moral es condenable siempre. Pero La Iglesia, que se arroga el derecho a juzgar y condenar a los otros, haciéndolo además en nombre de Dios, no puede permitirse tales flaquezas. Los sacerdotes, pueden caer, pueden pecar; aunque a regañadientes, la jerarquía admite que son sólo hombres, iguales en esencia a los demás. Pero la cúpula, el Papa y los Obispos que afirman ser infalibles por asistirles la tercera persona de la Santísima Trinidad cuando enseñan de manera concorde una doctrina, no pueden actuar en contra de sus propias enseñanzas de manera uniforme. Al menos impunemente.

Benedicto XVI ha adoptado medidas respecto de los pederastas; ha establecido la forma en que las Iglesias particulares deben tratar los casos de pederastia en que los autores sean clérigos, totalmente opuesta a la tradicional. Pero aún no ha explicado por qué la Iglesia, que pretende estar en posesión de la Verdad revelada por Dios mismo, actuaba en cuestiones tan serias de forma totalmente contraria a la que ahora reconoce como correcta y adecuada a la doctrina.

¿Tiene que reconocer que se equivocaron?¿Que la jerarquía eclesiástica abandonó el camino recto por un ídolo, el prestigio, el poder? Si lo hace, ¿puede mantener la arrogancia de quien está en lo cierto?

Sólo veo una posibilidad: un severo examen de conciencia de la estructura jerárquica de la Iglesia. El reconocimiento de que son buscadores de la Verdad, no poseedores de la misma. Y mostrar en su conducta que han aprendido a ser más humildes. Sus enemigos no dejarán de echarles en cara sus contradicciones. Se han exaltado hasta el límite, por éso son humillados con especial saña.

Bilingüismo o monolingüismo

¿Qué es lo que quiere Antoni Puigverd?¿Qué modelo de convivencia lingüística preconiza para Cataluña? El Sr. Puigverd dice que los castellanoparlantes de Cataluña deberíamos compensar a los catalanoparlantes por la política lingüística de los Borbones y de Franco. Dice también que la política lingüística que han seguido los gobiernos catalanes desde la restauración de la Generalitat no puede desarrollarse sin el apoyo de la mayoría castellanoparlante. Y, por último, reclama a los gobernantes un nuevo 6 de octubre.

Los nacionalistas afirman que pretenden conseguir la igualdad lingüística. Para ello, tal como señala el Sr. Puigverd, establecen discriminaciones positivas. Y se quejan cuando, como ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye que el catalán sea declarado lengua preferente de la Administración municipal barcelonesa, se limitan estas discriminaciones.

Hay aquí, en mi opinión, un engaño consciente, que viene envenenando la política catalana desde hace décadas. El propósito de los nacionalistas (no hablo de CiU solamente, sino de todos los que, desde cualquier formación política parten del dogma de que Cataluña es una nación) es claramente imponer el monolingüismo catalán. O, lo que es lo mismo, expulsar el castellano del ámbito público de Cataluña y, si es posible, también del privado. Pero ningún partido se atreve a reconocerlo públicamente.

Lo reconocen, eso sí, muchos nacionalistas a título personal, por ejemplo en cartas a "La Vanguardia". Los que piden vivir exclusivamente en catalán están abogando por la desaparición del castellano: a no ser que cada cual lleve un cartelito que le identifique lingüísticamente y sólo se dirijan o sólo contesten a quienes se identifiquen como catalanoparlantes, se encontrarán con ciudadanos de lengua castellana y al menos uno de los dos habrá de aceptar la lengua del otro. O ambos utilizarán una misma lengua, o cada uno habrá de dirigirse al otro en su propia lengua y, por tanto, entender la ajena.

Si es así, lo que el Sr. Puigverd propone es que los castellanoparlantes de Cataluña, que somos mayoría según reconoce explícitamente (él y el IDESCAT) apoyemos una política dirigida contra nosotros, que busca conscientemente el predominio de la minoría sobre la mayoría. Y sin contrapartidas: no nos dicen qué ventajas podemos obtener de renunciar a nuestra lengua y adoptar el catalán. Simplemente, alega los pecados de quienes murieron hace muchos años como justificación de una política, y una situación simétrica.

Y, por último, la referencia al 6 de octubre. El 6 de octubre de 1934, el Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, declaró el Estat Català, levantándose contra la legalidad de la República española, vigente entonces. Fue un golpe de Estado, que no tuvo éxito por la falta de apoyo en otras partes de España e, incluso, en Cataluña. Lo mismo que, posteriormente haría el general Franco, con mayores fuerzas y con las funestas consecuencias que todos conocemos.

¿Es éso exactamente lo que propone Antoni Puigverd?

El abrazo de Vergara

Muy interesante el artículo de Juan-José López Burniol en "La Vanguardia" del 23 de octubre, "El segundo abrazo de Vergara". Muy interesante por lo que dice, pero quizá más por lo que no dice, o no dice claramente.

No dice que en Cataluña también hubo carlistas, pero no lograron un acuerdo similar porque no tuvieron el apoyo popular que lograron en Navarra y en el País Vasco. No dice que el nacionalismo es heredero del carlismo, no sólo en su pretensión de restaurar un pasado glorioso (léase mantener el statu quo de antaño), sino mediante un proceso explícito de captación desarrollado, por ejemplo por Torras i Bages.

Tampoco dice que el mantenimiento de los regímenes de concierto y convenio, respectivamente en el País Vasco y Navarra, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 fue un intento de acabar con ETA, dando a los vascos un privilegio económico injustificado a todas luces, ya que Álava y Navarra mantenían sus regímenes por su apoyo al bando nacional en la Guerra Civil. Intento claramente fracasado, pues puso de manifiesto la rentabilidad de la violencia terrorista.

Y no dice claramente que si el pacto con el PNV puede significar el fin de ETA es porque el PNV tiene (y ha tenido siempre) la llave que puede encerrar a ETA en el pasado, pero no ha querido usarla en tanto pudiese obtener réditos. Que es cierta la teoría del árbol y las nueces expuesta por Arzallus, según la cual, ETA agitaba el árbol, pero el PNV estaba abajo, preparado para recoger las nueces.

Naturalmente, no dice que en Cataluña sigue habiendo muchos cristinos (ahora se llaman xarnegos) que dificultan , como antaño, un apoyo total a la causa nacionalista y, por tanto, una amenaza suficiente para conseguir lo mismo que los vascos. Y, en definitiva, que sin dos siglos de violencia, es muy poco probable que Cataluña obtenga el concierto que pretenden los nacionalistas.

Un gitano que paga sus impuestos

El "La contra" del 15 de octubre, Lluís Amiguet entrevista al guitarrista Tomatito. En un momento de la entrevista (al final de lo publicado) el entrevistado dice "Soy un gitano que paga sus impuestos". Y esta frase es el título de la entrevista, que aparece destacado tipográficamente.

Tanto Tomatito como Amiguet encuentran que esta frase tiene un especial sentido. Por éso la pronuncia el primero y la recoge y destaca el segundo. En realidad, la frase completa es "Soy un gitano que paga sus impuestos y está integrado", lo que quizá incorpora un matiz, pero no cambia el sentido general.

"Soy un ciudadano que paga sus impuestos" es una frase que hemos oído en muchas películas, dicha por un ciudadano que se siente o simula sentirse maltratado arbitrariamente por un agente de la autoridad. Frecuentemente ese maltrato obedece a una característica que incluye al ciudadano en una minoría. Entonces tiene el especial sentido de resaltar que lo que cuenta no es esa característica, sino la plena ciudadanía: soy un ciudadano que cumple sus obligaciones y, por tanto, exige pleno respeto a sus derechos; el que pertenezca a una minoría (por raza, religión, lengua, origen, discapacidad, conducta excéntrica) no justifica que se vulneren esos derechos.

El contexto de la entrevista no es, evidentemente, el mismo, pero sin duda quien pronuncia la frase quiere recordar esta idea y así lo entienden el periodista y los lectores. Pero Tomatito no dice "Soy un ciudadano..." sino "Soy un gitano que paga sus impuestos". Resalta, por tanto, dos cosas; que es gitano y que paga sus impuestos.

Que es gitano, es decir, que no reclama ser considerado un ciudadano más, individualizado por su personalidad, su actividad artística, sus ideas, sus sentimientos, sino que para él es importante la pertenencia a un grupo especial, una minoría que ha sido tradicionalmente despreciada y excluida.

Y que paga sus impuestos, cosa menos universal de lo que sería deseable en nuestra sociedad en general y entre los gitanos en particular. En resumen, que está integrado en la sociedad, pero como gitano. Que esta condición no queda restringida a su vida privada, sino que él mismo desea que trascienda a su vida pública.

A mi modo de ver, ésa puede ser una peculiaridad de los gitanos que dificulta su encaje en la sociedad española actual. Quieren mantener una identidad grupal que quizá choca con los principios en que se basa nuestra organización social.

Aunque sin duda estamos lejos de conseguirlo, nuestro objetivo es no hacer diferencias por razón de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social(artículo 14 de la Constitución). Y resulta que los perjudicados por la discriminación quieren mantener viva la diferencia.

¿Como compatibilizar estas dos pretensiones contradictorias? Quizá sea bueno, en primer lugar, hacer explícito lo que cada cual pretende. Los límites de la sociedad, formalizados en las normas jurídicas, son públicos y debemos exigir y exigirnos su cumplimiento. Los gitanos deben determinar si esos límites son compatibles con el mantenimiento de su identidad como grupo. Si no pueden aceptar alguno de ellos, quizá podamos encontrar una solución, pero en ningún caso ésta puede consistir en que sus normas grupales prevalezcan sobre las leyes estatales.

Creo que fue en Lleida donde, para evitar problemas de orden público en que estaban implicados jóvenes gitanos, las autoridades buscaron la intervención de los patriarcas de la comunidad gitana, como aceptando que los gitanos no estuviesen sometidos a las leyes generales, sino únicamente a las suyas propias. Esta discriminación me parece tan inaceptable como la exclusión de los gitanos de cualquier servicio público. Pero está basada en el reconocimiento de los gitanos como grupo diferenciado que, como hemos visto en la entrevista con Tomatito, ellos mismos postulan.

Y, reconocidos como grupo diferenciado, no resulta extraño que la sociedad y las autoridades a través de las que debe actuar y expresarse, los traten (o maltraten) de forma conjunta, como grupo. Es lo que ha hecho Sarkozy: en lugar de aplicar las leyes a los individuos que infringen las leyes, ha tomado medidas contra el grupo al que pertenecen algunos de los infractores.

En definitiva, se trata de una tensión entre dos tendencias contrarias, que también puede verse en otros fenómenos: la que atribuye el protagonismo al individuo y la que pone en primera línea al grupo. Ambas tienen partidarios y detractores. ¿Puede haber un equilibrio, o tenemos que optar necesariamente?¿Tiene una de ellas carácter positivo, siendo negativa la otra? El individualismo, se dice, conduce a la insolidaridad y la pérdida de rasgos compartidos por un grupo. La prevalencia de los colectivos puede conducir a sacrificar los derechos individuales. Quizá sea uno de los debates más importantes de nuestro tiempo.

El coste de la independencia

No acabo de entender la carta que, bajo el título "Explicacions clares" recoge hoy "La Vanguardia". Su autor pide a los políticos que expliquen las supuestas bondades de la independencia, afirmando que el que lograse hacerlo de forma clara se llevaría de calle las elecciones, cualquiera que fuese su ideológía.

No lo entiendo por dos razones: la primera, porque en la actualidad yo no creo nada dicho por un político, y pienso que la mayoría de los ciudadanos comparten esta incredulidad. Y, la segunda, porque el autor de la carta da por sentado que la independencia sólo tiene bondades, pese a pedir que se las expliquen. ¿Para qué necesita explicaciones, si ya está convencido?

La independencia de Cataluña supondría, obviamente, que ninguna parte de los impuestos satisfechos por los contribuyentes catalanes iría a las arcas del Estado español. Esos fondos podrían ser invertidos en beneficio de los ciudadanos catalanes, o gastados inútilmente en proyectos improductivos. La independencia no garantiza el buen hacer de los gestores públicos, aunque éstos dispongan de más fondos.

Pero la independencia también supondría costes económicos. En primer lugar, variaría la posición de Cataluña frente a la Unión Europea. La aportación de Cataluña a los presupestos de la Unión ya no se determinaría en función del Producto Interior Bruto per capita español, sino del catalán. Cataluña tendría más riqueza por habitante que España, por lo que habría de contribuir más y tendría menos financiación de las instituciones europeas. Es decir, parte, al menos, de lo que ahora va a otras Comunidades Autónomas iría a los países menos desarrollados de la Unión. Este factor debe ser cuantificado.

Además, una Cataluña independiente debería construir servicios que, actualmente corren a cargo del Estado español y que resultaría difícil o imposible repartir, en caso de ruptura. Los más evidentes son la defensa y la representación exterior. ¿Tendría fuerzas armadas una Cataluña independiente? Y, en caso afirmativo, ¿cuánto costaría la creación y mantenimiento de los ejércitos catalanes?¿Cuánto costaría la creación de una red de representaciones diplomáticas y consulares de Cataluña?

La independencia y la forma en que se alcanzase podrían tener efectos importantes en las empresas catalanas. ¿Perderían su actual cuota del mercado español? Y, en caso de que así fuese, ¿cuánto tiempo requeriría sustituir estos clientes por otros, nuevos, de terceros países. Es bien sabido que la apertura de nuevos mercados requiere un esfuerzo mucho mayor que el mantenimiento de los ya existentes e, incluso, el aumento de una cuota ya existente.

Pero, aunque la propaganda de los partidos políticos hace hincapié en las ventajas económicas de la independencia (cuidándose mucho de explicarlas y cuantificarlas, de contestar a preguntas como las expuestas), ésta es, en realidad, un instrumento al servicio de la construcción nacional de Cataluña. Es decir, de transformar Cataluña de acuerdo con el sueño nacionalista.

Una Cataluña exclusivamente catalanoparlante, depurada de la influencia que, durante siglos, ha tenido España, unas veces por imposición, otras por interés de los propios catalanes (y, en particular, de las elites) y muchas, en fin, por compartir un espacio geográfico y, por tanto, problemas, necesidades y también oportunidades.

Esta construcción nacional exigiría conseguir que los ciudadanos de Cataluña de lengua castellana y cultura española o mixta, abandonasen su lengua y cultura, cortasen sus raíces, asumiendo una identidad que no es la suya. De grado, o por fuerza.

¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a este proceso? ¿Compensan las ventajas económicas de la independencia este cambio que ha de afectar a un número muy importante de ciudadanos y, en consecuencia, a la sociedad catalana en su conjunto? También este factor ha de valorarse cuidadosamente. La independencia no es un proceso fácilmente reversible.