Opresión fiscal

Hoy, 13 de junio de 2013, el Vicedirector de "La Vanguardia" acaba su editorial titulado "¡Menudo día! con las siguientes palabras: Sobre el salvaje golpe propinado por el jacobinismo represor contra nuestro Messi, opinaremos si abandonamos la UCI.http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54375599070/index.html

Sin duda, el Sr. Abián considera que la querella por delito contra la Hacienda Pública presentada por el Fiscal contra Leo Messi y su padre constituye un ataque a Cataluña ordenado por la caverna nacionalista española a sus esbirros de las fuerzas de ocupación, la Fiscalía y Hacienda. En la Cataluña independiente que desea "La Vanguardia", ésto no pasaría.

¿Por qué no pasaría? Hay dos posibilidades. Según la versión, un tanto optimista, del portavoz de la Generalidad, en una Cataluña independiente los contribuyentes pagarían alegremente sus impuestos, porque la Agencia Tributaria catalana sería una institución modélica. Lo que ocurre ahora es que los defraudadores fiscales practican una política de resistencia activa contra la opresión española en el ámbito tributario y esta política no tendría razón de ser en una Cataluña independiente.

Más realista parece la segunda posibilidad: en una Cataluña independiente, se inspeccionaría a quien decidiese el Gobierno de la Generalidad que, naturalmente, se cuidaría muy mucho de dejar que la Agencia Tributaria de Cataluña molestase a quienes el poder político desea proteger.

O sea, que si algunos defraudadores son descubiertos y llevados a juicio en Cataluña es solo porque actúa la odiada Hacienda estatal. ¿Verdad, Sr. Millet?

Independencia, quizá. Democracia, seguro.

En términos generales, sin pensar todavía en el caso concreto, ¿qué puede hacer un estado democrático cuando una parte de sus ciudadanos, concentrados en una zona geográfica determinada, expresan su deseo muy mayoritario de separarse de dicho Estado y constituirse en un Estado independiente? Agreguemos que, además, tanto la parte que pretende separarse como el resto del Estado inicial son viables, es decir, que la separación no es imposible ni determina el estrangulamiento económico del la parte restante.

En nuestra opinión, un Estado democrático, en la anterior situación, no puede hacer otra cosa que admitir la separación. Que la parte que se oponga a la secesión obligue a una población a permanecer en el Estado contra su voluntad, en las condiciones expresadas, resulta contrario al concepto mismo de democracia, como gobierno del pueblo. Es, claramente una imposición similar, aunque no idéntica, a la colonial.

Ello es así incluso cuando la constitución del Estado se ha producido por vías democráticas, mediante la expresión de la voluntad mayoritaria de la población, incluida la que posteriormente pretende separarse. De otra forma estaríamos ante un plebiscito irrevocable que vincularía no sólo a los que tomaran parte en el mismo, sino también a las generaciones futuras que, obviamente, no participaron en él, y no podrían manifestar su voluntad al respecto.

En definitiva, entendemos que cualquier argumento que pretenda esgrimir el Estado para oponerse a la segregación, en las condiciones expuestas, se basará en pretendidos valores absolutos. Y no vemos que puedan ser aceptados otros valores absolutos que los más elementales: la vida humana y la democracia misma, básicamente (quizá algún otro; no es esa la cuestión). De igual manera que no admitimos la inevitabilidad de la secesión como consecuencia de que la parte que se pretende segregar constituya algo tan etéreo como una nación, no podemos admitir su inadmisibilidad porque el Estado constituya algo tan etéreo como una nación.

Pasando al caso concreto de Cataluña, no damos valor ni a la pretendida nación española, ni a la pretendida nación catalana. Sólo a la voluntad de los ciudadanos, conscientemente formada y libremente expresada. Y éste es el primer requisito que falla: los ciudadanos de Cataluña no han expresado su voluntad en relación con la independencia. Han votado a unos partidos, a unas personas; en menor medida, han votado unos programas o unas promesas que, realmente, todos sabemos que son pura palabrería electoral. Además, las leyes electorales no responden al principio "un hombre (una persona), un voto", sino que contienen reglas que traducen los votos en escaños de forma no proporcional.

Por tanto, si el Estado español pretende ser democrático, debe autorizar una consulta dirigida a conocer la voluntad de los ciudadanos de Cataluña acerca de la independencia que solicitan sus representantes. Sólo entonces podremos aplicar las reglas del juego democrático.

Además, convendría fijar algunos puntos, como el porcentaje que se ha de alcanzar para comenzar a hablar realmente de segregación. La mayoría es la mitad más uno, pero en cuestión tan grave parece conveniente exigir una mayoría reforzada, ya que, aunque no definitiva, la decisión ha de ser duradera y, sin duda, es trascendental.

También se habría de determinar qué ocurre si hay zonas diversas que arrojan resultados opuestos: si las tierras del Ebro son contrarias a la independencia, ¿podrían mantenerse en España? En nuestra opinión,sería tan antidemocrático imponerles la permanencia en Cataluña como imponer a una Cataluña mayoritariamente favorable a la independencia la permanencia en España. Pero, ¿y si fuese el Barcelonés contrario a la independencia? La zona más densamente poblada, la que genera más ingresos impositivos, la que tiene mayor población originaria de otras zonas del Estado, ¿puede ser arrastrada por el voto de la Cataluña rural?¿y si en el conjunto de Cataluña se alcanza la mayoría reforzada, pero no en esa zona concreta?

La Constitución española define a España como un Estado social y democrático de Derecho. El resto de su articulado viene a estructurar este Estado, a regular las formas en que la democracia se ha de materializar en medidas concretas. Entre estas formas se encuentra la reforma de la propia Constitución. Por tanto, el que la Constitución no permita la separación de Cataluña no es un impedimento real. Si, como creemos, la democracia exige que esa separación pueda producirse si la desea una mayoría suficiente de ciudadanos, ha de ofrecer y, en nuestra opinión, ofrece vías suficientes para hacerla realidad, dentro de la legalidad, sin abandonar el Estado de derecho (es decir, pasando legalmente del Estado de derecho español al Estado de derecho catalán).

Por cierto, como puede ver cualquiera que lea las entradas de este blog, el autor es rotundamente contrario a la independencia de Cataluña. En un referéndum, votaría en contra. Pero el autor también pretende defender la democracia e imponer las propias preferencias a una mayoría contraria es siempre antidemocrático. 

A vueltas con el inglés

Estoy de acuerdo con el conseller de Eonomia i Coneixement en la importancia de que nuestros jóvenes dominen el inglés; en realidad, creo que existe un amplísimo consenso en este sentido, al menos es lo que se desprende de las declaraciones de políticos, líderes empresariales y prácticamente todo aquél que emite una opinión al respecto. http://www.lavanguardia.com/vida/20130406/54372064211/universitarios-acceden-sin-nivel-minimo-ingles.html

Ahora bien, la medida que propone, consistente en exigir la acreditación del dominio de la lengua inglesa para obtener un título universitario plantea algunas dudas. En primer lugar, se dice que el dominio del inglés resulta imprescindible para todos, no solo para los universitarios. Además, se trata de una materia incluida en los planes de estudios de la enseñanza primaria y secundaria. Y esas enseñanzas son regladas por el mismo gobierno del que forma parte el conseller. ¿No es ahí donde está realmente el problema y, por tanto, donde se ha de encontrar y aplicar la solución?

Sería más lógico que se exigiese un nivel adecuado de inglés para obtener el título que otorga la enseñanza secundaria (y, en su caso, el equivalente en Formación Profesional). Y, si se quiere, exigir un nivel aún mejor en las pruebas de acceso a la Universidad. Así, los universitarios podrían acceder a la literatura especializada  en inglés, no solo manuales, sino sobre todo "papers", que es donde se exponen los últimos avances de las diferentes ciencias, lo que habría de redundar en una mejora del nivel de nuestras Universidades.

Pero lo que se propone no deja de ser lo que los psicólogos conductistas denominan un refuerzo, en concreto de carácter negativo. En el tradicional ejemplo del palo y la zanahoria, se trata del palo. La pregunta inmediata es: ¿y la zanahoria? En otros términos, ¿qué beneficios obtiene u obtendrá quien domine el inglés?

Si la creencia generalizada de que el inglés es necesario para obtener trabajo, para desenvolverse en el mundo de la empresa, sobre todo en esta economía globalizada fuese cierta, quienes se encuentran en el mercado laboral estarían tratando de aprender inglés a marchas forzadas, ya que tendrían un refuerzo positivo, mejorar sus expectativas de encontrar trabajo, o un trabajo mejor y más retribuido, y un refuerzo negativo, la imposibilidad de acceder a esos puestos de trabajo. La enseñanza, pública y privada, reglada y no reglada tendría dificultades para atender toda la demanda de enseñanza del inglés. Pero no parece que ésto suceda.

¿No será que estos refuerzos no funcionan? ¿Que quien domina el inglés no ve recompensado ese conocimiento con el acceso más fácil a puestos mejor retribuidos?¿Que las empresas tienen sobradamente cubierta su demanda de profesionales que dominen el inglés, por lo que no ofrecen mejores condiciones a quienes acrediten su conocimiento, o no las ofrecen peores a quienes no conocen este idioma?

Durante los años de bonanza, nuestra economía se basó en dos actividades: el turismo, que exige el conocimiento de idiomas, pero que ofrece tan solo trabajos estacionales, que no exigen formación y que, en una medida importante se cubren con nacionales de los países de los que proceden los visitantes, y la construcción, que no precisa el conocimiento de idiomas. Y parece evidente, por sus actos, que tanto el gobierno catalán como el del Estado pretenden volver, superada la crisis, a esa economía. ¿Para qué necesitamos el inglés??No será esa la causa real del problema?

Corrupción

En "La Vanguardia" de hoy aparecen, entre otros espacios que dan cuenta de la corrupción reinante, dos artículos, de Francesc de Carreras y Fernando Ónega hablando de ética y de la necesidad de recuperarla (Emergencia ética. Días desoladores para la ética).

Ciertamente, la corrupción de los políticos tiene mucho que ver con la pérdida de valores y con el descrédito de la moral y de la ética. Pero, por una parte, no se trata sólo de la pérdida de valores por parte de los políticos, sino de toda la sociedad, al menos la española (probablemente lo propio sucede en otras partes y, como prueba, basta con ver el éxito de Berlusconi). Por otra, creo que lo que sucede es, en buena parte, el producto de características propias de nuestro país (o, quizá, de las sociedades mediterráneas...o también de otras).

Estoy hablando del personalismo de nuestra sociedad y de nuestra economía, en que tienen un papel preponderante las relaciones personales, lo que se manifiesta en una tupida red de favores mutuos y en una división de la sociedad en dos clases: quienes tienen relaciones y, por tanto, pueden pedir favores porque los van a devolver, y el resto. 

¿Pruebas? La larga lista de consejos de Administración en que figuraba el prócer catalán por antonomasia, Félix Millet, que era imposible que atendiese a todos. El propio Millet dijo que la sociedad barcelonesa, o quizá catalana, estaba regida por cien familias, cuatrocientas personas, que se conocían, estaban emparentadas entre sí y se encontraban en todas partes. O el fulgurante ascenso del príncipe de CDC, Oriol Pujol, que nadie, y menos en su partido, duda de que se debe al influjo de su padre, Jordi Pujol.

¿Más pruebas? ¿A qué se debe, si no, el interés de las empresas por contratar a ex-políticos que, en principio, nunca han desarrollado funciones en la empresa privada y que no presentan conocimientos relacionados con el sector en que deben desempeñar sus servicios? Basta mencionar a David Madí o a Esperanza Aguirre, sin olvidar a José María Aznar, Felipe González, Josep Piqué, Macià Alavedra o Ángel Acebes.

Esto sucede porque los españoles somos muy conscientes del poder de los contactos y no nos avergonzamos de buscarlos y usarlos, cada uno en su nivel. Enchufes, influencias, nepotismo...en las actuales circunstancias se nos dice que una de las principales vías para encontrar empleos son los contactos, lo que significa que una recomendación vale más que la experiencia de toda una carrera. 

En este sentido se puede citar también otro artículo de opinión de "La Vanguardia, del notario Juan- José López Burniol (Las castas acampadas sobre el Estado), que parte de un caso similar a los anteriores, pero especialmente singular: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha encontrado un nuevo comedero, pese al desastre de la entidad por él presidida y a la tremenda crisis, prueba indudable de lo erróneo de la política que aplicó siendo vicepresidente económico del Gobierno. ¿Quién le daría otra oportunidad, atendiendo únicamente a sus resultados?

Por lo demás, de Carreras manifiesta una clara ingenuidad cuando afirma que Si los partidos quieren recuperar el crédito perdido deben presentar un pacto de Estado que aborde las reformas necesarias para regenerar la vida política, hoy moralmente descalificada. Los partidos no pueden hacer algo frontalmente contrario a sus intereses, ya que la corrupción está en la base de su financiación y de ésta depende su éxito electoral y, por tanto, los medios de subsistencia de sus dirigentes. Además, es absurdo pensar que los corruptos, quienes han llevado al extremo un vicio de la sociedad española, puedan regenerar esa misma sociedad. 

Y este es el gran problema. ¿Cómo limpiar la sociedad española de favoritismos, enchufes, influencias y demás corruptelas? O, mejor, ¿quién puede liderar esta regeneración?¿quién tiene la autoridad moral para advertir y denunciar y la posición necesaria para hacerse oír por toda la sociedad, cuando los medios de comunicación están controlados por las élites políticas y económicas, por las castas de que habla López Burniol? Hay quien está limpio de pecado y puede arrojar la primera piedra, sin duda, pero es un ciudadano anónimo, que no tiene voz pública.

Y, aunque la tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Crear un partido político que, inmediatamente, tendría que aceptar componendas con los ya existentes, buscar medios económicos para financiar sus campañas y crear unos cuadros que, como todos, tendrían que vivir y buscarían hacerlo lo mejor posible. ¿Podrían mantener su honestidad?

Sin embargo, alguien debe encontrar la solución. Si no es así, la situación degenerará en violencia y autoritarismo. Desgraciadamente, soy pesimista. 

El coste de la independencia

En la efervescencia política que se ha creado en torno a la reclamación de la independencia para Cataluña se olvida mencionar, de forma concreta, los costes que esta independencia comportaría. Un enfoque racional de la independencia pasa, necesariamente, por el análisis coste-beneficio de la nueva situación y su comparación, tanto con la actual como con otras alternativas.

Por supuesto, los políticos lo saben, pero huyen de este análisis, prefiriendo tocar la tecla emocional y, a partir de ella, resaltar, de forma genérica, los beneficios esperados, sin entrar en un mayor detalle. Por ello deseamos exponer algunas consecuencias negativas de esa deseada independencia. Debemos no obstante, precisar dos cosas:

1. No pretendemos efectuar el análisis que demandamos, por lo que no aportamos datos cuantitativos (eso queda para los expertos).

2. En consecuencia, no pretendemos afirmar que la independencia sea económicamente desfavorable. Sólo afirmamos que tiene aspectos negativos, que tiene costes, que deben ser cuantificados, al igual que los positivos, y comparados con éstos.

Dicho ésto, queremos plantear tres cuestiones:

- Las empresas catalanas ingresan el Impuesto sobre el Valor Añadido que repercuten en sus ventas (deducido el soportado) en las oficinas de la Administración tributaria de su domicilio, en Cataluña. Pero una parte importante de esas ventas se realizan fuera del territorio catalán, en otras partes de España o en el extranjero.

Las ventas en el extranjero no implican la repercusión del impuesto, ya que las entregas intracomunitarias y las exportaciones están exentas del mismo. Si Cataluña se independiza, las ventas de las empresas catalanas en territorio español pasarían a estar exentas del IVA catalán (pagarían el IVA español como adquisiciones intracomunitarias).

Ciertamente, las ventas de empresas españolas a empresas catalanas pasarían a tributar en Cataluña como adquisiciones intracomunitarias. Pero como la balanza comercial Cataluña - España es favorable a la primera, no compensarían la reducción del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido obtenido en Cataluña, lo que, evidentemente, significa que para mantener los ingresos públicos sería preciso incrementar los tipos del impuesto, reducir las exenciones o elevar otros impuestos.

- La aportación de los Estados al sostenimiento de la Unión Europea viene determinada por el Producto Interior Bruto per capita de cada uno de ellos. El actual Estado español tiene un PIB per capita algo inferior a la media europea, mientras el PIB catalán la supera. Ello implicaría un incremento de la aportación por habitante de Cataluña a la Unión, además de la pérdida de la posibilidad de beneficiarse de los fondos comunitarios (que, ciertamente, en la actualidad no tiene importancia, ya que tales fondos se dirigen preferentemente a los países incorporados más recientemente).

Resulta, pues, necesario determinar en qué medida la aportación a la UE compensa el cese del denominado "expolio fiscal" y hasta qué punto la solidaridad con las Comunidades Autónomas pobres sería sustituida por una mayor solidaridad con los Estados pobres de Europa.

- La independencia supondría, si se obtuviese de forma amistosa, el reparto de las instalaciones de servicio público. Naturalmente, este reparto es inviable si implica el traslado de bienes inmuebles, pero también puede plantear otras dificultades. En particular, tienen importancia las relativas a la Defensa.

En el territorio catalán hay pocas instalaciones militares, y no son de las más importantes. Hay pocos militares de origen catalán, lo que hace prever que serían pocos los profesionales que optarían por incorporarse al ejército catalán salvo, quizás, si éste ofrecía unas condiciones mucho mejores. Por otra parte, unidades de alto valor económico (como los buques y aeronaves) no pueden dividirse, por lo que no es posible efectuar un reparto proporcional (si España tiene un portaaeronaves, no es posible adjudicar a Cataluña una quinta parte del mismo; sería preciso adjudicarle otro tipo de embarcaciones, con lo que su Armada podría quedar desequilibrada).

Ello implicaría la necesidad de efectuar unas inversiones de gran importancia cuantitativa en los primeros años de existencia del Estado catalán, a fin de cumplir con las exigencias del ingreso en la OTAN. ¿Hasta qué punto estas inversiones y el encarecimiento de la defensa lastrarían el presupuesto catalán, reduciendo los fondos disponibles para servicios sociales, educación, sanidad, o exigiendo un incremento, aunque fuese transitorio, de la presión fiscal?

Si los expertos tienen la respuesta a estas preguntas, agradecería que las hiciesen públicas. Hemos de saber dónde nos metemos. O, mejor, hemos de saber dónde nos meten los políticos, siempre dispuestos a aprovechar y manipular los sentimientos de los ciudadanos para obtener votos y, en definitiva, medrar con cargo a los impuestos que todos pagamos.

http://www.lavanguardia.com/economia/20121025/54353880182/empresarios-pimec-estado-propio-catalunya.html

Explicar el pacto fiscal

D.Severo Figarola Plaja pide hoy, en una carta publicada en "La Vanguardia" que el Presidente de la Generalitat nos diga la que tenemos que decir a nuestros amigos madrileños para justificar nuestra posición al hablar de pacto fiscal, empezando por contarnos lo que este pacto es y por qué tenemos el derecho de reclamarlo. http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20120731/54332291938/explicar-el-pacto-fiscal.html


Pues bien Sr. Figarola, el Presidente Mas no le justificará ni el interés de los ciudadanos de Cataluña en la aplicación del pacto fiscal, ni el derecho de Cataluña, sus instituciones o sus ciudadanos a reclamarlo. Sencillamente, porque no existen ni el interés ni el derecho.

El concepto de pacto fiscal pretende un acuerdo entre Cataluña y el Estado, similar a un convenio internacional. Algo que no tiene sentido entre un Estado y una de sus partes. En los casos del País Vasco y Navarra, la disposición adicional primera de la Constitución afirma que la Carta magna ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, la Constitución, que podría haber eliminado esos fueros vigentes con anterioridad a su promulgación, los reconoce y asume. En consecuencia, los territorios forales disponen de unos derechos anteriores a la Constitución, lo que les permite pactar con el Estado en materia fiscal (es lo que significan los términos "convenio" y "concierto").

En el caso de Cataluña, no existen esos derechos anteriores reconocidos por la Constitución. De acuerdo con lo que establece el artículo 133, 1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. 
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.


Una Comunidad Autónoma como Cataluña, sólo puede establecer y exigir tributos si una ley estatal le faculta para ello. Esta ley ya existe, es el Estatuto de Autonomía (y la LOFCA), pero la relación es, claramente, de subordinación: a diferencia del País Vasco y Navarra, la potestad tributaria de Cataluña no deriva directamente de la Constitución, sino de la ley, por lo que no se halla en pie de igualdad con el Estado en materia fiscal.

En cuanto al contenido del pacto fiscal, sólo sabemos que ha de ser equivalente al concierto vasco. Éste supone que las Diputaciones forales regulan sus propios tributos, dentro de los límites pactados en el concierto, gestionan y recaudan esos tributos y satisfacen al Estado una cantidad en compensación por los servicios que el Estado presta en sus territorios y en concepto de aportación a la solidaridad. Esa cantidad se ha de pactar cada cinco años entre el Estado y las Diputaciones.

Eso quiere decir que el resultado económico del concierto viene dado por la diferencia entre la recaudación tributaria en su territorio y la cantidad, el cupo, satisfecho al Estado, igual que en las Comunidades Autónomas de régimen común. E, igual que en estas Comunidades (entre ellas Cataluña) ese resultado económico viene determinado por una negociación que, además, se ha de repetir periódicamente. En consecuencia, lo que debería decirnos el Sr. Mas es cómo piensa lograr que, en caso de obtener el pacto fiscal, esta negociación resulte más favorable a la Generalitat que la que dio lugar al sistema actualmente vigente o las anteriores: cómo piensa asegurar que el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña o la aportación de nuestra Comunidad a la solidaridad sean menores que hasta ahora.

Por supuesto, el régimen de concierto otorga a la Comunidad la posibilidad de retener el cupo, de no satisfacerlo al Estado en el momento pactado. Pero no es creíble que el Presidente de la Generalitat, que reprocha al Estado falta de lealtad institucional piense obrar de la misma forma, si se encuentra en condiciones de hacerlo.

Hay otros detalles menores que el Sr. Mas no explica. El sistema de concierto supone mayores costes de gestión para las empresas, ya que tienen que presentar declaraciones a un número mayor de Administraciones tributarias, pueden ser requeridas por éstas y la solución de los ingresos en Administración no competente puede ser bastante complicada. Y, además, la existencia de varias Administraciones tributarias, cada una de las cuales dispone de la información facilitada por sus contribuyentes, complica y, por tanto, dificulta, la lucha contra el fraude fiscal y, por consiguiente, lo favorece.

En resumen, el pacto fiscal no garantiza una mejor financiación para Cataluña y puede tener efectos negativos. Entonces, ¿por qué el Sr. Mas se obstina en reclamar el pacto fiscal, en lugar de pedir directamente una mejor financiación, mayores recursos para Cataluña, ya sea a través del reparto de la recaudación tributaria, ya mediante la inversión estatal en nuestro territorio? Esta es la pregunta que debería formularle el lector. Mientras no la conteste, mi propia respuesta es la siguiente: el Sr. Mas no persigue mejorar la financiación de Cataluña, los servicios públicos que reciben los ciudadanos catalanes. Su objetivo real es político y, en buena medida, identitario: persigue la construcción nacional de Cataluña, para lo que la independencia constituye un medio esencial. Pide algo que no es jurídicamente posible y que no supone ningún beneficio para Cataluña, a fin de incrementar el victimismo y la tensión con España, culpable única de todos los problemas que nos aquejan, de forma que los ciudadanos crean que la solución pasa por la separación y la atribución a los nacionalistas de todos los poderes del nuevo Estado.

A vueltas con el pacto fiscal

Parece que se reactiva el debate sobre el pacto fiscal promovido por el Sr. Mas. Ahora, los asesores del Gobierno de la Generalitat insisten en que es posible un pacto fiscal basado en una relación bilateral que de lugar a un sistema de financiación similar o equivalente al concierto vasco. http://www.lavanguardia.com/politica/20120504/54289158260/los-asesores-del-govern-avalan-un-pacto-fiscal-similar-al-concierto-economico.html

Hay tres puntos a considerar: si es posible un pacto bilateral, si es posible que Cataluña disponga de un sistema de financiación equivalente al concierto y, lo más importante, si este sistema de financiación resuelve los problemas financieros de Cataluña.

En cuanto a la primera cuestión, la relación bilateral pura sería similar a un convenio internacional, un pacto entre dos entes soberanos. Evidentemente, este pacto es imposible dentro del sistema constitucional vigente, ya que el artículo 133.1 de nuestra Carta Magna atribuye al Estado la potestad originaria para establecer los tributos con carácter exclusivo. Las Comunidades Autónomas tienen una potestad tributaria derivada, que les es atribuida por las leyes estatales (la LOFCA y los Estatutos de Autonomía).

No es, pues, posible pactar sobre algo de lo que se carece. En el caso de Navarra y el País Vasco, la propia Constitución (disposición adicional primera) establece una salvedad, al afirmar que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, estas Comunidades (estos territorios, más bien) tienen unos derechos anteriores a la Constitución que ésta, pudiendo eliminarlos, decide mantener.

Por supuesto, lo que sí es posible es presentar un pacto político entre gobiernos, que después se ha de plasmar en una norma estatal, como el tan deseado pacto bilateral, pero no es lo mismo. O bien, cabe sostener que Cataluña es un territorio foral a efectos de la disposición adicional primera de la Constitución, pero no parece que esta vía tenga mucho futuro.

Así, la respuesta a la primera pregunta ha de ser negativa, lo que no implica que también lo haya de ser para la segunda.. La normativa vigente, no sólo la Constitución, sino también las normas inferiores, ya prevén buena parte del contenido del sistema de concierto. Así, las Comunidades ya tienen potestad normativa sobre los tributos estatales, por lo que sólo sería preciso ampliar el ámbito de esta potestad. La LOFCA y el Estatuto catalán prevén la posibilidad de que la Administración autonómica se haga cargo, por delegación del Estado, de la gestión de todos los tributos (con la posible salvedad de los tributos sobre el tráfico exterior, por cuanto constituyen conceptos regulados por la normativa europea). Y la LOFCA establece una distribución del producto de los impuestos que una ley de igual rango puede modificar.

En consecuencia, hay que concluir que es jurídicamente posible establecer para Cataluña un sistema de financiación equivalente al concierto, sin necesidad de reformar la Constitución, aunque el vehículo para ello sean leyes orgánicas u ordinarias, en lugar de, como desearían los nacionalistas, un pacto entre potencias soberanas. Ahora bien, la pregunta importante es la tercera: ¿cuáles serían los efectos de este sistema de financiación?

El contenido esencial del concierto se resume en los tres puntos anteriores: capacidad normativa, recaudación y gestión de todos los tributos y, el que determina la diferencia: la Comunidad, que recauda los tributos, retiene el importe obtenido, a excepción de una cantidad (denominada "cupo" en el concierto vasco) que ha de satisfacer al Estado, en concepto de pago por los servicios que continúa prestando el Estado y de aportación a la solidaridad.

Resulta evidente que el resultado económico de este sistema depende de la forma de determinar esta cantidad. Si da lugar a que Cataluña retenga finalmente un importe superior al que actualmente recibe como rendimiento de los tributos propios y cedidos, el resultado será una mayor financiación. Si el importe que ha de satisfacer al Estado es superior a la cantidad que actualmente retiene el Estado de los tributos que gestiona recaudados en Cataluña, el resultado será, en la terminología al uso, una mayor déficit fiscal para Cataluña.

En el concierto vasco (y el convenio con la Comunidad foral de Navarra) el cupo (o la "aportación" navarra se determina mediante un sistema complejo, pactado con carácter quinquenal y expresado en una ley diferente de la que aprueba el concierto (o convenio). Es decir, es el producto de una negociación política que, además, se ha de repetir cada cinco años.

¿Cuál es, entonces la diferencia con el sistema actual, en términos reales? No lo podemos saber en tanto no se llegue a negociar el cálculo del cupo. El sistema de concierto o convenio debería facilitar el conocimiento de los factores que intervienen en el cálculo, el coste de los servicios estatales y la cuota de solidaridad. Pero en los casos vasco y navarro no es así.

Ciertamente, el sistema de concierto o convenio permite a la Comunidad faltar a la lealtad institucional y no pagar el cupo o aportación, total o parcialmente, o pagarlos tarde, mientras que ahora es el Estado el que dispone de esta posibilidad. Pero me imagino que no es ésta la ventaja que el Gobierno de la Generalitat le ve al pacto fiscal (o, al menos, que no lo dirá en público).

A ello se ha de añadir otra cuestión: la existencia en el Estado de varios sistemas tributarios diferentes dificulta considerablemente la gestión de los tributos, al fragmentarse la información tributaria. Ello, por una parte facilita el fraude fiscal, ya que genera zonas opacas en las que pueden ocultarse bienes o negocios. Por otra, implica una mayor presión fiscal indirecta para las empresas que actúan en todo el territorio del Estado español, ya que han de presentar declaraciones, ingresar tributos y obtener devoluciones de un número superior de Administraciones tributarias (las retenciones del trabajo, por ejemplo, se han de ingresar a la Administración del territorio en que los servicios se han prestado, no en la del domicilio de la empresa pagadora).

De todo lo anterior se desprende que el pacto fiscal propugnado por el Sr. Mas no supone una mejor financiación para Cataluña. Incluso se puede decir que sería más fácil obtener esta mejor financiación dentro del sistema actual, buscando apoyos para modificar el reparto de la recaudación, ya que la resistencia será superior si se pide más dinero y más competencias que si sólo se reclama lo primero.

Entonces, ¿por qué esta insistencia en el pacto fiscal? Los nacionalistas siempre han insistido en que quieren un régimen especial para Cataluña, que suponga un reconocimiento de la diferencia, del "fet diferencial", y un régimen de concierto es, siempre que no lo tengan las restantes Comunidades Autónomas, una diferencia importante. Se trata pues de una cuestión identitaria. La pregunta final podría ser la siguiente: ¿están dispuestos los nacionalistas a sacrificar la financiación por conseguir un reconocimiento identitario? O, en otros términos, ¿qué es más importante, la Cataluña ideal o la real, las personas que viven y trabajan en Cataluña?