En la efervescencia política que se ha creado en torno a la reclamación de la independencia para Cataluña se olvida mencionar, de forma concreta, los costes que esta independencia comportaría. Un enfoque racional de la independencia pasa, necesariamente, por el análisis coste-beneficio de la nueva situación y su comparación, tanto con la actual como con otras alternativas.
Por supuesto, los políticos lo saben, pero huyen de este análisis, prefiriendo tocar la tecla emocional y, a partir de ella, resaltar, de forma genérica, los beneficios esperados, sin entrar en un mayor detalle. Por ello deseamos exponer algunas consecuencias negativas de esa deseada independencia. Debemos no obstante, precisar dos cosas:
1. No pretendemos efectuar el análisis que demandamos, por lo que no aportamos datos cuantitativos (eso queda para los expertos).
2. En consecuencia, no pretendemos afirmar que la independencia sea económicamente desfavorable. Sólo afirmamos que tiene aspectos negativos, que tiene costes, que deben ser cuantificados, al igual que los positivos, y comparados con éstos.
Dicho ésto, queremos plantear tres cuestiones:
- Las empresas catalanas ingresan el Impuesto sobre el Valor Añadido que repercuten en sus ventas (deducido el soportado) en las oficinas de la Administración tributaria de su domicilio, en Cataluña. Pero una parte importante de esas ventas se realizan fuera del territorio catalán, en otras partes de España o en el extranjero.
Las ventas en el extranjero no implican la repercusión del impuesto, ya que las entregas intracomunitarias y las exportaciones están exentas del mismo. Si Cataluña se independiza, las ventas de las empresas catalanas en territorio español pasarían a estar exentas del IVA catalán (pagarían el IVA español como adquisiciones intracomunitarias).
Ciertamente, las ventas de empresas españolas a empresas catalanas pasarían a tributar en Cataluña como adquisiciones intracomunitarias. Pero como la balanza comercial Cataluña - España es favorable a la primera, no compensarían la reducción del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido obtenido en Cataluña, lo que, evidentemente, significa que para mantener los ingresos públicos sería preciso incrementar los tipos del impuesto, reducir las exenciones o elevar otros impuestos.
- La aportación de los Estados al sostenimiento de la Unión Europea viene determinada por el Producto Interior Bruto per capita de cada uno de ellos. El actual Estado español tiene un PIB per capita algo inferior a la media europea, mientras el PIB catalán la supera. Ello implicaría un incremento de la aportación por habitante de Cataluña a la Unión, además de la pérdida de la posibilidad de beneficiarse de los fondos comunitarios (que, ciertamente, en la actualidad no tiene importancia, ya que tales fondos se dirigen preferentemente a los países incorporados más recientemente).
Resulta, pues, necesario determinar en qué medida la aportación a la UE compensa el cese del denominado "expolio fiscal" y hasta qué punto la solidaridad con las Comunidades Autónomas pobres sería sustituida por una mayor solidaridad con los Estados pobres de Europa.
- La independencia supondría, si se obtuviese de forma amistosa, el reparto de las instalaciones de servicio público. Naturalmente, este reparto es inviable si implica el traslado de bienes inmuebles, pero también puede plantear otras dificultades. En particular, tienen importancia las relativas a la Defensa.
En el territorio catalán hay pocas instalaciones militares, y no son de las más importantes. Hay pocos militares de origen catalán, lo que hace prever que serían pocos los profesionales que optarían por incorporarse al ejército catalán salvo, quizás, si éste ofrecía unas condiciones mucho mejores. Por otra parte, unidades de alto valor económico (como los buques y aeronaves) no pueden dividirse, por lo que no es posible efectuar un reparto proporcional (si España tiene un portaaeronaves, no es posible adjudicar a Cataluña una quinta parte del mismo; sería preciso adjudicarle otro tipo de embarcaciones, con lo que su Armada podría quedar desequilibrada).
Ello implicaría la necesidad de efectuar unas inversiones de gran importancia cuantitativa en los primeros años de existencia del Estado catalán, a fin de cumplir con las exigencias del ingreso en la OTAN. ¿Hasta qué punto estas inversiones y el encarecimiento de la defensa lastrarían el presupuesto catalán, reduciendo los fondos disponibles para servicios sociales, educación, sanidad, o exigiendo un incremento, aunque fuese transitorio, de la presión fiscal?
Si los expertos tienen la respuesta a estas preguntas, agradecería que las hiciesen públicas. Hemos de saber dónde nos metemos. O, mejor, hemos de saber dónde nos meten los políticos, siempre dispuestos a aprovechar y manipular los sentimientos de los ciudadanos para obtener votos y, en definitiva, medrar con cargo a los impuestos que todos pagamos.
http://www.lavanguardia.com/economia/20121025/54353880182/empresarios-pimec-estado-propio-catalunya.html
Por supuesto, los políticos lo saben, pero huyen de este análisis, prefiriendo tocar la tecla emocional y, a partir de ella, resaltar, de forma genérica, los beneficios esperados, sin entrar en un mayor detalle. Por ello deseamos exponer algunas consecuencias negativas de esa deseada independencia. Debemos no obstante, precisar dos cosas:
1. No pretendemos efectuar el análisis que demandamos, por lo que no aportamos datos cuantitativos (eso queda para los expertos).
2. En consecuencia, no pretendemos afirmar que la independencia sea económicamente desfavorable. Sólo afirmamos que tiene aspectos negativos, que tiene costes, que deben ser cuantificados, al igual que los positivos, y comparados con éstos.
Dicho ésto, queremos plantear tres cuestiones:
- Las empresas catalanas ingresan el Impuesto sobre el Valor Añadido que repercuten en sus ventas (deducido el soportado) en las oficinas de la Administración tributaria de su domicilio, en Cataluña. Pero una parte importante de esas ventas se realizan fuera del territorio catalán, en otras partes de España o en el extranjero.
Las ventas en el extranjero no implican la repercusión del impuesto, ya que las entregas intracomunitarias y las exportaciones están exentas del mismo. Si Cataluña se independiza, las ventas de las empresas catalanas en territorio español pasarían a estar exentas del IVA catalán (pagarían el IVA español como adquisiciones intracomunitarias).
Ciertamente, las ventas de empresas españolas a empresas catalanas pasarían a tributar en Cataluña como adquisiciones intracomunitarias. Pero como la balanza comercial Cataluña - España es favorable a la primera, no compensarían la reducción del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido obtenido en Cataluña, lo que, evidentemente, significa que para mantener los ingresos públicos sería preciso incrementar los tipos del impuesto, reducir las exenciones o elevar otros impuestos.
- La aportación de los Estados al sostenimiento de la Unión Europea viene determinada por el Producto Interior Bruto per capita de cada uno de ellos. El actual Estado español tiene un PIB per capita algo inferior a la media europea, mientras el PIB catalán la supera. Ello implicaría un incremento de la aportación por habitante de Cataluña a la Unión, además de la pérdida de la posibilidad de beneficiarse de los fondos comunitarios (que, ciertamente, en la actualidad no tiene importancia, ya que tales fondos se dirigen preferentemente a los países incorporados más recientemente).
Resulta, pues, necesario determinar en qué medida la aportación a la UE compensa el cese del denominado "expolio fiscal" y hasta qué punto la solidaridad con las Comunidades Autónomas pobres sería sustituida por una mayor solidaridad con los Estados pobres de Europa.
- La independencia supondría, si se obtuviese de forma amistosa, el reparto de las instalaciones de servicio público. Naturalmente, este reparto es inviable si implica el traslado de bienes inmuebles, pero también puede plantear otras dificultades. En particular, tienen importancia las relativas a la Defensa.
En el territorio catalán hay pocas instalaciones militares, y no son de las más importantes. Hay pocos militares de origen catalán, lo que hace prever que serían pocos los profesionales que optarían por incorporarse al ejército catalán salvo, quizás, si éste ofrecía unas condiciones mucho mejores. Por otra parte, unidades de alto valor económico (como los buques y aeronaves) no pueden dividirse, por lo que no es posible efectuar un reparto proporcional (si España tiene un portaaeronaves, no es posible adjudicar a Cataluña una quinta parte del mismo; sería preciso adjudicarle otro tipo de embarcaciones, con lo que su Armada podría quedar desequilibrada).
Ello implicaría la necesidad de efectuar unas inversiones de gran importancia cuantitativa en los primeros años de existencia del Estado catalán, a fin de cumplir con las exigencias del ingreso en la OTAN. ¿Hasta qué punto estas inversiones y el encarecimiento de la defensa lastrarían el presupuesto catalán, reduciendo los fondos disponibles para servicios sociales, educación, sanidad, o exigiendo un incremento, aunque fuese transitorio, de la presión fiscal?
Si los expertos tienen la respuesta a estas preguntas, agradecería que las hiciesen públicas. Hemos de saber dónde nos metemos. O, mejor, hemos de saber dónde nos meten los políticos, siempre dispuestos a aprovechar y manipular los sentimientos de los ciudadanos para obtener votos y, en definitiva, medrar con cargo a los impuestos que todos pagamos.
http://www.lavanguardia.com/economia/20121025/54353880182/empresarios-pimec-estado-propio-catalunya.html
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