Un lector afirma en "La Vanguardia" que el propósito fundamental del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña era mejorar la financiación y acabar con el famoso expolio fiscal. En mi opinión, se equivoca totalmente.
El primer tripartito no tenía problemas financieros: no le faltaba dinero para abrir "embajaditas", encargar informes inútiles para beneficiar a cuatro amiguetes, financiar escuelas en Francia o mantener ni sé cuántas cadenas de televisión públicas (TV3, Canal 33, 3/24, una infantil que no recuerdo...). La mejora de la financiación se puso en primer plano posteriormente, a fin de interesar al público que no se apasionaba por el tema identitario.
El nuevo Estatuto se debió a dos cosas: fue una condición que impuso Esquerra Republicana de Catalunya para formar gobierno y fue el atajo que quiso coger Pasqual Maragall para asegurarse el triunfo en las siguientes elecciones e, incluso, barrer a CiU, al batirle en su propio terreno: al demostrar que a nacionalista no le ganaba nadie. Naturalmente, la coalición de derechas subió el envite nacionalista, forzando una escalada que condujo a un texto inviable.
Si el tripartito hubiese querido realmente mejorar la financiación, no la hubiese mezclado con el espinoso problema identitario. No hubiese planteado la reforma del Estatuto, ya que el de 1979 no entraba en materia financiera. Hubiese buscado la reforma de la LOFCA, que era la norma que regulaba (y, modificada, regula) la financiación autonómica.
Y hubiera buscado apoyos en aquellas Comunidades que se encontraban en situación similar a Cataluña, fundamentalmente Madrid. La simple propuesta de una revisión de los presupuestos de cálculo, como consecuencia de un crecimiento importante de la variable población hubiese sonado como música celestial al gobierno de la Comunidad madrileña, aunque perteneciese al PP y ello hubiese asegurado una presión importante, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición.
En cambio, al pretender, como todos los nacionalistas, el reconocimiento del "fet diferencial" catalán mediante un trato distinto (romper el café para todos) y, además, pedir más dinero, disparó las alarmas en todas las Comunidades, que se opusieron, comprensiblemente, a lo que vieron como la posible concesión de privilegios para Cataluña.
Por otra parte, la LOFCA es el texto legal idóneo para recoger el principio de ordinalidad, ya que su función es regular el sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, incluidos los mecanismos de compensación, y ese principio pretende constituir un límite a la acción excesiva de estos mecanismos. El Estatuto, por su propia naturaleza, no debe afectar a otras Comunidades Autónomas, y menos a todas ellas. Por eso, parte de las instituciones afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son recuperables introduciendo la misma regulación en una ley estatal de aplicación a todas las Comunidades (lo que no significa necesariamente que se aplique igual a todas ellas).
Por último, una referencia al denominado "expolio fiscal". Esta expresión, equivalente a "robo fiscal" (como para despertar simpatías hacia Cataluña, vamos) se refiere al porcentaje de la recaudación impositiva genereada en Cataluña que no retorna al territorio catalán mediante servicios o inversiones estatales o la participación de la Comunidad en los diferentes tributos gestionados por el Estado.
Este desequilibrio se puede enfocar de dos maneras diferentes: los nacionalistas parten de la idea preconcebida de que los impuestos recaudados en Cataluña deben volver íntegramente a Cataluña. Esta idea no es más que un deseo que los nacionalistas quisieran ver convertida en realidad. Ningún precepto, ningún principio de general aplicación atribuye a los contribuyentes, individual o colectivamente, control sobre la aplicación de los tributos satisfechos.
Así, los ricos no pueden quejarse de que parte de los impuestos que pagan sirvan para beneficiar a los desfavorecidos más que a los propios pagadores. No se aceptaría que los ciudadanos de la provincia de Girona, del Camp de Tarragona, de la ciudad de Lleida o del barrio de Pedralbes se quejen de que sus impuestos financien servicios o inversiones que beneficien a otras provincias, comarcas, ciudades o barrios.
Cuando se habla de expolio fiscal, se parte del dogma nacionalista: Cataluña es una nación y, por eso, los impuestos pagados en Cataluña deben permanecer en Cataluña. Más aún, como Cataluña es una nación, su estado natural y lógico es la independencia; como si Cataluña fuera un Estado independiente los impuestos pagados por los contribuyentes catalanes quedarían en Cataluña, ésta es la situación a la que tiene un derecho natural superior a cualquier consideración o restricción (a la Constitución, por ejemplo).
Pues bien, en este blog he expuesto reiteradamente las razones por las que Cataluña no puede ser considerada una nación pero, sobre todo, no hay ningún acuerdo, ninguna norma que asigne a las supuestas naciones ese derecho a retener los impuestos que pagan sus ciudadanos a una autoridad que no coincide con la propia nación. Esta materia queda regulada por el derecho positivo, por las leyes y los tratados internacionales.
Lo que no quiere decir que no haya una segunda manera de tratar la misma materia: el que los impuestos pagados en Cataluña no hayan de quedar forzosamente en Cataluña no quiere decir que el Gobierno estatal pueda distribuirlos arbitrariamente. Las normas que regulan la financiación autonómica (en particular la propia Constitución española) y los derechos individuales establecen límites que el Gobierno catalán podría esgrimir para asegurar una adecuada financiación. Pero tiene más interés (electoral) envolverse en la cuatribarrada (Quim Monzó nos ha enseñado que la palabra "senyera" no se refiere a la bandera de Cataluña) y utilizar el victimismo. Luego volvemos al principio: el gobierno catalán, los políticos catalanes no están interesados en mejorar la financiación, sino en otras cosas; no están interesado en defender los derechos de los ciudadanos, sino en su propio beneficio.
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domingo, 25 de julio de 2010
miércoles, 14 de octubre de 2009
Concierto
No nos engañemos. El concierto vasco es un error de cálculo. En 1978, al aprobar la Constitución, se pensó que reconocer a los vascos un evidente privilegio serviría para frenar al independentismo y, en particular, para desactivar a ETA.
Desgraciadamente el efecto fue el contrario: los nacionalistas vieron que ETA era beneficiosa para ellos en los únicos términos que realmente importan, los económicos. Por tanto, han seguido apoyando a la banda, desde luego bajo mano. Su política siempre ha sido la misma: amagar con el crecimiento del independentismo y el apoyo a ETA para mantener y aumentar los beneficios fiscales.
El concierto no ha de suponer, en sí mismo, un privilegio. Éste se encuentra en el cupo, el importe que las Diputaciones forales han de entregar al Estado como contraprestación de los servicios públicos que éste presta (defensa y asuntos exteriores son los más evidentes, pero no los únicos). Si el sistema de cálculo del cupo favorece a las Diputaciones, éstas se quedan con más recursos que las Comunidades Autónomas de régimen común. Si se adoptasen otros criterios, podrían resultar de peor condición y el único beneficio del concierto sería financiero: las Diputaciones recaudan primero y pagan más tarde.
De nuevo, el elemento que determina el sistema de cálculo del cupo es el miedo a ETA, el temor a que los señoritos de Neguri, afectados donde más les duele, en el bolsillo, apoyen al terrorismo de forma más decidida.
De lo anterior se desprenden varias enseñanzas. La primera, que si ETA desaparece, tal vez el concierto deje de ser tan atractivo. O, también, que si fuese posible condicionar el concierto al fin de la violencia, ETA desaparecería como por arte de magia.
En cuanto a Cataluña, la ausencia de terrorismo significaría, en cualquier caso, que el cálculo del cupo no fuese, ni mucho menos, tan favorable como lo es para los vascos. Carecer de esa amenaza significa tener una fuerza muy inferior en la mesa de negociaciones. Y, como hemos dicho, el cupo es la esencia del concierto. El margen para ejercer la capacidad normativa (superior en el Páis Vasco) depende de la financiación: sólo disponiendo de una financiación excedentaria se pueden bajar los impuestos. La gestión de todos los tributos supone el efecto financiero de disponer de los fondos de forma inmediata, pero también resulta más cara y menos eficiente que una gestión unificada en todo el Estado, y supone una presión fiscal indirecta más elevada para las empresas, que han de declarar e ingresar sus tributos a varias Administraciones.
Por tanto, no hay que creer que el concierto sea la panacea que curará todos los males de Cataluña. Como el actual sistema de financiación, sólo puede suponer una mejora si se logran negociar unos términos favorables. Y no creo que nadie, para ganar esa negociación quiera volver al terrorismo.
Desgraciadamente el efecto fue el contrario: los nacionalistas vieron que ETA era beneficiosa para ellos en los únicos términos que realmente importan, los económicos. Por tanto, han seguido apoyando a la banda, desde luego bajo mano. Su política siempre ha sido la misma: amagar con el crecimiento del independentismo y el apoyo a ETA para mantener y aumentar los beneficios fiscales.
El concierto no ha de suponer, en sí mismo, un privilegio. Éste se encuentra en el cupo, el importe que las Diputaciones forales han de entregar al Estado como contraprestación de los servicios públicos que éste presta (defensa y asuntos exteriores son los más evidentes, pero no los únicos). Si el sistema de cálculo del cupo favorece a las Diputaciones, éstas se quedan con más recursos que las Comunidades Autónomas de régimen común. Si se adoptasen otros criterios, podrían resultar de peor condición y el único beneficio del concierto sería financiero: las Diputaciones recaudan primero y pagan más tarde.
De nuevo, el elemento que determina el sistema de cálculo del cupo es el miedo a ETA, el temor a que los señoritos de Neguri, afectados donde más les duele, en el bolsillo, apoyen al terrorismo de forma más decidida.
De lo anterior se desprenden varias enseñanzas. La primera, que si ETA desaparece, tal vez el concierto deje de ser tan atractivo. O, también, que si fuese posible condicionar el concierto al fin de la violencia, ETA desaparecería como por arte de magia.
En cuanto a Cataluña, la ausencia de terrorismo significaría, en cualquier caso, que el cálculo del cupo no fuese, ni mucho menos, tan favorable como lo es para los vascos. Carecer de esa amenaza significa tener una fuerza muy inferior en la mesa de negociaciones. Y, como hemos dicho, el cupo es la esencia del concierto. El margen para ejercer la capacidad normativa (superior en el Páis Vasco) depende de la financiación: sólo disponiendo de una financiación excedentaria se pueden bajar los impuestos. La gestión de todos los tributos supone el efecto financiero de disponer de los fondos de forma inmediata, pero también resulta más cara y menos eficiente que una gestión unificada en todo el Estado, y supone una presión fiscal indirecta más elevada para las empresas, que han de declarar e ingresar sus tributos a varias Administraciones.
Por tanto, no hay que creer que el concierto sea la panacea que curará todos los males de Cataluña. Como el actual sistema de financiación, sólo puede suponer una mejora si se logran negociar unos términos favorables. Y no creo que nadie, para ganar esa negociación quiera volver al terrorismo.
miércoles, 21 de enero de 2009
Dignidad
Jordi Pujol pide "una reacción" si fracasan Estatut y financiación.
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624416200.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624416200.html
Lo que se cuida muy mucho de decir es qué tipo de reacción aconseja. ¿Un plan soberanista, como Ibarretxe? ¿Una huelga general?¿Una declaración unilateral de independencia?¿Votar unánimemente a CiU? No se va a mojar un político tan curtido.
Pero hay que recordarle varias cosas: que su formación política es corresponsable de lo que pase con un Estatut que contribuyó a hacer como hoy es, simplemente por oportunismo político. Primero, con una subasta irresponsable de soberanismo, a la que se prestó CiU temerosa de que el tripartito le arrebatase la senyera. Y, después, con el pacto entre Zapatero y Artur Mas, en un clarísimo ejemplo de la clásica política pujoliana de "peix al cove" (para el partido, no para el país, no hace falta decirlo; aunque tal vez él los confunda).
Segundo, que las dificultades en la financiación provienen de los pactos a que llegó el propio Pujol con el otro partido conservador, el PP, cuando éste gobernaba el Estado y CiU en su feudo.
Tercero, que si no se pueden superar estas dificultades es por la exigencia nacionalista de que, además de una mejor financiación, se atribuya a Cataluña un régimen diferente, "se reconozca el hecho diferencial catalán". Pedir un reparto mejor, más justo, de unos dineros que son de todos no puede ser criticado (aunque siempre habría sido precisa una negociación). Pedir, además, un trato diferenciado es políticamente equivalente a pedir privilegios y éso no lo puede tolerar ningún político de otra Comunidad.
Por último, que el autogobierno consiste en la capacidad de decisión, no en el folklore. Pujol, como ha hecho siempre, considera más importante el idioma en que está escrita la etiqueta que el producto contenido en el envase. Por éso pide que los demás le reconozcan una diferencia, en lugar de crearla con una política beneficiosa para Cataluña. Ésto no es importante. ¿O, tal vez, el propio Jordi Pujol no está convencido de la diferencia y por ello pide que los demás le convenzan?
http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20090121/53624416200.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20090121/53624416200.html
Lo que se cuida muy mucho de decir es qué tipo de reacción aconseja. ¿Un plan soberanista, como Ibarretxe? ¿Una huelga general?¿Una declaración unilateral de independencia?¿Votar unánimemente a CiU? No se va a mojar un político tan curtido.
Pero hay que recordarle varias cosas: que su formación política es corresponsable de lo que pase con un Estatut que contribuyó a hacer como hoy es, simplemente por oportunismo político. Primero, con una subasta irresponsable de soberanismo, a la que se prestó CiU temerosa de que el tripartito le arrebatase la senyera. Y, después, con el pacto entre Zapatero y Artur Mas, en un clarísimo ejemplo de la clásica política pujoliana de "peix al cove" (para el partido, no para el país, no hace falta decirlo; aunque tal vez él los confunda).
Segundo, que las dificultades en la financiación provienen de los pactos a que llegó el propio Pujol con el otro partido conservador, el PP, cuando éste gobernaba el Estado y CiU en su feudo.
Tercero, que si no se pueden superar estas dificultades es por la exigencia nacionalista de que, además de una mejor financiación, se atribuya a Cataluña un régimen diferente, "se reconozca el hecho diferencial catalán". Pedir un reparto mejor, más justo, de unos dineros que son de todos no puede ser criticado (aunque siempre habría sido precisa una negociación). Pedir, además, un trato diferenciado es políticamente equivalente a pedir privilegios y éso no lo puede tolerar ningún político de otra Comunidad.
Por último, que el autogobierno consiste en la capacidad de decisión, no en el folklore. Pujol, como ha hecho siempre, considera más importante el idioma en que está escrita la etiqueta que el producto contenido en el envase. Por éso pide que los demás le reconozcan una diferencia, en lugar de crearla con una política beneficiosa para Cataluña. Ésto no es importante. ¿O, tal vez, el propio Jordi Pujol no está convencido de la diferencia y por ello pide que los demás le convenzan?
viernes, 26 de diciembre de 2008
Financiación
Muchas voces, desde posiciones nacionalistas, acusan al Gobierno español de incumplir los plazos fijados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sin duda, el Gobierno podía haber sido más diligente en esta materia (y en muchas otras). Pero esta acusación se basa en contemplar el Estatuto de forma aislada, sin tomar en consideración el contexto.
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081225/53606149724.html
Lo primero que hay que recordar es que el artículo 157.3 de la Constitución (que sigue vigente y tiene rango superior al Estatuto) dispone que Mediante ley orgánica podrá regulares el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Este precepto prevé, claramente, una norma general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común, al servicio de los principios que, en esta materia, sienta el artículo 156.1 de la propia Constitución: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Ello implica, necesariamente, una negociación multilateral, aun cuando de la misma pudiera resultar un régimen financiero para Cataluña distinto de los vigentes en las restantes Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista jurídico, cabría este régimen distinto; desde la perspectiva política, ya es otro cantar. Cualquier diferencia será vista por las restantes Comunidades como un privilegio para Cataluña y, en consecuencia, todas se opondrán frontalmente. De forma que, políticamente, la bilateralidad es una fantasía.
En cuanto al incumplimiento de los plazos, habría que matizar una cosa: ¿cree alguien que si el Gobierno hubiese planteado, dentro del plazo estatutario, un acuerdo inaceptable para la Generalitat, ésta se hubiese sentido obligada a aceptarlo para respetar el plazo? Es evidente que no. ¿Qué ocurre, pues? ¿Dejaría el plazo de tener carácter vinculante en ese caso, o el carácter obligatorio se refiere sólo al Gobierno estatal, no a la Generalitat?
La respuesta, en cualquier caso, es que ese plazo no es más que una declaración de intenciones, que hubiera debido omitirse en la redacción del Estatuto. Se trata de un calendario político (estoy tentado de decir que carente de ningún valor) que no debió publicarse en los diarios oficiales, sino en la prensa común. Y, si alguien tiene dudas, baste una pregunta: ¿qué sanción establece la norma -el Estatuto- para el caso de incumplimiento?
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081225/53606149724.html
Lo primero que hay que recordar es que el artículo 157.3 de la Constitución (que sigue vigente y tiene rango superior al Estatuto) dispone que Mediante ley orgánica podrá regulares el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
Este precepto prevé, claramente, una norma general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común, al servicio de los principios que, en esta materia, sienta el artículo 156.1 de la propia Constitución: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Ello implica, necesariamente, una negociación multilateral, aun cuando de la misma pudiera resultar un régimen financiero para Cataluña distinto de los vigentes en las restantes Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista jurídico, cabría este régimen distinto; desde la perspectiva política, ya es otro cantar. Cualquier diferencia será vista por las restantes Comunidades como un privilegio para Cataluña y, en consecuencia, todas se opondrán frontalmente. De forma que, políticamente, la bilateralidad es una fantasía.
En cuanto al incumplimiento de los plazos, habría que matizar una cosa: ¿cree alguien que si el Gobierno hubiese planteado, dentro del plazo estatutario, un acuerdo inaceptable para la Generalitat, ésta se hubiese sentido obligada a aceptarlo para respetar el plazo? Es evidente que no. ¿Qué ocurre, pues? ¿Dejaría el plazo de tener carácter vinculante en ese caso, o el carácter obligatorio se refiere sólo al Gobierno estatal, no a la Generalitat?
La respuesta, en cualquier caso, es que ese plazo no es más que una declaración de intenciones, que hubiera debido omitirse en la redacción del Estatuto. Se trata de un calendario político (estoy tentado de decir que carente de ningún valor) que no debió publicarse en los diarios oficiales, sino en la prensa común. Y, si alguien tiene dudas, baste una pregunta: ¿qué sanción establece la norma -el Estatuto- para el caso de incumplimiento?
lunes, 22 de septiembre de 2008
Financiación
Una columna de "El Periódico de Cataluña" de hoy, 22 de septiembre de 2008 (*), sostiene que si los ciudadanos de Cataluña hubiesen sido informados de que la financiación de la Generalitat dependía del nuevo Estatuto de Autonomía, la participación en el referéndum no hubiera sido tan baja. Concluye pidiendo una movilización de la sociedad civil para lograr una financiación justa.
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
Realmente, es un error creer que la financiación dependía del Estatuto. Muy al contrario, el nuevo Estatuto es el principal obstáculo para que Cataluña logre una mejor financiación.
En efecto, el Estatuto pretende establecer una relación bilateral entre Cataluña y el Estado, lo que constituye un régimen privilegiado, además en el sentido etimológico del término: un privilegio es una ley especial para un determinado sujeto o grupo. Y éso es exactamente lo que pretende establecer el Estatuto, tanto en general como específicamente en materia financiera: establecer un régimen para Cataluña por negociación bilateral con el Estado, mientras las restantes Comunidades Autónomas (salvo el País Vasco y Navarra, cuyo régimen financiero viene determinado por la propia Constitución) han de sujetarse a una negociación multilateral.
Evidentemente, esta pretensión de obtener un régimen privilegiado solivianta a las demás Comunidades que difícilmente pueden aceptarla. En cambio, una mejor financiación dentro del marco fijado por la LOFCA (modificándola o sustituyéndola) encontraría menos resistencia, sobre todo ante el argumento del cambio de condiciones determinado por la inmigración y el consiguiente aumento de la población.
Pero, tal como ha sucedido durante todo el pujolismo, en Cataluña es más importante obtener el reconocimiento de la diferencia, que sólo puede servir para fundamentar una futura independencia, que conseguir definir y ejecutar las políticas que mejor sirvan a los ciudadanos, que es la esencia de la autonomía. Por ello se opta por un Estatuto inaceptable (el aprobado por el Parlamento de Cataluña) antes que por una mejora de la financiación.
Quizá por ésto los ciudadanos están perplejos. Porque los políticos anteponen una quimera a las necesidades reales del país y, aun así, abandonan su quimera por los intereses a corto plazo de los partidos (y parece que van a hacer lo mismo en la negociación de la financiación), sin dejar de llenarse la boca con grandes palabras.
*22/9/2008 EL TURNO
Parece obvio, pero no lo es en absoluto
GEMMA Lienas
Los ordenadores y teléfonos de la centralita del CERN se vieron colapsados de mensajes y llamadas de diferentes países el mismo día en que se puso en funcionamiento el mayor acelerador de partículas de la Tierra. Los mensajes eran de este tipo: "Acabo de tener un hijo: por favor, no destruyáis el mundo". Es decir, que una parte de la población del planeta había reaccionado negativamente porque había entendido --malentendido, claro-- que el ingenio físico puesto en marcha en Ginebra serviría para crear un agujero negro que se tragaría el universo, y no para encontrar respuestas a la formación del universo.A menudo, la reacción o falta de reacción de la ciudadanía obedece a esta discrepancia entre lo que realmente pasa y lo que de verdad entiende la gente. Otro ejemplo de este tipo: el Estatut. A la hora de ir a votar, la ciudadanía reaccionó con bastante indiferencia: solo el 48,85% se acercó a depositar la papeleta en las urnas. Es decir, que muchas ciudadanas y ciudadanos de Catalunya entendieron que lo del Estatut no tenía ninguna relación con ellos y se cruzaron de brazos. ¿Habrían reaccionado de igual manera si hubieran comprendido que del Estatut dependía, por ejemplo, la financiación de Catalunya? Lo dudo. Porque la gente sabe contar.Y, si no, solo hace falta decirle que si la pasta que recibía Catalunya resultaba años atrás una cantidad aceptable para sus 6 millones de habitantes, ahora, cuando nos acercamos mucho a los 8 millones de habitantes (según datos de la sanidad pública catalana), resulta claramente insuficiente.O decirles que Catalunya paga al Estado los impuestos que le corresponden, pero que el Estado gasta en Catalunya menos de lo que sería razonable --y así nos lucen las catenarias o las estaciones eléctricas--, con lo cual tenemos un déficit fiscal que se incrementa año tras año. Estaría bien que no solo los políticos, sindicatos y patronal cerraran filas, sino que toda la sociedad civil catalana se volcara para conseguir una financiación justa. Quizá tendremos que colapsar la centralita de la Moncloa con mensajes de este tipo: "He tenido un hijo: no le dejéis sin colegio".
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