Difícilmente podría uno oponerse a la propuesta que formula Miquel Roca hoy, en "La Vanguardia": que se renueven los Magistrados del Tribunal Constitucional que ya hace tiempo han finalizado su mandato y también, llegado el momento, los que están a punto de finalizarlo. Y éso por una razón sencillísima: si no se respeta la Ley, no hay Estado de derecho, no hay seguridad jurídica, no hay democracia.
Ahora bien, que nadie crea que esa sustitución supondrá un verdadero cambio en el papel del Tribunal Constitucional. No, porque el método de selección de los Magistrados conducirá, ineluctablemente, a que se nombren voceros de los partidos, comprometidos, como buenos estómagos agradecidos, a cumplir los designios de sus señoritos. Tendrán un plus de legitimidad formal, pero no tendrán legitimidad material.
La legitimidad material del Tribunal Constitucional vendría dada por unos Magistrados comprometidos sólo con la Constitución, que cumpliesen su función de interpretar la Carta Magna con toda la ciencia jurídica acumulada por una larga experiencia. Humanos y, por tanto, falibles, pero deseosos de cumplir correctamente su función. Pero ésto, hoy en España, es una utopía y aún una utopía ridícula.
El propio Miquel Roca no atiende tanto al escándalo que supone una interinidad ilimitada, cuanto al riesgo de que esta composición del Tribunal pueda conducir a una sentencia contraria a sus intereses, legítimos, pero partidistas. Lo propio sucede con el Director de "La Vanguardia", que se queja del proceso, pero no por los defectos evidentes, sino por el sentido del fallo que anuncian.
Aun más, la Presidenta del Tribunal Constitucional, en lugar de procurar una sentencia, cualquiera que sea su signo, que interprete la Constitución y valore la adaptación del Estatuto a la norma fundamental, persigue únicamente un fallo favorable a una determinada interpretación. Favorable, sobre todo, desde un punto de vista político, no jurídico. Busca, y nadie se recata en señalarlo, una sentencia del agrado del Gobierno, no una sentencia acorde con el verdadero sentido de la Constitución.
Por tanto, que nadie se queje. Si cada uno utiliza la justicia en su propio beneficio y los propios Tribunales se acomodan a esta casa de tócame Roque, quizá sea mejor renunciar al Estado de Derecho. Reconozcamos que ésto es un zoco, todo está en venta y hagamos nuestras ofertas. En una casa de putas, el que manda es el que tiene más dinero; ése se lleva la fulana más maciza al catre y, los demás, a envidiarle y hacerse pajas.
martes, 20 de abril de 2010
domingo, 18 de abril de 2010
El dueño de la democracia
Contesta Suso de Toro al artículo de Francesc de Carreras que, a su vez, daba la réplica a un artículo del primero sobre la situación creada por el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional acerca de un buen número de artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y lo hace reiterando su pregunta: ¿Quién es al final el dueño de la democracia, la ciudadanía o los jueces miembros de un tribunal?
En un Estado de derecho, no sólo rige el principio de legalidad, que implica la sumisión de todos los poderes públicos (y de los ciudadanos) a la ley, sino también el de jerarquía normativa, según el cuál la Constitución prevalece sobre las leyes y éstas sobre los reglamentos administrativos. La norma que contradice otra de rango superior, es nula y no puede ser aplicada. La Constitución ocupa el lugar superior en esta jerarquía, por lo que es nula cualquier ley, incluso orgánica, que la contradiga.
En cuanto la función de todos los tribunales constitucionales consiste en valorar la adecuación de las leyes (y, en su caso, otros actos de los poderes públicos) a la Constitución, la pregunta de Suso de Toro implica que la voluntad de los ciudadanos prevalece incluso sobre la propia Constitución. Pero ésto, que es el fundamento de la democracia, lo acepta la Constitución misma, que prevé un procedimiento para su reforma o derogación. Lo que Toro y muchos otros plantean es que el Estatuto de Autonomía debe prevalecer sobre la Constitución sin necesidad de acudir a dicho procedimiento: que el Estatuto debe ser aceptado, al haber sido aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes Generales y refrendado por la población, aunque sea contrario a la Constitución, sin necesidad de reformar ésta.
En el fondo, esta tesis implica la existencia de una norma de rango superior a la Constitución, que ésta no puede contravenir. Si una norma de rango inferior se ajusta a esa norma supraconstitucional y es contraria a la Constitución, prevalece aquélla sobre ésta. Y, ¿cuál es esta norma supraconstitucional?
Podría ser, en nuestro ordenamiento positivo, el Derecho comunitario. Pero éste no contiene ninguna disposición que pueda ser alegada para hacer prevalecer el Estatuto sobre la Constitución. En realidad, los partidarios de esta tesis no se refieren a ninguna norma positiva sino a algo que, en todo caso, podría formar parte del Derecho natural.
La superioridad del Estatuto sobre la Constitución se basa en el siguiente argumento: Cataluña es una nación; las naciones tienen un derecho natural al autogobierno; ninguna norma positiva puede negar o limitar este derecho; el Estatuto de Autonomía constituye la expresión del autogobierno de la nación catalana, luego no puede ser limitado por la Constitución.
Respecto del primer punto, nadie ha sido capaz de formular una definición del concepto "nación" que resulte generalmente aceptada y, por tanto, permita determinar con una razonable seguridad si Cataluña, o cualquier otra comunidad, país o grupo social constituye o no una nación.
En cuanto al segundo, se trata de un principio que nadie acepta en el Derecho internacional. En realidad, ni siquiera se formula: se trata más bien de un sobreentendido en la argumentación de los nacionalistas partidarios de la segregación respecto de un Estado, pero nunca se somete a discusión.
El tercero, en realidad, es una precisión del segundo: el Estatuto de Autonomía supone la plasmación, reconocida constitucionalmente, del autogobierno de Cataluña: la discusión no se refiere al derecho al autogobierno, pues, sino a la posibilidad de establecer límites al mismo. Ahora bien, hay que recordar que incluso los derechos fundamentales generalmente aceptados (derecho a la vida, a la libertad individual, derechos de expresión, reunión y asociación) pueden ser limitados sin que ello suponga una negación de la democracía.
Por todo ello, son Suso de Toro y quienes, como él, defienden la superioridad del Estatuto sobre la Constitución quienes han de argumentar su postura. Mientras tanto, no cabe escandalizarse de que el control de constitucionalidad se halle confiado a los magistrados que forman un tribunal. Lo que hay que exigir es que estos magistrados hagan bien su trabajo, valorando la compatibilidad del Estatuto con la Constitución vigente, no con la que a los partidos que les eligieron les gustaría tener.
href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100418/53910811465.html"> href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100416/53909506869.html
En un Estado de derecho, no sólo rige el principio de legalidad, que implica la sumisión de todos los poderes públicos (y de los ciudadanos) a la ley, sino también el de jerarquía normativa, según el cuál la Constitución prevalece sobre las leyes y éstas sobre los reglamentos administrativos. La norma que contradice otra de rango superior, es nula y no puede ser aplicada. La Constitución ocupa el lugar superior en esta jerarquía, por lo que es nula cualquier ley, incluso orgánica, que la contradiga.
En cuanto la función de todos los tribunales constitucionales consiste en valorar la adecuación de las leyes (y, en su caso, otros actos de los poderes públicos) a la Constitución, la pregunta de Suso de Toro implica que la voluntad de los ciudadanos prevalece incluso sobre la propia Constitución. Pero ésto, que es el fundamento de la democracia, lo acepta la Constitución misma, que prevé un procedimiento para su reforma o derogación. Lo que Toro y muchos otros plantean es que el Estatuto de Autonomía debe prevalecer sobre la Constitución sin necesidad de acudir a dicho procedimiento: que el Estatuto debe ser aceptado, al haber sido aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes Generales y refrendado por la población, aunque sea contrario a la Constitución, sin necesidad de reformar ésta.
En el fondo, esta tesis implica la existencia de una norma de rango superior a la Constitución, que ésta no puede contravenir. Si una norma de rango inferior se ajusta a esa norma supraconstitucional y es contraria a la Constitución, prevalece aquélla sobre ésta. Y, ¿cuál es esta norma supraconstitucional?
Podría ser, en nuestro ordenamiento positivo, el Derecho comunitario. Pero éste no contiene ninguna disposición que pueda ser alegada para hacer prevalecer el Estatuto sobre la Constitución. En realidad, los partidarios de esta tesis no se refieren a ninguna norma positiva sino a algo que, en todo caso, podría formar parte del Derecho natural.
La superioridad del Estatuto sobre la Constitución se basa en el siguiente argumento: Cataluña es una nación; las naciones tienen un derecho natural al autogobierno; ninguna norma positiva puede negar o limitar este derecho; el Estatuto de Autonomía constituye la expresión del autogobierno de la nación catalana, luego no puede ser limitado por la Constitución.
Respecto del primer punto, nadie ha sido capaz de formular una definición del concepto "nación" que resulte generalmente aceptada y, por tanto, permita determinar con una razonable seguridad si Cataluña, o cualquier otra comunidad, país o grupo social constituye o no una nación.
En cuanto al segundo, se trata de un principio que nadie acepta en el Derecho internacional. En realidad, ni siquiera se formula: se trata más bien de un sobreentendido en la argumentación de los nacionalistas partidarios de la segregación respecto de un Estado, pero nunca se somete a discusión.
El tercero, en realidad, es una precisión del segundo: el Estatuto de Autonomía supone la plasmación, reconocida constitucionalmente, del autogobierno de Cataluña: la discusión no se refiere al derecho al autogobierno, pues, sino a la posibilidad de establecer límites al mismo. Ahora bien, hay que recordar que incluso los derechos fundamentales generalmente aceptados (derecho a la vida, a la libertad individual, derechos de expresión, reunión y asociación) pueden ser limitados sin que ello suponga una negación de la democracía.
Por todo ello, son Suso de Toro y quienes, como él, defienden la superioridad del Estatuto sobre la Constitución quienes han de argumentar su postura. Mientras tanto, no cabe escandalizarse de que el control de constitucionalidad se halle confiado a los magistrados que forman un tribunal. Lo que hay que exigir es que estos magistrados hagan bien su trabajo, valorando la compatibilidad del Estatuto con la Constitución vigente, no con la que a los partidos que les eligieron les gustaría tener.
href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100418/53910811465.html"> href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100416/53909506869.html
domingo, 11 de abril de 2010
Cataluña,¿tierra de acogida?
El Director de "La Vanguardia" insiste hoy en el mito de Cataluña como tierra de acogida "generosa, pero no ilimitada" ("Vic de nuevo").
Esta idea podría expresarse diciendo que Cataluña ha acogido en su seno a gentes de otras tierras obligadas a abandonarlas a fin de ganarse el sustento, dándoles trabajo, dignidad y futuro. Así, Cataluña y los catalanes se ven generosos, solidarios y abiertos y, por tanto, con derecho a recibir el agradecimiento de los inmigrantes.
Pero quienes así se ufanan de su bondad olvidan que los inmigrantes vinieron y vienen a Cataluña porque aquí eran y son necesarios. Porque los empresarios catalanes necesitaban y necesitan mano de obra barata para seguir enriqueciéndose. Porque hay trabajos que los catalanes no quieren hacer, o sólo harían si se les pagase mucho más de lo que cobran los inmigrantes.
Cataluña y los catalanes no han dado nada a los inmigrantes y, ahora mismo, poco o nada les dan. Lo que obtienen los inmigrantes es la contraprestación de su trabajo y, por tanto, nada deben. Y, si hay muchos que obtienen beneficios sociales a los que no se han hecho acreedores mediante una cotización a la Seguridad Social, quizá ello se deba a que la economía sumergida les conviene a algunos empresarios, y también les interesa tener una reserva de mano de obra barata para apelar a ella en caso de necesidad, por lo que no son partidarios de regularizar a estos inmigrantes o de expulsarlos del país (y el Sr. Antich parece insinuar esto mismo al decir que las autoridades prefieren esconder la cabeza bajo el ala, antes que plantear seriamente un debate sobre la inmigración).
Estos mismos empresarios son los clientes preferentes del nacionalismo, opción política que puede resumir su ideología, parafraseando la doctrina Monroe, en la expresión "Cataluña para los catalanes". En efecto, el nacionalismo sigue pretendiendo combatir la influencia de las oleadas migratorias de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX, procedentes fundamentalemnte de otras regiones de España, que amenazan el statu quo tradicional y, en definitiva, el predominio de la burguesía catalana de toda la vida.
El mito de Cataluña, tierra de acogida, pretende justificar el objetivo final del nacionalismo: como muestra del agradecimiento a que hacíamos referencia, los inmigrantes deberían adoptar la lengua, la cultura y los valores de los catalanes de toda la vida, renunciando a los propios y defendiendo, en definitiva, los intereses de esa misma burguesía catalana que pretende seguir mandando indefinidamente.
Esta política va, claramente, contra la historia y, por tanto, a medio o largo plazo está condenada al fracaso. Los inmigrantes, los de antes y los de ahora mismo, saben muy bien que no les han regalado nada, que nada deben a los que se enriquecieron con su trabajo y su desarraigo, que todo se lo deben a ellos mismos, a su decisión, a sus deseos de prosperar y a las penurias que han debido afrontar. Y, un día, pueden exigir la cuota de poder que quieren negarles.
Esta idea podría expresarse diciendo que Cataluña ha acogido en su seno a gentes de otras tierras obligadas a abandonarlas a fin de ganarse el sustento, dándoles trabajo, dignidad y futuro. Así, Cataluña y los catalanes se ven generosos, solidarios y abiertos y, por tanto, con derecho a recibir el agradecimiento de los inmigrantes.
Pero quienes así se ufanan de su bondad olvidan que los inmigrantes vinieron y vienen a Cataluña porque aquí eran y son necesarios. Porque los empresarios catalanes necesitaban y necesitan mano de obra barata para seguir enriqueciéndose. Porque hay trabajos que los catalanes no quieren hacer, o sólo harían si se les pagase mucho más de lo que cobran los inmigrantes.
Cataluña y los catalanes no han dado nada a los inmigrantes y, ahora mismo, poco o nada les dan. Lo que obtienen los inmigrantes es la contraprestación de su trabajo y, por tanto, nada deben. Y, si hay muchos que obtienen beneficios sociales a los que no se han hecho acreedores mediante una cotización a la Seguridad Social, quizá ello se deba a que la economía sumergida les conviene a algunos empresarios, y también les interesa tener una reserva de mano de obra barata para apelar a ella en caso de necesidad, por lo que no son partidarios de regularizar a estos inmigrantes o de expulsarlos del país (y el Sr. Antich parece insinuar esto mismo al decir que las autoridades prefieren esconder la cabeza bajo el ala, antes que plantear seriamente un debate sobre la inmigración).
Estos mismos empresarios son los clientes preferentes del nacionalismo, opción política que puede resumir su ideología, parafraseando la doctrina Monroe, en la expresión "Cataluña para los catalanes". En efecto, el nacionalismo sigue pretendiendo combatir la influencia de las oleadas migratorias de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX, procedentes fundamentalemnte de otras regiones de España, que amenazan el statu quo tradicional y, en definitiva, el predominio de la burguesía catalana de toda la vida.
El mito de Cataluña, tierra de acogida, pretende justificar el objetivo final del nacionalismo: como muestra del agradecimiento a que hacíamos referencia, los inmigrantes deberían adoptar la lengua, la cultura y los valores de los catalanes de toda la vida, renunciando a los propios y defendiendo, en definitiva, los intereses de esa misma burguesía catalana que pretende seguir mandando indefinidamente.
Esta política va, claramente, contra la historia y, por tanto, a medio o largo plazo está condenada al fracaso. Los inmigrantes, los de antes y los de ahora mismo, saben muy bien que no les han regalado nada, que nada deben a los que se enriquecieron con su trabajo y su desarraigo, que todo se lo deben a ellos mismos, a su decisión, a sus deseos de prosperar y a las penurias que han debido afrontar. Y, un día, pueden exigir la cuota de poder que quieren negarles.
domingo, 4 de abril de 2010
Pederastia
No, Santidad, Eminencias, Ilustrísimas, Reverendos Padres: no hay una campaña de propaganda anticatólica. Lo que hay es que la Iglesia se ha metido, ella sola, en un jardín del que no sabe salir, ha mantenido una conducta gravemente contradictoria que tiene confundidos a los fieles y da armas a los adversarios, que serían tontos si no las aprovechasen. Pero todo ha sido culpa de la jerarquía eclesiástica.
El escándalo de la pederastia de algunos sacerdotes (demasiados, pero aún una minoría) no son los propios abusos. En todas las organizaciones, en todas las instituciones, hay personas que hacen precisamente lo más contrario a las reglas y propósitos de esas instituciones. Pero el que alguna vez se descubra un bombero pirómano, si bien no beneficia en nada al cuerpo de bomberos, no lo descalifica totalmente, porque la gente les ve luchando contra el fuego, muchas veces con riesgo de sus vidas.
El escándalo de la pederastia está en que la jerarquía católica ha seguido férreamente una estrategia contraria a su ideario y, en realidad, a sus intereses: ha ocultado los delitos de pederastia, limitándose, cuando más, a trasladar a los culpables, dándoles frecuentemente la ocasión para proseguir su execrable comportamiento. No se ha tratado de una reacción aislada de un Obispo bienintencionado pero equivocado, o de un dignatario más preocupado de su carrera que de su función pastoral. Ha sido una consigna tan universal que resulta difícil creer que no haya sido impartida explícitamente por la cadena de mando.
Y, claro, cuando una institución se permite juzgar y condenar al resto de la humanidad, y no sólo éso, sino afirmar que lo hace en nombre de Dios, es decir, que su juicio y su condena tiene un valor absoluto, no se puede permitir errores, y menos tan burdos como el presente. Ocultar la verdad es una forma de mentira y, puesto que la pederastia está penada como delito en todos los países, esa ocultación puede ser calificada como encubrimiento que es, también, una conducta delictiva.
No es creíble la excusa de que pretendieron evitar el escándalo: la depuración de los sacerdotes culpables hubiese evitado el escándalo que ahora soporta la Iglesia. Hubiese puesto de manifiesto que la institución no tolera esas conductas, radicalmente contrarias a las doctrinas que predica. Poco importa si se acordaba la reducción al estado laical o el ingreso en una orden de clausura, sin contacto exterior ni, sobre todo, con menores.
En realidad, lo que pretendió esta ocultación es, precisamente, aparentar una santidad, una irreprochabilidad que ni existe ni debe existir. Los clérigos son seres humanos y, como tales, yerran, se equivocan, son débiles, sujetos a pasiones, imperfectos. Son pecadores, en la jerga eclesial.
Pero la Iglesia católica, la jerarquía católica ha tratado siempre de aparentar que sacerdotes y religiosos son seres superiores a los simples mortales, a fin de reforzar esa idea de que sus palabras, sus condenas, pese a salir de labios humanos están pronunciadas con la voz de Dios, inspiradas por el aliento divino.
De ahí que usen aún una lengua muerta, que siempre ha ignorado la mayoría de los fieles cristianos. Que hayan usado y aún usen unas vestiduras que no sólo les identifican, como todo uniforme, sino que les diferencia del común de los mortales (el clergyman es similar a las ropas civiles, pero la sotana no tiene un parangón sino en vestiduras rituales, como la toga de los abogados). Que hayan usado (y aún se ve, aunque raramente) unas formalidades especiales: a un sacerdote se le besaba la mano, a un Obispo, el anillo ¡haciendo una genuflexión! Que utilicen tratamientos inusuales: quienes no deben tener hijos son llamados "Padre"; Ilústrisima, Eminencia, Santidad, Reverendísimo Padre...
El besamanos es especialmente interesante. Aunque doctrinalmente nunca lo aceptarían, la consagración de las manos del sacerdote, único que puede celebrar la Eucaristía, lleva a la conclusión de que algo aporta al Sacramento, de que el milagro no es únicamente divino, sino que contribuye algún poder especial del celebrante. En definitiva, que el sacerdote es un taumaturgo.
El celibato viene a reforzar esta apariencia. El sacerdote es superior a los demás hombres porque puede triunfar sobre sus pasiones, someter el impulso más fuerte que tienen todos los seres vivos, después de la conservación de la vida (y, a veces, incluso antes). De ahí que lo mantengan con tanto ahinco, pese a la pérdida de vocaciones.
Aún más, hay un silogismo implícito en la defensa del celibato sacerdotal: Jesús fue célibe (aunque no esté demostrado, como tampoco lo está lo contrario); Jesús era superior a los hombres; los sacerdotes son célibes, ergo...
La ocultación de los casos de pederastia sirve para la defensa de este mito de la superioridad del clero. Cualquier debilidad, cualquier fallo de un sacerdote debe ser disimulada, muy especialmente si pertenece al campo de la sexualidad. Pero, si se trata de pederastia, una conducta considerada por la sociedad y especialmente por la Iglesia especialmente baja, especialmente reprobable, con más razón, puesto que echa por tierra esa supuesta superiordad de los clérigos: quien puede caer tan bajo en modo alguno podía estar tan elevado como pretenden. Quien está tan cerca de la inhumanidad, en modo alguno puede ser sobrehumano.
Irónicamente, tal vez este mito haya contribuido a atraer al sacerdocio a algunos de los que han incurrido en actos de pederastia (pedofilia, efebofilia, como quieran llamarle). La ficción de que los sacerdotes son seres superiores, capaces de controlar sus impulsos, puede haber conducido a jóvenes católicos temerosos de su sexualidad a ingresar en el seminario, creyendo que si llegan a ser sacerdotes quedarán libres de esos impulsos que sus creencias rechazan (incluso sin ser plenamente conscientes de tales impulsos).
¿Cabe alguna solución? La jerarquía ha errado, la jerarquía debe asumir la culpa. No vale decir, como hemos leído, que la Iglesia no son sólo el Papa y los Obispos. En una institución rígidamente jerárquica, no se puede imputar un error a quienes sólo pueden obedecer, además de que, como hemos señalado, han sido los ordinarios y los superiores religiosos los que han dado pie al escándalo al ocultar los actos de pederastia.
Pero tal vez quepa proponer como solución una cura de humildad. Que reconozcan que han errado, que son humanos y como tales falibles. Que acepten que son seguidores de la Verdad, y no poseedores y aun propietarios de la misma, por lo que pueden extraviarse y sólo les queda el consuelo de rectificar contínuamente sus errores. En definitiva, que son como todos nosotros.
El escándalo de la pederastia de algunos sacerdotes (demasiados, pero aún una minoría) no son los propios abusos. En todas las organizaciones, en todas las instituciones, hay personas que hacen precisamente lo más contrario a las reglas y propósitos de esas instituciones. Pero el que alguna vez se descubra un bombero pirómano, si bien no beneficia en nada al cuerpo de bomberos, no lo descalifica totalmente, porque la gente les ve luchando contra el fuego, muchas veces con riesgo de sus vidas.
El escándalo de la pederastia está en que la jerarquía católica ha seguido férreamente una estrategia contraria a su ideario y, en realidad, a sus intereses: ha ocultado los delitos de pederastia, limitándose, cuando más, a trasladar a los culpables, dándoles frecuentemente la ocasión para proseguir su execrable comportamiento. No se ha tratado de una reacción aislada de un Obispo bienintencionado pero equivocado, o de un dignatario más preocupado de su carrera que de su función pastoral. Ha sido una consigna tan universal que resulta difícil creer que no haya sido impartida explícitamente por la cadena de mando.
Y, claro, cuando una institución se permite juzgar y condenar al resto de la humanidad, y no sólo éso, sino afirmar que lo hace en nombre de Dios, es decir, que su juicio y su condena tiene un valor absoluto, no se puede permitir errores, y menos tan burdos como el presente. Ocultar la verdad es una forma de mentira y, puesto que la pederastia está penada como delito en todos los países, esa ocultación puede ser calificada como encubrimiento que es, también, una conducta delictiva.
No es creíble la excusa de que pretendieron evitar el escándalo: la depuración de los sacerdotes culpables hubiese evitado el escándalo que ahora soporta la Iglesia. Hubiese puesto de manifiesto que la institución no tolera esas conductas, radicalmente contrarias a las doctrinas que predica. Poco importa si se acordaba la reducción al estado laical o el ingreso en una orden de clausura, sin contacto exterior ni, sobre todo, con menores.
En realidad, lo que pretendió esta ocultación es, precisamente, aparentar una santidad, una irreprochabilidad que ni existe ni debe existir. Los clérigos son seres humanos y, como tales, yerran, se equivocan, son débiles, sujetos a pasiones, imperfectos. Son pecadores, en la jerga eclesial.
Pero la Iglesia católica, la jerarquía católica ha tratado siempre de aparentar que sacerdotes y religiosos son seres superiores a los simples mortales, a fin de reforzar esa idea de que sus palabras, sus condenas, pese a salir de labios humanos están pronunciadas con la voz de Dios, inspiradas por el aliento divino.
De ahí que usen aún una lengua muerta, que siempre ha ignorado la mayoría de los fieles cristianos. Que hayan usado y aún usen unas vestiduras que no sólo les identifican, como todo uniforme, sino que les diferencia del común de los mortales (el clergyman es similar a las ropas civiles, pero la sotana no tiene un parangón sino en vestiduras rituales, como la toga de los abogados). Que hayan usado (y aún se ve, aunque raramente) unas formalidades especiales: a un sacerdote se le besaba la mano, a un Obispo, el anillo ¡haciendo una genuflexión! Que utilicen tratamientos inusuales: quienes no deben tener hijos son llamados "Padre"; Ilústrisima, Eminencia, Santidad, Reverendísimo Padre...
El besamanos es especialmente interesante. Aunque doctrinalmente nunca lo aceptarían, la consagración de las manos del sacerdote, único que puede celebrar la Eucaristía, lleva a la conclusión de que algo aporta al Sacramento, de que el milagro no es únicamente divino, sino que contribuye algún poder especial del celebrante. En definitiva, que el sacerdote es un taumaturgo.
El celibato viene a reforzar esta apariencia. El sacerdote es superior a los demás hombres porque puede triunfar sobre sus pasiones, someter el impulso más fuerte que tienen todos los seres vivos, después de la conservación de la vida (y, a veces, incluso antes). De ahí que lo mantengan con tanto ahinco, pese a la pérdida de vocaciones.
Aún más, hay un silogismo implícito en la defensa del celibato sacerdotal: Jesús fue célibe (aunque no esté demostrado, como tampoco lo está lo contrario); Jesús era superior a los hombres; los sacerdotes son célibes, ergo...
La ocultación de los casos de pederastia sirve para la defensa de este mito de la superioridad del clero. Cualquier debilidad, cualquier fallo de un sacerdote debe ser disimulada, muy especialmente si pertenece al campo de la sexualidad. Pero, si se trata de pederastia, una conducta considerada por la sociedad y especialmente por la Iglesia especialmente baja, especialmente reprobable, con más razón, puesto que echa por tierra esa supuesta superiordad de los clérigos: quien puede caer tan bajo en modo alguno podía estar tan elevado como pretenden. Quien está tan cerca de la inhumanidad, en modo alguno puede ser sobrehumano.
Irónicamente, tal vez este mito haya contribuido a atraer al sacerdocio a algunos de los que han incurrido en actos de pederastia (pedofilia, efebofilia, como quieran llamarle). La ficción de que los sacerdotes son seres superiores, capaces de controlar sus impulsos, puede haber conducido a jóvenes católicos temerosos de su sexualidad a ingresar en el seminario, creyendo que si llegan a ser sacerdotes quedarán libres de esos impulsos que sus creencias rechazan (incluso sin ser plenamente conscientes de tales impulsos).
¿Cabe alguna solución? La jerarquía ha errado, la jerarquía debe asumir la culpa. No vale decir, como hemos leído, que la Iglesia no son sólo el Papa y los Obispos. En una institución rígidamente jerárquica, no se puede imputar un error a quienes sólo pueden obedecer, además de que, como hemos señalado, han sido los ordinarios y los superiores religiosos los que han dado pie al escándalo al ocultar los actos de pederastia.
Pero tal vez quepa proponer como solución una cura de humildad. Que reconozcan que han errado, que son humanos y como tales falibles. Que acepten que son seguidores de la Verdad, y no poseedores y aun propietarios de la misma, por lo que pueden extraviarse y sólo les queda el consuelo de rectificar contínuamente sus errores. En definitiva, que son como todos nosotros.
sábado, 20 de marzo de 2010
Tradición
Hoy, "La Vanguardia" publica un artículo del Notario Juan José López Burniol defendiendo la tradición ("Razón y tradición"). Quizá a consecuencia de su formación jurídica, centra su análisis en la costumbre, que considera forma de tradición con fuerza normativa, contraponiéndola a la Ley, también fuente del Derecho pero basada en la razón.
Tras varias disquisiciones y citando a Tocqueville, López Burniol concluye que apelar a la razón humana como exclusiva fuente de la ordenación de la vida común es más que un delirio: es un error. No lo dice, pero se desprende que hay que confiar en la tradición, como forma de evitar ese error.
En nuestra opinión, la costumbre, como fuente del Derecho, no se identifica con la tradición. La costumbre puede tener una historia breve, si en poco tiempo adquiere suficiente implantación. No hay razón, por ejemplo, para excluir que se hayan creado costumbres con fuerza jurídica vinculante en materia de uso de las tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas, por muy reciente que sea su aparición, por más que los creadores de la tradición las ignorasen. Lo que ocurre es que, probablemente, su carácter de normas jurídicas no será declarado por los Tribunales, porque se habrán incorporado a leyes formales o éstas habrán regulado las mismas cuestiones, en uno u otro sentido.
Pero el problema de la tradición es otro. En el mundo actual, en nuestro país, conviven personas de diversas culturas, personas imbuidas de diferentes tradiciones. ¿A qué tradición debemos obedecer, cuál puede arrogarse una superioridad sobre las demás?
Los paquistaníes del Raval, ¿pueden regirse en sus relaciones mútuas por las tradiciones de su país de origen o deben aplicar las catalanas, que desconocen o, cuando menos, les son ajenas? Y, ¿qué ocurre en las relaciones entre personas pertenecientes a diferentes tradiciones? La pregunta fundamental es, ¿deben aplicarse en cada territorio las tradiciones de los descendientes de los antiguos pobladores de ese territorio?
Probablemente, en el artículo del Sr. López Burniol subyace, implícita, la respuesta afirmativa. Cuando piensa en tradición, piensa en su tradición, que considera única o, al menos, la única que puede ser considerada como tal tradición en Cataluña. Ésta es, en definitiva, la creencia central del nacionalismo.
Pero el ejemplo de los paquistaníes pone en duda esta creencia. ¿Por qué habrían de observar las tradiciones originadas en el territorio en relaciones en que no interviene nadie originario de este territorio, o en su vida personal o familiar? ¿Por qué habrían de aplicarlas en sus relaciones con inmigrantes sudamericanos? Y, si tomamos en consideración a las personas, en estos casos, ¿por qué no habríamos de tomarlas en consideración en otros casos? En otros términos, ¿por qué deberían observar las tradiciones catalanas los charnegos?¿por qué un descendiente de catalanes habría de poder imponer sus tradiciones a los demás, en general o cuando le afectan a él y a personas de otros orígenes?
El debate sobre la prohibición de las corridas de toros que López Burniol cita veladamente en su artículo pone de manifiesto los problemas que suscita la pretendida fuerza vinculante (jurídica o de otra índole) de las tradiciones. Porque la absurda pretensión de prohibir las corridas y permitir el espectáculo, igualmente salvaje, de los correbous supone elegir una entre dos tradiciones igualmente implantadas y rechazar la otra. Supone que nuestros contemporáneos afirmen que los correbous constituían una tradición de sus abuelos, mientras las corridas son una institución importada, ajena a Cataluña, por más que los catalanes de hace un siglo o dos asistiesen a ellas regularmente, por más que en Barcelona hayan llegado a coexistir tres plazas de toros.
De igual manera, los musulmanes subsaharianos pueden alegar el carácter tradicional de la bárbara práctica de la ablación del clítoris. En tanto que no pretendan imponerla a quienes no pertenezcan a sus grupos étnicos y religiosos, ¿por qué no habríamos de respetarla, si pretendemos el respeto a nuestras tradiciones?
No hay razón para cambiar lo que funciona bien y, desde luego, antes de eliminar una práctica tradiciona que satisface una necesidad hay que sopesar bien todas las consecuencias de dicho cambio. Pero el respeto a la tradición, como tal, frecuentemente encubre tan sólo el mantenimiento de situaciones que benefician a quienes proclaman su carácter sagrado e inviolable. En definitiva, a los nacionalistas.
Tras varias disquisiciones y citando a Tocqueville, López Burniol concluye que apelar a la razón humana como exclusiva fuente de la ordenación de la vida común es más que un delirio: es un error. No lo dice, pero se desprende que hay que confiar en la tradición, como forma de evitar ese error.
En nuestra opinión, la costumbre, como fuente del Derecho, no se identifica con la tradición. La costumbre puede tener una historia breve, si en poco tiempo adquiere suficiente implantación. No hay razón, por ejemplo, para excluir que se hayan creado costumbres con fuerza jurídica vinculante en materia de uso de las tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas, por muy reciente que sea su aparición, por más que los creadores de la tradición las ignorasen. Lo que ocurre es que, probablemente, su carácter de normas jurídicas no será declarado por los Tribunales, porque se habrán incorporado a leyes formales o éstas habrán regulado las mismas cuestiones, en uno u otro sentido.
Pero el problema de la tradición es otro. En el mundo actual, en nuestro país, conviven personas de diversas culturas, personas imbuidas de diferentes tradiciones. ¿A qué tradición debemos obedecer, cuál puede arrogarse una superioridad sobre las demás?
Los paquistaníes del Raval, ¿pueden regirse en sus relaciones mútuas por las tradiciones de su país de origen o deben aplicar las catalanas, que desconocen o, cuando menos, les son ajenas? Y, ¿qué ocurre en las relaciones entre personas pertenecientes a diferentes tradiciones? La pregunta fundamental es, ¿deben aplicarse en cada territorio las tradiciones de los descendientes de los antiguos pobladores de ese territorio?
Probablemente, en el artículo del Sr. López Burniol subyace, implícita, la respuesta afirmativa. Cuando piensa en tradición, piensa en su tradición, que considera única o, al menos, la única que puede ser considerada como tal tradición en Cataluña. Ésta es, en definitiva, la creencia central del nacionalismo.
Pero el ejemplo de los paquistaníes pone en duda esta creencia. ¿Por qué habrían de observar las tradiciones originadas en el territorio en relaciones en que no interviene nadie originario de este territorio, o en su vida personal o familiar? ¿Por qué habrían de aplicarlas en sus relaciones con inmigrantes sudamericanos? Y, si tomamos en consideración a las personas, en estos casos, ¿por qué no habríamos de tomarlas en consideración en otros casos? En otros términos, ¿por qué deberían observar las tradiciones catalanas los charnegos?¿por qué un descendiente de catalanes habría de poder imponer sus tradiciones a los demás, en general o cuando le afectan a él y a personas de otros orígenes?
El debate sobre la prohibición de las corridas de toros que López Burniol cita veladamente en su artículo pone de manifiesto los problemas que suscita la pretendida fuerza vinculante (jurídica o de otra índole) de las tradiciones. Porque la absurda pretensión de prohibir las corridas y permitir el espectáculo, igualmente salvaje, de los correbous supone elegir una entre dos tradiciones igualmente implantadas y rechazar la otra. Supone que nuestros contemporáneos afirmen que los correbous constituían una tradición de sus abuelos, mientras las corridas son una institución importada, ajena a Cataluña, por más que los catalanes de hace un siglo o dos asistiesen a ellas regularmente, por más que en Barcelona hayan llegado a coexistir tres plazas de toros.
De igual manera, los musulmanes subsaharianos pueden alegar el carácter tradicional de la bárbara práctica de la ablación del clítoris. En tanto que no pretendan imponerla a quienes no pertenezcan a sus grupos étnicos y religiosos, ¿por qué no habríamos de respetarla, si pretendemos el respeto a nuestras tradiciones?
No hay razón para cambiar lo que funciona bien y, desde luego, antes de eliminar una práctica tradiciona que satisface una necesidad hay que sopesar bien todas las consecuencias de dicho cambio. Pero el respeto a la tradición, como tal, frecuentemente encubre tan sólo el mantenimiento de situaciones que benefician a quienes proclaman su carácter sagrado e inviolable. En definitiva, a los nacionalistas.
sábado, 6 de marzo de 2010
Derechos desiguales
Estoy de acuerdo con lo esencial del artículo de Quim Monzó en "La Vanguardia" de hoy ("Por la boca muere el pez"): el holocausto y el nazismo fueron realidades gravísimas que no hay que banalizar en comparaciones con hechos de muy diferente orden.
No obstante, quisiera hacer una matización: todos los fascismos tienen el nacionalismo como componente esencial. Los fascistas se consideran los genuinos representantes e intérpretes de la nación y, por tanto, se arrogan el derecho de imponer lo que el interés de ésta exige, incluso por la violencia, frente a los enemigos de la patria.
Por tanto, siempre que se alega el superior interés de la nación para imponer algo a los ciudadanos, prescindiendo de la voluntad de éstos, aparece el fantasma del fascismo. Sólo es preciso que alguien cruce el umbral de la violencia para que surja un movimiento fascista.
Pero quisiera destacar un elemento muy secundario del artículo de Monzó: en su inicio cita el derecho de los ciudadanos a ver películas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de este país. Y se me ocurre poner este derecho en relación con lo que menciona, también en "La Vanguardia", Francesc de Carreras ("Cena de amigos").
Dice de Carreras que la Generalitat ha establecido una línea regular de autobús desde Barcelona hasta el aeropuerto de Alguaire, en Lleida, recién inaugurado. Y que en todo el mes de febrero sólo la han utilizado tres pasajeros.
Y, se me ocurre pensar, ¿no habrá ciudadanos que aleguen su derecho a ir de Barcelona a Alguaire en autobús? ¿Estará la Generalitat obligada a mantener una línea deficitaria para atender este derecho?
En definitiva, se trata del destino que debe darse a los fondos públicos, procedentes de los impuestos que pagamos los contribuyentes. ¿Estamos obligados a sufragar esa línea de autobús para que unos pocos hagan cómodamente un viaje que sólo a ellos interesa?¿Estamos obligados a pagar las compensaciones económicas que, por una u otra vía exigirán las compañías cinematográficas por traducir las películas al catalán?
Y, si la respuesta a la primera pregunta es negativa y a la segunda positiva, ¿por qué?¿por el interés superior de la nación?
No obstante, quisiera hacer una matización: todos los fascismos tienen el nacionalismo como componente esencial. Los fascistas se consideran los genuinos representantes e intérpretes de la nación y, por tanto, se arrogan el derecho de imponer lo que el interés de ésta exige, incluso por la violencia, frente a los enemigos de la patria.
Por tanto, siempre que se alega el superior interés de la nación para imponer algo a los ciudadanos, prescindiendo de la voluntad de éstos, aparece el fantasma del fascismo. Sólo es preciso que alguien cruce el umbral de la violencia para que surja un movimiento fascista.
Pero quisiera destacar un elemento muy secundario del artículo de Monzó: en su inicio cita el derecho de los ciudadanos a ver películas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de este país. Y se me ocurre poner este derecho en relación con lo que menciona, también en "La Vanguardia", Francesc de Carreras ("Cena de amigos").
Dice de Carreras que la Generalitat ha establecido una línea regular de autobús desde Barcelona hasta el aeropuerto de Alguaire, en Lleida, recién inaugurado. Y que en todo el mes de febrero sólo la han utilizado tres pasajeros.
Y, se me ocurre pensar, ¿no habrá ciudadanos que aleguen su derecho a ir de Barcelona a Alguaire en autobús? ¿Estará la Generalitat obligada a mantener una línea deficitaria para atender este derecho?
En definitiva, se trata del destino que debe darse a los fondos públicos, procedentes de los impuestos que pagamos los contribuyentes. ¿Estamos obligados a sufragar esa línea de autobús para que unos pocos hagan cómodamente un viaje que sólo a ellos interesa?¿Estamos obligados a pagar las compensaciones económicas que, por una u otra vía exigirán las compañías cinematográficas por traducir las películas al catalán?
Y, si la respuesta a la primera pregunta es negativa y a la segunda positiva, ¿por qué?¿por el interés superior de la nación?
jueves, 11 de febrero de 2010
Federalismo
Me parece que Francesc de Carreras se deja llevar, en su artículo de hoy, en "La Vanguardia" ("¿Hay federalistas en España?) por los conocimientos propios de su especialidad y olvida los sentimientos que subyacen bajo el concepto de federalismo que postula el PSC.
El PSC, está dominado, por cálculo electoral, por los nacionalistas de izquierda. Gentes como Maragall (los dos hermanos), tan nacionalistas como Pujol, pero menos conservadores en materia económica y religiosa. Como el partido sabe que los charnegos del Baix Llobregat no tienen más opción que votar al PSC (ellos quisieran votar al PSOE, pero no se presenta en Cataluña) o a ICV, que sólo puede formar gobierno con el PSC (salvo un crecimiento de ERC poco probable), buscan votos entre los nacionalistas, dando al partido un perfil claramente nacionalista. Ello se ve acentuado en la actualidad por la necesidad de ERC para mantenerse en el poder.
El proyecto nacionalista, tanto da si de CiU, de ERC o de los nacionalistas del PSC consiste en la construcción de la nación catalana: una Cataluña depurada de la influencia española, de lengua y cultura exclusivamente catalanas. Algo que no existe en la actualidad (basta con echar un vistazo a la encuesta lingüística de 2008 del Idescat) y que, evidentemente, exige aumentar las diferencias con España (España como opuesta a Cataluña, sobra decirlo) y crearlas cuando no existen o no son suficientes.
A este objetivo responde la política lingüística, cultural, educativa de la Generalidad, que no se diferencia bajo el tripartito de lo que sucedía en tiempos del pujolismo. Al mismo objetivo responde la creación de las veguerías o la publicación soterrada del Código civil catalán.
El federalismo asimétrico responde al mismo objetivo. Si Cataluña obtiene un estatus diferenciado, distintas instituciones o competencias respecto del resto de España, logra una diferencia real y, por tanto, al mismo tiempo, contribuye a crear y ve reconocida su condición nacional.
Por ello Pujol insistía en el reconocimiento del "fet diferencial". Por ello tiene importancia la inclusión de la palabra "nación" en el Estatuto de Autonomía. Por ello el mismo Estatuto pretende imponer ese bilateralismo imposible.
Si los partidos catalanes pretendiesen trabajar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña, su preocupación sería ejercer las competencias de la Generalidad, que no son pocas, para prestar los mejores servicios públicos que permitiesen los recursos disponibles. El que otras Comunidades Autónomas, históricas o de nuevo cuño, tuviesen las mismas competencias, no tendría importancia: en nada favorece o perjudica el ejercicio de las competencias del gobierno catalán.
Pero lo que importa no son los servicios públicos, lo que importan no son los ciudadanos de Cataluña. Lo que importa es la construcción de la nación catalana y a ello se deben sacrificar los demás valores.
El PSC, está dominado, por cálculo electoral, por los nacionalistas de izquierda. Gentes como Maragall (los dos hermanos), tan nacionalistas como Pujol, pero menos conservadores en materia económica y religiosa. Como el partido sabe que los charnegos del Baix Llobregat no tienen más opción que votar al PSC (ellos quisieran votar al PSOE, pero no se presenta en Cataluña) o a ICV, que sólo puede formar gobierno con el PSC (salvo un crecimiento de ERC poco probable), buscan votos entre los nacionalistas, dando al partido un perfil claramente nacionalista. Ello se ve acentuado en la actualidad por la necesidad de ERC para mantenerse en el poder.
El proyecto nacionalista, tanto da si de CiU, de ERC o de los nacionalistas del PSC consiste en la construcción de la nación catalana: una Cataluña depurada de la influencia española, de lengua y cultura exclusivamente catalanas. Algo que no existe en la actualidad (basta con echar un vistazo a la encuesta lingüística de 2008 del Idescat) y que, evidentemente, exige aumentar las diferencias con España (España como opuesta a Cataluña, sobra decirlo) y crearlas cuando no existen o no son suficientes.
A este objetivo responde la política lingüística, cultural, educativa de la Generalidad, que no se diferencia bajo el tripartito de lo que sucedía en tiempos del pujolismo. Al mismo objetivo responde la creación de las veguerías o la publicación soterrada del Código civil catalán.
El federalismo asimétrico responde al mismo objetivo. Si Cataluña obtiene un estatus diferenciado, distintas instituciones o competencias respecto del resto de España, logra una diferencia real y, por tanto, al mismo tiempo, contribuye a crear y ve reconocida su condición nacional.
Por ello Pujol insistía en el reconocimiento del "fet diferencial". Por ello tiene importancia la inclusión de la palabra "nación" en el Estatuto de Autonomía. Por ello el mismo Estatuto pretende imponer ese bilateralismo imposible.
Si los partidos catalanes pretendiesen trabajar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña, su preocupación sería ejercer las competencias de la Generalidad, que no son pocas, para prestar los mejores servicios públicos que permitiesen los recursos disponibles. El que otras Comunidades Autónomas, históricas o de nuevo cuño, tuviesen las mismas competencias, no tendría importancia: en nada favorece o perjudica el ejercicio de las competencias del gobierno catalán.
Pero lo que importa no son los servicios públicos, lo que importan no son los ciudadanos de Cataluña. Lo que importa es la construcción de la nación catalana y a ello se deben sacrificar los demás valores.
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