Espectacular. "La Vanguardia" informa, en portada y en la página 15 de su edición en papel (no así en su edición digital) de la presentación de la propuesta de pacto fiscal, efectuada por Josep Antoni Duran Lleida en la Llotja de Mar de Barcelona. Sin embargo, nada dice del contenido de esa propuesta, que califica como prioridad de CiU para el 20-N.
Como "La Vanguardia" no es precisamente un medio hostil al nacionalismo, hay que entender que no informa del contenido de esa propuesta porque tampoco el Sr. Duran Lleida lo expuso. Es decir, que siguen con su tradicional política de emitir mensajes ambiguos, que no comprometan y de basarse en la fe de los fieles, en el fervor patriótico de los que se sienten únicamente catalanes.
En la entrada anterior de este blog se analiza este argumento: en esencia, el concierto económico, que constituye el modelo del pacto fiscal, no garantiza una mejor financiación, ya que ésta depende del criterio de reparto (en el concierto, el cálculo del cupo), que ha de ser producto de una negociación cuyo resultado no es posible anticipar.
De forma que el pacto fiscal, en realidad, tiene una función esencialmente identitaria (véase la conclusión del artículo de Jordi Pujol). Se trata fundamentalmente de ahondar las diferencias entre Cataluña y el resto de España, con la finalidad de, por una parte, construir la nación catalana y, por otra, justificar una futura independencia.
El fundamento último de la propuesta de pacto fiscal no pertenece, en última instancia, al ámbito de lo racional, sino al de la fe y los sentimientos. En efecto, los que braman contra el expolio de Cataluña por parte de España no admiten siquiera plantear la posibilidad de que la distribución territorial del presupuesto de gastos de la Generalitat pueda ser injusta: que unas provincias, comarcas o poblaciones de Cataluña reciban menos servicios o fondos de los que corresponderían a los impuestos que pagan, en beneficio de otras, en que sucedería lo contrario. ¿Por qué?
La respuesta es evidente: para los partidarios del pacto fiscal, Cataluña constituye una unidad, un todo, porque es una nación. En consecuencia, el producto de los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes ha de retornar íntegro a Cataluña. En cambio, las provincias, comarcas o municipios de Cataluña son partes del todo, por lo que la distribución no tiene porqué basarse en los mismos criterios. Por ello, si parte de los impuestos pagados por los contribuyentes de Cataluña benefician a los habitantes de otras partes de España, se trata de un expolio, mientras las diferencias entre distintas partes del territorio catalán son sólo el resultado de una prudente distribución de los fondos públicos según las necesidades (¿electorales?) de cada parte del territorio.
(Por cierto, el Sr. Duran Lleida, según nos dice "La Vanguardia" utilizó la palabra expolio, sinónimo en castellano -como espoli en catalán- de robo. Isabel García Pagán http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111104/54237809466/ahora-si-toca.html nos dice que Jordi Pujol asumió ayer culpas por la injusta financiación catalana en democracia. ¿Quiere decir que Pujol admitió haber sido cómplice en el robo? Tal vez debieran cuidar más su lenguaje.)
Un modelo similar al concierto económico vigente en el País Vasco (o al convenio económico de Navarra) puede no aportar más recursos económicos a Cataluña, pero cuadra bien con la ideología nacionalista: los impuestos generados en Cataluña son recaudados por la Administración catalana y se quedan en Cataluña, salvo una aportación (casi diría, graciosa aportación) para el pago de servicios estatales y a la solidaridad. La cuantía de esta aportación es lo de menos, puede camuflarse para presentarlo como el desiderátum.
Ahora bien, lo anterior no significa que cualquier distribución de los impuestos pagados por los contribuyentes de Cataluña -o de cualquier otra parte de España- sea justa o adecuada. Y, por tanto, la reivindicación de que se reduzca el llamado déficit fiscal puede ser apoyada por quienes no comulgan con el nacionalismo, compartida por quienes, desde otras Comunidades Autónomas, se encuentran en una situación similar y hasta aceptada por los beneficiarios del desequilibrio actual.
Pero constituye un error mezclar la financiación con la pretensión de reconocimiento de la diferencia catalana, porque reivindicar un trato diferenciado y más dinero se asemeja a reclamar privilegios y, lejos de aparecer como la corrección de una situación injusta y perjudicial para Cataluña, se presenta como la exigencia de un trato mejor para Cataluña a costa de las Comunidades menos desarrolladas. Fue el error del tripartito, que pretendió resolver la financiación mediante un nuevo Estatuto, planteado como un pacto bilateral de corte confederal y, probablemente, será el error de los nacionalistas, que insisten en la misma idea.
En definitiva, si el Gobierno de la Generalitat debe mostrar sus prioridades. Si quiere una mejor financiación, ha de reclamar un reparto distinto, sin poner en cuestión el modelo común. Si quiere un trato diferenciado, por considerar que favorece la construcción de la nación catalana (y sus expectativas electorales), ha de aceptar que tendrá que pagar un precio. Y, en las actuales circunstancias, este precio será en dinero.
Como "La Vanguardia" no es precisamente un medio hostil al nacionalismo, hay que entender que no informa del contenido de esa propuesta porque tampoco el Sr. Duran Lleida lo expuso. Es decir, que siguen con su tradicional política de emitir mensajes ambiguos, que no comprometan y de basarse en la fe de los fieles, en el fervor patriótico de los que se sienten únicamente catalanes.
Éso sí, dentro de su ambigüedad, procuran convencer al electorado de que el pacto fiscal supondrá una mejor financiación para Cataluña y, por tanto, reportará beneficios tangibles, a fin de convencer a quienes no comparten su fe mediante argumentos que se presentan como racionales. Es lo que pretende el artículo firmado por Jordi Pujol, también en "La Vanguardia".http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111105/54237523323/que-no-se-repita.html
En la entrada anterior de este blog se analiza este argumento: en esencia, el concierto económico, que constituye el modelo del pacto fiscal, no garantiza una mejor financiación, ya que ésta depende del criterio de reparto (en el concierto, el cálculo del cupo), que ha de ser producto de una negociación cuyo resultado no es posible anticipar.
De forma que el pacto fiscal, en realidad, tiene una función esencialmente identitaria (véase la conclusión del artículo de Jordi Pujol). Se trata fundamentalmente de ahondar las diferencias entre Cataluña y el resto de España, con la finalidad de, por una parte, construir la nación catalana y, por otra, justificar una futura independencia.
El fundamento último de la propuesta de pacto fiscal no pertenece, en última instancia, al ámbito de lo racional, sino al de la fe y los sentimientos. En efecto, los que braman contra el expolio de Cataluña por parte de España no admiten siquiera plantear la posibilidad de que la distribución territorial del presupuesto de gastos de la Generalitat pueda ser injusta: que unas provincias, comarcas o poblaciones de Cataluña reciban menos servicios o fondos de los que corresponderían a los impuestos que pagan, en beneficio de otras, en que sucedería lo contrario. ¿Por qué?
La respuesta es evidente: para los partidarios del pacto fiscal, Cataluña constituye una unidad, un todo, porque es una nación. En consecuencia, el producto de los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes ha de retornar íntegro a Cataluña. En cambio, las provincias, comarcas o municipios de Cataluña son partes del todo, por lo que la distribución no tiene porqué basarse en los mismos criterios. Por ello, si parte de los impuestos pagados por los contribuyentes de Cataluña benefician a los habitantes de otras partes de España, se trata de un expolio, mientras las diferencias entre distintas partes del territorio catalán son sólo el resultado de una prudente distribución de los fondos públicos según las necesidades (¿electorales?) de cada parte del territorio.
(Por cierto, el Sr. Duran Lleida, según nos dice "La Vanguardia" utilizó la palabra expolio, sinónimo en castellano -como espoli en catalán- de robo. Isabel García Pagán http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111104/54237809466/ahora-si-toca.html nos dice que Jordi Pujol asumió ayer culpas por la injusta financiación catalana en democracia. ¿Quiere decir que Pujol admitió haber sido cómplice en el robo? Tal vez debieran cuidar más su lenguaje.)
Un modelo similar al concierto económico vigente en el País Vasco (o al convenio económico de Navarra) puede no aportar más recursos económicos a Cataluña, pero cuadra bien con la ideología nacionalista: los impuestos generados en Cataluña son recaudados por la Administración catalana y se quedan en Cataluña, salvo una aportación (casi diría, graciosa aportación) para el pago de servicios estatales y a la solidaridad. La cuantía de esta aportación es lo de menos, puede camuflarse para presentarlo como el desiderátum.
Ahora bien, lo anterior no significa que cualquier distribución de los impuestos pagados por los contribuyentes de Cataluña -o de cualquier otra parte de España- sea justa o adecuada. Y, por tanto, la reivindicación de que se reduzca el llamado déficit fiscal puede ser apoyada por quienes no comulgan con el nacionalismo, compartida por quienes, desde otras Comunidades Autónomas, se encuentran en una situación similar y hasta aceptada por los beneficiarios del desequilibrio actual.
Pero constituye un error mezclar la financiación con la pretensión de reconocimiento de la diferencia catalana, porque reivindicar un trato diferenciado y más dinero se asemeja a reclamar privilegios y, lejos de aparecer como la corrección de una situación injusta y perjudicial para Cataluña, se presenta como la exigencia de un trato mejor para Cataluña a costa de las Comunidades menos desarrolladas. Fue el error del tripartito, que pretendió resolver la financiación mediante un nuevo Estatuto, planteado como un pacto bilateral de corte confederal y, probablemente, será el error de los nacionalistas, que insisten en la misma idea.
En definitiva, si el Gobierno de la Generalitat debe mostrar sus prioridades. Si quiere una mejor financiación, ha de reclamar un reparto distinto, sin poner en cuestión el modelo común. Si quiere un trato diferenciado, por considerar que favorece la construcción de la nación catalana (y sus expectativas electorales), ha de aceptar que tendrá que pagar un precio. Y, en las actuales circunstancias, este precio será en dinero.
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