Corrupción

En "La Vanguardia" de hoy aparecen, entre otros espacios que dan cuenta de la corrupción reinante, dos artículos, de Francesc de Carreras y Fernando Ónega hablando de ética y de la necesidad de recuperarla (Emergencia ética. Días desoladores para la ética).

Ciertamente, la corrupción de los políticos tiene mucho que ver con la pérdida de valores y con el descrédito de la moral y de la ética. Pero, por una parte, no se trata sólo de la pérdida de valores por parte de los políticos, sino de toda la sociedad, al menos la española (probablemente lo propio sucede en otras partes y, como prueba, basta con ver el éxito de Berlusconi). Por otra, creo que lo que sucede es, en buena parte, el producto de características propias de nuestro país (o, quizá, de las sociedades mediterráneas...o también de otras).

Estoy hablando del personalismo de nuestra sociedad y de nuestra economía, en que tienen un papel preponderante las relaciones personales, lo que se manifiesta en una tupida red de favores mutuos y en una división de la sociedad en dos clases: quienes tienen relaciones y, por tanto, pueden pedir favores porque los van a devolver, y el resto. 

¿Pruebas? La larga lista de consejos de Administración en que figuraba el prócer catalán por antonomasia, Félix Millet, que era imposible que atendiese a todos. El propio Millet dijo que la sociedad barcelonesa, o quizá catalana, estaba regida por cien familias, cuatrocientas personas, que se conocían, estaban emparentadas entre sí y se encontraban en todas partes. O el fulgurante ascenso del príncipe de CDC, Oriol Pujol, que nadie, y menos en su partido, duda de que se debe al influjo de su padre, Jordi Pujol.

¿Más pruebas? ¿A qué se debe, si no, el interés de las empresas por contratar a ex-políticos que, en principio, nunca han desarrollado funciones en la empresa privada y que no presentan conocimientos relacionados con el sector en que deben desempeñar sus servicios? Basta mencionar a David Madí o a Esperanza Aguirre, sin olvidar a José María Aznar, Felipe González, Josep Piqué, Macià Alavedra o Ángel Acebes.

Esto sucede porque los españoles somos muy conscientes del poder de los contactos y no nos avergonzamos de buscarlos y usarlos, cada uno en su nivel. Enchufes, influencias, nepotismo...en las actuales circunstancias se nos dice que una de las principales vías para encontrar empleos son los contactos, lo que significa que una recomendación vale más que la experiencia de toda una carrera. 

En este sentido se puede citar también otro artículo de opinión de "La Vanguardia, del notario Juan- José López Burniol (Las castas acampadas sobre el Estado), que parte de un caso similar a los anteriores, pero especialmente singular: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha encontrado un nuevo comedero, pese al desastre de la entidad por él presidida y a la tremenda crisis, prueba indudable de lo erróneo de la política que aplicó siendo vicepresidente económico del Gobierno. ¿Quién le daría otra oportunidad, atendiendo únicamente a sus resultados?

Por lo demás, de Carreras manifiesta una clara ingenuidad cuando afirma que Si los partidos quieren recuperar el crédito perdido deben presentar un pacto de Estado que aborde las reformas necesarias para regenerar la vida política, hoy moralmente descalificada. Los partidos no pueden hacer algo frontalmente contrario a sus intereses, ya que la corrupción está en la base de su financiación y de ésta depende su éxito electoral y, por tanto, los medios de subsistencia de sus dirigentes. Además, es absurdo pensar que los corruptos, quienes han llevado al extremo un vicio de la sociedad española, puedan regenerar esa misma sociedad. 

Y este es el gran problema. ¿Cómo limpiar la sociedad española de favoritismos, enchufes, influencias y demás corruptelas? O, mejor, ¿quién puede liderar esta regeneración?¿quién tiene la autoridad moral para advertir y denunciar y la posición necesaria para hacerse oír por toda la sociedad, cuando los medios de comunicación están controlados por las élites políticas y económicas, por las castas de que habla López Burniol? Hay quien está limpio de pecado y puede arrojar la primera piedra, sin duda, pero es un ciudadano anónimo, que no tiene voz pública.

Y, aunque la tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Crear un partido político que, inmediatamente, tendría que aceptar componendas con los ya existentes, buscar medios económicos para financiar sus campañas y crear unos cuadros que, como todos, tendrían que vivir y buscarían hacerlo lo mejor posible. ¿Podrían mantener su honestidad?

Sin embargo, alguien debe encontrar la solución. Si no es así, la situación degenerará en violencia y autoritarismo. Desgraciadamente, soy pesimista. 

El coste de la independencia

En la efervescencia política que se ha creado en torno a la reclamación de la independencia para Cataluña se olvida mencionar, de forma concreta, los costes que esta independencia comportaría. Un enfoque racional de la independencia pasa, necesariamente, por el análisis coste-beneficio de la nueva situación y su comparación, tanto con la actual como con otras alternativas.

Por supuesto, los políticos lo saben, pero huyen de este análisis, prefiriendo tocar la tecla emocional y, a partir de ella, resaltar, de forma genérica, los beneficios esperados, sin entrar en un mayor detalle. Por ello deseamos exponer algunas consecuencias negativas de esa deseada independencia. Debemos no obstante, precisar dos cosas:

1. No pretendemos efectuar el análisis que demandamos, por lo que no aportamos datos cuantitativos (eso queda para los expertos).

2. En consecuencia, no pretendemos afirmar que la independencia sea económicamente desfavorable. Sólo afirmamos que tiene aspectos negativos, que tiene costes, que deben ser cuantificados, al igual que los positivos, y comparados con éstos.

Dicho ésto, queremos plantear tres cuestiones:

- Las empresas catalanas ingresan el Impuesto sobre el Valor Añadido que repercuten en sus ventas (deducido el soportado) en las oficinas de la Administración tributaria de su domicilio, en Cataluña. Pero una parte importante de esas ventas se realizan fuera del territorio catalán, en otras partes de España o en el extranjero.

Las ventas en el extranjero no implican la repercusión del impuesto, ya que las entregas intracomunitarias y las exportaciones están exentas del mismo. Si Cataluña se independiza, las ventas de las empresas catalanas en territorio español pasarían a estar exentas del IVA catalán (pagarían el IVA español como adquisiciones intracomunitarias).

Ciertamente, las ventas de empresas españolas a empresas catalanas pasarían a tributar en Cataluña como adquisiciones intracomunitarias. Pero como la balanza comercial Cataluña - España es favorable a la primera, no compensarían la reducción del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido obtenido en Cataluña, lo que, evidentemente, significa que para mantener los ingresos públicos sería preciso incrementar los tipos del impuesto, reducir las exenciones o elevar otros impuestos.

- La aportación de los Estados al sostenimiento de la Unión Europea viene determinada por el Producto Interior Bruto per capita de cada uno de ellos. El actual Estado español tiene un PIB per capita algo inferior a la media europea, mientras el PIB catalán la supera. Ello implicaría un incremento de la aportación por habitante de Cataluña a la Unión, además de la pérdida de la posibilidad de beneficiarse de los fondos comunitarios (que, ciertamente, en la actualidad no tiene importancia, ya que tales fondos se dirigen preferentemente a los países incorporados más recientemente).

Resulta, pues, necesario determinar en qué medida la aportación a la UE compensa el cese del denominado "expolio fiscal" y hasta qué punto la solidaridad con las Comunidades Autónomas pobres sería sustituida por una mayor solidaridad con los Estados pobres de Europa.

- La independencia supondría, si se obtuviese de forma amistosa, el reparto de las instalaciones de servicio público. Naturalmente, este reparto es inviable si implica el traslado de bienes inmuebles, pero también puede plantear otras dificultades. En particular, tienen importancia las relativas a la Defensa.

En el territorio catalán hay pocas instalaciones militares, y no son de las más importantes. Hay pocos militares de origen catalán, lo que hace prever que serían pocos los profesionales que optarían por incorporarse al ejército catalán salvo, quizás, si éste ofrecía unas condiciones mucho mejores. Por otra parte, unidades de alto valor económico (como los buques y aeronaves) no pueden dividirse, por lo que no es posible efectuar un reparto proporcional (si España tiene un portaaeronaves, no es posible adjudicar a Cataluña una quinta parte del mismo; sería preciso adjudicarle otro tipo de embarcaciones, con lo que su Armada podría quedar desequilibrada).

Ello implicaría la necesidad de efectuar unas inversiones de gran importancia cuantitativa en los primeros años de existencia del Estado catalán, a fin de cumplir con las exigencias del ingreso en la OTAN. ¿Hasta qué punto estas inversiones y el encarecimiento de la defensa lastrarían el presupuesto catalán, reduciendo los fondos disponibles para servicios sociales, educación, sanidad, o exigiendo un incremento, aunque fuese transitorio, de la presión fiscal?

Si los expertos tienen la respuesta a estas preguntas, agradecería que las hiciesen públicas. Hemos de saber dónde nos metemos. O, mejor, hemos de saber dónde nos meten los políticos, siempre dispuestos a aprovechar y manipular los sentimientos de los ciudadanos para obtener votos y, en definitiva, medrar con cargo a los impuestos que todos pagamos.

http://www.lavanguardia.com/economia/20121025/54353880182/empresarios-pimec-estado-propio-catalunya.html

La Diada

El artículo del Director de "La Vanguardia" en la fiesta nacional del 11 de septiembre resulta tan obvio que parece mentira que lo escriba el Director de uno de los diarios más importantes de Cataluña en fecha tan señalada. Y, sin embargo, él ha considerado necesario escribirlo y tenemos que reconocer que es un acierto, que era necesario. Dice, sencillamente, que la prioridad de Cataluña, hoy, es crear trabajo para los 555.894 parados censados a 31 de agosto.

Más concretamente, el Sr. Antich dice que Esa es hoy nuestra primera reivindicación nacional. No sé si ésa es su intención, pero a mi me parece que está diciendo a los políticos que menos reivindicaciones identitarias y más "anar per feina". Que la acción de gobierno debe dirigirse a resolver los problemas que, de verdad, preocupan a los ciudadanos de Cataluña, no a perseguir una entelequia.

En este sentido, quisiera comentar la propuesta estrella de quien, según las encuestas, será el próximo Presidente de la Generalitat, Artur Mas: el concierto económico.

El Sr. Mas ya propuso el concierto durante la preparación de la reforma del Estatuto de Autonomía y, si no recuerdo mal, no se incluyó en el texto votado por el Parlamento de Cataluña. Se consideró una propuesta demasiado ambiciosa, inalcanzable en las circunstancias existentes en ese momento. Pero ahora, que una propuesta menos ambiciosa ha sido cercenada, primero por el acuerdo suscrito por el propio Sr. Mas y el Presidente del Gobierno español y después por el Tribunal Constitucional, nos lo propone como la próxima exigencia irrenunciable.

O bien el Sr. Mas considera que la consecución del actual Estatuto ha sido un éxito y, por tanto, hay que proponerse metas más ambiciosas, como los deportistas buscan mejorar sus records, o bien nos pretende engañar como si fuéramos tontos. Y creo que la segunda es la alternativa correcta.

Lo que nos dice el líder nacionalista es que Cataluña no puede funcionar si no consigue primero algo que no tiene. Y que, por tanto, no le podemos exigir resultados tangibles. Lo que hace es preparar una coartada para su propio fracaso, de forma que no le afecte electoralmente: si se crea empleo, bien; si no, la culpa no es suya, sino de Madrid.

Cuidado, es otra versión de la política del tripartito, sobre todo en su primera edición. La aventura estatutaria fue un intento de lograr un gran triunfo virtual que sustituyese a los avances reales, mucho más problemáticos. No hace falta mejorar el empleo, la competitividad, la educación, la sanidad... Basta con avanzar en el autogobierno porque, como éste es la panacea, contiene en sí todas las mejoras posibles, diga lo que diga la realidad. Y, si no se logra, hay un tercero al que echar la culpa, tanto de impedir los avances en el autogobierno como de cualquier otro error ó ineficiencia del Gobierno.

Lo que calculan nuestros políticos es que, si un día Cataluña accede a la independencia y se quedan sin coartada, ya buscarán nuevas excusas. O, mejor, que ya las buscarán sus sucesores. El que venga detrás que arree, que lo que importa es sólo la próxima encuesta, las próximas elecciones. Mientras tanto, ellos no tienen que preocuparse de gobernar bien porque, hagan lo que hagan, la culpa es de Madrid.

El corsé feudal y la lógica económica

Quiero felicitar a Antoni Puigverd, cuyo artículo "Los jóvenes y el corsé feudal", publicado hoy, 15 de agosto, en "La Vanguardia" pone de manifiesto un problema grave al que nadie parece haber querido prestar atención.

Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.

Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.

Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.

Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.

La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.

Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.

¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.

Autonomía

Comenta el Director de "La Vanguardia" la orden impartida por Mariano Rajoy a las autonomías gobernadas por el PP de no modificar el tramo autonómico del IRPF, a diferencia de lo que hacen las comunidades gobernadas por el PSOE, incluida Cataluña. Añade que la elevación del impuesto autonómico es un dislate que crea agravios y pregunta por qué Cataluña aumenta el impuesto, como hacen autonomías pobres, en lugar de actuar como otras similares a ella, como Valencia o Madrid.

La discusión de fondo es bien conocida: en una situación en que la deuda de España ha superado los límites que se entienden prudentes, encareciendo y dificultando el crédito exterior, la presión internacional exige a nuestro país reducir el déficit público, sobre el que puede influir decisivamente el Gobierno, ya que no es posible reducir el endeudamiento privado (de eso ya se encarga el mercado).

El Gobierno ha optado por una reducción del gasto público y un aumento de los ingresos tributarios: en el caso estatal, sobre todo el IVA. Las Comunidades gobernadas por los socialistas se suman a esta política, actuando sobre el IRPF, un impuesto en el que tienen cierta capacidad normativa, que tiene gran generalidad (afecta a prácticamente todos los ciudadanos) y ofrece la mayor capacidad recaudatoria (y, además, lo recauda el Estado, con lo que políticamente se nota menos que el incremento ha sido acordado por el Gobierno autonómico).

Frente a esta política, el PP insiste en una reducción del gasto público, que no ha concretado, y en mantener los impuestos bajos, incluso reducirlos, lo que debería dar lugar a una mayor disponibilidad de fondos para la inversión y el consumo, generando una reactivación de la economía y, como consecuencia, unos mayores ingresos impositivos que, junto a la reducción del gasto, disminuirían el déficit público. En cambio, afirman que la política socialista drena los recursos disponibles para la creación de demanda y para responder a la existente, agravando y alargando la crisis.

Hay que decir que los conservadores obvian un punto importante: la inversión sólo se producirá si hay confianza y, para generarla, las acciones del Gobierno son cruciales. Los mercados no confiarían en un futuro incremento de la demanda a resultas del mantenimiento o reducción de los impuestos, por lo que exigirían una mayor reducción del gasto público, que sólo sería posible mediante restricciones aun más duras de las prestaciones sociales, de la inversión pública y de los sueldos de los funcionarios.

Pero no es este debate económico lo que centra nuestra atención. El Director de "La Vanguardia" dice que el incremento del IRPF, además de ser un dislate (lo que supone una toma de partido perfectamente legítima en el debate expuesto) genera agravios.

"La Vanguardia" es un diario curioso, ya que defiende el nacionalismo catalán, pero en lengua castellana, lo que constituye una evidente contradicción. El nacionalismo catalán presupone una diferencia esencial de Cataluña respecto de España y pretende que esa diferencia se traduzca en una amplia autonomía política; que esa autonomía alcance o no la creación de un Estado independiente ya es cuestión de estrategia política aunque, atendiendo al punto de partida, es una conclusión evidente.

Pues bien, el que el Gobierno catalán ejerza su autonomía diseñando una política fiscal propia, distinta de la que adoptan otras Comunidades Autónomas, similares o no, debería satisfacer a los nacionalistas. El concepto de agravio tiene sentido si un tercero trata igual a los que son diferentes o desigualmente a quienes son iguales, pero no si un grupo adopta, para sí mismo, decisiones distintas de las asumidas en su entorno. Estas decisiones podrán ser acertadas o erróneas, pero no implican ningún agravio, sino, precisamente, el ejercicio de la autonomía que, parece que no se ha repetido bastante, implica responsabilidad.

En cuanto a la pregunta que cierra el editorial del Sr. Antich, hay varias respuestas posibles. La más evidente es que, tanto el Gobierno como la oposición (en España y en Cataluña) no discuten sobre política económica, sino sobre política a secas. Que a los conservadores sólo les importa alcanzar el poder, aunque ello implique un mayor deterioro de la economía, mientras a los que gobiernan la crisis sólo les importa en cuanto condiciona la forma de conseguir mantenerse en el poder.

O también cabría comparar los esquemas de gasto público de Cataluña con los de otras Comunidades, y ver si el proyecto catalán requiere más o menos recursos de los otros. Si la política del tripartito se basa en mayor o menor medida que otras en la compra de bienes y servicios, el pago de subvenciones u otros conceptos que requieren insoslayablemente del gasto de recursos públicos.

Esfuerzo

Un lector de "La Vanguardia", Joan Badia, expone su perplejidad frente al artículo que dos profesores de Esade publicaron en el mismo diario el pasado día 10 de mayo. Éstos criticaban las alusiones a la cultura del esfuerzo, a nuestro entender, desde dos puntos de vista: porque el esfuerzo es un valor, no una cultura y porque no basta con pedir esfuerzo, sino que éste debe dirigirse a un determinado objetivo; por ello preguntan, no sin razón, si hay objetivos que merezcan nuestro esfuerzo.


El Sr. Badia, por su parte, defiende el esfuerzo, especialmente el esfuerzo de los jóvenes para adquirir una formación, pero lo hace dando por sentado que la educación, la cultura, sirven por si mismas. Es decir, que el objetivo de conseguir una cultura merece el esfuerzo de los jóvenes. Es ilustrativo el título (que quizá haya puesto la redacción de "La Vanguardia") de la carta: "¿Y por qué no esforzarse?".

La respuesta a ambas posturas puede ser la siguiente: lo que se pretende decir al hablar de cultura del esfuerzo es que quienes usan esta expresión desearían que, en nuestra sociedad, el esfuerzo fuese un medio adecuado para obtener los objetivos que valoramos, y así fuese reconocido socialmente. Que, a cualquier persona que tiene un objetivo que, para ella, es valioso, se le pueda aconsejar: esfuérzate para conseguirlo; no es seguro que lo consigas, hay condicionantes que están fuera de nuestro control, pero el esfuerzo es la vía más segura para que, si es posible, lo consigas.

¿Cuál es el objetivo más común de cualquier persona? Sin duda, ganarse la vida, conseguir unos ingresos que le permitan vivir, fundar una familia y sacarla adelante. ¿Permite el esfuerzo asegurar la consecución de este objetivo o, al menos, es la vía más segura para conseguirlo? En nuestra sociedad parece que no.

¿Cuántos trabajadores que se han esforzado para cumplir correctamente con su trabajo se han visto despedidos porque a la empresa le interesa más conseguir un empleado más barato, aunque no tenga la misma formación y experiencia?¿Cuántos licenciados han sido rechazados para cubrir una plaza para la que no se exigía ese nivel educativo porque el empresario pensaba que una persona formada podría ser más consciente de sus derechos laborales y, por tanto, más conflictiva?

Las empresas de nuestro país han optado por centrarse en sectores que requieren mano de obra poco cualificada (turismo y construcción) y basar su competitividad en precios bajos, conseguidos mediante la contención y aún reducción de los costes salariales. Para ello, lo que necesitan es trabajadores poco formados, que no puedan exigir sueldos más altos y que puedan ser sustituidos fácilmente. Si ésta es la oferta, ¿para qué formarse, para qué esforzarse?

¿Quiénes ganan mucho dinero? Artistas o deportistas de elite, que se caracterizan no por haberse esforzado más que sus competidores (aunque se hayan esforzado), sino por tener mejores condiciones que ellos.

¿Qué muestran los medios de comunicación? Una fauna variopinta que consigue subsistir, en excelentes condiciones, sin pegar un palo al agua, exhibiendo precisamente su enciclopédica incultura, sus pasiones más primarias, que muestran claramente la ausencia de una educación que las haya depurado.

¿Cuál ha sido el negocio de estas décadas? Conseguir que el suelo rústico, adquirido a bajo precio, fuese recalificado como suelo urbano, lo que no exigía otra cosa que convencer (de formas legales o ilegales) a los políticos en cuya mano estaba tal recalificación.

¿Qué aparece en los escándalos de corrupción que llenan los telediarios y periódicos? Que los contactos, las amistades, los favores hechos a personas bien situadas rinden buenos dividendos, mucho mejores que la formación y el trabajo serio. Que un amiguete es mucho más útil para, por ejemplo, conseguir un contrato público, que una oferta técnica y económicamente ventajosa.

La cultura del esfuerzo quiere decir, simplemente, que si el esfuerzo, la formación y el trabajo bien hecho se ven recompensados, económica y socialmente (dinero y prestigio), los ciudadanos tendrán una verdadera razón para esforzarse y ese esfuerzo hará competitiva nuestra economía. Si no es así, si el progreso social y económico no existe o depende exclusivamente de factores que no podemos controlar, no tendremos razones para trabajar y esforzarnos: sólo para jugar a la lotería.

I+D

Un profesor universitario se queja en "La Vanguardia" de la reducción de los fondos públicos destinados a I+D y, sobre todo, de la falta de reacción ante ella.

Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."

Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.

Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.

Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.

El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.

En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.

Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.

La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.

Economía española

Hoy, 12 de junio de 2009, los medios de comunicación recogen dos noticias muy diferentes. Por una parte, el nuevo hombre fuerte del Real Madrid, Florentino Pérez, está comprando nuevos jugadores para su equipo a precios desorbitados. Por otra, una cuarta parte de los escolares catalanes termina el ciclo básico sin tener los conocimientos mínimos para afrontar la ESO con ciertas garantías de aprovechamiento. A mi juicio, ambas noticias están conectadas y arrojan un balance desolador.
El precio pagado por Cristiano Ronaldo (y por Kaká) pone de manifiesto lo que se valora en nuestro país. Esas inversiones multimillonarias se dirigen al negocio del deporte - espectáculo y retribuyen unas condiciones naturales excepcionales. Y aun cabe añadir que las decide un magnate de las empresas de construcción.
Dicho de otra forma, no se dirigen a un negocio basado en el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. No retribuyen el esfuerzo prolongado, la formación primero y el trabajo después que producen sus frutos a largo plazo. Y quizá, en el fondo, busquen resucitar el palco del Bernabéu como centro de negocios basado en los contactos personales y las relaciones privilegiadas, con el suelo como materia prima y los favores como moneda de cambio.
El descuido de la formación es la consecuencia lógica de la economía que hemos elegido o, mejor, que han elegido los empresarios y los políticos españoles. Una economía basada en una élite formada por nacimiento, a la que se permite acceder a unos privilegiados que tienen condiciones excepcionales de algún tipo, que se reparten la riqueza, y una base social destinada a desempeñar funciones poco cualificadas a cambio de una retribución mínima. Una mayoría de trabajadores fungibles cuya esperanza de promoción social es prácticamente nula.
Algunos cuadros se necesitan, profesionales con cierto nivel de formación. Pero pocos en número y de un nivel muy limitado, dada la escasa complejidad de las tareas que se les piden y, en consecuencia, poco retribuidos. El sistema escolar los produce en número más que suficiente no sólo para proveer al mercado, sino para asegurar una competencia que baje los precios.
Hace un tiempo me contaba un amigo separado que su hija no estudia y que la familia materna le dice que si no le gusta estudiar, no importa, que podrá trabajar de dependienta o cajera de un supermercado, con lo que anulan los esfuerzos del padre por convencerla de que de su formación depende su futuro.
Este ejemplo, que creo representativo, dice mucho de la situación española: no creemos en la compensación del esfuerzo invertido en formación. Los familiares de la hija de mi amigo, creen que, estudie o no, sólo conseguirá un trabajo mal pagado o que la diferencia que obtendrá estudiando no compensará el esfuerzo, y eso si la consigue, si no se ve obligada igualmente a desempeñar un trabajo que nada tenga que ver con su formación. Y lo malo es que probablemente tengan razón.
Si no apostamos por una economía basada en el conocimiento y, coherentemente, retribuimos ese conocimiento, no estaremos fomentando la formación, el aprendizaje como forma de obtener el conocimiento. Si el padre, cualquiera que sea su nivel de formación, está condenado a ser un mileurista, no impulsará a su hijo a formarse y, si lo hace, el hijo sólo tendrá que decirle que se mire en el espejo para convencerle de que le deje en paz.
Y, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de cambiar nuestra economía y dirigirla hacia el conocimiento y las tecnologías, que observe la actual crisis: en España es especialmente grave por haber apostado por la construcción y el turismo, basados en recursos limitados y susceptibles de degradación y por los bajos salarios como ventaja competitiva fundamental, en la que hemos sido ampliamente superados por los países en desarrollo.
La actual crisis fue, en gran medida, prevista por los agoreros que hace diez años hablaban de la burbuja inmobiliaria. No les hicimos caso. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos, ahora a la necesidad de apostar por la formación (y retribuirla)? El resurgimiento de Florentino Pérez parece indicar que sí. Así nos va.
P.S.: ¿Por qué ha desaparecido de La Vanguardia.es toda referencia a la noticia sobre el fracaso escolar?

Crisis

Los bancos dieron créditos con garantía hipotecaria a quienes no tenían solvencia suficiente, pensando que el valor de los inmuebles crecería indefinidamente, de forma que, incluso si era preciso ejecutar la hipoteca, encontrarían fácilmente otro comprador y, por tanto, no podían perder.

Creyeron que, incluso si ofrecían un crédito de mayor valor que el inmueble, cuando llegase el momento de ejecutar la hipoteca, si llegaba, ese valor habría crecido y les resarciría sobradamente.

Es obvio que se equivocaron: llegó un momento en que los deudores no cumplieron sus obligaciones, los bancos ejecutaron las hipotecas y no encontraron comprador. Quizá, incluso, porque otro banco no aceptó como garantía ese mismo inmueble. Llegó la crisis.

En nuestro país, la crisis resulta especialmente grave, porque nuestra economía estaba muy centrada en la construcción, financiada mediante créditos hipotecarios. Parece evidente que esa dependencia del negocio inmobiliario ha sido claramente negativa ya que, incluso si volviera a funcionar con la misma alegría correríamos un riesgo cierto de que se repitiese la crisis por las mismas causas. Por tanto, para superar la crisis y evitar que se repita es imprescindible diversificar nuestra actividad, evitando esa dependencia de la construcción.

No obstante, lo único que escuchamos son llamadas a la concesión de más créditos: no créditos para hacer otras cosas, sino para que las inmobiliarias sigan trabajando como antes de la crisis. Me parece claro que éste es el camino equivocado. Hay que buscar otros negocios.

Para ello es imprescindible hacer dos cosas: detectar los puntos fuertes de nuestra economía, potenciarlos y explotarlos; y detectar los puntos débiles y, si es posible, corregirlos. Sólo así podremos superar la crisis y volver a crecer.

Tal vez sea una verdad de Pero Grullo. No obstante, parece que nuestras autoridades no llegan ni siquiera a entender esas verdades. Alguien tiene que decirlas.

Aministía fiscal

LA VANGUARDIA 06/01/2009 Pág. 44. TRIBUNA

Guillem López Casasnovas
Antoni Durán-Sindreu Buxadé

CRISIS ECONÓMICA Y AMNISTÍA FISCAL

En un contexto excepcional de crisis en el que la
confianza y la transparencia son esenciales para
legitimar las acciones emprendidas, hay que ser
sumamente cauteloso en las reformas o iniciativas
legislativas, limitándolas a las realmente necesarias. De lo
contrario, el riesgo de rechazo social es elevado. En este sentido
cabe comentar la conveniencia apuntada en determinados
foros de una amnistía fiscal y la reciente modificación
de la normativa relativa a los rendimientos de nuestros banqueros,
o más precisamente, de la vinculación relativa a los
rendimientos del capital mobiliario de entidades de crédito
en las que participan.
En cuanto a la primera: el problema actual es fundamentalmente
de liquidez financiera, y no de solvencia de nuestras
entidades financieras, con una elevada incertidumbre
que rebota en la falta de crédito de pequeñas y medianas
empresas y deja en situación morosa a muchas de nuestras
endeudadas familias. Por tanto, qué aporta una amnistía fiscal?
Se trata de un dinero que recibiría el Estado para colocarlo
en manos de terceros que lo reembolsarían a su vencimiento
para que se reintegrase de nuevo a su titular originario:
el defraudador. Éste regularizaría así su situación tributaria
a costa de un interés reducido y la obligación de invertir
en deuda pública a largo plazo. De esta forma, el Estado
obtendría una inyección transitoria de liquidez yundiferencial
de intereses a su favor. Pero los costes pueden ser mucho
más elevados que los pretendidos beneficios: una erosión
más de la cultura fiscal del contribuyente español.
Por tanto, ni la excepcionalidad de la situación ni el respeto
a quienes cumplimos con nuestra obligación constitucional
de contribuir al sostenimiento a los gastos públicos justifica
la medida. Levantar dudas al respecto, aunque sean globos
sonda, ayuda a que decaiga la confianza en el Estado y a
su papel de defensa del interés público en el sistema económico,
confianza ya de por sí muy maltrecha en nuestro país.
En cuanto a la segunda cuestión, su origen es la Ley
35/2006, que señala que los rendimientos del capital mobiliario
procedentes de entidades vinculadas con el contribuyente
forman parte de la renta general y, por tanto, pueden
tributar hasta el 43% en lugar de al tipo único del 18%. La
única excepción la constituyen los rendimientos obtenidos
por la participación en los fondos propios de cualquier tipo
de entidad, por ejemplo, los dividendos, que sí tributan al
tipo fijo del 18%. La razón de ser de dicha norma es evitar
supuestos similares a los de la subcapitalización. Pues bien;
la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1804/2008,
modifica, vulnerando el principio de jerarquía normativa, la
obligación de incluir tales rendimientos en la renta general
cuando no difieran de los que hubieran sido ofertados a
otros colectivos de similares características a las de las personas
que se consideran vinculadas a la entidad pagadora.
La modificación tiene cierta
lógica aunque es discriminatoria,
porque se limita
tan sóloyde forma injustificada
a los supuestos de vinculación
con entidades de
crédito. Por lo demás, la vía
del Real Decreto, no es adecuada
ya que no se trata de
una norma de desarrollo
de la ley sino de su modificación. Sea como fuere, lo importante
es que en estos momentos de excepcionalidad, toda
medida de tipo fiscal ha de cuidar de forma exquisita su necesidad,
justificación y oportunidad. Desde esta perspectiva,
la modificación aprobada es sin duda inoportuna.
En una coyuntura como la actual de río revuelto en el que
existe ya la equívoca sensación de que el capitalismo financiero
español sobrevive con el dinero del contribuyente y
que el Estado se ha rendido a sus exigencias haciendo que
paguen justos por pecadores, seguro que es en interés de la
propia banca española no añadir más leña al fuego a esta por
el momento errónea percepción que transmiten algunos medios.
Recuperar la confianza es esencial.Y para ello, tanto el
poder legislativo como el ejecutivo han de predicar con el
ejemplo y evitar que modificaciones injustificadas o innecesarias
se perciban por la ciudadanía como un privilegio que
acreciente aun más lo que se pretende evitar: la desconfianza
del ciudadano en el papel de las instituciones públicas en
el sistema económico prevalente.

Quisiera añadir un argumento que considero importante a las consideraciones de los profesores López Casasnovas y Durán - Sindreu. En el ámbito empresarial, la defraudación fiscal constituye un mecanismo (ilícito, por supuesto) para mejorar la cuenta de resultados, ofreciendo un mayor beneficio o convirtiendo unas pérdidas reales en un beneficio ficticio. En consecuencia, se trata de una forma de competencia desleal, que permite, a quien la practica, competir con empresas más eficientes, que obtienen beneficios pese a cumplir correctamente sus obligaciones fiscales.

Evidentemente, se trata de un mecanismo arriegado, dada la acción investigadora de la Administración pública, que puede conducir a la exigencia del pago de los tributos defraudados, más las sanciones y el interés de demora, o a la apertura de un proceso penal por delito contra la Hacienda Pública.

Pero la concesión de la amnistía fiscal reclamada por distintos sectores (incluso, según creo recordar, por el profesor Durán- Sindreu en algún escrito anterior) supone reconocer y legalizar este mecanismo y, por tanto, atribuir una ventaja competitiva a esas empresas menos eficientes que sólo a través de la defraudación pueden mantenerse en el mercado. O, lo que es lo mismo, discriminar negativamente a aquellas empresas, más competitivas, que en buena lógica económica deberían absorber la cuota de mercado de las defraudadoras (no por defraudar, sino por ser menos eficientes) que, gracias a la amnistía, pueden sobrevivir.

Dicen los entendidos que uno de los grandes problemas de la economía española es la falta de productividad, lo que es, en definitiva, falta de eficiencia. La amnistía fiscal es una medida totalmente contraria al incremento de la eficiencia, que sostiene artificialmente empresas inviables o poco eficiente.

A ello se han de añadir la injusticia general de la medida, que beneficia a quienes incumplen las leyes, haciéndolos de mejor condición que los cumplidores y, como señalan los autores de la columna que comentamos, que erosiona la cultura fiscal del contribuyente español, aportándole la prueba de que defraudar es rentable y carece de riesgos, animándole, por tanto, al fraude. Por ello, tanto desde el punto de vista de la justicia fiscal, como de la recaudación impositiva y de la eficiencia económica, debemos oponernos a la propuesta amnistía fiscal.