Elecciones 27 S

Lo primero que se ha de decir de los resultados de las elecciones al Parlament del 27 de septiembre de 2015 es que ganó ampliamente la lista de Junts pel sí. Esto, que parece una perogrullada, hay que decirlo porque, como de costumbre, todas las formaciones han pretendido aparecer como victoriosas y presentar a los adversarios como perdedores.

Después, hay que señalar que no se ha tratado de un plebiscito. Dos formaciones se han negado a entrar en el juego planteado por los independentistas y alinearse con el sí o el no a la independencia: UDC ha venido a decir que ellos no quieren la independencia en la forma propuesta por Junts pel sí, lo que no significa forzosamente que en un referéndum hubiesen votado en contra. Por su parte, Catalunya sí que es por no se ha pronunciado claramente y, al parecer, incluye partidarios de ambas opciones.

Por tanto, no se pueden contar exactamente los partidarios de la independencia y los contrarios a ella. Pero las elecciones han dejado claro que hay un gran número de ciudadanos de Cataluña con derecho a voto que apuestan por la constitución de un estado catalán independiente y otro gran número de partidarios de mantener a Cataluña dentro de España. Ambos grupos, próximos a la mitad del electorado, lo que supone un país polarizado, si no dividido.

Esta polarización en torno a dos posturas antagónicas puede dar lugar a un conflicto serio, que determine no solo la ingobernabilidad política, sino divisiones irreconciliables entre quienes comparten vecindad, amistades o vínculos familiares. Y eso se habría de evitar a toda costa.

La única solución es llegar a un equilibrio, una componenda que beneficie a ambas partes, aunque no satisfaga a ninguna. Y esta solución exige inexcusablemente cesiones por parte de todos. Ahora bien, en los términos en que se ha planteado, independencia si o no, blanco o negro, no es posible llegar a un acuerdo. Solo cabe la prevalencia de una de las dos posturas, y el aplastamiento de la otra.

Pero, en realidad, la cuestión está mal planteada en estos términos. Una Cataluña independiente, dentro de la Unión Europea y manteniendo una relación cordial con España no sería sustancialmente distinta de la actual. Los catalanes no votarían en las elecciones a las Cortes generales, algunas políticas, no regidas por las instituciones europeas, serían divergentes, y poco más.

Lo que está en juego no es la independencia, sino algo que va más allá: el modelo de país que queremos. Los independentistas quieren la independencia para construir la nación catalana, un país de lengua y cultura exclusivamente catalanas (bueno, el inglés sería segunda lengua), emocionalmente centrado tan solo en Cataluña y depurado de cualquier contaminación española.

Frente a este proyecto, respetable pero no obligatorio, ¿qué ofrecen los partidarios de la unión? Los nacionalistas catalanes responden que un proyecto diametralmente opuesto al suyo: una Cataluña construida a imagen y semejanza de Castilla en lengua, cultura y demás elementos con carga emocional. Así, pretenden convencernos de que la verdadera opción es la planteada en las que denominaron elecciones plebiscitarias: independencia sí o no, nacionalismo catalán o nacionalismo español.

Pero, en realidad, la mayoría de quienes han votado las listas que se oponen a la independencia de Cataluña no son partidarios de ese proyecto nacionalista español. Son, somos, personas con vínculos emocionales con España y con Cataluña, mayoritariamente bilingües, que rechazamos tanto la intransigencia del nacionalismo catalán como el orgullo trasnochado del nacionalismo español. Que creemos que la aportación de la inmigración enriquece la herencia autóctona, en lugar de desmerecerla. Que no pretendemos privar a nadie de su lengua o sus sentimientos, pero tampoco queremos que otros nos impongan los suyos.

Sobre esta base es posible la resolución del conflicto. Lo sería, incluso, tanto en una Cataluña independiente como en una Cataluña vinculada a España. Ahora bien, es imprescindible renunciar a la imposición de ambas posturas extremas. Solo la koiné, el mestizaje puede mantener la convivencia.

Autonomía

Comenta el Director de "La Vanguardia" la orden impartida por Mariano Rajoy a las autonomías gobernadas por el PP de no modificar el tramo autonómico del IRPF, a diferencia de lo que hacen las comunidades gobernadas por el PSOE, incluida Cataluña. Añade que la elevación del impuesto autonómico es un dislate que crea agravios y pregunta por qué Cataluña aumenta el impuesto, como hacen autonomías pobres, en lugar de actuar como otras similares a ella, como Valencia o Madrid.

La discusión de fondo es bien conocida: en una situación en que la deuda de España ha superado los límites que se entienden prudentes, encareciendo y dificultando el crédito exterior, la presión internacional exige a nuestro país reducir el déficit público, sobre el que puede influir decisivamente el Gobierno, ya que no es posible reducir el endeudamiento privado (de eso ya se encarga el mercado).

El Gobierno ha optado por una reducción del gasto público y un aumento de los ingresos tributarios: en el caso estatal, sobre todo el IVA. Las Comunidades gobernadas por los socialistas se suman a esta política, actuando sobre el IRPF, un impuesto en el que tienen cierta capacidad normativa, que tiene gran generalidad (afecta a prácticamente todos los ciudadanos) y ofrece la mayor capacidad recaudatoria (y, además, lo recauda el Estado, con lo que políticamente se nota menos que el incremento ha sido acordado por el Gobierno autonómico).

Frente a esta política, el PP insiste en una reducción del gasto público, que no ha concretado, y en mantener los impuestos bajos, incluso reducirlos, lo que debería dar lugar a una mayor disponibilidad de fondos para la inversión y el consumo, generando una reactivación de la economía y, como consecuencia, unos mayores ingresos impositivos que, junto a la reducción del gasto, disminuirían el déficit público. En cambio, afirman que la política socialista drena los recursos disponibles para la creación de demanda y para responder a la existente, agravando y alargando la crisis.

Hay que decir que los conservadores obvian un punto importante: la inversión sólo se producirá si hay confianza y, para generarla, las acciones del Gobierno son cruciales. Los mercados no confiarían en un futuro incremento de la demanda a resultas del mantenimiento o reducción de los impuestos, por lo que exigirían una mayor reducción del gasto público, que sólo sería posible mediante restricciones aun más duras de las prestaciones sociales, de la inversión pública y de los sueldos de los funcionarios.

Pero no es este debate económico lo que centra nuestra atención. El Director de "La Vanguardia" dice que el incremento del IRPF, además de ser un dislate (lo que supone una toma de partido perfectamente legítima en el debate expuesto) genera agravios.

"La Vanguardia" es un diario curioso, ya que defiende el nacionalismo catalán, pero en lengua castellana, lo que constituye una evidente contradicción. El nacionalismo catalán presupone una diferencia esencial de Cataluña respecto de España y pretende que esa diferencia se traduzca en una amplia autonomía política; que esa autonomía alcance o no la creación de un Estado independiente ya es cuestión de estrategia política aunque, atendiendo al punto de partida, es una conclusión evidente.

Pues bien, el que el Gobierno catalán ejerza su autonomía diseñando una política fiscal propia, distinta de la que adoptan otras Comunidades Autónomas, similares o no, debería satisfacer a los nacionalistas. El concepto de agravio tiene sentido si un tercero trata igual a los que son diferentes o desigualmente a quienes son iguales, pero no si un grupo adopta, para sí mismo, decisiones distintas de las asumidas en su entorno. Estas decisiones podrán ser acertadas o erróneas, pero no implican ningún agravio, sino, precisamente, el ejercicio de la autonomía que, parece que no se ha repetido bastante, implica responsabilidad.

En cuanto a la pregunta que cierra el editorial del Sr. Antich, hay varias respuestas posibles. La más evidente es que, tanto el Gobierno como la oposición (en España y en Cataluña) no discuten sobre política económica, sino sobre política a secas. Que a los conservadores sólo les importa alcanzar el poder, aunque ello implique un mayor deterioro de la economía, mientras a los que gobiernan la crisis sólo les importa en cuanto condiciona la forma de conseguir mantenerse en el poder.

O también cabría comparar los esquemas de gasto público de Cataluña con los de otras Comunidades, y ver si el proyecto catalán requiere más o menos recursos de los otros. Si la política del tripartito se basa en mayor o menor medida que otras en la compra de bienes y servicios, el pago de subvenciones u otros conceptos que requieren insoslayablemente del gasto de recursos públicos.

Sucesiones

Como sucede frecuentemente, hoy, 5 de febrero, La Vanguardia publica una carta contra el Impuesto sobre Sucesiones. Esta carta resalta que la supresión del impuesto en otras Comunidades y su mantenimiento en Cataluña es un atentado al principio de igualdad.

http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090119/53620796761.html

http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090204/53632695628.html

http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090205/53633820251.html

Tradicionalmente se dice que el Impuesto sobre Sucesiones grava una capacidad económica que ya ha tributado en origen (por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), por lo que supone una doble imposición. También se afirma que puede tener un efecto desincentivador del esfuerzo, ya que el individuo estaría dispuesto a trabajar en beneficio de sus descendientes, pero no del Estado.

Por el contrario, se afirma que es un mecanismo que favorece la igualdad de oportunidades, ya que no todos los individuos reciben gratuitamente la ayuda de un padre o abuelo acaudalado, de forma que su exacción reduce la ventaja y permite financiar políticas compensatorias (como becas de estudios para los hijos de familias menesterosas). Ciertamente, en muchos casos el heredero, lejos de estar desvalido y sin perjuicio de sus sentimientos, al heredar obtiene un beneficio que él no ha merecido.

También es verdad que las exenciones que nuestra legislación reconoce y las posibilidades de planificación fiscal de que disponen las personas pudientes hacen que el impuesto grave especialmente a las clases medias, no a los poderosos.

Lo que no se puede afirmar es que las diferencias entre Comunidades Autónomas son un atentado contra la igualdad. Mejor dicho, para éso se crearon las Comunidades: para establecer diferencias. Políticas diferentes, tanto en la vertiente del gasto como en la de los ingresos públicos. Diferencias en la gestión de los servicios públicos, pero también diferencias en su financiación.

Caben varias posibilidades: las Comunidades que han suprimido el Impuesto sobre Sucesiones pueden obtener financiación de otras fuentes (de otros tributos, que no se exigen en Cataluña); pueden realizar una mejor gestión, reduciendo conceptos de gasto; o pueden acudir al endeudamiento, haciendo que paguen los servicios que hoy se prestan las generaciones futuras: los que se beneficiarán de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, precisamente (el endeudamiento de Madrid duplica al de Cataluña).

Por tanto, hay que elegir: igualdad o autonomía. Pero, cualquiera que sea la elección, hay que estar a las duras y a las maduras: pretender que una elección no tenga aspectos negativos es infantil. Y si la política de nuestro Gobierno no nos gusta, hay que mostrarlo en las urnas, votando quien ofrezca una política diferente. Con otros costes, claro está.

Autonomías

Toni Soler. LA VANGUARDIA 04/01/2009 Pag. 19

¿CAFÉ PARA NADIE?

ENCUESTAS. Se comenta con cierto
asombro el buen resultado que los sondeos
pronostican para Unión Progreso
y Democracia (UPyD), pero si uno asoma
la nariz por cierta prensa madrileña
se dará cuenta de que el partido de Rosa
Díez cabalga a lomos de una nueva
campaña patriótica, que tiene por objeto
denunciar el chantaje nacionalista, el
entreguismo del PSOE y la apatía de Mariano
Rajoy. El objetivo de esta campaña,
por supuesto, no es encumbraraRosa
Díez, sino hundir a Rajoy para que
vuelva el aznarismo, encarnado por Esperanza
Aguirre. Un aznarismo de verdad,
el de la mayoría absoluta, no el aznarismo
light acordado con CiU y PNV.
Para que eso ocurra, hay que conseguir
que los partidos nacionalistas dejen de
ser decisivos, cambiando la ley electoral,
o colgándolos de algún sitio, como
diría Fraga. Una vez conseguido esto, el
PP en el gobierno debería liderar la paralización
(o el desmantelamiento) del
Estado de las autonomías, ese pozo sin
fondo que sólo sirve para destruir España,
encumbrar a califas y reyezuelos, y
malgastar los caudales públicos. Esta es
la tesis, la misma que inspiró la Loapa
tras el 23-F. De momento, ni ZP ni Rajoy
la compran, porque no les gusta, o
porque creen que más pronto que tarde
necesitarán a CiU para gobernar.
FEDERALISMO. Cuando se habla entre risitas
de las embajadas de Carod, los extras
del coche de Benach o de las subvenciones
para el fomento del catalán
en el Rosellón (curiosamente, Esquerra
está detrás en los tres casos), se está
transmitiendo el mensaje de que las autonomías
son una patochada cantonalista.
Pero tras esta caricatura subyace
una corriente de opinión mucho más
elaborada, que considera que la generalización
del modelo impuesto por el Estatuto
catalán lleva directamente al desastre.
Lo cual podría ser cierto, ya se está
viendo estos días, con la discusión del
modelo financiero, llevado a cabo a través
de un bosque de relaciones bilaterales.
El único principio inmutable es la
igualdad entre autonomías (excepto las
forales, claro), lo cual es erróneo, injusto
e irreal. ¿De quién es la culpa? Pues
en gran parte, de los federalistas catalanes,
desde Pi i Margall hasta P. Maragall,
que han pretendido superar la dialéctica
entre nacionalismos y arreglar
España a base de extender y fotocopiar
el problema catalán, imponiendo un esquema
autonómico que en España nadie
pedía, y que Catalunya, por supuesto,
pone eternamente en cuestión, para
desespero de la gran mayoría de la población
española, que estaba la mar de
bien con sus diputaciones y sus gobernadores
civiles. Todo esto es lo que da
aliento al partido de Rosa Díez.
PATOLOGÍA. La España autonómica es
un galimatías, tiene una superestructura
hinchada, un empacho de altos cargos,
símbolos, leyes y singularidades
multiplicadas por 17. Catalunya se lleva
todos los palos porque exige y exige, pero
todo lo que consigue para sí, lo obtienen
gratis las demás, que ni siquiera lo
pedían. Lo cual acerca España al caos,
pero sin contentaraCatalunya, pues Catalunya
no quiere sólo recursos y competencias
para gobernarse: también
quiere ser diferente, quiere ser un sujeto
político, como le ocurre a cualquier
nación que se precie. He aquí lo que España
considera intolerable. O sea, que
lo que ocurre es culpa suya: el patriotismo
español prefiere poner en jaque la
estructura del Estado, antes que aceptar
la singularidad catalana, como en su
momento aceptó la singularidad vasca.
Es un comportamiento absurdo y patológico,
que esconde una mezcla de miedo,
complejos y autoritarismo. Si yo quisiera
arreglar España, creo que empezaría
por ahí.

Toni Soler viene a afirmar que las autonomías son innecesarias y negativas, salvo en el caso de Cataluña, porque Cataluña es una nación. Por ello debe ver reconocida su singularidad mediante un régimen especial dentro del Estado español.

Ahora bien, Cataluña no es una nación. Si bien no hay acuerdo acerca del concepto de nación, ha de tratarse de un grupo social al que una característica determinada hace homogéneo en el interior y lo diferencia hacia el exterior, de los restantes grupos. Por supuesto, la diferencia ha de tener una determinada entidad y, quizá, una determinada naturaleza. En el caso catalán, el denominado "hecho diferencial" es de carácter cultural y, básicamente, lingüístico.

Pues bien, según la página web de la Generalitat, en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de otros. Es decir, más de la mitad de la población no participa del hecho diferencial. Es evidente que Cataluña no puede ser una nación.

No vale echar mano de la historia y afirmar que Cataluña es una nación porque lo fue una vez, hace siglos. Primero, porque los muertos no pueden prevalecer sobre los vivos. Y segundo, porque se trataría de un período histórico elegido por un determinado grupo en función de sus intereses.

Los correligionarios del Sr. Soler, los nacionalistas de todos los partidos, pretenden, precisamente, crear esa nación catalana que, hoy por hoy, no existe, generando esa homogeneidad interior y esa diferencia frente al exterior cuya ausencia excluye que Cataluña sea una nación. De ahí su interés en ver reconocida la diferencia: si se reconoce a Cataluña un régimen diferenciado, se está estableciendo efectivamente una diferencia real, que podrá sustituir al aún insuficiente hecho diferencial o añadirse a él.

La autonomía, el autogobierno, supone la capacidad de decidir, y esa capacidad la tienen las instituciones catalanas en una amplia medida, tanto con el Estatuto actual como con el anterior. El uso de esa capacidad, para realizar una política propia debería ser la principal prioridad de esas instituciones (y la obtención de una financiación adecuada el presupuesto de su ejercicio). Pero, en lugar de esa política propia, adecuada a las diferencias reales, la primera preocupación de nuestros políticos es obtener el reconocimiento de una diferencia de la que ellos mismos dudan. La pretensión de que los otros la reconozcan es la mejor prueba de su inseguridad.