Habla hoy el vicedirector de "La Vanguardia" sobre los "ex", cuyas filas van a engrosarse con los cargos cesantes del gobierno de la Generalidad como consecuencia de las elecciones que dieron la victoria a CiU.
Al final de su artículo, menciona el Sr. Abián unas estadísticas: el 60% de los parlamentarios catalanes no han trabajado en la empresa privada; el 80% proceden de otros cargos públicos y el 25% son funcionarios de carrera. La conclusión, que no expresa, puede ser que los políticos están constituyendo una casta especial, sin conexión con la sociedad (y, sobre todo, con la economía) real. Creo que hay que matizar esta conclusión.
Que la mayoría de los parlamentarios no haya trabajado en la empresa privada es lamentable, pero quiza pueda explicarse. ¿Qué empresario dejará su empresa, la que ha creado y hecho crecer, para que se venga abajo mientras él se dedica a la política? Evidentemente, sólo aquél que haya fracasado y no tenga ya empresa. Pero, ¿habrá aprendido de sus fracasos o trasladará sus errores a la gestión pública?
Lo propio se puede decir de los profesionales, en particular, los abogados que, por su formación, están más cerca del parlamento. No dejarán la profesión, permitiendo que sus clientes pasen a otros profesionales; sólo pasarán a la política para obtener contactos e influencias que les puedan resarcir de las pérdidas. ¿Salimos ganando los ciudadanos con estos trasvases del sector privado al público?
En cuanto a otros trabajadores del sector privado, normalmente su función es la gestión de asuntos muy particulares: un médico suele tener experiencia en diagnosticar enfermos individuales y prescribir y aplicar los tratamientos oportunos. Esta experiencia no es demasiado útil para la política, que debe adoptar otro punto de vista, general y relacionado con el resto de la sociedad (aunque, ciertamente, un conseller de Sanidad deba tomar muy en cuenta la opinión de los médicos). Lo propio cabe decir de los agentes de seguros, de los fontaneros, de los expertos en marketing o de los veterinarios.
Que los parlamentarios provengan de otros cargos públicos no es, a nuestro entender, negativo, sino que puede ser muy positivo: que un conseller haya dado muestras de su valía en el desempeño de otro cargo, por ejemplo alcalde de una localidad, significa que ya tiene conocimientos de gestión pública y una experiencia acreditada. Es decir, lo que se supone que exigiría un empresario privado a la hora de escoger un directivo para su empresa. Si a nadie se le ocurriría escoger a un neófito como director general, director financiero o jefe de ventas de su empresa, ¿por qué hemos de considerar normal que personas sin experiencia accedan a la presidencia, a un ministerio o conselleria?
En cuanto a los funcionarios, hay que distinguir dos grupos: los teóricos, es decir, los profesores de universidad, y los prácticos. Respecto de los primeros, su formación no garantiza un buen desempeño en el gobierno. Pueden aportar conocimientos válidos, sobre todo si la materia que imparten o su forma de abordarla está especialmente apegada a la realidad de cada momento; si han trabajado proponiendo, criticando o estudiando políticas públicas, su experiencia puede ser una importante contribución a la vida pública. No así si se han dedicado a la ciencia pura, aunque se trate de una materia de especial interés práctico.
De los funcionarios que gestionan materias de interés general, cabe decir que pueden presentar los mismos inconvenientes ya mencionados respecto de los trabajadores del sector privado: es probable que su experiencia les sugiera ideas válidas para mejorar aspectos concretos de su labor, de las unidades en que se encuadran para ejercerla, pero es más difícil que tengan una visión general, tanto en el espacio como en el tiempo.
Pero dentro de este grupo están también los funcionarios cuya labor consiste, precisamente, en proponer a los políticos las actuaciones viables en cada momento, ya sea de acuerdo con las líneas generales trazadas por ellos, ya para que elijan entre diversas alternativas, y en llevar a la práctica las decisiones que adopten los representantes de la voluntad popular. Es decir, personas cuya formación y experiencia se centra en las mismas materias sobre las que han de decidir los políticos, pero con más incidencia en los aspectos prácticos.
Yendo al extremo, estos funcionarios son los responsables de la gestión de los asuntos públicos, de los que se ocupan los políticos cuando se lo permite su propia actividad, centrada en las encuestas, los votos, las elecciones, las mayorías parlamentarias, los pactos políticos, etc. No es extraño que se sientan atraidos por la posibilidad de introducir una brizna de conocimiento técnico en ese mundo de marketing y negociación, por contribuir a elaborar las leyes que deben aplicar y cuyos defectos ven y padecen diariamente.
¿Tecnocracia, concepto denostado donde los haya? A nuestro juicio, simplemente la necesidad, evidente en cualquier sociedad que pretenda funcionar correctamente, de que se encarguen de las diferentes funciones las personas más capaces, por su formación, capacidad y experiencia, para desempeñarlas con éxito.
Un solo dato histórico: tras la Revolución francesa, se pretendió que los representantes del pueblo ejerciesen todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el más técnico, el que exige mayores capacidades y formación, ya que el Juez no tiene expertos en Derecho en quienes apoyarse, debió ser excluido de tal pretensión, confiando de nuevo en jueces expertos en Derecho, por los malos resultados que dieron los tribunales populares.
Quizá ahora estamos viviendo un proceso similar en relación con los otros poderes, pero los dogmas indiscutidos no nos dejan verlo. Un político debe estar preparado para gobernar, no sólo ser un experto en ganar elecciones, obtener la investidura y sacar adelante leyes que reflejen los intereses de las formaciones que las apoyan. Gobernar no significa sólo ocupar el Gobierno y, por tanto, usar sus resortes para seguir en el poder, sino utilizar este poder para resolver los problemas comunes. Para ésto votamos a los políticos, aunque parece que no se hayan enterado.
Mostrando entradas con la etiqueta políticos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta políticos. Mostrar todas las entradas
lunes, 27 de diciembre de 2010
sábado, 1 de mayo de 2010
La realidad
Se queda corto Fernando Ónega cuando afirma, en "La Vanguardia" de hoy, que Gobierno y oposición elaboran sus análisis no sobre la realidad global y objetiva, sino sobre sus aspectos parciales y, por tanto, asumir sólo los aspectos positivos (Zapatero) o los negativos (Rajoy) es deshonesto.
Los políticos prescinden de la realidad, sencillamente porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es conseguir y mantener el poder. Por ello sólo dan importancia a aquellos aspectos de la realidad que les pueden hacer ganar o perder votos. Ni al Gobierno ni a la oposición les importa la crisis económica, ni en cuanto causa de dificultades gravísimas para las familias ni en cuanto fuente de cambios incontrolables para la sociedad española. Lo único que les importa es la influencia que la crisis y las medidas que pueda verse obligado a adoptar el Gobierno puedan tener sobre el resultado de las próximas elecciones.
Este ha sido el norte de la política gubernamental durante toda la crisis: no hacer nada que pudiera restarle votos; negar la propia crisis, contra toda evidencia, primero; repartir subsidios con criterio político, después y aplazar cualquier medida que pueda resultar impopular en todo momento.
La oposición, por su parte, se ha dedicado a enfatizar los errores del Gobierno (éso es parte de su cometido), pero sin proponer en ningún momento medidas practicables. Se diría que Rajoy no quiere darle a Zapatero la posibilidad de acertar rectificando, ni la de equivocarse, también al rectificar, adoptando alguna medida propuesta por el Partido Popular.
Así pues, la política sustituye a la realidad. Lo accesorio prima sobre lo fundamental. Los partidos no quieren, no ya cambiar la sociedad, sino que ni siquiera pretenden intentar resolver los problemas de esa sociedad, de los ciudadanos que les han votado y pagan sus sueldos y pensiones, financian los partidos y les permiten dedicarse a sus cosas. Éso es, los ciudadanos pagamos a los políticos para que se preocupen exclusivamente de sus propios intereses.
No otra cosa se desprende del artículo de Francesc de Carreras, también en "La Vanguardia". El tripartito abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria por interés electoral. Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero siguieron el juego por los mismos intereses. El PP presentó el recurso de inconstitucionalidad (por preceptos que no discute en otros estatutos) también por los votos que podía proporcionarle. Y la ciudadanía demostró cumplidamente su desinterés al no molestarse en votar en el referéndum algo que sólo interesaba a los políticos.
Porque,¿mejorará en algo la economía catalana que el preámbulo del Estatuto afirme que el Parlamento ha dicho que Cataluña es una nación?¿incrementará la seguridad que la Generalitat tenga un mayor control de los órganos judiciales a través del Consell de Justícia? Algunos preceptos pueden revestir cierta trascendencia, pero, en general, sólo tienen importancia para los políticos, no para los ciudadanos. Pero también aquí, la realidad no interesa a los partidos, más allá de la influencia que pueda tener en sus propios intereses.
De igual manera, Juan-José López Burniol ignora la realidad de Cataluña, cuando afirma que sólo caben dos opciones: federalismo o independencia. Ignora la realidad porque sólo se fija en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Para muchos ciudadanos catalanes, el problema no es el encaje de Cataluña en España, sino los políticos españoles, incluidos los catalanes.
El argumento fundamental de la tesis de López Burniol es la consideración de Cataluña como una nación. Ahora bien, la realidad catalana, tozuda, no se ajusta a dicho argumento. Un país la mayoría de cuyos habitantes son castellanoparlantes (ver la encuesta lingüística del Idescat) no puede ser una nación diferenciada, precisamente, por razones lingüísticas y culturales. Pero en el mundo político, el carácter nacional de Cataluña es un dogma inalterable.
Lo que ocurre es que los partidos catalanes silencian un sector muy importante de la ciudadanía. Primero, por la sobrerrepresentación de las comarcas rurales sobre las industriales o, por poner nombres, de los nacionalistas de Girona y Lleida sobre los charnegos del cinturón industrial de Barcelona. Segundo, por los intereses electorales del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seguros del voto de los últimos (que querrían votar al PSOE y no tienen otras alternativas que la abstención o los rojiverdes) pretenden pescar entre los desencantados del nacionalismo, presentándose como un partido nacionalista más.
Así, el problema tiene mucho de artificial, creado por los políticos por razones electorales, es decir, para satisfacer sus propios intereses. Los ciudadanos han dado la espalda a los políticos, porque éstos, previamente, han olvidado por completo que han sido elegidos para manejar los intereses comunes de la ciudadanía, de la que ellos mismos deberían sentirse parte.
Este fenómeno propicia el voto de fuerzas políticas alternativas que, aún conectadas con la realidad, presentan una oferta que los ciudadanos entienden y aprecian. Así sucedió con Ciudadanos. Pero estas alternativas son rápidamente neutralizadas, al amenazar los intereses de la clase política, o bien absorbidas por ésta, al tener que entrar en el juego electoral, es decir, buscar financiación encubierta. El resultado puede ser un descrédito tal de la democracia, por culpa de políticos sedicentemente democráticos, que una opción dictatorial obtenga suficientes apoyos para imponerse. No será la primera vez.
Los políticos prescinden de la realidad, sencillamente porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es conseguir y mantener el poder. Por ello sólo dan importancia a aquellos aspectos de la realidad que les pueden hacer ganar o perder votos. Ni al Gobierno ni a la oposición les importa la crisis económica, ni en cuanto causa de dificultades gravísimas para las familias ni en cuanto fuente de cambios incontrolables para la sociedad española. Lo único que les importa es la influencia que la crisis y las medidas que pueda verse obligado a adoptar el Gobierno puedan tener sobre el resultado de las próximas elecciones.
Este ha sido el norte de la política gubernamental durante toda la crisis: no hacer nada que pudiera restarle votos; negar la propia crisis, contra toda evidencia, primero; repartir subsidios con criterio político, después y aplazar cualquier medida que pueda resultar impopular en todo momento.
La oposición, por su parte, se ha dedicado a enfatizar los errores del Gobierno (éso es parte de su cometido), pero sin proponer en ningún momento medidas practicables. Se diría que Rajoy no quiere darle a Zapatero la posibilidad de acertar rectificando, ni la de equivocarse, también al rectificar, adoptando alguna medida propuesta por el Partido Popular.
Así pues, la política sustituye a la realidad. Lo accesorio prima sobre lo fundamental. Los partidos no quieren, no ya cambiar la sociedad, sino que ni siquiera pretenden intentar resolver los problemas de esa sociedad, de los ciudadanos que les han votado y pagan sus sueldos y pensiones, financian los partidos y les permiten dedicarse a sus cosas. Éso es, los ciudadanos pagamos a los políticos para que se preocupen exclusivamente de sus propios intereses.
No otra cosa se desprende del artículo de Francesc de Carreras, también en "La Vanguardia". El tripartito abrió la caja de Pandora de la reforma estatutaria por interés electoral. Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero siguieron el juego por los mismos intereses. El PP presentó el recurso de inconstitucionalidad (por preceptos que no discute en otros estatutos) también por los votos que podía proporcionarle. Y la ciudadanía demostró cumplidamente su desinterés al no molestarse en votar en el referéndum algo que sólo interesaba a los políticos.
Porque,¿mejorará en algo la economía catalana que el preámbulo del Estatuto afirme que el Parlamento ha dicho que Cataluña es una nación?¿incrementará la seguridad que la Generalitat tenga un mayor control de los órganos judiciales a través del Consell de Justícia? Algunos preceptos pueden revestir cierta trascendencia, pero, en general, sólo tienen importancia para los políticos, no para los ciudadanos. Pero también aquí, la realidad no interesa a los partidos, más allá de la influencia que pueda tener en sus propios intereses.
De igual manera, Juan-José López Burniol ignora la realidad de Cataluña, cuando afirma que sólo caben dos opciones: federalismo o independencia. Ignora la realidad porque sólo se fija en los partidos políticos, no en los ciudadanos. Para muchos ciudadanos catalanes, el problema no es el encaje de Cataluña en España, sino los políticos españoles, incluidos los catalanes.
El argumento fundamental de la tesis de López Burniol es la consideración de Cataluña como una nación. Ahora bien, la realidad catalana, tozuda, no se ajusta a dicho argumento. Un país la mayoría de cuyos habitantes son castellanoparlantes (ver la encuesta lingüística del Idescat) no puede ser una nación diferenciada, precisamente, por razones lingüísticas y culturales. Pero en el mundo político, el carácter nacional de Cataluña es un dogma inalterable.
Lo que ocurre es que los partidos catalanes silencian un sector muy importante de la ciudadanía. Primero, por la sobrerrepresentación de las comarcas rurales sobre las industriales o, por poner nombres, de los nacionalistas de Girona y Lleida sobre los charnegos del cinturón industrial de Barcelona. Segundo, por los intereses electorales del Partit dels Socialistes de Catalunya, que seguros del voto de los últimos (que querrían votar al PSOE y no tienen otras alternativas que la abstención o los rojiverdes) pretenden pescar entre los desencantados del nacionalismo, presentándose como un partido nacionalista más.
Así, el problema tiene mucho de artificial, creado por los políticos por razones electorales, es decir, para satisfacer sus propios intereses. Los ciudadanos han dado la espalda a los políticos, porque éstos, previamente, han olvidado por completo que han sido elegidos para manejar los intereses comunes de la ciudadanía, de la que ellos mismos deberían sentirse parte.
Este fenómeno propicia el voto de fuerzas políticas alternativas que, aún conectadas con la realidad, presentan una oferta que los ciudadanos entienden y aprecian. Así sucedió con Ciudadanos. Pero estas alternativas son rápidamente neutralizadas, al amenazar los intereses de la clase política, o bien absorbidas por ésta, al tener que entrar en el juego electoral, es decir, buscar financiación encubierta. El resultado puede ser un descrédito tal de la democracia, por culpa de políticos sedicentemente democráticos, que una opción dictatorial obtenga suficientes apoyos para imponerse. No será la primera vez.
domingo, 13 de diciembre de 2009
Independentismo
Vaya por delante que el independentismo es una opción política legítima, que se puede compartir o no. Y que las consultas que se celebran hoy en diversas localidades son una forma de expresión de una determinada ideología, de una propuesta política, alternativa a otras como las manifestaciones callejeras. Se podrá discutir su legalidad o la oportunidad de dedicar fondos públicos a su desarrollo, especialmente en las actuales circunstancias, pero no hace falta tomárselas a la tremenda.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
domingo, 8 de noviembre de 2009
Corrupción
Nos escandalizamos por la corrupcíón que descubrimos por doquier y, sin embargo, estamos habituados a contemporizar con ella o, al menos, con hechos que se asemejan mucho a las prácticas corruptas y, sin embargo, aceptamos como normales y cotidianos.
Así, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a sus hijas a Estados Unidos, sin duda a cargo del erario público y, sin embargo, tan poca relación tenían las niñas con el objeto del viaje que se negó a que sus fotografías apareciesen en los medios de comunicación. Los contribuyentes les pagamos un viaje de placer.
Mucho más grave, todos sabemos que los famosos 400 euros fueron una promesa puramente electoral, destinada a que el PSOE ganase las elecciones. Luego se construyó (por necesidades de gestión) como una deducción fiscal y se presentó como una medida contra la crisis económica, pero inicialmente era sólo una medida electoral. El Presidente destinó 5.000 millones de euros a un fin partidista, luego privado, en lugar de aplicarlos a la satisfacción de los intereses públicos.
¿Qué decir de la designación del hermano del vicepresidente de la Generalitat para el momio de la embajadita en París? Aun si dicha embajadita tuviese interés público, habría que acreditar los méritos del Sr. Apel·les Carod - Rovira para ocupar la sinecura.
En cuanto a la estupefaciente conducta del conseller Castells (y de todo el Gobierno del que forma parte, que no ha matizado siquiera sus declaraciones) respecto del encargo de informes inútiles, no tiene ningún sentido: reconoce que han encargado dichos informes y dice que no lo harán más. No se investiga quién ha encargado los informes, a quién se han encargado y, sobre todo, para qué se ha gastado inútilmente el dinero de los contribuyentes.
No se salva la oposición: ¿por qué habría de pagar una empresa privada los trajes del Presidente de la Generalitat valenciana, si no es para estar a bien con él y, así, beneficiarse de algún modo? Y si, como dice Rita Barberá, todos los políticos reciben regalos, ¿por qué motivo se los hacen, si no es para obtener algún beneficio y por qué los aceptan ellos, si no es con la clara conciencia de que serán correspondidos?
Parece que, finalmente, la presidencia de Caja Madrid será ocupada por una persona que tiene una demostrable experiencia en temas económicos y, por tanto, resulta adecuada para velar por la marcha de la entidad y por los intereses de los impositores. La campaña de Esperanza Aguirre para imponer a su hombre se justificó exclusivamente en razones políticas, prescindiendo de los intereses que deben prevalecer.
Y, la guinda: ¿se justifican los sueldos de los miembros de la Casa Real procedentes de otras instituciones, públicas o privadas? ¿Es necesaria, para los intereses de "la Caixa" la presencia de la Infanta Cristina en Washington?¿Está el Sr. Marichalar capacitado para desempeñar los puestos que ha ocupado y, sin duda, seguirá ocupando?¿La hermana de la Princesa de Asturias fue contratada por el Ayuntamiento de Barcelona a resultas de un procedimiento ordinario de selección de personal municipal?
Nuestro país se muestra indebidamente comprensivo con el vicio típicamente mediterráneo del amiguismo y éste es la puerta de la corrupción, además de atentar directamente contra uno de los principales pilares de la democracia: el principio de igualdad. Erradicar la corrupción exige, entre otras cosas, eliminar el amiguismo, el compadreo, los favores. En suma, que los encargados de velar por el interés público pongan éste en el centro de sus valores, sin tratar de cohonestarlo con la satisfacción de intereses privados.
Así, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a sus hijas a Estados Unidos, sin duda a cargo del erario público y, sin embargo, tan poca relación tenían las niñas con el objeto del viaje que se negó a que sus fotografías apareciesen en los medios de comunicación. Los contribuyentes les pagamos un viaje de placer.
Mucho más grave, todos sabemos que los famosos 400 euros fueron una promesa puramente electoral, destinada a que el PSOE ganase las elecciones. Luego se construyó (por necesidades de gestión) como una deducción fiscal y se presentó como una medida contra la crisis económica, pero inicialmente era sólo una medida electoral. El Presidente destinó 5.000 millones de euros a un fin partidista, luego privado, en lugar de aplicarlos a la satisfacción de los intereses públicos.
¿Qué decir de la designación del hermano del vicepresidente de la Generalitat para el momio de la embajadita en París? Aun si dicha embajadita tuviese interés público, habría que acreditar los méritos del Sr. Apel·les Carod - Rovira para ocupar la sinecura.
En cuanto a la estupefaciente conducta del conseller Castells (y de todo el Gobierno del que forma parte, que no ha matizado siquiera sus declaraciones) respecto del encargo de informes inútiles, no tiene ningún sentido: reconoce que han encargado dichos informes y dice que no lo harán más. No se investiga quién ha encargado los informes, a quién se han encargado y, sobre todo, para qué se ha gastado inútilmente el dinero de los contribuyentes.
No se salva la oposición: ¿por qué habría de pagar una empresa privada los trajes del Presidente de la Generalitat valenciana, si no es para estar a bien con él y, así, beneficiarse de algún modo? Y si, como dice Rita Barberá, todos los políticos reciben regalos, ¿por qué motivo se los hacen, si no es para obtener algún beneficio y por qué los aceptan ellos, si no es con la clara conciencia de que serán correspondidos?
Parece que, finalmente, la presidencia de Caja Madrid será ocupada por una persona que tiene una demostrable experiencia en temas económicos y, por tanto, resulta adecuada para velar por la marcha de la entidad y por los intereses de los impositores. La campaña de Esperanza Aguirre para imponer a su hombre se justificó exclusivamente en razones políticas, prescindiendo de los intereses que deben prevalecer.
Y, la guinda: ¿se justifican los sueldos de los miembros de la Casa Real procedentes de otras instituciones, públicas o privadas? ¿Es necesaria, para los intereses de "la Caixa" la presencia de la Infanta Cristina en Washington?¿Está el Sr. Marichalar capacitado para desempeñar los puestos que ha ocupado y, sin duda, seguirá ocupando?¿La hermana de la Princesa de Asturias fue contratada por el Ayuntamiento de Barcelona a resultas de un procedimiento ordinario de selección de personal municipal?
Nuestro país se muestra indebidamente comprensivo con el vicio típicamente mediterráneo del amiguismo y éste es la puerta de la corrupción, además de atentar directamente contra uno de los principales pilares de la democracia: el principio de igualdad. Erradicar la corrupción exige, entre otras cosas, eliminar el amiguismo, el compadreo, los favores. En suma, que los encargados de velar por el interés público pongan éste en el centro de sus valores, sin tratar de cohonestarlo con la satisfacción de intereses privados.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Conocimiento y experiencia
Hoy, en "La Vanguardia", en un artículo titulado "La democracia sin contrapesos, Francesc de Carreras acaba afirmando que, ante la insaciable voracidad de los partidos para obtener cada vez más cuotas de poder, Las últimas esperanzas de los ciudadanos están depositadas en los funcionarios, jueces, fiscales y órganos de comunicación independientes.
El mismo autor, el martes, 3 de noviembre, también en "La Vanguardia" contestaba una carta de un lector expresando su opinión de que sería bueno que los cargos públicos, antes de ser designados, tuvieran una acreditada experiencia profesional que les permitiera dedicar sólo una parte de su vida a la política activa.
Otro catedrático de la Universidad Autónoma, el mismo día, pero en "El Periódico", refiriéndose al escándalo centrado en el hijo de Nicolas Sarkozy (pero el comentario es perfectamente extrapolable a nuestro país) deploraba igualmente la falta de preparación y de experiencia profesional de los políticos.
A mi juicio, todo está ligado por un error de nuestra sociedad: hemos dejado de valorar el conocimiento y la experiencia. Hoy en día, la sociedad española (quizá no sólo ella) valora únicamente la fama, conseguida como consecuencia de la aparición en los medios de comunicación (son famosos porque salen en la tele, y salen en la tele porque son famosos), las facultades innatas (los deportistas de élite no conocen mejor la teoría y la técnica de su disciplina, ni se esfuerzan más, simplemente están mejor dotados) y el dinero, cualquiera que sea la forma en que se ha obtenido.
Por éso no se valora ni se respeta al maestro y los jóvenes carecen de motivación para estudiar: no es la vía para obtener lo que todos deseamos, una retribución digna y el respeto y aprecio de nuestros conciudadanos. Tenía razón la niña que, en un anuncio de una loción contra los piojos, afirmaba que ella quería ser famosa y salir en televisión insultando y siendo insultada: esta infame actividad es mucho más rentable que otras que antaño considerábamos más prestigiosas y benéficas para el conjunto de la ciudadanía.
Ya hace muchos años que Ortega y Gasset dio nombre a esta situación: la rebelión de las masas. El hombre masa (y la mujer masa, seamos políticamente correctos) cree que lo primero que se le ocurre, sin esforzarse siquiera en meditarlo o en formarse para tener un criterio recto, vale tanto como lo que, tras árduo estudio, pueda formular un experto en la materia de que se trate. No reconoce la superioridad, en ese campo concreto, del experto ni, por tanto, admite la necesidad de confiarle las decisiones importantes en dicho ámbito.
El político busca, por definición, el poder. Pero el político masa, o el que decide halagar a las masas (el demagogo) no reconoce la superioridad del experto. Confía únicamente en su propio y mal formado criterio o, lo que quizá sea peor, asume aquella postura que considera más popular entre los componentes de la masa, que tampoco reconoce superior, a fin de obtener votos.
La respuesta, por tanto, no debe ser únicamente exigir una formación y una experiencia profesional a los aspirantes a cargos públicos, sino que exige un cambio más radical: que volvamos a reconocer y valorar la importancia del conocimiento y la experiencia en todos los ámbitos de la vida. Incluso para introducir innovaciones revolucionarias es imprescindible conocer aquello que se quiere cambiar.
El mismo autor, el martes, 3 de noviembre, también en "La Vanguardia" contestaba una carta de un lector expresando su opinión de que sería bueno que los cargos públicos, antes de ser designados, tuvieran una acreditada experiencia profesional que les permitiera dedicar sólo una parte de su vida a la política activa.
Otro catedrático de la Universidad Autónoma, el mismo día, pero en "El Periódico", refiriéndose al escándalo centrado en el hijo de Nicolas Sarkozy (pero el comentario es perfectamente extrapolable a nuestro país) deploraba igualmente la falta de preparación y de experiencia profesional de los políticos.
A mi juicio, todo está ligado por un error de nuestra sociedad: hemos dejado de valorar el conocimiento y la experiencia. Hoy en día, la sociedad española (quizá no sólo ella) valora únicamente la fama, conseguida como consecuencia de la aparición en los medios de comunicación (son famosos porque salen en la tele, y salen en la tele porque son famosos), las facultades innatas (los deportistas de élite no conocen mejor la teoría y la técnica de su disciplina, ni se esfuerzan más, simplemente están mejor dotados) y el dinero, cualquiera que sea la forma en que se ha obtenido.
Por éso no se valora ni se respeta al maestro y los jóvenes carecen de motivación para estudiar: no es la vía para obtener lo que todos deseamos, una retribución digna y el respeto y aprecio de nuestros conciudadanos. Tenía razón la niña que, en un anuncio de una loción contra los piojos, afirmaba que ella quería ser famosa y salir en televisión insultando y siendo insultada: esta infame actividad es mucho más rentable que otras que antaño considerábamos más prestigiosas y benéficas para el conjunto de la ciudadanía.
Ya hace muchos años que Ortega y Gasset dio nombre a esta situación: la rebelión de las masas. El hombre masa (y la mujer masa, seamos políticamente correctos) cree que lo primero que se le ocurre, sin esforzarse siquiera en meditarlo o en formarse para tener un criterio recto, vale tanto como lo que, tras árduo estudio, pueda formular un experto en la materia de que se trate. No reconoce la superioridad, en ese campo concreto, del experto ni, por tanto, admite la necesidad de confiarle las decisiones importantes en dicho ámbito.
El político busca, por definición, el poder. Pero el político masa, o el que decide halagar a las masas (el demagogo) no reconoce la superioridad del experto. Confía únicamente en su propio y mal formado criterio o, lo que quizá sea peor, asume aquella postura que considera más popular entre los componentes de la masa, que tampoco reconoce superior, a fin de obtener votos.
La respuesta, por tanto, no debe ser únicamente exigir una formación y una experiencia profesional a los aspirantes a cargos públicos, sino que exige un cambio más radical: que volvamos a reconocer y valorar la importancia del conocimiento y la experiencia en todos los ámbitos de la vida. Incluso para introducir innovaciones revolucionarias es imprescindible conocer aquello que se quiere cambiar.
viernes, 9 de enero de 2009
Leyes
La reacción más común al enjuiciamiento del lehendakari Ibarretxe y otros políticos consiste en considerarlo una barbaridad perpetrada por unos jueces obtusos y cerrilmente franquistas.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20090109/53614151656.html
Tal vez, dicho procesamiento sea un despropósito. Pero no se presta atención a un punto fundamental: ¿Es acorde con las leyes vigentes ese procesamiento? ¿Tiene un fundamento jurídico, aunque después se resuelva en el archivo de la causa o en una sentencia absolutoria?
Si la normativa vigente exige ese juicio por apreciar indicios de delito en la conducta de los políticos afectados, lo que constituye un despropósito es exigir la inaplicación de la ley por razones políticas y, en particular, por la condición de políticos en ejercicio de los encausados.
Tal vez, efectivamente, esa ley esté mal hecha, sea un auténtico despropósito. En ese caso, lo que procede es derogarla o modificarla. Y no se ha de olvidar que esa ley la hicieron los políticos que ahora se quejan, culpando a los jueces. Y que la hicieron como está por razones estrictamente políticas, que son las únicas que entienden, las únicas que atienden. O sea, que hay que recordarles la necesidad de estar a las duras y a las maduras.
Por supuesto, si la ley no permite encontrar en la conducta de los imputados indicios de delito, se han de depurar las posibles responsabilidades: podría, incluso, existir un delito de prevaricación en los titulares de los órganos judiciales que hubieran encausado a unos ciudadanos en ausencia de esos indicios, más aún si lactuaron así por motivaciones políticas.
Ahora bien, vigente una ley procede recordar y aplicar el tradicional brocardo: dura lex, sed lex. El principio de legalidad es uno de los presupuestos fundamentales de una sociedad democrática. Dejar de aplicar una ley vigente supone una erosión del Estado de Derecho. Hacerlo en beneficio de un político es el camino directo a la dictadura.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20090109/53614151656.html
Tal vez, dicho procesamiento sea un despropósito. Pero no se presta atención a un punto fundamental: ¿Es acorde con las leyes vigentes ese procesamiento? ¿Tiene un fundamento jurídico, aunque después se resuelva en el archivo de la causa o en una sentencia absolutoria?
Si la normativa vigente exige ese juicio por apreciar indicios de delito en la conducta de los políticos afectados, lo que constituye un despropósito es exigir la inaplicación de la ley por razones políticas y, en particular, por la condición de políticos en ejercicio de los encausados.
Tal vez, efectivamente, esa ley esté mal hecha, sea un auténtico despropósito. En ese caso, lo que procede es derogarla o modificarla. Y no se ha de olvidar que esa ley la hicieron los políticos que ahora se quejan, culpando a los jueces. Y que la hicieron como está por razones estrictamente políticas, que son las únicas que entienden, las únicas que atienden. O sea, que hay que recordarles la necesidad de estar a las duras y a las maduras.
Por supuesto, si la ley no permite encontrar en la conducta de los imputados indicios de delito, se han de depurar las posibles responsabilidades: podría, incluso, existir un delito de prevaricación en los titulares de los órganos judiciales que hubieran encausado a unos ciudadanos en ausencia de esos indicios, más aún si lactuaron así por motivaciones políticas.
Ahora bien, vigente una ley procede recordar y aplicar el tradicional brocardo: dura lex, sed lex. El principio de legalidad es uno de los presupuestos fundamentales de una sociedad democrática. Dejar de aplicar una ley vigente supone una erosión del Estado de Derecho. Hacerlo en beneficio de un político es el camino directo a la dictadura.
jueves, 25 de diciembre de 2008
Sanciones a jueces
Un lector pide que le expliquen el desequilibrio entre las sanciones impuestas al juez que no ejecutó una sentencia firme por pederastia (la situación de libertad permitió al condenado asesinar a una niña) y al que ralentizó el trámite de una adopción porque la adoptante era la novia de la madre del menor.(http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081225/53605803840.html
No se si tengo humor y sentido común suficientes, pero voy a intentar explicárselo.
El juez que tramitaba la adopción incumplió las normas procesales consciente y voluntariamente, por su opción ideológica contraria a la homosexualidad. Con ello, infringió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohibe establecer diferencias por razón de opción sexual. Evidentemente, tratándose de un juez, no cabe alegar ignorancia, por lo que su responsabilidad es plena.
El juez Tirado no se negó a ejecutar la sentencia. Simplemente, por la carga de trabajo de su juzgado y la desorganización del mismo, perdió de vista que tenía esa ejecución pendiente. Su falta puede calificarse como negligencia.
En Derecho, el incumplimiento voluntario de una norma, lo que se denomina "dolo" se considera más grave que la imprudencia o negligencia, lo que se conoce como "culpa". Ahí puede estar la razón técnica de la diferencia entre ambas sanciones. No olvidemos que la muerte de la pequeña Mari Luz no se puede imputar al juez Tirado, sino que es responsabilidad exclusiva del asesino.
Ahora bien, hay muchos otros elementos a considerar. Por una parte, ¿es justa la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales a efectos de adopción? Un sector importante de la sociedad no lo cree así. Quizá, si tuviesen el poder, cambiarían la Ley, haciendo lícita la conducta del juez al que se impuso la sanción más grave.
Otro aspecto importante es la desigualdad entre las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria del juzgado, por la misma infracción, la falta de ejecución de la sentencia.
Pero, sobre todo, la postura de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se explica por otro factor. La sobrecarga de trabajo de los juzgados, los frecuentes cambios de titular, la insuficiente informatización, la falta de conexión electrónica entre los distintos juzgados y entre éstos, la Policía y la Administración penitenciaria figuran entre las causas de la falta de ejecución de la sentencia contra el pederasta. Estas carencias se deben a los políticos que rigen y han regido el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los que han propuesto y aprobado los presupuestos que no han permitido modernizar la Administración de Justicia y hacerla eficaz y más justa.
Estos políticos son los que ahora, al ponerse de manifiesto su mala gestión, quieren imputar las culpas exclusivamente al juez y a la secretaria, para que nadie hable de ellos. Que pague el más débil, en definitiva, que haya un chivo expiatorio. A ésto se oponen los miembros del CGPJ.
Desde esta perspectiva, quizá la sanción al juez Tirado sea justa; quizá, incluso, excesiva en comparación con la nula sanción impuesta a los políticos coautores de la falta. Y, en los presupuestos para 2009, no se proveen fondos para la imprescindible reforma de la justicia: los políticos insisten en hacer posibles situaciones como la que comentamos. En términos jurídicos, un auténtico delito continuado.
No se si tengo humor y sentido común suficientes, pero voy a intentar explicárselo.
El juez que tramitaba la adopción incumplió las normas procesales consciente y voluntariamente, por su opción ideológica contraria a la homosexualidad. Con ello, infringió el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohibe establecer diferencias por razón de opción sexual. Evidentemente, tratándose de un juez, no cabe alegar ignorancia, por lo que su responsabilidad es plena.
El juez Tirado no se negó a ejecutar la sentencia. Simplemente, por la carga de trabajo de su juzgado y la desorganización del mismo, perdió de vista que tenía esa ejecución pendiente. Su falta puede calificarse como negligencia.
En Derecho, el incumplimiento voluntario de una norma, lo que se denomina "dolo" se considera más grave que la imprudencia o negligencia, lo que se conoce como "culpa". Ahí puede estar la razón técnica de la diferencia entre ambas sanciones. No olvidemos que la muerte de la pequeña Mari Luz no se puede imputar al juez Tirado, sino que es responsabilidad exclusiva del asesino.
Ahora bien, hay muchos otros elementos a considerar. Por una parte, ¿es justa la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales a efectos de adopción? Un sector importante de la sociedad no lo cree así. Quizá, si tuviesen el poder, cambiarían la Ley, haciendo lícita la conducta del juez al que se impuso la sanción más grave.
Otro aspecto importante es la desigualdad entre las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria del juzgado, por la misma infracción, la falta de ejecución de la sentencia.
Pero, sobre todo, la postura de los jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial se explica por otro factor. La sobrecarga de trabajo de los juzgados, los frecuentes cambios de titular, la insuficiente informatización, la falta de conexión electrónica entre los distintos juzgados y entre éstos, la Policía y la Administración penitenciaria figuran entre las causas de la falta de ejecución de la sentencia contra el pederasta. Estas carencias se deben a los políticos que rigen y han regido el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas y a los que han propuesto y aprobado los presupuestos que no han permitido modernizar la Administración de Justicia y hacerla eficaz y más justa.
Estos políticos son los que ahora, al ponerse de manifiesto su mala gestión, quieren imputar las culpas exclusivamente al juez y a la secretaria, para que nadie hable de ellos. Que pague el más débil, en definitiva, que haya un chivo expiatorio. A ésto se oponen los miembros del CGPJ.
Desde esta perspectiva, quizá la sanción al juez Tirado sea justa; quizá, incluso, excesiva en comparación con la nula sanción impuesta a los políticos coautores de la falta. Y, en los presupuestos para 2009, no se proveen fondos para la imprescindible reforma de la justicia: los políticos insisten en hacer posibles situaciones como la que comentamos. En términos jurídicos, un auténtico delito continuado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)