Corrupción

En "La Vanguardia" de hoy aparecen, entre otros espacios que dan cuenta de la corrupción reinante, dos artículos, de Francesc de Carreras y Fernando Ónega hablando de ética y de la necesidad de recuperarla (Emergencia ética. Días desoladores para la ética).

Ciertamente, la corrupción de los políticos tiene mucho que ver con la pérdida de valores y con el descrédito de la moral y de la ética. Pero, por una parte, no se trata sólo de la pérdida de valores por parte de los políticos, sino de toda la sociedad, al menos la española (probablemente lo propio sucede en otras partes y, como prueba, basta con ver el éxito de Berlusconi). Por otra, creo que lo que sucede es, en buena parte, el producto de características propias de nuestro país (o, quizá, de las sociedades mediterráneas...o también de otras).

Estoy hablando del personalismo de nuestra sociedad y de nuestra economía, en que tienen un papel preponderante las relaciones personales, lo que se manifiesta en una tupida red de favores mutuos y en una división de la sociedad en dos clases: quienes tienen relaciones y, por tanto, pueden pedir favores porque los van a devolver, y el resto. 

¿Pruebas? La larga lista de consejos de Administración en que figuraba el prócer catalán por antonomasia, Félix Millet, que era imposible que atendiese a todos. El propio Millet dijo que la sociedad barcelonesa, o quizá catalana, estaba regida por cien familias, cuatrocientas personas, que se conocían, estaban emparentadas entre sí y se encontraban en todas partes. O el fulgurante ascenso del príncipe de CDC, Oriol Pujol, que nadie, y menos en su partido, duda de que se debe al influjo de su padre, Jordi Pujol.

¿Más pruebas? ¿A qué se debe, si no, el interés de las empresas por contratar a ex-políticos que, en principio, nunca han desarrollado funciones en la empresa privada y que no presentan conocimientos relacionados con el sector en que deben desempeñar sus servicios? Basta mencionar a David Madí o a Esperanza Aguirre, sin olvidar a José María Aznar, Felipe González, Josep Piqué, Macià Alavedra o Ángel Acebes.

Esto sucede porque los españoles somos muy conscientes del poder de los contactos y no nos avergonzamos de buscarlos y usarlos, cada uno en su nivel. Enchufes, influencias, nepotismo...en las actuales circunstancias se nos dice que una de las principales vías para encontrar empleos son los contactos, lo que significa que una recomendación vale más que la experiencia de toda una carrera. 

En este sentido se puede citar también otro artículo de opinión de "La Vanguardia, del notario Juan- José López Burniol (Las castas acampadas sobre el Estado), que parte de un caso similar a los anteriores, pero especialmente singular: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha encontrado un nuevo comedero, pese al desastre de la entidad por él presidida y a la tremenda crisis, prueba indudable de lo erróneo de la política que aplicó siendo vicepresidente económico del Gobierno. ¿Quién le daría otra oportunidad, atendiendo únicamente a sus resultados?

Por lo demás, de Carreras manifiesta una clara ingenuidad cuando afirma que Si los partidos quieren recuperar el crédito perdido deben presentar un pacto de Estado que aborde las reformas necesarias para regenerar la vida política, hoy moralmente descalificada. Los partidos no pueden hacer algo frontalmente contrario a sus intereses, ya que la corrupción está en la base de su financiación y de ésta depende su éxito electoral y, por tanto, los medios de subsistencia de sus dirigentes. Además, es absurdo pensar que los corruptos, quienes han llevado al extremo un vicio de la sociedad española, puedan regenerar esa misma sociedad. 

Y este es el gran problema. ¿Cómo limpiar la sociedad española de favoritismos, enchufes, influencias y demás corruptelas? O, mejor, ¿quién puede liderar esta regeneración?¿quién tiene la autoridad moral para advertir y denunciar y la posición necesaria para hacerse oír por toda la sociedad, cuando los medios de comunicación están controlados por las élites políticas y económicas, por las castas de que habla López Burniol? Hay quien está limpio de pecado y puede arrojar la primera piedra, sin duda, pero es un ciudadano anónimo, que no tiene voz pública.

Y, aunque la tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Crear un partido político que, inmediatamente, tendría que aceptar componendas con los ya existentes, buscar medios económicos para financiar sus campañas y crear unos cuadros que, como todos, tendrían que vivir y buscarían hacerlo lo mejor posible. ¿Podrían mantener su honestidad?

Sin embargo, alguien debe encontrar la solución. Si no es así, la situación degenerará en violencia y autoritarismo. Desgraciadamente, soy pesimista. 

Caracteres nacionales

Francesc de Carreras empieza su artículo de hoy en "La Vanguardia", titulado "Italianos" diciendo que los hechos desmientes los caracteres nacionales, es decir, la existencia de rasgos distintivos comunes en la personalidad de quienes han nacido en un determinado país. Dedica el resto del artículo a contraponer a Silvio Berlusconi, dos personalidades completamente ajenas al perfil de frívolo, fresco y seductor caradura del ex primer ministro: el periodista Giorgio Bocca y el Presidente de la República Giorgio Napolitano.

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120105/54243626531/francesc-de-carreras-italianos.html

No discuto la afirmación de de Carreras, pero creo que el éxito electoral de Berlusconi se explica por un factor en cierto modo similar a los caracteres nacionales: la moral social de cada país. No es que los italianos sean frívolos, frescos y seductores caraduras, es que no condenan estas conductas o, cuando menos, no las consideran defectos o vicios graves. Mentir descaradamente, aprovecharse de bienes o facultades atribuidas para velar por la comunidad en beneficio propio, no respetar la fidelidad conyugal son faltas que la sociedad italiana (y no sólo ella) perdona con facilidad.

¿Qué pasa en España (Cataluña incluida)? Pues algo muy similar. Nuestra sociedad perdona las mentiras, las pequeñas de los particulares (una oportuna enfermedad para no acudir al trabajo cuando hay un partido interesante) o las más importantes de los políticos (el PP no iba a subir impuestos). No sanciona los pequeños fraudes (el IVA en la factura del lampista o del dentista), pero tampoco los de mayor importancia (ese 2 % del que habló Maragall, la financiación irregular de los partidos). Pero, sobre todo, considera normal lo que en tiempos la Iglesia denominaba acepción de personas que no es otra cosa que dar trato distinto a diferentes personas cuando las circunstancias no justifican tales preferencias e, incluso, las leyes las prohíben.

Para hacer negocios en nuestro país, más importante que la calidad del producto, bien o servicio, es disponer de contactos influyentes, tanto en el sector público como en el privado. Para obtener un empleo, los padrinos, los enchufes, son fundamentales. Los nombramientos públicos, cargos políticos o de confianza, se atribuyen fundamentalmente a los amigos del jefe, o a quienes vienen avalados por aquéllos al que éste quiere contentar.

La corrupción que nos aflige no es más que la punta del iceberg: se trata de la obtención de una posición de privilegio por la vía rápida, pagando un soborno o unas atenciones especiales para obtener un trato de favor. Hay quien ya tiene esta posición privilegiada por vínculos familiares, sociales o políticos y quien procura obtenerla por otras vías como el intercambio de favores o, en el extremo, pagando a tocateja.

¿Cómo si no se explica que Félix Millet tuviese cargos directivos en un número tan grande de sociedades, fundaciones, patronatos, entidades públicas y privadas que no podía atenderlos todos? ¿Por qué los Sres. Alavedra y Prenafeta participaban en negocios inmobiliarios, no siendo promotores, constructores, Arquitectos? ¿Por qué Gas Natural y Deloitte han contratado a David Madí? (Cuidado, el primero parece claramente culpable, los segundos están imputados y el tercero no ha sido objeto de ninguna acusación penal: el único elemento común es que el valor que añaden es claramente el de sus contactos, igual que los ex-presidentes González y Aznar).

Este factor explica también el último escándalo que comentan los medios. ¿Qué vendía Iñaki Urdangarín? ¿Por qué empresas e instituciones le pagaban unos precios claramente desorbitados? Evidentemente, Urdangarín vendía su influencia, real o supuesta, sobre los Reyes. Ahora bien, el mismo Rey no tiene verdaderos poderes: no puede adjudicar contratos, conceder libertades provisionales o indultos, decidir nombramientos, aprobar o derogar normas o establecer excepciones a las existentes.

En consecuencia, todo el negocio del duque consorte de Palma se basaba en un sobreentendido: que él podía influir sobre el Monarca para que utilizase su influencia a favor de los clientes de Nóos y el resto de su entramado empresarial o delictivo, lo que implica atribuir al Rey una influencia efectiva que las leyes no le atribuyen (una parte de esa influencia es cierta, pero mucho menor de lo que presuponen esos pagos y la Casa Real siempre ha sido muy cuidadosa en este aspecto: a diferencia de lo que sucede en Gran Bretaña, no se conceden títulos de proveedor de la Real Casa).

Creo que la superación de la crisis incluye un cambio de moral social: aceptar, de verdad, lo que de boquilla todos afirmamos. Rechazar los enchufes, los fraudes, los engaños no sólo cuando pillan a una persona conocida in fraganti, sino también cuando nosotros mismos somos los beneficiarios. No hacer excepciones en nuestro propio beneficio o en el de amigos, conocidos o saludados. Y exigir que así sea en todas las relaciones, en el ámbito privado o en el público.

Políticos y funcionarios

El vicedirector de "La Vanguardia" firma hoy un editorial sobre el descrédito de la política y de los políticos profesionales, mediocres que destacan sólo por su obediencia perruna a la dirección del partido.

El Sr. Abián finaliza su artículo diciendo que el pueblo es soberano y propietario del Gobierno y los funcionarios son servidores de los ciudadanos. Y aquí es donde hay que matizar.

Los funcionarios son, sin duda, servidores de los ciudadanos. Pero servidores, ante todo, de la Ley, que en una democracia han aprobado los representantes de los ciudadanos. Por ello, el funcionario puede denunciar al ciudadano individual, e incluso imponerle una sanción, pese a ser su servidor.

La elaboración de la norma a la que han de obedecer los funcionarios corresponde a los representantes de los ciudadanos, es decir, a los políticos. Éstos están vinculados a la Ley, como ciudadanos, pero pueden cambiarla (y, por tanto, no están vinculados por ella) como representantes. Su función es, pues, muy superior a la de los funcionarios, que no pueden modificar la Ley (ni el reglamento, de rango inferior, norma administrativa aprobada por los gobiernos, estatal o autonómico, es decir, también por los políticos).

Al funcionario se le exige, para acceder a tal condición, demostrar que posee unos determinados conocimientos. Las pruebas, las denominadas oposiciones, son objetivas e iguales para todos los que aspiran a ingresar en un determinado cuerpo o categoría funcionarial. Algunas, al menos (las orales), son también públicas, de forma que cualquiera puede comprobar su desarrollo y, por tanto, su limpieza.

Además, el funcionario está sometido a controles de diverso tipo. A veces, estos controles fallan, por diversas razones, y ello explica que los vicios que se imputan a la Administración y a sus funcionarios sean, en mayor o menor medida, reales. Pero el último control es el que deberían realizar los superiores de los funcionarios: los políticos, sean Ministros, Consellers, etc.

El político, en cambio, no debe demostrar competencia alguna para acceder a su cargo. Sólo requiere ser designado por quien tiene tal poder para formar parte de una lista o, directamente, para desempeñar un puesto de confianza. Está sometido a controles, pero exclusivamente controles desarrollados por otros cargos dependientes también de los políticos.

El régimen funcionarial se creó a fin de generar una clase de servidores públicos independientes de los políticos: si su nombramiento se debe a una selección objetiva y su cese sólo puede producirse por vía disciplinaria, por el incumplimiento de sus deberes legales, deben obedecer a la Ley, más que a sus jefes políticos. El funcionario debe ser, así, quien diga "no" al político que quiere hacer algo prohibido por la Ley. Naturalmente, una de las obsesiones de los partidos consiste en eliminar esta mínima independencia de los funcionarios, haciendo que dependan en la mayor medida posible de ellos, de los políticos.

Ésto no es sino una manifestación más de un fenómeno más amplio: los políticos tratan de someter a ellos todas las instancias de poder. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges... no son funcionarios, pero los políticos tratan de neutralizar las instituciones imponiendo a sus incondicionales. Lo mismo hacen con la Administración pública, integrada por funcionarios.

Ésta es la quiebra del sistema, la puerta de entrada de la corrupción. Y, en cuanto a los funcionarios se refiere, hay que dejar bien clara su diferencia respecto de los pólíticos: los funcionarios son profesionales de la Administración pública, de la aplicación de la Ley, seleccionados por sus conocimientos. Los políticos son profesionales de los partidos, seleccionados por su obediencia. En ambos grupos, qué duda cabe, puede haber corruptos. Pero, en cualquier caso son distintos.

Como funcionario público considero un insulto que me confundan con los políticos, como hace el Sr. Abián.

Corrupción

Nos escandalizamos por la corrupcíón que descubrimos por doquier y, sin embargo, estamos habituados a contemporizar con ella o, al menos, con hechos que se asemejan mucho a las prácticas corruptas y, sin embargo, aceptamos como normales y cotidianos.

Así, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a sus hijas a Estados Unidos, sin duda a cargo del erario público y, sin embargo, tan poca relación tenían las niñas con el objeto del viaje que se negó a que sus fotografías apareciesen en los medios de comunicación. Los contribuyentes les pagamos un viaje de placer.

Mucho más grave, todos sabemos que los famosos 400 euros fueron una promesa puramente electoral, destinada a que el PSOE ganase las elecciones. Luego se construyó (por necesidades de gestión) como una deducción fiscal y se presentó como una medida contra la crisis económica, pero inicialmente era sólo una medida electoral. El Presidente destinó 5.000 millones de euros a un fin partidista, luego privado, en lugar de aplicarlos a la satisfacción de los intereses públicos.

¿Qué decir de la designación del hermano del vicepresidente de la Generalitat para el momio de la embajadita en París? Aun si dicha embajadita tuviese interés público, habría que acreditar los méritos del Sr. Apel·les Carod - Rovira para ocupar la sinecura.

En cuanto a la estupefaciente conducta del conseller Castells (y de todo el Gobierno del que forma parte, que no ha matizado siquiera sus declaraciones) respecto del encargo de informes inútiles, no tiene ningún sentido: reconoce que han encargado dichos informes y dice que no lo harán más. No se investiga quién ha encargado los informes, a quién se han encargado y, sobre todo, para qué se ha gastado inútilmente el dinero de los contribuyentes.

No se salva la oposición: ¿por qué habría de pagar una empresa privada los trajes del Presidente de la Generalitat valenciana, si no es para estar a bien con él y, así, beneficiarse de algún modo? Y si, como dice Rita Barberá, todos los políticos reciben regalos, ¿por qué motivo se los hacen, si no es para obtener algún beneficio y por qué los aceptan ellos, si no es con la clara conciencia de que serán correspondidos?

Parece que, finalmente, la presidencia de Caja Madrid será ocupada por una persona que tiene una demostrable experiencia en temas económicos y, por tanto, resulta adecuada para velar por la marcha de la entidad y por los intereses de los impositores. La campaña de Esperanza Aguirre para imponer a su hombre se justificó exclusivamente en razones políticas, prescindiendo de los intereses que deben prevalecer.

Y, la guinda: ¿se justifican los sueldos de los miembros de la Casa Real procedentes de otras instituciones, públicas o privadas? ¿Es necesaria, para los intereses de "la Caixa" la presencia de la Infanta Cristina en Washington?¿Está el Sr. Marichalar capacitado para desempeñar los puestos que ha ocupado y, sin duda, seguirá ocupando?¿La hermana de la Princesa de Asturias fue contratada por el Ayuntamiento de Barcelona a resultas de un procedimiento ordinario de selección de personal municipal?

Nuestro país se muestra indebidamente comprensivo con el vicio típicamente mediterráneo del amiguismo y éste es la puerta de la corrupción, además de atentar directamente contra uno de los principales pilares de la democracia: el principio de igualdad. Erradicar la corrupción exige, entre otras cosas, eliminar el amiguismo, el compadreo, los favores. En suma, que los encargados de velar por el interés público pongan éste en el centro de sus valores, sin tratar de cohonestarlo con la satisfacción de intereses privados.