Elecciones 27 S

Lo primero que se ha de decir de los resultados de las elecciones al Parlament del 27 de septiembre de 2015 es que ganó ampliamente la lista de Junts pel sí. Esto, que parece una perogrullada, hay que decirlo porque, como de costumbre, todas las formaciones han pretendido aparecer como victoriosas y presentar a los adversarios como perdedores.

Después, hay que señalar que no se ha tratado de un plebiscito. Dos formaciones se han negado a entrar en el juego planteado por los independentistas y alinearse con el sí o el no a la independencia: UDC ha venido a decir que ellos no quieren la independencia en la forma propuesta por Junts pel sí, lo que no significa forzosamente que en un referéndum hubiesen votado en contra. Por su parte, Catalunya sí que es por no se ha pronunciado claramente y, al parecer, incluye partidarios de ambas opciones.

Por tanto, no se pueden contar exactamente los partidarios de la independencia y los contrarios a ella. Pero las elecciones han dejado claro que hay un gran número de ciudadanos de Cataluña con derecho a voto que apuestan por la constitución de un estado catalán independiente y otro gran número de partidarios de mantener a Cataluña dentro de España. Ambos grupos, próximos a la mitad del electorado, lo que supone un país polarizado, si no dividido.

Esta polarización en torno a dos posturas antagónicas puede dar lugar a un conflicto serio, que determine no solo la ingobernabilidad política, sino divisiones irreconciliables entre quienes comparten vecindad, amistades o vínculos familiares. Y eso se habría de evitar a toda costa.

La única solución es llegar a un equilibrio, una componenda que beneficie a ambas partes, aunque no satisfaga a ninguna. Y esta solución exige inexcusablemente cesiones por parte de todos. Ahora bien, en los términos en que se ha planteado, independencia si o no, blanco o negro, no es posible llegar a un acuerdo. Solo cabe la prevalencia de una de las dos posturas, y el aplastamiento de la otra.

Pero, en realidad, la cuestión está mal planteada en estos términos. Una Cataluña independiente, dentro de la Unión Europea y manteniendo una relación cordial con España no sería sustancialmente distinta de la actual. Los catalanes no votarían en las elecciones a las Cortes generales, algunas políticas, no regidas por las instituciones europeas, serían divergentes, y poco más.

Lo que está en juego no es la independencia, sino algo que va más allá: el modelo de país que queremos. Los independentistas quieren la independencia para construir la nación catalana, un país de lengua y cultura exclusivamente catalanas (bueno, el inglés sería segunda lengua), emocionalmente centrado tan solo en Cataluña y depurado de cualquier contaminación española.

Frente a este proyecto, respetable pero no obligatorio, ¿qué ofrecen los partidarios de la unión? Los nacionalistas catalanes responden que un proyecto diametralmente opuesto al suyo: una Cataluña construida a imagen y semejanza de Castilla en lengua, cultura y demás elementos con carga emocional. Así, pretenden convencernos de que la verdadera opción es la planteada en las que denominaron elecciones plebiscitarias: independencia sí o no, nacionalismo catalán o nacionalismo español.

Pero, en realidad, la mayoría de quienes han votado las listas que se oponen a la independencia de Cataluña no son partidarios de ese proyecto nacionalista español. Son, somos, personas con vínculos emocionales con España y con Cataluña, mayoritariamente bilingües, que rechazamos tanto la intransigencia del nacionalismo catalán como el orgullo trasnochado del nacionalismo español. Que creemos que la aportación de la inmigración enriquece la herencia autóctona, en lugar de desmerecerla. Que no pretendemos privar a nadie de su lengua o sus sentimientos, pero tampoco queremos que otros nos impongan los suyos.

Sobre esta base es posible la resolución del conflicto. Lo sería, incluso, tanto en una Cataluña independiente como en una Cataluña vinculada a España. Ahora bien, es imprescindible renunciar a la imposición de ambas posturas extremas. Solo la koiné, el mestizaje puede mantener la convivencia.

Cataluña, ¿una nación?

Un lector llamado Xavier Botet defiende en una carta a "La Vanguardia" que Cataluña es una nación.

Cita, para aclarar el concepto de nación, la definición del diccionario de la Real Academia Española, cuya tercera acepción dice así: Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.

La encuesta de usos lingüísticos del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña, dependiente de la Generalidad) nos dice que hablan catalán el 37 % de los habitantes de Cataluña; castellano, el 46 % y ambas lenguas indistintamente, el 12 %; el resto, hablan diversas lenguas (los datos son aproximadamente los mismos para lengua habitual y lengua de identificación; para la lengua inicial, la población de habla catalana desciende al 31% y la de lengua castellana asciende al 55%).

Es evidente que, según la definición que asume el Sr. Botet, Cataluña no es una nación, ya que su población habla dos lenguas diferentes y, mayoritariamente, se decanta por aquélla que comparte con otras zonas del Estado (si asignamos el 12% de bilingües por mitades a los grupos de hablantes de catalán y de castellano, éstos superan el 50 % de la población).

Pero el Sr. Botet y los que piensan como él pueden afirmar que sólo forman Cataluña los catalanoparlantes; que los castellanoparlantes, los charnegos, somos y seremos siempre extranjeros, salvo que renunciemos a nuestra lengua y adoptemos la suya. Le acepto el argumento, siempre que no extraiga consecuencias políticas de ese carácter de nación de los catalanoparlantes: imponer cualquier medida ignorando a la mayoría de la población resulta totalmente antidemocrático.

Aun cabe un tercer planteamiento, y el Sr. Botet lo menciona de pasada en su carta. Cataluña sería una nación porque históricamente sus habitantes compartían una lengua y una cultura, pese a que en la actualidad no sea así. Esta solución es, como la anterior, antidemocrática, ya que atribuiría a los muertos más derechos que a los vivos para configurar la sociedad en la que, por definición, sólo estos últimos han de vivir.

Pero, además, si los habitantes de la Cataluña del siglo XXI están vinculados por lo que sucedió en, pongamos, el siglo XVII, o el siglo XII, ¿por qué no pasaría lo mismo con éstos? Antes que el catalán, en esta zona geográfica se habló el latín, y antes las lenguas ibéricas, que hoy se desconocen. ¿Por qué los habitantes de la Cataluña del siglo X tendrían derecho a abandonar la lengua de sus ancestros y los del siglo XXI no?

Por tanto, creo que lo mejor es olvidar el concepto de nación como fundamento de la organización política. Los ciudadanos que hoy vivimos en Cataluña hemos de construir una sociedad y unas instituciones en las que quepamos todos, democráticamente y sin imposiciones basadas, en el fondo, no en la realidad (la estadística citada es concluyente), sino en los sentimientos (los nacionalistas pretenden, en último término, justificar la imposición de una sociedad que satisfaga sus sentimientos, prescindiendo de los sentimientos de los otros).

¿Y España? Pues, lo mismo. No construyamos desde los sentimientos de unos, imponiéndolos a los demás. Tratemos de hacer un país en que todos podamos vivir, atendiendo a la realidad, no a los sueños. Y, si realmente existe un deseo colectivo, mayoritario,de independiencia, real, no soñado, planteémoslo sensatamente. Pero nunca olvidemos la realidad, sustituyéndola por nuestros deseos.

Integración

El artículo de Quim Monzó en La Vanguardia de hoy, 4 de marzo, pone de manifiesto algo real, que los inmigrantes no se sienten parte del país al que han llegado a vivir, pero usa el término "integración", un término con mucha carga.

http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20090304/53651687051/alla-donde-fueres-vive-en-tu-burbuja.html

Integrarse, para un nacionalista, quiere decir asumir la lengua, los valores y las costumbres del llamado país de acogida. Y digo del llamado país de acogida porque de acogida real, nada: hoy como ayer, el inmigrante tiene que buscarse la vida en el país al que llega sin que nadie le ayude.

Integración significa que hay unos señores, hoy como ayer los catalanes de toda la vida, que se consideran los dueños del país y, por tanto, creen tener derecho a imponer su lengua, creencias o costumbres a los recién llegados. Les "acogen" en su casa y, por tanto, los inmigrantes deben estarles agradecidos y manifestar ese agradecimiento abandonando su lengua, sus valores, sus costumbres y adoptando los de los catalanes de toda la vida (cuidado, y en Madrid, de los madrileños, en Euskadi de los euskaldunes, en Valencia de los valencianos...).

Pero los inmigrantes del siglo XX vinieron a Cataluña porque los empresarios catalanes necesitaban mano de obra barata para sus empresas y, al obtenerla, se enriquecieron. Y los inmigrantes necesitaron vivienda, alimentos, ropa, más tarde televisión, coche y segunda residencia y los compraron aquí, dando negocio a los empresarios catalanes y, en definitiva, enriqueciendo el país. Y, desde luego, ellos encontraron un trabajo, unos medios de vida y unas oportunidades de progreso que no tenían. Luego todos ganaron.

Así pues, los inmigrantes del siglo XX nada deben a quien no les acogió, sino que les contrató porque les necesitaba, igual que ellos necesitaban trabajo. No han de estar agradecidos, ya que nada se les dió: pagaron, con su trabajo o el dinero ganado por hacerlo todo lo que recibieron. Por tanto nadie tiene derecho a imponerles otra lengua, otros valores, otras costumbres que las que ellos mismos deseen.

Y lo mismo pasa con los inmigrantes del siglo XXI. Vienen porque les necesitamos para hacer trabajo que los europeos (los catalanes) no queremos hacer, al menos por ese sueldo. Y no tenemos derecho a imponerles otra cosa que el respeto a las leyes. Y podrán, si quieren, intervenir en la aprobación de esas leyes y, por tanto, modularlas para que reconozcan sus valores.

Es decir, que debemos ser coherentes. Si nos hemos enriquecido con el trabajo de los inmigrantes, no tenemos derecho a exigirles que "se integren". La integración llegará, como de hecho ha llegado con los inmigrantes del siglo XX, mediante la suma, la aportación de las lenguas, los valores y las costumbres de unos y otros, creando un país diferente del que existía anteriormente, aunque los nacionalistas se nieguen a aceptarlo y quieran imponer un país que sólo existe en su imaginación como la única alternativa aceptable por la ley natural. Cuando sólo podemos alegar la ley natural para exigir el respeto mútuo, de los catalanes de toda la vida por los inmigrantes y de éstos por aquéllos.

Castellano

Esta semana, creo que el lunes, La Vanguardia recogía un artículo que afirmaba que el castellano no corre peligro alguno en Cataluña y que nadie pretende erradicarlo del territorio catalán. Es cierto que el castellano goza, en Cataluña, ahora mismo de buena salud, pero ¿nadie pretende erradicarlo?

El dogma nacionalista sostiene que Cataluña es una nación distinta de España, como consecuencia de un hecho diferencial que no se define, pero es claramente de carácter cultural y fundamentalmente lingüístico; por ello, Cataluña tendría derecho a su autodeterminación.

Según las estadísticas de la Generalitat, en Cataluña hay un 48% de catalanoparlantes, un 43% de castellanoparlantes y un 9% de hablantes de otras lenguas. Falta, pues, la homogeneidad que implica el concepto mismo de nación. Por tanto, los nacionalistas se proponen la construcción nacional de Cataluña, es decir, la consecución de esa homogeneidad. Ésta, lógicamente, sólo puede consistir en la extensión del número de catalanoparlantes, a costa, obviamente, de reducir el número de castellanoparlantes.

A ello responde, evidentemente, la política lingüística de la Generalitat: utilización exclusiva del catalán, salvo en las relaciones con el resto de España (de España, en la terminología nacionalista); enseñanza exclusiva en catalán, sin excepciones; preocupación por el uso del castellano en el recreo de los colegios; impulso de la utilización del catalán en todos los ámbitos, más allá de garantizar el derecho de los catalanoparlantes; sanciones a quienes no rotulen los establecimientos en catalán, etc.

En conclusión, resulta claro que el nacionalismo pretende eliminar la utilización del castellano en el territorio catalán, en la medida en que ello sea posible y que a ello se aplican los poderes públicos catalanes. Se trata, simplemente de un modelo de convivencia, en el campo lingüístico, de un proyecto sostenido por una parte importante de la sociedad catalana y no hay razón alguna para negarlo u ocultarlo. Si ha de tener éxito o no, el tiempo lo dirá.