Una columna de "la Vanguardia" de hoy comenta una carta aparecida anteriormente en que una lectora denunciaba que Millet y Montull, en lugar de estar en prisión pagando sus culpas, se encuentran pasando sus vacaciones, tan ricamente, en sus segundas residencias.
Como primer comentario, hay que recordar que Millet y Montull no han sido condenados legalmente por delito alguno, en relación con el saqueo del Palau y, en consecuencia, sólo pueden ser encarcelados en concepto de presos preventivos, lo que exige que se cumplan unas condiciones (riesgo de fuga o de eliminación de pruebas, por ejemplo) que, a criterio del Juez, no deben concurrir. Lo que hay que pedir es que finalice rápidamente la instrucción, que se abra el juicio oral y que una sentencia firme determine el ingreso de ambos delincuentes en prisión, ahora sí, para pagar sus culpas.
También hay que recordar que los instructores tienden a demorar la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil hasta prácticamente el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral. Ello se debe a que, frecuentemente, sólo en ese momento se conocen los elementos precisos para determinar el importe de dicha responsabilidad (por ejemplo, la duración de la incapacidad determinada por unas lesiones o el valor de los bienes robados y la lista de los que han sido recuperados y de los que se han perdido). Quizá, en casos como el presente esta tendencia no resulta adecuada, si bien, indudablemente, aún no se conoce con precisión el importe de los fondos sustraídos y su destino.
Pero lo importante, a nuestro juicio, es que Félix Millet ya había estado en prisión (preventiva) por el asunto Renta Catalana. La sentencia definitiva, creo recordar, fue condenatoria, pero no supuso un nuevo ingreso en prisión, dado el abono del tiempo de prisión preventiva.
Así pues, antes de que surgiese a la luz el expolio del Palau (ésto si que es un expolio, un robo), Millet ya era un delincuente. Ello, sin embargo, no impidió que la sociedad civil catalana y las Administraciones públicas le considerasen el patricio ejemplar a quien se podía confiar, con los ojos cerrados, la gestión de una auténtica institución que manejaba una cifra importante de fondos públicos y privados. Encima, sabiendo perfectamente que la música no le interesaba.
Pero no se trata de una excepción. El Tribunal Supremo condenó a "los Albertos", como autores de un delito de estafa; es decir, una sentencia del alto Tribunal afirmó que ambos primos habían engañado a otras personas a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de éstas. Luego, el Tribunal Constitucional afirmó que los hechos habían prescrito y, por tanto, no debieron juzgarse, pero en modo alguno eliminó la evidencia de que las acciones realizadas por los "ex" de las hermanas Koplowitz cumpliesen las características del tipo penal de estafa.
Y, sin embargo, "los Albertos" no fueron tratados como apestados en los medios financieros. Los cuentacorrentistas del Banco Zaragozano no cancelaron sus cuentas, como hubiese sido lógico, ante la noticia de que dicha entidad estaba dirigida por unos estafadores (en el sentido vulgar, no en el estrictamente jurídico de persona condenada en sentencia criminal firme). ¿No temieron ser objeto de una nueva maquinación de tan tenebrosos sujetos?
Los problemas de Jordi Pujol con la Justicia a raíz del caso Banca Catalana tal vez estén excesivamente teñidos por la política y no se pueda efectuar una comparación válida. Sin embargo, cabe citarlos siquiera marginalmente.
En el Parlamento de Cataluña, un conseller ha venido a declarar que tanto su propio gobierno como el anterior (de otra formación política) encargó informes inútiles, generosamente retribuidos. Estos hechos constituyen uno o varios delitos de malversación de caudales públicos. No obstante, nadie se ha escandalizado ni, que sepamos, la Fiscalía ha abierto actuaciones.
Parece, pues, que nuestra sociedad no valora negativamente la comisión de delitos económicos (decía Jaume Perich que, de un millón de pesetas hacia abajo, un delito dejaba de ser económico para convertirese en robo ¡qué tiempos aquéllos!). Se trata de algo parecido a lo que comentaba hace unos días un invitado de la contra: el fracaso es imprescindible para conseguir triunfar en los negocios. El delincuente de hoy, si pertenece a la clase superior, ha tenido mala suerte; quizá mañana será un triunfador: no le cogerán.
Quizá también, la tradicional lenidad de nuestra sociedad con los delitos que afectan a una colectividad, sobre todo si se trata de toda la sociedad (caso de los delitos contra la Hacienda Pública) contribuya a explicar esta anomalía: robar a una persona determinada está feo, robar a instituciones sin rostro, es sólo pasarse de listo. Olvidamos, en general, que detrás de estas instituciones estamos todos los contribuyentes. ¿O es precisamente por éso? Quienes no contribuyen no se ven afectados por la apropiación indebida de fondos públicos. Por tanto, en definitiva, Millet y Montull qwuizá no hayan perjudicado a los suyos.
martes, 24 de agosto de 2010
viernes, 20 de agosto de 2010
Las mejores universidades del mundo
Según un informe de la UGT del que se hace hoy eco "La Vanguardia", Cataluña es la región europea que menos invierte en educación, por debajo de otras con un nivel inferior de desarrollo, como Rumanía.
El mismo periódico recoge la noticia, y la comenta en un editorial que no aparece en la versión digital, de que ninguna universidad catalana (ni española) aparece entre las 200 mejores universidades del mundo.
Parece evidente la relación entre ambas noticias. Y todo ello concuerda con lo que se comenta en la entrada anterior de este blog, "El corsé feudal y la lógica económica". A dicha entrada me remito.
Lo que más sorprende es la medida que se proponen adoptar las tres universidades catalanas que aparecen en la lista entre los puestos 201 y 400: la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Pretenden agruparse bajo la marca Universitat de Catalunya en las ferias e instituciones internacionales. Aun sorprende más que la dirección de "La Vanguardia" considere urgente la adopción de esta medida.
Espero acertar al suponer que lo que pretenden estas universidades es optimizar el uso de los recursos para darse a conocer en los distintos foros educativos internacionales, estando presentes, por ejemplo, mediante stands conjuntos, donde no podrían llegar individualmente. Quiero decir que el objetivo es realmente alcanzar una mayor resonancia internacional de las universidades, no simplemente potenciar en el mundo académico la imagen de Cataluña como nación diferente de España.
Pero ni una palabra de lo que de verdad importa. No hay ninguna referencia a mejorar la calidad de las universidades catalanas, corrigiendo los defectos que puedan tener y potenciando sus virtudes (mejorar la calidad de los docentes, elevar la exigencia, imponer el dominio del inglés como requisito de admisión, facilitar el acceso a publicaciones de prestigio...). Ni, por supuesto, a mejorar los medios, lo que significa, en buena medida, aumentar los recursos destinados a las universidades.
Sin duda, a las universidades catalanas les sobra calidad para superar a Harvard, Berkeley, Stanford y, naturalmente, Oxbridge. Su problema es, simplemente, de imagen y, con cuatro medidas de marketing, quedará solucionado. Si es que somos los mejores del mundo, en ésto como en todo.
Pero, eso sí, aunque no se refiere a la enseñanza universitaria, Cataluña dispone de fondos para financiar escuelas en Francia que enseñen en catalán, aunque aquí muchas clases se hayan de impartir en barracones. Así nos va.
El mismo periódico recoge la noticia, y la comenta en un editorial que no aparece en la versión digital, de que ninguna universidad catalana (ni española) aparece entre las 200 mejores universidades del mundo.
Parece evidente la relación entre ambas noticias. Y todo ello concuerda con lo que se comenta en la entrada anterior de este blog, "El corsé feudal y la lógica económica". A dicha entrada me remito.
Lo que más sorprende es la medida que se proponen adoptar las tres universidades catalanas que aparecen en la lista entre los puestos 201 y 400: la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Pretenden agruparse bajo la marca Universitat de Catalunya en las ferias e instituciones internacionales. Aun sorprende más que la dirección de "La Vanguardia" considere urgente la adopción de esta medida.
Espero acertar al suponer que lo que pretenden estas universidades es optimizar el uso de los recursos para darse a conocer en los distintos foros educativos internacionales, estando presentes, por ejemplo, mediante stands conjuntos, donde no podrían llegar individualmente. Quiero decir que el objetivo es realmente alcanzar una mayor resonancia internacional de las universidades, no simplemente potenciar en el mundo académico la imagen de Cataluña como nación diferente de España.
Pero ni una palabra de lo que de verdad importa. No hay ninguna referencia a mejorar la calidad de las universidades catalanas, corrigiendo los defectos que puedan tener y potenciando sus virtudes (mejorar la calidad de los docentes, elevar la exigencia, imponer el dominio del inglés como requisito de admisión, facilitar el acceso a publicaciones de prestigio...). Ni, por supuesto, a mejorar los medios, lo que significa, en buena medida, aumentar los recursos destinados a las universidades.
Sin duda, a las universidades catalanas les sobra calidad para superar a Harvard, Berkeley, Stanford y, naturalmente, Oxbridge. Su problema es, simplemente, de imagen y, con cuatro medidas de marketing, quedará solucionado. Si es que somos los mejores del mundo, en ésto como en todo.
Pero, eso sí, aunque no se refiere a la enseñanza universitaria, Cataluña dispone de fondos para financiar escuelas en Francia que enseñen en catalán, aunque aquí muchas clases se hayan de impartir en barracones. Así nos va.
domingo, 15 de agosto de 2010
El corsé feudal y la lógica económica
Quiero felicitar a Antoni Puigverd, cuyo artículo "Los jóvenes y el corsé feudal", publicado hoy, 15 de agosto, en "La Vanguardia" pone de manifiesto un problema grave al que nadie parece haber querido prestar atención.
Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.
Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.
Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.
Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.
La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.
Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.
¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.
Cito textualmente el citado artículo: No es el mérito o la capacidad lo que determina el acceso a un empleo interesante o de responsabilidad, sino el interés del partido, casta, gremio, parentela o red clientelar. Se trata de defender a toda costa el feudo, y el feudo arbitrariamente recompensará.
Aquí, en efecto, se encuentra parte de la explicación de la situación del empleo en nuestro país. Y también la de una buena parte de la política y la economía catalanas: los nacionalistas que gobernaron durante veintitrés años (descendientes de los empresarios textiles que enriquecieron Cataluña) buscaron someter al control de la Generalitat (dominada por ellos, sobra decirlo) todas las instancias de la sociedad civil y de la economía, a fin de crear la sociedad que persiguen. Procuraron mediatizar la iniciativa privada para que se encaminase a esa sociedad ideal, castrando con ello la tan cacareada sociedad civil, que fue el motor de la economía, no sólo catalana, sino española, cuando prescindió de un poder que no la ayudaba y ha pasado a ser un instrumento para la perpetuación del statu quo. Y el tripartito persigue la misma sociedad, pero incluyendo a sus líderes en el grupo dominante.
Pero hay otro elemento que Puigverd no cita. El mercado de trabajo es el que han construido las empresas españolas y catalanas. Para una economía basada en el turismo y la construcción, cuya competitividad se basa en el control de los costes mediante el pago de salarios bajos, no es necesaria formación ni experiencia. Lo que hace falta es una masa de trabajadores fácilmente sustituibles, que cobren poco y puedan ser despedidos cuando finalice la estación o la obra o cuando sea conveniente reducir aun más los costes salariales. Es decir, trabajadores no cualificados.
Eso sí, la elite necesita buenos profesionales a su servicio inmediato y directivos con una magnífica formación y experiencia para sus empresas. Estos puestos se reservan a los cachorros de la propia elite, a los segundones que antaño eran consagrados a la Iglesia y ahora, aunque no sean los propietarios de las empresas, aportan a éstas una formación que no está al alcance de los demás (aunque éstos puedan ser más capaces) y, sobre todo, el inapreciable bien de sus contactos dentro del grupo dominante.
La indiferencia de una parte de la juventud, a la que se refirió Puigverd en el artículo que motivó las quejas que contesta en este que comentamos, desaparecería si las empresas pagasen realmente la formación y el interés. Si los jóvenes supiesen que la formación, el conocimiento, la actualización son vías útiles para la mejora económica, tendrían una razón para formarse. Pero son demasiados los trabajadores mayores, con un acreditado interés por la buena marcha de la empresa, despedidos para ser sustituidos por jóvenes sin formación ni experiencia que cobran sueldos inferiores y pueden ser despedidos con facilidad.
Si los médicos, con su carrera y el MIR son poco más que mileuristas, a menos que hagan un número enorme de guardias; si los grandes despachos de abogados pagan a los jóvenes licenciados en Derecho, con idiomas y un máster, poco más de lo que gana un reponedor en un supermercado, está justificado que los jóvenes no se molesten en estudiar. Y, si pueden vivir igual, a costa de sus padres, tampoco en trabajar.
¿Dónde está la solución? Quizá en la crisis que ha mostrado que la economía española (y catalana, claro está) no podía continuar basada en una burbuja. Hay que buscar otros sectores, una nueva manera de producir que aproveche lo que realmente tenemos. Y, si tenemos como dicen muchos, incluido el Sr. Puigverd, la juventud mejor formada de nuestra historia, hemos de explotar esa riqueza, empezando por retribuirla.
jueves, 29 de julio de 2010
Toros
El Parlamento de Cataluña ha decidido prohibir las corridas de toros a partir de 2012. La prohibición ha obtenido el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios, pese a la libertad de voto que algunas formaciones han permitido a sus diputados.
Si la prohibición obedeciera exclusivamente a las razones esgrimidas para sostenerla, no habría nada que objetar. Los argumentos de los defensores de los animales son sólidos y su causa digna. También, eso sí, habría argumentos para oponerse a la prohibición o a la oportunidad de acordarla en plena crisis. Pero la democracia tiene estas cosas: hay diversas opciones defendibles, los representantes de los ciudadanos eligen una de ellas y aciertan o se equivocan. En este último caso, normalmente, es posible rectificar, con lo que se limitan los perjuicios.
Pero es incoherente prohibir las corridas por el sufrimiento que causan a los animales sacrificados y defender los correbous pese al sufrimiento que causan a animales similares. Lo que lleva a concluir que, a los políticos que han apoyado la prohibición, el sufrimiento de los animales no les importa lo más mínimo.
La verdadera razón de la prohibición es que constituye un paso adelante en la construcción nacional de Cataluña. Este proceso consiste, básicamente, en ampliar las diferencias de Cataluña respecto de España o, más exactamente, del resto de España.
La afirmación, dogma fundamental del nacionalismo catalán, de que Cataluña es una nación, se sustenta en el denominado fet diferencial: las características que comparten los catalanes, de manera que presentan una identidad propia, y les distinguen de los demás, en particular de los restantes españoles (los restantes habitantes del territorio estatal; no entramos aquí en si España es o no una nación).
Lo que se pretende es, pues, crear una diferencia más: en España hay corridas, en Cataluña no. Cataluña no participa de la "fiesta nacional" española, luego no pertenece a la nación española; es otra nación (el silogismo completo incluiría todas las diferencias que se pudiesen encontrar, claro está, no sólo los toros).
Por tanto, si bien comprendemos e incluso compartimos (al menos en parte) los sentimientos de los animalistas, rechazamos la maniobra que realmente constituye el fondo político de la prohibición. Lo que están haciendo es modificar conscientemente la sociedad catalana a fin de crear la nación de sus sueños que hoy, mal que les pese, no existe. Y hacerlo es legítimo, pero sólo si lo declaran abiertamente, no amparándose en argumentos que les permitan ocultar sus verdaderas intenciones.
Los partidos abiertamente nacionalistas, CiU y ERC no llegan a admitir que ésta es realmente su política, ya que ello entraría en contradicción con su dogma fundamental de que Cataluña es ya una nación (¿entonces para qué es necesaria su construcción nacional?). Pero es el PSC el que debería manifestar si apoya este proceso de diferenciación consciente de Cataluña respecto de España o no; en definitiva, si es un partido nacionalista o no.
Si la prohibición obedeciera exclusivamente a las razones esgrimidas para sostenerla, no habría nada que objetar. Los argumentos de los defensores de los animales son sólidos y su causa digna. También, eso sí, habría argumentos para oponerse a la prohibición o a la oportunidad de acordarla en plena crisis. Pero la democracia tiene estas cosas: hay diversas opciones defendibles, los representantes de los ciudadanos eligen una de ellas y aciertan o se equivocan. En este último caso, normalmente, es posible rectificar, con lo que se limitan los perjuicios.
Pero es incoherente prohibir las corridas por el sufrimiento que causan a los animales sacrificados y defender los correbous pese al sufrimiento que causan a animales similares. Lo que lleva a concluir que, a los políticos que han apoyado la prohibición, el sufrimiento de los animales no les importa lo más mínimo.
La verdadera razón de la prohibición es que constituye un paso adelante en la construcción nacional de Cataluña. Este proceso consiste, básicamente, en ampliar las diferencias de Cataluña respecto de España o, más exactamente, del resto de España.
La afirmación, dogma fundamental del nacionalismo catalán, de que Cataluña es una nación, se sustenta en el denominado fet diferencial: las características que comparten los catalanes, de manera que presentan una identidad propia, y les distinguen de los demás, en particular de los restantes españoles (los restantes habitantes del territorio estatal; no entramos aquí en si España es o no una nación).
Lo que se pretende es, pues, crear una diferencia más: en España hay corridas, en Cataluña no. Cataluña no participa de la "fiesta nacional" española, luego no pertenece a la nación española; es otra nación (el silogismo completo incluiría todas las diferencias que se pudiesen encontrar, claro está, no sólo los toros).
Por tanto, si bien comprendemos e incluso compartimos (al menos en parte) los sentimientos de los animalistas, rechazamos la maniobra que realmente constituye el fondo político de la prohibición. Lo que están haciendo es modificar conscientemente la sociedad catalana a fin de crear la nación de sus sueños que hoy, mal que les pese, no existe. Y hacerlo es legítimo, pero sólo si lo declaran abiertamente, no amparándose en argumentos que les permitan ocultar sus verdaderas intenciones.
Los partidos abiertamente nacionalistas, CiU y ERC no llegan a admitir que ésta es realmente su política, ya que ello entraría en contradicción con su dogma fundamental de que Cataluña es ya una nación (¿entonces para qué es necesaria su construcción nacional?). Pero es el PSC el que debería manifestar si apoya este proceso de diferenciación consciente de Cataluña respecto de España o no; en definitiva, si es un partido nacionalista o no.
domingo, 25 de julio de 2010
El Estatuto y la financiación
Un lector afirma en "La Vanguardia" que el propósito fundamental del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña era mejorar la financiación y acabar con el famoso expolio fiscal. En mi opinión, se equivoca totalmente.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
domingo, 18 de julio de 2010
Naciones plurales
Quiero felicitar a Toni Soler por su artículo en "La Vanguardia" del domingo, 18 de julio de 2010. No es ninguna broma, y la fecha es una simple coincidencia. Como "la Vanguardia" digital no lo recoge, lo reproduzco aquí:
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
"QUÉ HAY DE LO NUESTRO
Los retos de la Catalunya compuesta
Toni Soler
ESQUIZOFRENIA. La Catalunya compuesta ha aflorado con más vigor que nunca en el esquizofrénico fin de semana que empezó con la explosión de estelades y terminó con un botellón rojigualdo. A pesar de las comparaciones interesadas, no parecen fenómenos del mismo cariz; me atrevo a decir, incluso, que la demostración de fuerza del catalanismo representa algo bastante más sólido, más perdurable que la euforia roja. Esta se debe, no lo olvidemos, a algo tan voluble y equívoco como es un éxito deportivo (el Barça provoca espejismos parecidos por estos lares, aunque en sentido opuesto). Sin embargo, no es despreciable el impacto del título mundial de fútbol en la mentalidad colectiva de los españoles: el éxtasis sudafricano coincide con un redescubrimiento del espacio simbólico nacional. Franco robó a los españoles su bandera, y ahora la están recuperando, en un sarampión identitario que recuerda al que vivimos en Catalunya en 1977.
ESPAÑA. En territorio catalán, por encima de todo lo expuesto, la eclosión roja supone una reacción pendular al auge del soberanismo. El soberanismo que se sabe fuerte y en boga, el mismo que hace sólo un lustro daba miedo o risa. Frente a este fenómeno, la roja ha movilizado a los sectores más ajenos a lo catalán - la "Catalunya silenciosa", como la bautizó Alicia Sánchez-Camacho-.Pero también a los futboleros neutros que suelen apostar a caballo ganador, y finalmente también a muchos catalanes seducidos por un equipo que viste de rojo pero parece el Barça. No seré yo, sin embargo, quien niegue ni minimice el alcance del sentimiento español en Catalunya: hacerlo sería desafiar una simple evidencia demográfica y cultural. Y conviene recordar que las identidades no cambian de un día para otro, ni se adaptan plácidamente a los vaivenes políticos.
DUALIDAD. Así pues, el futuro político de Catalunya tendrá que dilucidarse tras la previa aceptación de la premisa de su dualidad identitaria. Para muchos, la autonomía política dentro de España es la fórmula que mejor se adapta a esta doble característica. ¿Lo tendría más difícil una Catalunya independiente?
¿Sería menos plural? Hace medio siglo sí, sin duda; un eventual Estado catalán habría debido dotarse de ejército, fronteras, moneda, leyes de extranjería. Pero hoy en día, en el marco de la Unión Europea, con la moneda única y el acuerdo de Schengen, la soberanía catalana sería un proceso más parecido a un reajuste político-administrativo (de gran calado, por supuesto) que a una revolución. Podría ser un proceso gradual, asumible y sin traumas…, siempre que el soberanismo fuera realista y que España pusiera de su parte, claro está.
La clave seguiría estando en la gestión identitaria. Catalunya ha exigido durante siglos a España que admita su pluralidad; pero Catalunya tendrá que ser plural ella misma, si quiere constituir un ente político inclusivo y viable. Los que quieren la independencia para restaurar el monolingüismo son unos somiatruites.Catalunya no puede regresar al siglo XVII: por mucha soberanía que tenga, seguirá siendo la misma comunidad diversa, con un fuerte acento español (y progresivamente europeo, y latino, y árabe). El respeto a esta diversidad, compatible con la tenaz defensa de la identidad autóctona, tendría que ser uno de sus puntos fuertes, su bandera.
En cualquier caso es un proceso difícil y arriesgado. Seria ingenuo negarlo. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué es más difícil?, ¿que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural?"
El reconocimiento que hace Soler de la pluralidad de Cataluña es, a mi juicio, esencial para resolver el llamado "problema catalán". Sin ese reconocimiento, es imposible lograr un consenso ímprescindible para establecer una convivencia, tanto si Cataluña permanece formando parte de España como si se separa de ella. Cualquier otra cosa es pretender que la realidad catalana se ajuste a esa entelequia que es la Cataluña virtual de los políticos (Y, ¿por qué no? la España virtual de los políticos).
Pero me parece que Toni Soler se contradice cuando, al final de su artículo, utiliza la palabra "nación". Plantea dos posibles soluciones: que una nación plural se convierta en Estado, o que un Estado acepte convertirse en una nación plural. ¿Tiene sentido hablar de una "nación plural"?
No hay una definición de la nación que sea universalmente aceptada; una referencia lingüística, esencial para el nacionalismo catalán implica que Suiza, con cuatro lenguas, no es una nación y que los irlandeses, que mayoritariamente no hablan gaélico hayan de ser considerados ingleses, conclusiones que, probablemente, no aceptarían los ciudadanos de esos dos países.
Como aproximación, desde un punto de vista objetivo, entiendo que lo que se define como una nación es un grupo humano, normalmente establecido en un territorio determinado, que comparte un vínculo, un hecho que lo cohesiona y lo diferencia de los restantes grupos, de las restantes naciones. En el caso de Cataluña, ese "hecho diferencial" es, fundamentalmente, la lengua y la cultura catalanas, buena parte de ésta última definida también por la lengua.
El Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), dependiente de la Generalidad, en su encuesta lingüística de 2008 nos dice que la lengua más hablada de Cataluña es el castellano (46 %). Le sigue el catalán (35 %), mientras que un 12 % afirma hablar igualmente ambas lenguas. Esto significa que, objetivamente, los siete millones de habitantes de Cataluña no forman una nación.
Desde un punto de vista subjetivo, la nación vendría fundamentada en un sentimiento compartido, de identidad (hacia dentro del grupo) y de diferencia (hacia fuera). En "La Vanguardia" se recogen los resultados de una encuesta que refleja una división
importante de los habitantes de Cataluña, a la par que el crecimiento del independentismo.
Desde ambos puntos de vista, la nación catalana no puede englobar a la totalidad de la población (incluso excluyendo aquellos inmigrantes que aún no han echado raíces aquí, que tienen previsto volver a sus países de origen). Como máximo, los catalanoparlantes (punto de vista objetivo) o los nacionalistas catalanes (punto de vista subjetivo) formarían la nación catalana, y los castellanoparlantes o quienes se consideran españoles formarían parte de otra nación (sea España u otra, si se niega a aquélla la condición nacional, que es otra historia). Pero extraer consecuencias políticas de la existencia de una de esas naciones supondría siempre marginar al otro grupo, a aquel al que se niega la condición de nación.
¿Qué puede ser una nación plural?¿Cuál es el vínculo nacional, que da cohesión al grupo y lo diferencia de los restantes? La indignación ante la chapuza del Tribunal Constitucional (olvidando la chapuza del Estatuto) me parece insuficiente. La alegría por el triunfo de "la roja", aún más. Quizá en la transición ese vínculo fuese el deseo de convertir España, esás tierras y esas gentes sometidas durante cuarenta años al franquismo, en un país moderno y europeo, sin violencia. Pero tampoco duró.
En definitiva, a mi entender, el concepto de nación no sirve para articular la convivencia en Cataluña y en España. Como lo demuestra el uso por los nacionalistas catalanes de la expresión "construcción nacional de Cataluña", el uso político de este concepto busca la imposición de un grupo sobre el otro: una Cataluña en que la lengua castellana sólo se hable "en la intimidad", para los catalanistas; una Cataluña en que la lengua catalana quede reducida a un dialecto de valor exclusivamente folclórico, para los españolistas.
Por ello, coincidiendo en el análisis con Toni Soler, creo por mi parte que la solución pasa por olvidar el concepto de nación (tanto española como catalana) como elemento esencial de la política. Por entender que, salvo que cambiemos el concepto de nación, tenemos que entender tanto Cataluña como España como otra cosa, un país, una sociedad plural, y cada vez más plural, y organizarnos políticamente en consecuencia. Siempre, no hace falta decirlo, de forma democrática.
jueves, 15 de julio de 2010
Banderas
La victora de la selección española en el Mundial de fútbol dio lugar a un hecho insólito: gente circulando por Barcelona (y por otras ciudades de Cataluña, supongo) ondeando banderas españolas; otras banderas españolas en los balcones. Este hecho ha sido comentado en la prensa desde diferentes enfoques, especialmente al producirse al día siguiente de la multitudinaria manifestación catalanista, en que ondearon muchas banderas catalanas y, especialmente "estelades" (por cierto, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre la "estelada" con el triángulo azul y la estrella blanca y la otra, con la estrella roja sobre fondo amarillo?).
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
Pero algunos comentarios plantean cuestiones muy serias. Entre los que se han referido a una carta publicada en "La Vanguardia", quisiera destacar dos: uno que afirma que vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán; hace falta algo más. El segundo señala que hay que amar exclusivamente a Cataluña (se entiende, no amar a España) para ser catalán.
Estos comentarios implican, por una parte, que quienes vivimos y trabajamos en Cataluña podemos ser dos cosas: españoles que viven y trabajan en Cataluña, no catalanes, o catalanes. Por otra, que la diferencia no es de carácter objetivo, sino emocional o sentimental: sólo es catalán quien tiene los sentimientos adecuados.
Podemos poner estas conclusiones en relación con el discutido lema de la manifestación del sábado: "Som una nació. Nosaltres decidim." (Somos una nación. Nosotros decidimos). Así, resulta que los catalanes, es decir quienes además de vivir y trabajar en Cataluña tienen los sentimientos adecuados, son una nación y ellos, y sólo ellos, deciden acerca del futuro político de Cataluña. ¿Y los demás ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que aquí tienen plenos derechos civiles y políticos?
Estos comentarios a la carta publicada en "La Vanguardia" dejan claro el verdadero objetivo del nacionalismo, que los políticos suelen disimular. Los nacionalistas pretenden reservarse el poder político incluso frente a una posible mayoría no nacionalista. Quieren imponer sus sentimientos como un dogma intocable ("Catalunya és una nació"), de manera que todos hayan de compartirlos, so pena de verse excluidos de la vida política (vivir y trabajar en Cataluña no basta para ser catalán). En definitiva, los nacionalistas tratan de mantener a los que siempre han llamado "xarnegos" (aunque ahora la palabra es políticamente incorrecta, el concepto es esencial para comprender el nacionalismo) sometidos, como ciudadanos de segunda carentes de verdadera influencia política, pese a su número.
Quizá es esto lo que quiere expresar otra carta publicada en "La Vanguardia" que recuerda al PP y al Ciudadanos que "som una minoria, però molt i molt majoritària". ¿Una minoría mayoritaria? Este oximoron, figura claramente poética, nos acerca a los sentimientos: no importa nuestro número, tenemos la razón, la verdad nos pertenece.
Eso sí, si los "xarnegos" se arrepienten y abrazan la verdadera fe (los sentimientos nacionalistas y la defensa de los intereses de la burguesía catalana de toda la vida, los Pujol, los Mas, los Maragall, los Millet...) se les perdonan los pecados y se les permite llamarse catalanes. Así, los nacionalistas han permitido acceder a la Presidencia de la Generalidad a un "xarnego" que se ha mostrado suficientemente arrepentido, como lo muestran sus clases de catalán y, sobre todo, que desde que accedió al cargo es imposible oirle hablar en la lengua mayoritaria en Cataluña que (IDESCAT dixit) es el castellano.
Naturalmente, excluir a una parte sustancial de la población de la vida política por sus sentimientos no es muy democrático. El viejo principio "un hombre, un voto" (hoy sustituido, por supuesto, por "una persona, un voto") no es compatible con la exclusión de determinadas opciones porque son contrarias a un sentimiento elevado a la categoría de dogma.
Por ello, hay que admitir que Cataluña la forman todos los que viven y trabajan en Cataluña (más los jubilados, parados, niños y expatriados temporales), cualesquiera que sean sus sentimientos. Y que las decisiones políticas se han de tomar por votación entre todos ellos, tanto si conducen a la independencia (el procedimiento es otra cuestión) como si conducen a una más estrecha vinculación con España. Cataluña no se debe convertir en un club privado al que pertenecen los señoritos, mientras el servicio no tiene ni voz ni voto.
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