Esfuerzo

Un lector de "La Vanguardia", Joan Badia, expone su perplejidad frente al artículo que dos profesores de Esade publicaron en el mismo diario el pasado día 10 de mayo. Éstos criticaban las alusiones a la cultura del esfuerzo, a nuestro entender, desde dos puntos de vista: porque el esfuerzo es un valor, no una cultura y porque no basta con pedir esfuerzo, sino que éste debe dirigirse a un determinado objetivo; por ello preguntan, no sin razón, si hay objetivos que merezcan nuestro esfuerzo.


El Sr. Badia, por su parte, defiende el esfuerzo, especialmente el esfuerzo de los jóvenes para adquirir una formación, pero lo hace dando por sentado que la educación, la cultura, sirven por si mismas. Es decir, que el objetivo de conseguir una cultura merece el esfuerzo de los jóvenes. Es ilustrativo el título (que quizá haya puesto la redacción de "La Vanguardia") de la carta: "¿Y por qué no esforzarse?".

La respuesta a ambas posturas puede ser la siguiente: lo que se pretende decir al hablar de cultura del esfuerzo es que quienes usan esta expresión desearían que, en nuestra sociedad, el esfuerzo fuese un medio adecuado para obtener los objetivos que valoramos, y así fuese reconocido socialmente. Que, a cualquier persona que tiene un objetivo que, para ella, es valioso, se le pueda aconsejar: esfuérzate para conseguirlo; no es seguro que lo consigas, hay condicionantes que están fuera de nuestro control, pero el esfuerzo es la vía más segura para que, si es posible, lo consigas.

¿Cuál es el objetivo más común de cualquier persona? Sin duda, ganarse la vida, conseguir unos ingresos que le permitan vivir, fundar una familia y sacarla adelante. ¿Permite el esfuerzo asegurar la consecución de este objetivo o, al menos, es la vía más segura para conseguirlo? En nuestra sociedad parece que no.

¿Cuántos trabajadores que se han esforzado para cumplir correctamente con su trabajo se han visto despedidos porque a la empresa le interesa más conseguir un empleado más barato, aunque no tenga la misma formación y experiencia?¿Cuántos licenciados han sido rechazados para cubrir una plaza para la que no se exigía ese nivel educativo porque el empresario pensaba que una persona formada podría ser más consciente de sus derechos laborales y, por tanto, más conflictiva?

Las empresas de nuestro país han optado por centrarse en sectores que requieren mano de obra poco cualificada (turismo y construcción) y basar su competitividad en precios bajos, conseguidos mediante la contención y aún reducción de los costes salariales. Para ello, lo que necesitan es trabajadores poco formados, que no puedan exigir sueldos más altos y que puedan ser sustituidos fácilmente. Si ésta es la oferta, ¿para qué formarse, para qué esforzarse?

¿Quiénes ganan mucho dinero? Artistas o deportistas de elite, que se caracterizan no por haberse esforzado más que sus competidores (aunque se hayan esforzado), sino por tener mejores condiciones que ellos.

¿Qué muestran los medios de comunicación? Una fauna variopinta que consigue subsistir, en excelentes condiciones, sin pegar un palo al agua, exhibiendo precisamente su enciclopédica incultura, sus pasiones más primarias, que muestran claramente la ausencia de una educación que las haya depurado.

¿Cuál ha sido el negocio de estas décadas? Conseguir que el suelo rústico, adquirido a bajo precio, fuese recalificado como suelo urbano, lo que no exigía otra cosa que convencer (de formas legales o ilegales) a los políticos en cuya mano estaba tal recalificación.

¿Qué aparece en los escándalos de corrupción que llenan los telediarios y periódicos? Que los contactos, las amistades, los favores hechos a personas bien situadas rinden buenos dividendos, mucho mejores que la formación y el trabajo serio. Que un amiguete es mucho más útil para, por ejemplo, conseguir un contrato público, que una oferta técnica y económicamente ventajosa.

La cultura del esfuerzo quiere decir, simplemente, que si el esfuerzo, la formación y el trabajo bien hecho se ven recompensados, económica y socialmente (dinero y prestigio), los ciudadanos tendrán una verdadera razón para esforzarse y ese esfuerzo hará competitiva nuestra economía. Si no es así, si el progreso social y económico no existe o depende exclusivamente de factores que no podemos controlar, no tendremos razones para trabajar y esforzarnos: sólo para jugar a la lotería.

Derecho catalán

El Notario Juan José López Burniol publica hoy, en "La Vanguardia" un interesante artículo sobre la salvación del Derecho civil tradicional catalán, que ha llegado hasta nosotros bajo la forma de la compilación de 1960. Naturalmente, el Sr. López Burniol considera esa conservación como un triunfo y una expresión de la voluntad nacional de Cataluña.

Se limita, no obstante, a la aparición de la compilación, cuando la historia del Derecho civil catalán llega más allá, hasta nuestros días, en que se están publicando, por separado, los libros del Código civil de Cataluña. Y, por descontado, no contempla los aspectos menos positivos de este proceso.

La compilación centraba su atención en dos instituciones jurídicas: el régimen económico del matrimonio y la sucesión por causa de muerte. Contenía también algunas disposiciones en materia de derechos reales, que más constituían particularidades dentro del régimen general establecido por el Código civil común que una regulación separada de las correspondientes instituciones.

El gran mérito que se atribuía al régimen económico matrimonial presuntivo de separación de bienes, frente al régimen de gananciales establecido por el Código civil era que permitía a la mujer catalana la administración y disposición de su patrimonio sin necesidad de consentimiento marital. En rigor, algo que debía quedar resuelto por el estatuto de la persona, y no por el régimen económico conyugal.

Ahora bien, el régimen de separación resultaba interesante para quienes disponían de un patrimonio considerable. La mujer que tenía bienes, que tenía independencia económica, conseguía así también la independencia jurídica. Pero el Derecho civil regula las relaciones patrimoniales de todos los ciudadanos, no sólo de los ricos.

Para la mayoría de la población, en tiempos en que sólo el marido trabajaba fuera de casa y aportaba en consecuencia ingresos a la familia, sea por un trabajo dependiente o por un pequeño negocio, el régimen de separación dejaba a la mujer sin recursos, ya que el marido hacía suyas las ganancias de su actividad (y hay que recordar que en la actualidad la mujer sigue ganando menos que el varón).

En el régimen de gananciales, los rendimientos del trabajo o del ejercicio de una profesión, arte u oficio son comunes a ambos cónyuges, así como los bienes adquiridos con esos rendimientos. En el modelo de familia tradicional, en que la mujer se ocupaba de la casa y de los hijos (y también, muchas veces, atendía la "botiga") este régimen resultaba incontestablemente más justo, al atribuir a la esposa la mitad de unas ganancias a cuya consecución también contribuía.

En realidad, el régimen de separación obedecía a los intereses de los propietarios agrícolas. A diferencia de lo que sucedía en Castilla, en que resultaba beneficiosa la constitución de latifundios (y a ello tendían el régimen de gananciales y los mayorazgos) el territorio catalán, más montañoso y, por tanto, compartimentado, no favorecía las grandes explotaciones, por lo que era preferible mantener las fincas dentro del grupo familiar.

En una sociedad industrial o postindustrial pues, el régimen de separación de bienes no tenía la misma razón de ser y, con el acceso de las clases medias a la propiedad inmueble, debió ser, cuando menos, puesto en tela de juicio, en lugar de conservarlo ciegamente por su carácter tradicional.

En cuanto al régimen sucesorio, preguntaría al Notario: ¿cuántos "heretaments" ha autorizado en todo el tiempo de su ejercicio profesional? El "heretament", el pacto sucesorio, autorizado por el Derecho catalán mientras el Código civil común lo prohibe expresamente, constituye la particularidad jurídica más notoria de Cataluña, pero no tiene aplicación práctica.

El resto del Derecho sucesorio catalán es muy similar al regulado por el Código civil común, aunque no sea idéntico. Que la legítima sea de un cuarto o un tercio de la herencia supone una diferencia, pero dentro de una misma institución: se trata de un límite a la libertad del testador establecido en beneficio de los parientes más cercanos. Distinto sería que una de las dos legislaciones no aceptase la sucesión testada o no estableciese legítima alguna, permitiendo una libertad total al otorgar testamento.

Desde 1960, el Derecho civil catalán se ha limitado a las especialidades previstas en la compilación, mientras en el resto de las relaciones se aplicaba el Código civil común (o leyes especiales). Desde esa fecha (en realidad, desde mucho antes) en las Facultades de Derecho de Cataluña ése era todo el Derecho civil catalán que se enseñaba y en los Tribunales ése era todo el Derecho civil catalán que se aplicaba. El resto de la tradición jurídica catalana se ha perdido hace mucho.

Desde hace unos años, no obstante, se están promulgando los libros de un nuevo Código civil de Cataluña, que recoge las instituciones que se han conservado (y, en ocasiones las modifica aceptando soluciones idénticas a las previstas en el Código común, como sucede con la accesión) y regula "ex novo" muchas otras materias. En éstas no se puede apelar a la tradición jurídica catalana y debiera discutirse la conveniencia de esa regulación, que se ha hecho, pese a su trascendencia, de forma discreta y aun solapada, casi clandestina.

Ya la Constitución de 1812 disponía que "El Código civil, el criminal y el de comerecio serán unos mismos para toda la Monarquía..."(artículo 258). Lo que pretendían aquellos liberales era crear lo que hoy conocemos como unidad de mercado: eliminar trabas al desarrollo de la actividad económica. Lo contrario de lo que, en nuestra opinión supone la publicación del Código civil de Cataluña.

Este Código supone que un promotor que trabaje en Cataluña y fuera de ella (simplemente en las zonas limítrofes de Aragón o Valencia) podrá utilizar planos y estudios técnicos idénticos o similares, pero habrá de pedir asesoramiento jurídico por partida doble. Que una empresa que pretenda garantizar una deuda con inmuebles, situados unos en Cataluña y otros fuera habrá de pedir estudios jurídicos separados. En consecuencia, que sus costes serán más elevados (lo que, indudablemente, beneficiará a los Abogados).

Pero, sin duda, y prácticamente así lo reconoce LÓpez Burniol, un Derecho diferenciado constituye uno de los elementos fundamentales de la identidad nacional. Como el objetivo del nacionalismo (no de CiU, de todos los grupos nacionalistas, CiU, ERC, PSC...) es la construcción nacional de Cataluña, es decir, crear la diferencia, donde no exista, o aumentarla, donde ya aparezca, la creación de un Derecho civil distinto constituye una acción esencial para crear la nación catalana. Ése es el verdadero objetivo y a él se han de sacrificar incluso los intereses económicos de los ciudadanos y las empresas de Cataluña.

La realidad

Se queda corto Fernando Ónega cuando afirma, en "La Vanguardia" de hoy, que Gobierno y oposición elaboran sus análisis no sobre la realidad global y objetiva, sino sobre sus aspectos parciales y, por tanto, asumir sólo los aspectos positivos (Zapatero) o los negativos (Rajoy) es deshonesto.

Los políticos prescinden de la realidad, sencillamente porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es conseguir y mantener el poder. Por ello sólo dan importancia a aquellos aspectos de la realidad que les pueden hacer ganar o perder votos. Ni al Gobierno ni a la oposición les importa la crisis económica, ni en cuanto causa de dificultades gravísimas para las familias ni en cuanto fuente de cambios incontrolables para la sociedad española. Lo único que les importa es la influencia que la crisis y las medidas que pueda verse obligado a adoptar el Gobierno puedan tener sobre el resultado de las próximas elecciones.

Este ha sido el norte de la política gubernamental durante toda la crisis: no hacer nada que pudiera restarle votos; negar la propia crisis, contra toda evidencia, primero; repartir subsidios con criterio político, después y aplazar cualquier medida que pueda resultar impopular en todo momento.

La oposición, por su parte, se ha dedicado a enfatizar los errores del Gobierno (éso es parte de su cometido), pero sin proponer en ningún momento medidas practicables. Se diría que Rajoy no quiere darle a Zapatero la posibilidad de acertar rectificando, ni la de equivocarse, también al rectificar, adoptando alguna medida propuesta por el Partido Popular.

Así pues, la política sustituye a la realidad. Lo accesorio prima sobre lo fundamental. Los partidos no quieren, no ya cambiar la sociedad, sino que ni siquiera pretenden intentar resolver los problemas de esa sociedad, de los ciudadanos que les han votado y pagan sus sueldos y pensiones, financian los partidos y les permiten dedicarse a sus cosas. Éso es, los ciudadanos pagamos a los políticos para que se preocupen exclusivamente de sus propios intereses.

No otra cosa se desprende del artículo de Francesc de Carreras, también en "La Vanguardia". El tripartito abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria por interés electoral. Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero siguieron el juego por los mismos intereses. El PP presentó el recurso de inconstitucionalidad (por preceptos que no discute en otros estatutos) también por los votos que podía proporcionarle. Y la ciudadanía demostró cumplidamente su desinterés al no molestarse en votar en el referéndum algo que sólo interesaba a los políticos.

Porque,¿mejorará en algo la economía catalana que el preámbulo del Estatuto afirme que el Parlamento ha dicho que Cataluña es una nación?¿incrementará la seguridad que la Generalitat tenga un mayor control de los órganos judiciales a través del Consell de Justícia? Algunos preceptos pueden revestir cierta trascendencia, pero, en general, sólo tienen importancia para los políticos, no para los ciudadanos. Pero también aquí, la realidad no interesa a los partidos, más allá de la influencia que pueda tener en sus propios intereses.

De igual manera, Juan-José López Burniol ignora la realidad de Cataluña, cuando afirma que sólo caben dos opciones: federalismo o independencia. Ignora la realidad porque sólo se fija en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Para muchos ciudadanos catalanes, el problema no es el encaje de Cataluña en España, sino los políticos españoles, incluidos los catalanes.

El argumento fundamental de la tesis de López Burniol es la consideración de Cataluña como una nación. Ahora bien, la realidad catalana, tozuda, no se ajusta a dicho argumento. Un país la mayoría de cuyos habitantes son castellanoparlantes (ver la encuesta lingüística del Idescat) no puede ser una nación diferenciada, precisamente, por razones lingüísticas y culturales. Pero en el mundo político, el carácter nacional de Cataluña es un dogma inalterable.

Lo que ocurre es que los partidos catalanes silencian un sector muy importante de la ciudadanía. Primero, por la sobrerrepresentación de las comarcas rurales sobre las industriales o, por poner nombres, de los nacionalistas de Girona y Lleida sobre los charnegos del cinturón industrial de Barcelona. Segundo, por los intereses electorales del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seguros del voto de los últimos (que querrían votar al PSOE y no tienen otras alternativas que la abstención o los rojiverdes) pretenden pescar entre los desencantados del nacionalismo, presentándose como un partido nacionalista más.

Así, el problema tiene mucho de artificial, creado por los políticos por razones electorales, es decir, para satisfacer sus propios intereses. Los ciudadanos han dado la espalda a los políticos, porque éstos, previamente, han olvidado por completo que han sido elegidos para manejar los intereses comunes de la ciudadanía, de la que ellos mismos deberían sentirse parte.

Este fenómeno propicia el voto de fuerzas políticas alternativas que, aún conectadas con la realidad, presentan una oferta que los ciudadanos entienden y aprecian. Así sucedió con Ciudadanos. Pero estas alternativas son rápidamente neutralizadas, al amenazar los intereses de la clase política, o bien absorbidas por ésta, al tener que entrar en el juego electoral, es decir, buscar financiación encubierta. El resultado puede ser un descrédito tal de la democracia, por culpa de políticos sedicentemente democráticos, que una opción dictatorial obtenga suficientes apoyos para imponerse. No será la primera vez.

Tribunal Constitucional

Difícilmente podría uno oponerse a la propuesta que formula Miquel Roca hoy, en "La Vanguardia": que se renueven los Magistrados del Tribunal Constitucional que ya hace tiempo han finalizado su mandato y también, llegado el momento, los que están a punto de finalizarlo. Y éso por una razón sencillísima: si no se respeta la Ley, no hay Estado de derecho, no hay seguridad jurídica, no hay democracia.

Ahora bien, que nadie crea que esa sustitución supondrá un verdadero cambio en el papel del Tribunal Constitucional. No, porque el método de selección de los Magistrados conducirá, ineluctablemente, a que se nombren voceros de los partidos, comprometidos, como buenos estómagos agradecidos, a cumplir los designios de sus señoritos. Tendrán un plus de legitimidad formal, pero no tendrán legitimidad material.

La legitimidad material del Tribunal Constitucional vendría dada por unos Magistrados comprometidos sólo con la Constitución, que cumpliesen su función de interpretar la Carta Magna con toda la ciencia jurídica acumulada por una larga experiencia. Humanos y, por tanto, falibles, pero deseosos de cumplir correctamente su función. Pero ésto, hoy en España, es una utopía y aún una utopía ridícula.

El propio Miquel Roca no atiende tanto al escándalo que supone una interinidad ilimitada, cuanto al riesgo de que esta composición del Tribunal pueda conducir a una sentencia contraria a sus intereses, legítimos, pero partidistas. Lo propio sucede con el Director de "La Vanguardia", que se queja del proceso, pero no por los defectos evidentes, sino por el sentido del fallo que anuncian.

Aun más, la Presidenta del Tribunal Constitucional, en lugar de procurar una sentencia, cualquiera que sea su signo, que interprete la Constitución y valore la adaptación del Estatuto a la norma fundamental, persigue únicamente un fallo favorable a una determinada interpretación. Favorable, sobre todo, desde un punto de vista político, no jurídico. Busca, y nadie se recata en señalarlo, una sentencia del agrado del Gobierno, no una sentencia acorde con el verdadero sentido de la Constitución.

Por tanto, que nadie se queje. Si cada uno utiliza la justicia en su propio beneficio y los propios Tribunales se acomodan a esta casa de tócame Roque, quizá sea mejor renunciar al Estado de Derecho. Reconozcamos que ésto es un zoco, todo está en venta y hagamos nuestras ofertas. En una casa de putas, el que manda es el que tiene más dinero; ése se lleva la fulana más maciza al catre y, los demás, a envidiarle y hacerse pajas.

El dueño de la democracia

Contesta Suso de Toro al artículo de Francesc de Carreras que, a su vez, daba la réplica a un artículo del primero sobre la situación creada por el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional acerca de un buen número de artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y lo hace reiterando su pregunta: ¿Quién es al final el dueño de la democracia, la ciudadanía o los jueces miembros de un tribunal?
En un Estado de derecho, no sólo rige el principio de legalidad, que implica la sumisión de todos los poderes públicos (y de los ciudadanos) a la ley, sino también el de jerarquía normativa, según el cuál la Constitución prevalece sobre las leyes y éstas sobre los reglamentos administrativos. La norma que contradice otra de rango superior, es nula y no puede ser aplicada. La Constitución ocupa el lugar superior en esta jerarquía, por lo que es nula cualquier ley, incluso orgánica, que la contradiga.

En cuanto la función de todos los tribunales constitucionales consiste en valorar la adecuación de las leyes (y, en su caso, otros actos de los poderes públicos) a la Constitución, la pregunta de Suso de Toro implica que la voluntad de los ciudadanos prevalece incluso sobre la propia Constitución. Pero ésto, que es el fundamento de la democracia, lo acepta la Constitución misma, que prevé un procedimiento para su reforma o derogación. Lo que Toro y muchos otros plantean es que el Estatuto de Autonomía debe prevalecer sobre la Constitución sin necesidad de acudir a dicho procedimiento: que el Estatuto debe ser aceptado, al haber sido aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes Generales y refrendado por la población, aunque sea contrario a la Constitución, sin necesidad de reformar ésta.

En el fondo, esta tesis implica la existencia de una norma de rango superior a la Constitución, que ésta no puede contravenir. Si una norma de rango inferior se ajusta a esa norma supraconstitucional y es contraria a la Constitución, prevalece aquélla sobre ésta. Y, ¿cuál es esta norma supraconstitucional?

Podría ser, en nuestro ordenamiento positivo, el Derecho comunitario. Pero éste no contiene ninguna disposición que pueda ser alegada para hacer prevalecer el Estatuto sobre la Constitución. En realidad, los partidarios de esta tesis no se refieren a ninguna norma positiva sino a algo que, en todo caso, podría formar parte del Derecho natural.

La superioridad del Estatuto sobre la Constitución se basa en el siguiente argumento: Cataluña es una nación; las naciones tienen un derecho natural al autogobierno; ninguna norma positiva puede negar o limitar este derecho; el Estatuto de Autonomía constituye la expresión del autogobierno de la nación catalana, luego no puede ser limitado por la Constitución.

Respecto del primer punto, nadie ha sido capaz de formular una definición del concepto "nación" que resulte generalmente aceptada y, por tanto, permita determinar con una razonable seguridad si Cataluña, o cualquier otra comunidad, país o grupo social constituye o no una nación.

En cuanto al segundo, se trata de un principio que nadie acepta en el Derecho internacional. En realidad, ni siquiera se formula: se trata más bien de un sobreentendido en la argumentación de los nacionalistas partidarios de la segregación respecto de un Estado, pero nunca se somete a discusión.

El tercero, en realidad, es una precisión del segundo: el Estatuto de Autonomía supone la plasmación, reconocida constitucionalmente, del autogobierno de Cataluña: la discusión no se refiere al derecho al autogobierno, pues, sino a la posibilidad de establecer límites al mismo. Ahora bien, hay que recordar que incluso los derechos fundamentales generalmente aceptados (derecho a la vida, a la libertad individual, derechos de expresión, reunión y asociación) pueden ser limitados sin que ello suponga una negación de la democracía.

Por todo ello, son Suso de Toro y quienes, como él, defienden la superioridad del Estatuto sobre la Constitución quienes han de argumentar su postura. Mientras tanto, no cabe escandalizarse de que el control de constitucionalidad se halle confiado a los magistrados que forman un tribunal. Lo que hay que exigir es que estos magistrados hagan bien su trabajo, valorando la compatibilidad del Estatuto con la Constitución vigente, no con la que a los partidos que les eligieron les gustaría tener.

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Cataluña,¿tierra de acogida?

El Director de "La Vanguardia" insiste hoy en el mito de Cataluña como tierra de acogida "generosa, pero no ilimitada" ("Vic de nuevo").

Esta idea podría expresarse diciendo que Cataluña ha acogido en su seno a gentes de otras tierras obligadas a abandonarlas a fin de ganarse el sustento, dándoles trabajo, dignidad y futuro. Así, Cataluña y los catalanes se ven generosos, solidarios y abiertos y, por tanto, con derecho a recibir el agradecimiento de los inmigrantes.

Pero quienes así se ufanan de su bondad olvidan que los inmigrantes vinieron y vienen a Cataluña porque aquí eran y son necesarios. Porque los empresarios catalanes necesitaban y necesitan mano de obra barata para seguir enriqueciéndose. Porque hay trabajos que los catalanes no quieren hacer, o sólo harían si se les pagase mucho más de lo que cobran los inmigrantes.

Cataluña y los catalanes no han dado nada a los inmigrantes y, ahora mismo, poco o nada les dan. Lo que obtienen los inmigrantes es la contraprestación de su trabajo y, por tanto, nada deben. Y, si hay muchos que obtienen beneficios sociales a los que no se han hecho acreedores mediante una cotización a la Seguridad Social, quizá ello se deba a que la economía sumergida les conviene a algunos empresarios, y también les interesa tener una reserva de mano de obra barata para apelar a ella en caso de necesidad, por lo que no son partidarios de regularizar a estos inmigrantes o de expulsarlos del país (y el Sr. Antich parece insinuar esto mismo al decir que las autoridades prefieren esconder la cabeza bajo el ala, antes que plantear seriamente un debate sobre la inmigración).

Estos mismos empresarios son los clientes preferentes del nacionalismo, opción política que puede resumir su ideología, parafraseando la doctrina Monroe, en la expresión "Cataluña para los catalanes". En efecto, el nacionalismo sigue pretendiendo combatir la influencia de las oleadas migratorias de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX, procedentes fundamentalemnte de otras regiones de España, que amenazan el statu quo tradicional y, en definitiva, el predominio de la burguesía catalana de toda la vida.

El mito de Cataluña, tierra de acogida, pretende justificar el objetivo final del nacionalismo: como muestra del agradecimiento a que hacíamos referencia, los inmigrantes deberían adoptar la lengua, la cultura y los valores de los catalanes de toda la vida, renunciando a los propios y defendiendo, en definitiva, los intereses de esa misma burguesía catalana que pretende seguir mandando indefinidamente.

Esta política va, claramente, contra la historia y, por tanto, a medio o largo plazo está condenada al fracaso. Los inmigrantes, los de antes y los de ahora mismo, saben muy bien que no les han regalado nada, que nada deben a los que se enriquecieron con su trabajo y su desarraigo, que todo se lo deben a ellos mismos, a su decisión, a sus deseos de prosperar y a las penurias que han debido afrontar. Y, un día, pueden exigir la cuota de poder que quieren negarles.

Pederastia

No, Santidad, Eminencias, Ilustrísimas, Reverendos Padres: no hay una campaña de propaganda anticatólica. Lo que hay es que la Iglesia se ha metido, ella sola, en un jardín del que no sabe salir, ha mantenido una conducta gravemente contradictoria que tiene confundidos a los fieles y da armas a los adversarios, que serían tontos si no las aprovechasen. Pero todo ha sido culpa de la jerarquía eclesiástica.

El escándalo de la pederastia de algunos sacerdotes (demasiados, pero aún una minoría) no son los propios abusos. En todas las organizaciones, en todas las instituciones, hay personas que hacen precisamente lo más contrario a las reglas y propósitos de esas instituciones. Pero el que alguna vez se descubra un bombero pirómano, si bien no beneficia en nada al cuerpo de bomberos, no lo descalifica totalmente, porque la gente les ve luchando contra el fuego, muchas veces con riesgo de sus vidas.

El escándalo de la pederastia está en que la jerarquía católica ha seguido férreamente una estrategia contraria a su ideario y, en realidad, a sus intereses: ha ocultado los delitos de pederastia, limitándose, cuando más, a trasladar a los culpables, dándoles frecuentemente la ocasión para proseguir su execrable comportamiento. No se ha tratado de una reacción aislada de un Obispo bienintencionado pero equivocado, o de un dignatario más preocupado de su carrera que de su función pastoral. Ha sido una consigna tan universal que resulta difícil creer que no haya sido impartida explícitamente por la cadena de mando.

Y, claro, cuando una institución se permite juzgar y condenar al resto de la humanidad, y no sólo éso, sino afirmar que lo hace en nombre de Dios, es decir, que su juicio y su condena tiene un valor absoluto, no se puede permitir errores, y menos tan burdos como el presente. Ocultar la verdad es una forma de mentira y, puesto que la pederastia está penada como delito en todos los países, esa ocultación puede ser calificada como encubrimiento que es, también, una conducta delictiva.

No es creíble la excusa de que pretendieron evitar el escándalo: la depuración de los sacerdotes culpables hubiese evitado el escándalo que ahora soporta la Iglesia. Hubiese puesto de manifiesto que la institución no tolera esas conductas, radicalmente contrarias a las doctrinas que predica. Poco importa si se acordaba la reducción al estado laical o el ingreso en una orden de clausura, sin contacto exterior ni, sobre todo, con menores.

En realidad, lo que pretendió esta ocultación es, precisamente, aparentar una santidad, una irreprochabilidad que ni existe ni debe existir. Los clérigos son seres humanos y, como tales, yerran, se equivocan, son débiles, sujetos a pasiones, imperfectos. Son pecadores, en la jerga eclesial.

Pero la Iglesia católica, la jerarquía católica ha tratado siempre de aparentar que sacerdotes y religiosos son seres superiores a los simples mortales, a fin de reforzar esa idea de que sus palabras, sus condenas, pese a salir de labios humanos están pronunciadas con la voz de Dios, inspiradas por el aliento divino.

De ahí que usen aún una lengua muerta, que siempre ha ignorado la mayoría de los fieles cristianos. Que hayan usado y aún usen unas vestiduras que no sólo les identifican, como todo uniforme, sino que les diferencia del común de los mortales (el clergyman es similar a las ropas civiles, pero la sotana no tiene un parangón sino en vestiduras rituales, como la toga de los abogados). Que hayan usado (y aún se ve, aunque raramente) unas formalidades especiales: a un sacerdote se le besaba la mano, a un Obispo, el anillo ¡haciendo una genuflexión! Que utilicen tratamientos inusuales: quienes no deben tener hijos son llamados "Padre"; Ilústrisima, Eminencia, Santidad, Reverendísimo Padre...

El besamanos es especialmente interesante. Aunque doctrinalmente nunca lo aceptarían, la consagración de las manos del sacerdote, único que puede celebrar la Eucaristía, lleva a la conclusión de que algo aporta al Sacramento, de que el milagro no es únicamente divino, sino que contribuye algún poder especial del celebrante. En definitiva, que el sacerdote es un taumaturgo.

El celibato viene a reforzar esta apariencia. El sacerdote es superior a los demás hombres porque puede triunfar sobre sus pasiones, someter el impulso más fuerte que tienen todos los seres vivos, después de la conservación de la vida (y, a veces, incluso antes). De ahí que lo mantengan con tanto ahinco, pese a la pérdida de vocaciones.

Aún más, hay un silogismo implícito en la defensa del celibato sacerdotal: Jesús fue célibe (aunque no esté demostrado, como tampoco lo está lo contrario); Jesús era superior a los hombres; los sacerdotes son célibes, ergo...

La ocultación de los casos de pederastia sirve para la defensa de este mito de la superioridad del clero. Cualquier debilidad, cualquier fallo de un sacerdote debe ser disimulada, muy especialmente si pertenece al campo de la sexualidad. Pero, si se trata de pederastia, una conducta considerada por la sociedad y especialmente por la Iglesia especialmente baja, especialmente reprobable, con más razón, puesto que echa por tierra esa supuesta superiordad de los clérigos: quien puede caer tan bajo en modo alguno podía estar tan elevado como pretenden. Quien está tan cerca de la inhumanidad, en modo alguno puede ser sobrehumano.

Irónicamente, tal vez este mito haya contribuido a atraer al sacerdocio a algunos de los que han incurrido en actos de pederastia (pedofilia, efebofilia, como quieran llamarle). La ficción de que los sacerdotes son seres superiores, capaces de controlar sus impulsos, puede haber conducido a jóvenes católicos temerosos de su sexualidad a ingresar en el seminario, creyendo que si llegan a ser sacerdotes quedarán libres de esos impulsos que sus creencias rechazan (incluso sin ser plenamente conscientes de tales impulsos).

¿Cabe alguna solución? La jerarquía ha errado, la jerarquía debe asumir la culpa. No vale decir, como hemos leído, que la Iglesia no son sólo el Papa y los Obispos. En una institución rígidamente jerárquica, no se puede imputar un error a quienes sólo pueden obedecer, además de que, como hemos señalado, han sido los ordinarios y los superiores religiosos los que han dado pie al escándalo al ocultar los actos de pederastia.

Pero tal vez quepa proponer como solución una cura de humildad. Que reconozcan que han errado, que son humanos y como tales falibles. Que acepten que son seguidores de la Verdad, y no poseedores y aun propietarios de la misma, por lo que pueden extraviarse y sólo les queda el consuelo de rectificar contínuamente sus errores. En definitiva, que son como todos nosotros.