Me parece que Francesc de Carreras se deja llevar, en su artículo de hoy, en "La Vanguardia" ("¿Hay federalistas en España?) por los conocimientos propios de su especialidad y olvida los sentimientos que subyacen bajo el concepto de federalismo que postula el PSC.
El PSC, está dominado, por cálculo electoral, por los nacionalistas de izquierda. Gentes como Maragall (los dos hermanos), tan nacionalistas como Pujol, pero menos conservadores en materia económica y religiosa. Como el partido sabe que los charnegos del Baix Llobregat no tienen más opción que votar al PSC (ellos quisieran votar al PSOE, pero no se presenta en Cataluña) o a ICV, que sólo puede formar gobierno con el PSC (salvo un crecimiento de ERC poco probable), buscan votos entre los nacionalistas, dando al partido un perfil claramente nacionalista. Ello se ve acentuado en la actualidad por la necesidad de ERC para mantenerse en el poder.
El proyecto nacionalista, tanto da si de CiU, de ERC o de los nacionalistas del PSC consiste en la construcción de la nación catalana: una Cataluña depurada de la influencia española, de lengua y cultura exclusivamente catalanas. Algo que no existe en la actualidad (basta con echar un vistazo a la encuesta lingüística de 2008 del Idescat) y que, evidentemente, exige aumentar las diferencias con España (España como opuesta a Cataluña, sobra decirlo) y crearlas cuando no existen o no son suficientes.
A este objetivo responde la política lingüística, cultural, educativa de la Generalidad, que no se diferencia bajo el tripartito de lo que sucedía en tiempos del pujolismo. Al mismo objetivo responde la creación de las veguerías o la publicación soterrada del Código civil catalán.
El federalismo asimétrico responde al mismo objetivo. Si Cataluña obtiene un estatus diferenciado, distintas instituciones o competencias respecto del resto de España, logra una diferencia real y, por tanto, al mismo tiempo, contribuye a crear y ve reconocida su condición nacional.
Por ello Pujol insistía en el reconocimiento del "fet diferencial". Por ello tiene importancia la inclusión de la palabra "nación" en el Estatuto de Autonomía. Por ello el mismo Estatuto pretende imponer ese bilateralismo imposible.
Si los partidos catalanes pretendiesen trabajar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña, su preocupación sería ejercer las competencias de la Generalidad, que no son pocas, para prestar los mejores servicios públicos que permitiesen los recursos disponibles. El que otras Comunidades Autónomas, históricas o de nuevo cuño, tuviesen las mismas competencias, no tendría importancia: en nada favorece o perjudica el ejercicio de las competencias del gobierno catalán.
Pero lo que importa no son los servicios públicos, lo que importan no son los ciudadanos de Cataluña. Lo que importa es la construcción de la nación catalana y a ello se deben sacrificar los demás valores.
jueves, 11 de febrero de 2010
miércoles, 10 de febrero de 2010
Multas, multas
Absolutamente genial la columna de Quim Monzó en "La Vanguardia" de hoy. El mejor Monzó, cargado de ironía y de razón.
En el mismo diario, una carta de un lector ("Denuncias ociosas") incide, desde otro ángulo, en el mismo tema. El sistema de sanciones contra los incívicos es ineficaz y casi genera más irrisión que otra cosa.
Las multas por infracciones como viajar sin billete en transporte público u orinar en la calle no tienen un efecto disuasorio por varias razones: no hay suficiente vigilancia para que el riesgo de ser descubierto sea real; los encargados de formular las denuncias, frecuentemente carecen de la capacidad coercitiva que les permita parar e identificar a los transgresores y formular la denuncia, con lo que se les ríen en las barbas.
Pero, sobre todo, las multas son inútiles si se imponen a aquéllos que carecen de bienes fácilmente embargables que permitan hacer efectiva la sanción. Y bienes de este tipo hay relativamente pocos: saldo positivo en cuentas bancarias, una nómina, una devolución del IRPF, en la época adecuada del año y poca cosa más. Un coche o una moto no son fácilmente localizables y enajenarlos es costoso, en ambos sentidos. Subastar una vivienda para cobrar 40 o 50 euros de multa es claramente desproporcionado, caro y complejo.
La única solución, a mi modo de ver, es imponer multas exclusivamente a aquellos infractores que demuestren que tienen recursos económicos que aseguren el pago o que depositen su importe en el acto, sin perjuicio de los recursos que puedan proceder. A los demás, no hay que imponerles sanciones económicas sino otras, que realmente supongan un perjuicio con verdadera capacidad disuasoria. Por ejemplo, trabajos para la comunidad. Un par de fines de semana recogiendo papeles en las calles, limpiando graffitti o desbrozando bosques puede ser mano de santo para los gamberros.
El problema, claro está, es que estas sanciones afectan a la libertad individual y, por tanto, es preciso que las impongan los jueces. Por tanto, necesitamos que nuestro sistema judicial sea capaz de lidiar, además de los procesos por delitos o faltas penales, con lo que hasta ahora han sido infracciones administrativas. Ello sólo es posible si se realiza una reforma en profundidad del propio sistema judicial, de forma que sea rápido y eficaz.
Esta reforma es inexcusable si pretendemos que las leyes sean respetadas, lo que constituye una exigencia del Estado de Derecho, pero también una necesidad del mercado.
Que el juicio por el "caso Hacienda" se vea diez años después del descubrimiento de los hechos hace que la sentencia pierda mucho de su valor, sobre todo ejemplar y preventivo. Ya se está diciendo que Millet, pese al escándalo, no pisará la cárcel, si no ha sido internado preventivamente, porque hasta que haya sentencia firme pasarán muchos años y puede fallecer antes o alcanzar una edad en la que se le ahorre el ingreso.
Se pretende incentivar el alquiler inmobiliario, pero el propietario teme que los inquilinos se conviertan en "okupas" durante meses o años, hasta que logre hacer efectivo el lanzamiento. Y, hablando de "okupas", qué decir de esos propietarios que han encontrado su domicilio o segunda residencia ocupados por extraños sin ningún título y han visto que la justicia ampara a los ocupantes.
Por poner otro ejemplo, las estupefacientes resoluciones judiciales en casos de violencia de género ponen de manifiesto la necesidad de la reforma por otra razón: en parte por corporativismo, en parte por una mal entendida sacralización de la independencia judicial no generan ninguna reacción efectiva y hacen patentes los defectos del sistema de selección y formación de los jueces y magistrados.
En resumen: no tengo la solución a todos los problemas, estructurales y coyunturales de nuestro país, pero la reforma del sistema judicial es una medida necesaria, aunque no suficiente, para resolver la mayoría de ellos. En las presentes y graves circunstancias, me parece que es un buen punto para empezar.
En el mismo diario, una carta de un lector ("Denuncias ociosas") incide, desde otro ángulo, en el mismo tema. El sistema de sanciones contra los incívicos es ineficaz y casi genera más irrisión que otra cosa.
Las multas por infracciones como viajar sin billete en transporte público u orinar en la calle no tienen un efecto disuasorio por varias razones: no hay suficiente vigilancia para que el riesgo de ser descubierto sea real; los encargados de formular las denuncias, frecuentemente carecen de la capacidad coercitiva que les permita parar e identificar a los transgresores y formular la denuncia, con lo que se les ríen en las barbas.
Pero, sobre todo, las multas son inútiles si se imponen a aquéllos que carecen de bienes fácilmente embargables que permitan hacer efectiva la sanción. Y bienes de este tipo hay relativamente pocos: saldo positivo en cuentas bancarias, una nómina, una devolución del IRPF, en la época adecuada del año y poca cosa más. Un coche o una moto no son fácilmente localizables y enajenarlos es costoso, en ambos sentidos. Subastar una vivienda para cobrar 40 o 50 euros de multa es claramente desproporcionado, caro y complejo.
La única solución, a mi modo de ver, es imponer multas exclusivamente a aquellos infractores que demuestren que tienen recursos económicos que aseguren el pago o que depositen su importe en el acto, sin perjuicio de los recursos que puedan proceder. A los demás, no hay que imponerles sanciones económicas sino otras, que realmente supongan un perjuicio con verdadera capacidad disuasoria. Por ejemplo, trabajos para la comunidad. Un par de fines de semana recogiendo papeles en las calles, limpiando graffitti o desbrozando bosques puede ser mano de santo para los gamberros.
El problema, claro está, es que estas sanciones afectan a la libertad individual y, por tanto, es preciso que las impongan los jueces. Por tanto, necesitamos que nuestro sistema judicial sea capaz de lidiar, además de los procesos por delitos o faltas penales, con lo que hasta ahora han sido infracciones administrativas. Ello sólo es posible si se realiza una reforma en profundidad del propio sistema judicial, de forma que sea rápido y eficaz.
Esta reforma es inexcusable si pretendemos que las leyes sean respetadas, lo que constituye una exigencia del Estado de Derecho, pero también una necesidad del mercado.
Que el juicio por el "caso Hacienda" se vea diez años después del descubrimiento de los hechos hace que la sentencia pierda mucho de su valor, sobre todo ejemplar y preventivo. Ya se está diciendo que Millet, pese al escándalo, no pisará la cárcel, si no ha sido internado preventivamente, porque hasta que haya sentencia firme pasarán muchos años y puede fallecer antes o alcanzar una edad en la que se le ahorre el ingreso.
Se pretende incentivar el alquiler inmobiliario, pero el propietario teme que los inquilinos se conviertan en "okupas" durante meses o años, hasta que logre hacer efectivo el lanzamiento. Y, hablando de "okupas", qué decir de esos propietarios que han encontrado su domicilio o segunda residencia ocupados por extraños sin ningún título y han visto que la justicia ampara a los ocupantes.
Por poner otro ejemplo, las estupefacientes resoluciones judiciales en casos de violencia de género ponen de manifiesto la necesidad de la reforma por otra razón: en parte por corporativismo, en parte por una mal entendida sacralización de la independencia judicial no generan ninguna reacción efectiva y hacen patentes los defectos del sistema de selección y formación de los jueces y magistrados.
En resumen: no tengo la solución a todos los problemas, estructurales y coyunturales de nuestro país, pero la reforma del sistema judicial es una medida necesaria, aunque no suficiente, para resolver la mayoría de ellos. En las presentes y graves circunstancias, me parece que es un buen punto para empezar.
lunes, 1 de febrero de 2010
Inmigración
No es cierto, como dice hoy en "La Vanguardia" Josep Miró i Ardèvol ("La inmigración como problema") que la inmigración sea un problema. La inmigración es una solución.
Lo que cabe preguntarse es si la inmigración es la mejor solución (o la menos mala). O, incluso, si es posible otra solución. En este sentido, es mucho más realista el artículo de Antoni Puigverd, en el mismo diario. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100201/comentarios_53881432039-1.html
La inmigración ha sido la respuesta que ha dado la economía española (incluida la catalana, Sr. Puigverd) a los retos del siglo XXI. Los empresarios querían seguir compitiendo como siempre lo habían hecho, a base de reducir los salarios, como única forma conocida de aumentar la productividad. Y, ciertamente, lo consiguieron, de forma que, como decía José María Aznar y podía haber seguido diciendo José Luís Rodríguez Zapatero, "España iba bien".
Y la inmigración suplió el deficit de natalidad de nuestro país, contribuyendo a compensar, sobre todo en las previsiones, la disminución de contribuciones a la Seguridad Social.
Ahora bien, la inmigración produce tensiones y esas tensiones pueden desembocar en problemas. El citado artículo de Puigverd expone varios de ellos de forma ejemplar. No menciona otros, alguno fundamental, como es que, ante una inmigración descontrolada, el exceso de recién llegados no absorbido por el mercado laboral sólo puede sobrevivir al margen de la ley, en la economía sumergida (lo que, en definitiva, es la razón de que no se quiera regular verdaderamente) o en la delincuencia (lo que ya no es tan deseable).
Pero, sobre todo, la inmigración cambia nuestra sociedad. Los inmigrantes, que se hacen cargo de los trabajos más duros por un sueldo mínimo y sin recibir ayudas reales por parte del Estado, no tienen por qué integrarse en la sociedad española (y catalana, Sr. Puigverd). No tienen por qué asumir nuestras costumbres y valores, sino, muy al contrario, aportan sus costumbres y valores a la sociedad de la que ellos son una parte creciente.
Éste es el problema real: queremos que nos estén agradecidos y, en prueba de agradecimiento, abandonen su lengua, sus valores, sus costumbres, su religión o su forma de vivir su religión, y adopten las nuestras. Y ellos no quieren, sencillamente por que no nos lo deben, porque no les hemos dado nada que ellos no hayan pagado con su trabajo.
Los nacionalistas, como el Sr. Puigverd, todavía están tratando de imponerse sobre los inmigrantes de décadas pasadas y sus descendientes. Todavía están tratando de convencer a los charnegos de que ellos, los nacionalistas catalanes de toda la vida, son los amos del cortijo y los inmigrantes o sus descendientes, para ser admitidos, deben convertirse a la verdadera fe del nacionalismo catalán y defender los valores y los intereses de la burguesía catalanista de toda la vida.
No lo han conseguido y, tal vez, nunca lo consigan. Pero no por la resistencia de los mentados charnegos, que casi están convencidos y, como prueba, basta ver al actual Presidente de la Generalidad. Ahora los que no querían convivir con andaluces o extremeños tienen que tragar la presencia de mogrebíes, pakistaníes, sudacas y negros varios. Y éstos acabarán venciendo por razones sencillamente demográficas.
Este es, a largo plazo, el problema de la inmigración. ¿O es el problema de los nacionalistas?
Lo que cabe preguntarse es si la inmigración es la mejor solución (o la menos mala). O, incluso, si es posible otra solución. En este sentido, es mucho más realista el artículo de Antoni Puigverd, en el mismo diario. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100201/comentarios_53881432039-1.html
La inmigración ha sido la respuesta que ha dado la economía española (incluida la catalana, Sr. Puigverd) a los retos del siglo XXI. Los empresarios querían seguir compitiendo como siempre lo habían hecho, a base de reducir los salarios, como única forma conocida de aumentar la productividad. Y, ciertamente, lo consiguieron, de forma que, como decía José María Aznar y podía haber seguido diciendo José Luís Rodríguez Zapatero, "España iba bien".
Y la inmigración suplió el deficit de natalidad de nuestro país, contribuyendo a compensar, sobre todo en las previsiones, la disminución de contribuciones a la Seguridad Social.
Ahora bien, la inmigración produce tensiones y esas tensiones pueden desembocar en problemas. El citado artículo de Puigverd expone varios de ellos de forma ejemplar. No menciona otros, alguno fundamental, como es que, ante una inmigración descontrolada, el exceso de recién llegados no absorbido por el mercado laboral sólo puede sobrevivir al margen de la ley, en la economía sumergida (lo que, en definitiva, es la razón de que no se quiera regular verdaderamente) o en la delincuencia (lo que ya no es tan deseable).
Pero, sobre todo, la inmigración cambia nuestra sociedad. Los inmigrantes, que se hacen cargo de los trabajos más duros por un sueldo mínimo y sin recibir ayudas reales por parte del Estado, no tienen por qué integrarse en la sociedad española (y catalana, Sr. Puigverd). No tienen por qué asumir nuestras costumbres y valores, sino, muy al contrario, aportan sus costumbres y valores a la sociedad de la que ellos son una parte creciente.
Éste es el problema real: queremos que nos estén agradecidos y, en prueba de agradecimiento, abandonen su lengua, sus valores, sus costumbres, su religión o su forma de vivir su religión, y adopten las nuestras. Y ellos no quieren, sencillamente por que no nos lo deben, porque no les hemos dado nada que ellos no hayan pagado con su trabajo.
Los nacionalistas, como el Sr. Puigverd, todavía están tratando de imponerse sobre los inmigrantes de décadas pasadas y sus descendientes. Todavía están tratando de convencer a los charnegos de que ellos, los nacionalistas catalanes de toda la vida, son los amos del cortijo y los inmigrantes o sus descendientes, para ser admitidos, deben convertirse a la verdadera fe del nacionalismo catalán y defender los valores y los intereses de la burguesía catalanista de toda la vida.
No lo han conseguido y, tal vez, nunca lo consigan. Pero no por la resistencia de los mentados charnegos, que casi están convencidos y, como prueba, basta ver al actual Presidente de la Generalidad. Ahora los que no querían convivir con andaluces o extremeños tienen que tragar la presencia de mogrebíes, pakistaníes, sudacas y negros varios. Y éstos acabarán venciendo por razones sencillamente demográficas.
Este es, a largo plazo, el problema de la inmigración. ¿O es el problema de los nacionalistas?
martes, 26 de enero de 2010
Ladrones
Se ofende Pilar Rahola en "La Vanguardia" del 26 de enero, porque el candidato del PP por Extremadura José Antonio Monago dice que los catalanes roban a Extremadura. La cartera y buena parte del futuro, si la cita es correcta.
Tiene razón la Sra. Rahola en enfadarse. O, mejor, la tendría, si ella no hubiera formado parte del coro del expolio. Si, de los que afirmaban que el sistema de financiación autonómica suponía el expolio de Cataluña.
Expolio, según el diccionario (tanto en castellano como en catalán) es sinónimo de robo. O sea, que Pilar Rahola y muchos otros nacionalistas acusaban a los extremeños, como a los demás españoles (para ellos los españoles se contraponen a los catalanes) de robo; les llamaban ladrones, igual que ahora el demagogo extremeño del PP.
Me da igual si tienen razones, que razón, en singular, no la tiene nadie. Si quieren alegar que el sistema de financiación, sea el anterior o el actual, es injusto o perjudica a una comunidad, que pongan sus argumentos, sus datos sobre la mesa. Éso sería un debate civilizado y democrático. Y, a lo mejor, llegábamos a un consenso, aunque fuera parcial.
Lo que hay que eliminar de la vida pública de este país es el insulto sistemático y el victimismo del que se siente insultado, pese a que él también insulta. Respetemos al otro, aunque sea un político de otro partido, como si fuera un ciudadano honrado. Todos saldremos ganando.
Tiene razón la Sra. Rahola en enfadarse. O, mejor, la tendría, si ella no hubiera formado parte del coro del expolio. Si, de los que afirmaban que el sistema de financiación autonómica suponía el expolio de Cataluña.
Expolio, según el diccionario (tanto en castellano como en catalán) es sinónimo de robo. O sea, que Pilar Rahola y muchos otros nacionalistas acusaban a los extremeños, como a los demás españoles (para ellos los españoles se contraponen a los catalanes) de robo; les llamaban ladrones, igual que ahora el demagogo extremeño del PP.
Me da igual si tienen razones, que razón, en singular, no la tiene nadie. Si quieren alegar que el sistema de financiación, sea el anterior o el actual, es injusto o perjudica a una comunidad, que pongan sus argumentos, sus datos sobre la mesa. Éso sería un debate civilizado y democrático. Y, a lo mejor, llegábamos a un consenso, aunque fuera parcial.
Lo que hay que eliminar de la vida pública de este país es el insulto sistemático y el victimismo del que se siente insultado, pese a que él también insulta. Respetemos al otro, aunque sea un político de otro partido, como si fuera un ciudadano honrado. Todos saldremos ganando.
sábado, 16 de enero de 2010
Pelotazos
El inefable alcalde de Barcelona ha lanzado, de sopetón, la ¿propuesta o ya decisión? de presentar la candidatura de la Ciudad Condal para sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022.
La ciudadanía, mal pensada ella, ha entendido unánimemente que al Sr. Hereu no le llega la camisa al cuerpo cuando lee las encuestas de intención de voto, que le pueden descabalgar de la poltrona y romper la hegemonía socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, que parecía destinada a durar mil años.
Los Juegos Olímpicos de 1992 fueron, seguramente, un acontecimiento enormemente positivo para Barcelona. Superada la dictadura, España había empezado a ocupar un lugar normal en Europa y el mundo. La ciudad necesitaba una reforma importante, que la modernizase y aumentase sus atractivos en todos los aspectos. Los Juegos fueron la ocasión para efectuar esta reforma y presentar al mundo la nueva faz de Barcelona y de España. Fueron un acierto cuyo mérito es obligado reconocer a mucha gente, pero en particular a Pasqual Maragall, alcalde entonces de la ciudad.
No obstante, el gobierno municipal, enardecido por el triunfo, intentó repetir la jugada con el Forum, que no logró repetir el éxito, ni mucho menos. Por una parte, el acontecimiento no tenía el mismo atractivo; por otra, las circunstancias no eran las mismas. Los ciudadanos ya no sentían la necesidad de ofrecer al mundo la mejor cara de la ciudad y del país, sino que, completamente normalizados, pretendían del Ayuntamiento servicios a nivel europeo.
Pero ofrecer unos buenos servicios públicos, la función de un gobernante, es difícil y, sobre todo, poco agradecido en términos electorales. Exige un esfuerzo constante que no es noticia e implica costes para los ciudadanos, sea en forma de impuestos, molestias (las obras), multas, controles de alcoholemia...
Por ello, el propio Maragall, cuando accedió a la Presidencia de la Generalitat decidió intentar una nueva operación de relumbrón que le garantizase la reelección, al permitirle batir en toda la línea a CiU, en su propio terreno y en forma que garantizaba la atención de los medios: no hace falta aclarar que nos referimos al nuevo Estatuto de Autonomía, que tantos quebraderos de cabeza ha producido.
Y ahora, el alcalde Hereu intenta de nuevo la misma maniobra, con la presentación de la candidatura a los Juegos de invierno. No puede ofrecer a los ciudadanos mejores servicios, más limpieza, más seguridad, por lo que intenta arrastrar el voto mediante una apelación a los sentimientos que se pretende doble, al unirse al simbolismo de los Juegos Olímpicos en general el recuerdo de lo que los de 1992 representaron para Barcelona.
Este desprecio del trabajo diario en beneficio de los grandes proyectos excepcionales recuerda extraordinariamente lo que ha venido ocurriendo en la economía española en las últimas décadas. El verdadero negocio, el que verdaderamente producía beneficios era la conversión de terrenos rústicos en urbanos. No la urbanización ni la construcción, aunque eran necesarias: la transformación jurídica.
Se trata de un proceso que incrementa el precio de los terrenos, pero no aumenta su valor, ya que no les añade nada. Y, sobre todo, se incluye claramente en lo que en contabilidad se han considerado siempre resultados extraordinarios, como la venta del local del negocio, accesoria a la actividad económica habitual y, en muchas ocasiones, contraria a ella, ya que supone el cierre del negocio (salvo en caso de traslado, claro está).
Se trata, en definitiva, de la cultura del pelotazo, que se caracteriza por despreciar la actividad laboriosa, el esfuerzo discreto y continuado, y valorar tan sólo el enriquecimiento rápido y fácil, basado, teóricamente, en las excepcionales dotes de quien lo consigue y, más frecuentemente, en información privilegiada, contactos o, sencillamente, corrupción.
Lo que está haciendo el alcalde Hereu es intentar ganar las elecciones mediante un pelotazo político. Ello, por una parte, es intentar engañar a los ciudadanos. Pero, por otra, es aun peor, ya que supone ampliar la extensión afectada por lo que se ha manifestado como un defecto fundamental de la economía española que le mantiene apartada de la recuperación: no quieren aprender que los pelotazos hacen unos pocos millonarios, pero no enriquecen un país ni mejoran los servicios públicos.
La ciudadanía, mal pensada ella, ha entendido unánimemente que al Sr. Hereu no le llega la camisa al cuerpo cuando lee las encuestas de intención de voto, que le pueden descabalgar de la poltrona y romper la hegemonía socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, que parecía destinada a durar mil años.
Los Juegos Olímpicos de 1992 fueron, seguramente, un acontecimiento enormemente positivo para Barcelona. Superada la dictadura, España había empezado a ocupar un lugar normal en Europa y el mundo. La ciudad necesitaba una reforma importante, que la modernizase y aumentase sus atractivos en todos los aspectos. Los Juegos fueron la ocasión para efectuar esta reforma y presentar al mundo la nueva faz de Barcelona y de España. Fueron un acierto cuyo mérito es obligado reconocer a mucha gente, pero en particular a Pasqual Maragall, alcalde entonces de la ciudad.
No obstante, el gobierno municipal, enardecido por el triunfo, intentó repetir la jugada con el Forum, que no logró repetir el éxito, ni mucho menos. Por una parte, el acontecimiento no tenía el mismo atractivo; por otra, las circunstancias no eran las mismas. Los ciudadanos ya no sentían la necesidad de ofrecer al mundo la mejor cara de la ciudad y del país, sino que, completamente normalizados, pretendían del Ayuntamiento servicios a nivel europeo.
Pero ofrecer unos buenos servicios públicos, la función de un gobernante, es difícil y, sobre todo, poco agradecido en términos electorales. Exige un esfuerzo constante que no es noticia e implica costes para los ciudadanos, sea en forma de impuestos, molestias (las obras), multas, controles de alcoholemia...
Por ello, el propio Maragall, cuando accedió a la Presidencia de la Generalitat decidió intentar una nueva operación de relumbrón que le garantizase la reelección, al permitirle batir en toda la línea a CiU, en su propio terreno y en forma que garantizaba la atención de los medios: no hace falta aclarar que nos referimos al nuevo Estatuto de Autonomía, que tantos quebraderos de cabeza ha producido.
Y ahora, el alcalde Hereu intenta de nuevo la misma maniobra, con la presentación de la candidatura a los Juegos de invierno. No puede ofrecer a los ciudadanos mejores servicios, más limpieza, más seguridad, por lo que intenta arrastrar el voto mediante una apelación a los sentimientos que se pretende doble, al unirse al simbolismo de los Juegos Olímpicos en general el recuerdo de lo que los de 1992 representaron para Barcelona.
Este desprecio del trabajo diario en beneficio de los grandes proyectos excepcionales recuerda extraordinariamente lo que ha venido ocurriendo en la economía española en las últimas décadas. El verdadero negocio, el que verdaderamente producía beneficios era la conversión de terrenos rústicos en urbanos. No la urbanización ni la construcción, aunque eran necesarias: la transformación jurídica.
Se trata de un proceso que incrementa el precio de los terrenos, pero no aumenta su valor, ya que no les añade nada. Y, sobre todo, se incluye claramente en lo que en contabilidad se han considerado siempre resultados extraordinarios, como la venta del local del negocio, accesoria a la actividad económica habitual y, en muchas ocasiones, contraria a ella, ya que supone el cierre del negocio (salvo en caso de traslado, claro está).
Se trata, en definitiva, de la cultura del pelotazo, que se caracteriza por despreciar la actividad laboriosa, el esfuerzo discreto y continuado, y valorar tan sólo el enriquecimiento rápido y fácil, basado, teóricamente, en las excepcionales dotes de quien lo consigue y, más frecuentemente, en información privilegiada, contactos o, sencillamente, corrupción.
Lo que está haciendo el alcalde Hereu es intentar ganar las elecciones mediante un pelotazo político. Ello, por una parte, es intentar engañar a los ciudadanos. Pero, por otra, es aun peor, ya que supone ampliar la extensión afectada por lo que se ha manifestado como un defecto fundamental de la economía española que le mantiene apartada de la recuperación: no quieren aprender que los pelotazos hacen unos pocos millonarios, pero no enriquecen un país ni mejoran los servicios públicos.
martes, 29 de diciembre de 2009
Moral católica
En La segunda de "La Vanguardia" de hoy, 29 de diciembre, el vicedirector se despacha a gusto contra los que critican la manifestación en que el cardenal Rouco y el mismo Benedicto XVI atacaron a todo aquel que se apartase de la familia tradicional católica, con especial mención al aborto y al matrimonio homosexual. Abián se burla de los críticos, llamándoles rojos y masones, como en los viejos tiempos; judíos no, no sería políticamente correcto, y separatistas, pues claro, tampoco.
Pero en la página 10 del mismo diario aparece la noticia de que otros dos obispos irlandeses (y católicos, sólo faltaría) han renunciado a sus diócesis por los abusos a niños. No es que los oblispos dimisionarios fuesen acusados de pederastia (bueno, ahora creo que hay que decir efebofilia); lo que hicieron fue lo que siempre ha hecho la Iglesia (la jerarquía eclesiástica, que es la única que tiene voz y voto): encubrir los hechos y ocultar a los culpables.
Los legos no entendemos que la Iglesia encubra hechos gravísimos que atentan directamente contra la doctrina que predica (Mt. 18,6) y que constituyen delitos penados en todos los países civilizados. Y que ni siquiera nos hayan ofrecido una razón mínimamente convincente de ese encubrimiento. El Papa ha lamentado y condenado los casos de pederastia, pero no ha abierto una investigación para determinar las causas del encubrimiento.
No entendemos, pues, que los obispos, sin limpiar primero su casa, se arroguen el derecho de condenar a los demás, sin siquiera oirles, como poseedores de la verdad y la razón. Juzgan y dan lecciones a los demás, sin querer ver la viga en su propio ojo (Mt. 7).
¿Cuál era la familia tradicional? ¿Tal vez aquélla en que el varón podía tener querida, si se lo podía permitir, o frecuentar prostitutas? Ciertamente, los sermones no la presentaban así, pero todo el mundo conocía la realidad, y los obispos contemporizaban con ella.
O, tal vez, aquélla en que una muchacha embarazada era expulsada por el cabeza de familia, en nombre de la honra y de la decencia cristiana y condenada a la prostitución como único medio de vida (si no optaban por recurrir al aborto clandestino). Tampoco lo decía así la hoja parroquial, pero nunca se vió condenar públicamente la acción de todo un caballero cristiano, celoso de su honor y de la decencia de su casa (la mantenida estaba en otra casa, ésta menos decente).
O quizá, aquélla en que el confesor aconsejaba a la mujer maltratada soportar la violencia de su cónyuge, sin osar afear a éste su conducta, porque ello hubiera supuesto atentar contra el orden divino que puso al varón como cabeza de la mujer (Cor. 11,3).
La Iglesia católica, y quiero decir la jerarquía, pues los laicos sólo pueden pagar y obedecer, debiera hacer examen de conciencia y ver si sus acciones responden verdaderamente a la doctrina que dice defender. Si, realmente, los obispos, sacerdotes y fieles están llenos de caridad (Cor. 13) o si su obrar no se adecúa a sus palabras (a la Palabra). Y creo que ese examen le conduciría a una mayor humildad y generosidad. A condenar menos y perdonar más, sin por ello dejar de anunciar lo que consideran es la verdad.
Ahora, estas manifestaciones altisonantes y apocalípticas, contrapuestas a conductas como la que motivó la renuncia de los obispos irlandeses (cuatro, ya) suenan a doble moral, a hipocresía. Que los que pretenden ser sucesores de los apóstoles no sean llamados con el epíteto que usó el mismo Jesús de Nazaret: sepulcros blanqueados (Mt. 23, 23-27href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20091229/53856522693.html">
Pero en la página 10 del mismo diario aparece la noticia de que otros dos obispos irlandeses (y católicos, sólo faltaría) han renunciado a sus diócesis por los abusos a niños. No es que los oblispos dimisionarios fuesen acusados de pederastia (bueno, ahora creo que hay que decir efebofilia); lo que hicieron fue lo que siempre ha hecho la Iglesia (la jerarquía eclesiástica, que es la única que tiene voz y voto): encubrir los hechos y ocultar a los culpables.
Los legos no entendemos que la Iglesia encubra hechos gravísimos que atentan directamente contra la doctrina que predica (Mt. 18,6) y que constituyen delitos penados en todos los países civilizados. Y que ni siquiera nos hayan ofrecido una razón mínimamente convincente de ese encubrimiento. El Papa ha lamentado y condenado los casos de pederastia, pero no ha abierto una investigación para determinar las causas del encubrimiento.
No entendemos, pues, que los obispos, sin limpiar primero su casa, se arroguen el derecho de condenar a los demás, sin siquiera oirles, como poseedores de la verdad y la razón. Juzgan y dan lecciones a los demás, sin querer ver la viga en su propio ojo (Mt. 7).
¿Cuál era la familia tradicional? ¿Tal vez aquélla en que el varón podía tener querida, si se lo podía permitir, o frecuentar prostitutas? Ciertamente, los sermones no la presentaban así, pero todo el mundo conocía la realidad, y los obispos contemporizaban con ella.
O, tal vez, aquélla en que una muchacha embarazada era expulsada por el cabeza de familia, en nombre de la honra y de la decencia cristiana y condenada a la prostitución como único medio de vida (si no optaban por recurrir al aborto clandestino). Tampoco lo decía así la hoja parroquial, pero nunca se vió condenar públicamente la acción de todo un caballero cristiano, celoso de su honor y de la decencia de su casa (la mantenida estaba en otra casa, ésta menos decente).
O quizá, aquélla en que el confesor aconsejaba a la mujer maltratada soportar la violencia de su cónyuge, sin osar afear a éste su conducta, porque ello hubiera supuesto atentar contra el orden divino que puso al varón como cabeza de la mujer (Cor. 11,3).
La Iglesia católica, y quiero decir la jerarquía, pues los laicos sólo pueden pagar y obedecer, debiera hacer examen de conciencia y ver si sus acciones responden verdaderamente a la doctrina que dice defender. Si, realmente, los obispos, sacerdotes y fieles están llenos de caridad (Cor. 13) o si su obrar no se adecúa a sus palabras (a la Palabra). Y creo que ese examen le conduciría a una mayor humildad y generosidad. A condenar menos y perdonar más, sin por ello dejar de anunciar lo que consideran es la verdad.
Ahora, estas manifestaciones altisonantes y apocalípticas, contrapuestas a conductas como la que motivó la renuncia de los obispos irlandeses (cuatro, ya) suenan a doble moral, a hipocresía. Que los que pretenden ser sucesores de los apóstoles no sean llamados con el epíteto que usó el mismo Jesús de Nazaret: sepulcros blanqueados (Mt. 23, 23-27href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20091229/53856522693.html">
domingo, 13 de diciembre de 2009
Independentismo
Vaya por delante que el independentismo es una opción política legítima, que se puede compartir o no. Y que las consultas que se celebran hoy en diversas localidades son una forma de expresión de una determinada ideología, de una propuesta política, alternativa a otras como las manifestaciones callejeras. Se podrá discutir su legalidad o la oportunidad de dedicar fondos públicos a su desarrollo, especialmente en las actuales circunstancias, pero no hace falta tomárselas a la tremenda.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
Ahora bien, esta iniciativa a favor de la independencia de Cataluña se plantea, en gran medida, como una reacción a la crisis económica. Vienen a decir que España es el problema y la independencia de Cataluña, la solución.
Así lo decían expresamente los carteles que hace un tiempo pegaron las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya: se veían las caricaturas de varios tipos (un empresario, un militar, una monja, un torero) supuestamente representativos de España y el lema "Espanya és crisi".
Es evidente que nadie en su sano juicio puede creer que a una Cataluña independiente no le hubiese afectado una crisis que ha tenido alcance global y han sufrido todas las economías de nuestro entorno. Es también evidente que los empresarios catalanes no son justos y benéficos, a diferencia de los españoles, viles explotadores de los jóvenes independentistas y de las colonias peninsulares e insulares: todos tratan de hacerse ricos, pese a quien pese y por todos los medios.
Otra circunstancia abona el crecimiento del independentismo: el descrédito de los políticos. Este descrédito, puesto de manifiesto en los casos de corrupción, directamente vinculados a las características de la economía española (incluida la catalana) que ha agravado especialmente la crisis en nuestra parte del mundo, lleva a pedir medidas radicales que purifiquen el sistema.
Pero esta reacción recuerda lo que sucedió ante otra crisis de la que se ha hablado mucho como precedente histórico de la actual: la de 1929. Esta crisis económica dio, en muchos países (aunque con distintos grados de éxito), lugar a reacciones basadas en el ultranacionalismo, que pretendían también constituir una solución frente al descrédito de las instituciones democráticas. Esta solución se conoce con el término genérico de totalitarismo.
No estoy llamando fascistas a los independentistas. Ahora mismo no pretenden en absoluto establecer una dictadura de corte fascista. Pero, quizá, estén poniendo los cimientos de un resurgir del fascismo.
En efecto, están haciendo un diagnóstico equivocado, por lo que la solución que proponen no sirve para resolver el problema (aunque pueda tener otras ventajas). La crisis no proviene de la inclusión de Cataluña en el Estado español, por lo que la independencia no la resolverá. El descrédito de los políticos alcanza también a los partidos catalanes, aunque los incondicionales pretendan salvar a los suyos.
Los políticos independentistas, ahora mismo en el gobierno en Cataluña, no han sabido evitar la crisis ni resolverla, ni han formulado propuestas útiles que el Estado haya rechazado. Lo mismo puede decirse de la oposición, ahora también soberanista a la caza de votos. Es más, la política catalana ha dado la espalda a la crisis, enfangada en un debate estéril de carácter puramente electoralista (me refiero al Estatuto: ¿saldremos de la crisis si Cataluña se define como nación?).
Pero lo que venden es una medida de gran carga sentimental que constituye una auténtica utopía: la promesa de un mundo feliz a resultas de la independencia. Como la utopía, por definición, no puede realizarse, surgirían críticas. La única reacción posible a estas críticas sería envolverse en la bandera y acusar a los críticos de antipatriotas, acallándolos. Es decir, el fascismo.
No tengo la solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí puedo dar unas indicaciones: que los gobernantes recuerden que su función consiste en gestionar los asuntos públicos, es decir lo que afecta a todos los ciudadanos, no en ocuparse exclusivamente de lo que les interesa a ellos mismos, o sea, ganar las elecciones. A partir de ahí, reconocer los problemas reales y trabajar para resolverlos. Y dejar de creer en los Reyes Magos, que ya somos mayorcitos.
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