Aquest país serà sempre nostre

A Ernest Maragall, que fue diputado en el Parlamento catalán por el PSC y lo es ahora por ERC le correspondió presidir la mesa de edad en el acto de constitución del Parlamento. Contra la costumbre, pronunció un discurso, que en cualquier otro lugar sería calificado de claramente partidista, no institucional.

Lo que más me impactó de este discurso fue la frase final: Aquest país serà sempre nostre. Este país será siempre nuestro. Me gustaría preguntarle al Sr. Maragall en nombre de quién hablaba, quiénes son los propietarios de Cataluña. Y, naturalmente, quiénes son "ellos", los que pretenden arrebatar el país a esos que, según el orador, son sus legítimos propietarios. 

Una primera respuesta es que "nosotros", los propietarios del país, son los catalanes, o el pueblo catalán, al que también se refirió en el discurso. Y "ellos" serán los españoles y, fundamentalmente, "Madrid", ese ente sin rostro que encarna lo peor de la odiada España. 

Pero esta respuesta, que parece clara, se complica cuando se analiza la composición de la cámara y los resultados (en votos) de las elecciones. Sin duda hay una mayoría de diputados partidarios de la independencia de Cataluña. Pero esa mayoría es exigua y las tres formaciones a las que pertenecen esos diputados poco más tienen en común. Y los restantes miembros del Parlamento, también heterogéneos, tienen el respaldo de un número de votos incluso superior al de los independentistas. 

Y esta división se superpone a otra basada en la lengua, el fet diferencial de los nacionalistas catalanes: los castellanohablantes de Cataluña superan en número a los catalanohablantes. La diferencia que, ciertamente, se reduce, es aún más abultada que la basada en el número de votos.

¿Dónde quedan incluidos los diputados no independentistas y sus votantes, en el "nosotros" o en "ellos"? ¿Son catalanes?¿Españoles?¿Tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a Cataluña o solo pueden tomarlas los verdaderos catalanes, els catalans de debó?¿Los legítimos propietarios de Cataluña serán, dentro de unos años, los componentes de una sociedad multirracial, multicultural y, con suerte, cosmopolita, o serán siempre los descendientes de los catalanes de toda la vida, como el propio Sr. Maragall, hermano del alcalde de los Juegos Olímpicos de 1992 y nieto del poeta?

Quizá tenga interés recordar que D. Ernest Maragall pertenece a un partido que se dice de izquierdas, lo que casa mal con una defensa de los privilegios de clase. Pero, sin duda, es importante darse cuenta de que pertenecía al PSC, el partido que, teóricamente, había de defender los intereses de las clases populares y, en particular, los de los inmigrantes venidos de otras partes de España. Corrijo: es importante que el PSC recuerde que el Sr. Maragall formaba en sus filas y que sus ideas no han variado. Lo ha hecho solo su adscripción política.

La Constitución, ¿derogada en Cataluña?

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado una ley que afirma que el pueblo catalán es soberano. Eso choca frontalmente con el artículo 1.2 de la Constitución, que atribuye la soberanía al pueblo español en su conjunto.

Ha convocado un referéndum, pese a que el artículo 92 de la Constitución establece que solo puede convocarlo el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

El Título X de la Constitución regula la reforma constitucional, es decir, el procedimiento a través del cual se podría atribuir la soberanía al pueblo catalán o facultar al Gobierno de la Generalitat para convocar referendos. Pero no se ha puesto en marcha ningún procedimiento de reforma constitucional.

Como es evidente que el Gobierno catalán atribuye eficacia a las disposiciones mencionadas, aunque sean contrarias a la Constitución española (y al Estatuto de Autonomía de Cataluña), es preciso concluir que dicho Gobierno considera derogada en Cataluña la Constitución española (y el Estatuto, aunque no podemos entender cómo, pero eso no es obstáculo para seguir nuestro razonamiento).

Aceptando, como hipótesis, la derogación de la Constitución española para Cataluña surge una pregunta: ¿esa derogación afecta solo los artículos antes mencionados o se extiende a todo el articulado del texto constitucional?

Como no existe ningún precepto que exceptúe la aplicación de los artículos 1.2 y 92 de la Constitución en el territorio catalán, es forzoso responder que la derogación debe afectar a la totalidad de la ley fundamental. La omisión del procedimiento de reforma constitucional es otro argumento en el mismo sentido, pues tampoco se ha excluido expresamente el mencionado Título X.

En consecuencia, llegamos a la sombría conclusión de que en Cataluña no rige, al menos para los poderes autonómicos, ningún artículo de la Constitución. En particular, que están derogados los artículos contenidos en el Capítulo segundo del Título I, entre los que se encuentran los que consagran los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

Entiéndase bien, no estamos acusando al Gobierno de la Generalitat de pretender privar a ningún ciudadano de la vida, de la libertad, de la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Pero si respeta esos derechos y libertades es por un acto libérrimo o por temor a las consecuencias, no porque ninguna disposición jurídica vigente en Cataluña así lo establezca. 

Da que pensar.

¿Para qué un referéndum ?

Se ha criticado mucho la decisión del gobierno de la Generalitat de convocar un referéndum de autodeterminación. Lógicamente, las críticas las han formulado los contrarios a la independencia de Cataluña. Pero lo que no se ha dicho es que ese referéndum es incoherente con los postulados de los mismos independentistas. 

En efecto, el artículo 2 de la proposición de ley de convocatoria del referéndum establece lo siguiente: El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir lliure i democràticament, la seva condició política. (El pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política).

Si Cataluña goza de soberanía, sea como consecuencia de la aprobación en el Parlament de esta ley o con antelación a la misma, lo que ha de hacer es dotarse de las correspondientes instituciones. No es compatible ser un sujeto político soberano y estar sometido a la soberanía de otro Estado. Y la creación de las instituciones debe realizarse mediante la aprobación de la Constitución, que puede someterse a un referéndum, pero no es imprescindible (porque precisamente, la reforma constitucional ha de ser regulada por la propia Constitución y, no existiendo ésta, no hay una norma que establezca los trámites a seguir).

Hay alternativas: un sujeto de Derecho internacional soberano puede renunciar a parte de su soberanía o a toda ella e incorporarse a otro, preexistente o de nueva creación, sea una confederación, una federación o un Estado unitario. Naturalmente, para ello es preciso obtener la conformidad de los demás sujetos afectados, previa la correspondiente negociación. Y también es preciso articular un mecanismo jurídico para la formación de la voluntad del propio sujeto soberano (del Estado catalán, para entendernos), lo que viene a equivaler a una Constitución.

Existe, no obstante, una situación en que un sujeto político soberano puede estar sometido a la soberanía de otro Estado: la ocupación. Esta situación sería incompatible con el ejercicio de la soberanía (por ejemplo, mediante la aprobación de una Constitución), por lo que no podría hablarse de ocupación si era posible dicho ejercicio. En caso contrario, las autoridades del territorio ocupado habrían de solicitar el auxilio de la comunidad internacional para acabar con dicha situación. Pero, puesto que las autoridades catalanas pretenden celebrar el referéndum, están negando la existencia de una ocupación. 

En resumen, la aprobación de la Ley del referéndum ya constituye una declaración de independencia, por lo que el propio referéndum resulta redundante. Su convocatoria constituye una contradicción, en cuanto niega y afirma un mismo hecho: si Cataluña es soberana, no puede formar parte del Estado español y, por ende, no puede separarse de éste, por lo que es inútil la consulta a la población. 

Ahora bien, ¿cómo puede el Parlament afirmar que el pueblo de Cataluña es soberano, si ello es contrario a la normativa de la que emanan los poderes de la propia cámara? La respuesta, naturalmente, se encuentra, dentro de la doctrina nacionalista, en el dogma fundamental de dicha doctrina: Catalunya és una nació (Cataluña es una nación). Ese dogma, en el argumentario nacionalista, es evidente por sí mismo (no requiere demostración ni es susceptible de refutación) y superior a cualquier norma de derecho positivo, interno o internacional (en particular al artículo 1.2 de la Constitución española, según el cual: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado).

Si las fuerzas independentistas se proponen celebrar un referéndum en el que han de tener voto todos los habitantes de Cataluña (en los términos señalados en la propia ley) están reconociendo implícitamente que todos ellos integran la nación catalana. Sin embargo, los habitantes de Cataluña no constituyen un grupo homogéneo, en particular desde el punto de vista lingüístico y cultural en el que se fundamenta habitualmente el hecho diferencial determinante de la identidad nacional catalana. Los nacionalistas lo reconocen al definir su proyecto como la construcció nacional de Catalunya (construcción nacional de Cataluña), que implica la extensión de ese hecho diferencial a toda la población.

Se produce así una nueva contradicción, necesaria para dar al proceso una apariencia democrática, pues lo coherente sería atribuir el voto exclusivamente a quienes, en virtud de sus características identitarias, constituyen la nación catalana, ya que ésta es el fundamento de todo ese proceso.  

Así, una afirmación negada por los propios independentistas constituye el argumento fundamental de todo el proceso, de donde resulta que éste tiene menos solidez que un castillo de naipes. No obstante, existe una incomprensible renuencia a discutir el conflicto en sus propios términos, quizá porque la volatilidad del concepto de nación pondría también de manifiesto las contradicciones de los despectivamente denominados unionistas. 

El proyecto nacionalista y los musulmanes

A raíz de los bárbaros atentados deBarcelona y Cambrils, de los que fueron culpables un grupo de musulmanes afincados en Ripoll, se ha hablado de las razones que pueden tener jóvenes educados en nuestro país, probablemente con nacionalidad española, para creer en los cantos de sirena del yihadismo que propaga el Estado islámico.

Estoy de acuerdo con quienes lo explican por las escasas expectativas laborales y, en definitiva, de promoción social que tienen estos jóvenes, inferiores, incluso, a las ya menguadas de sus coetáneos de origen español. Pero quisiera poner de relieve un factor que, a mu juicio, puede contribuir a su desesperanza.

El nacionalismo catalán es un movimiento político dirigido a proteger a los catalanes de origen frente a la amenaza que supone la inmigración procedente del resto de España, que se produjo fundamentalmente en los años sesenta y setenta del pasado siglo, sin perjuicio de movimientos aún anteriores o de los que han tenido lugar, en menor escala, posteriormente. Esta amenaza es de índole cultural, lingüística especialmente, pero también política y, sin duda alguna, económica.

Pues bien, ¿qué ha de pensar un joven de origen magrebí, musulmán y del lengua árabe cuando advierte que desde las instituciones catalanas y los medios de comunicación de la Comunidad (públicos o privados) se lanza el mensaje de que los ciudadanos que estaban aquí antes que sus padres, que son cristianos (practicantes o no), blancos (los magrebíes suelen ser más morenos, incluso que los andaluces), que cuando vinieron ya tenían la nacionalidad española, aun son mirados como extranjeros y se les exige una "conversión" a los valores nacionalistas para ser "integrados"?

En mi opinión, sentirán que son los últimos de la cola, que se les rechaza y que no tienen ninguna posibilidad en este país. Un acicate más para confiar en la justicia divina, en que, en último término, ellos, seguidores del islam, están en lo cierto y han de triunfar finalmente y, si quieren acelerar ese triunfo, el camino está en el martirio luchando contra los infieles.

Por si alguien quiere, de mala fe, ponerlo en duda, estoy convencido de que el nacionalismo no es responsable de los atentados. Lo son quienes los cometen. Pero quizá la política de asimilación que siguen desde que llegaron al poder sea una barrera para la integración y, por tanto, un elemento más del caldo de cultivo del terrorismo islámico.

La caverna nacionalista, o el nacionalismo platónico

Es bien conocido el mito de la caverna que Platón pone en boca de Sócrates en "La República": los humanos somos como un grupo de prisioneros que, inmovilizados en una caverna oscura, solo pueden ver las sombras que proyecta un fuego situado a su espalda en una pared delante de ellos, cuando otros seres pasan ante el fuego portando diversas imágenes. Al no tener otra experiencia, creen que las sombras son los objetos reales.

Pero el filósofo, utilizando su razón llega, con esfuerzo, a superar su ignorancia y remontarse a los objetos reales, no en el mundo material, en el que viven los demás como los prisioneros en la caverna, sino en el mundo intelectual. Estos objetos reales son las ideas, puras y completas, a las que se asemejan los groseros objetos materiales sin identificarse con ellas. 

Esta metáfora es útil para comprender la contradicción que supone que los nacionalistas catalanes afirmen, sin ningún género de dudas, que Cataluña es una nación y, sin embargo, definan su proyecto como la "construcción nacional de Cataluña". Lo que ya está completo no precisa construirse; lo que se ha de construir aun no existe o, al menos, no está acabado.

El dogma, Catalunya és una nació, se refiere a la idea platónica de Cataluña, en el mundo ideal, puramente intelectual. La construcción nacional, por su parte, se refiere al mundo real, de la grosera materialidad. El mundo de las estadísticas que nos dicen que el castellano es la lengua más hablada de Cataluña, sin ir más lejos.

Como Sócrates, los nacionalistas no dan valor a lo que está en el mundo real, sino únicamente a las ideas. La realidad debe asemejarse en lo posible a la idea, puesto que cuanto mayor sea tal semejanza mayor será su perfección, pero la referencia es siempre el ideal.

El problema es que Sócrates hablaba de la Verdad, lo Bueno y lo Bello, que creía valores absolutos que debían reconocer todos los seres humanos, al menos si estaban debidamente formados. Pero la Cataluña que imaginan los nacionalistas es solo una de diversas Cataluñas posibles, la que desean los nacionalistas, y no hay un criterio objetivo que permita valorar dichos proyectos. En una democracia, ni siquiera es aceptable la exigencia de una determinada formación para opinar (para votar), por lo que no se puede afirmar que los no nacionalistas no tienen un criterio formado y desdeñar su opinión. Por tanto, el dogma nacionalista debe tomarse como lo que es: un proyecto que a unos les entusiasma, pero a otros les puede dejar indiferentes o, incluso, producir rechazo; en ningún caso una verdad absoluta o una necesidad lógica o histórica.

Por supuesto, lo propio se puede decir de cualquier otro nacionalismo, en particular el español: la nación es el proyecto que una persona o un grupo tiene para su país, que puede diferir del que tengan otras personas o grupos y no es, en términos absolutos, mejor o peor que éste. No es admisible que los filósofos o los nacionalistas nos impongan una realidad basada en sus fantasías. La realidad la construimos, cada día, todos los ciudadanos.

A vueltas con la lengua

Recientemente se han producido dos manifestaciones en un mismo sentido: el colectivo "koiné" se ha pronunciado a favor de una Cataluña exclusivamente catalanohablante; los promotores de un borrador de constitución de la República catalana han incluido en el mismo como lenguas oficiales únicamente el catalán y el arnés, dejando el castellano como una lengua no oficial pero con la que se pueden tener ciertos miramientos, al menos de forma transitoria.

Lo curioso es que estas iniciativas han sido criticadas, incluso desde posiciones independentistas. Esto sólo puede explicarse de dos maneras: ignorancia o hipocresía.

Es difícil pensar que alguien pueda creer sinceramente en una independencia motivada exclusivamente por razones objetivas, como evitar el denominado "déficit fiscal". La pregunta inmediata es: ¿por qué este déficit es intolerable y el que pueda darse entre provincias, comarcas o municipios de Cataluña no tiene importancia? Y, si no hay una diferencia apreciable, ¿sería también la independencia (de las provincias, comarcas o municipios perjudicados) una solución aceptable?

Lo que nos lleva a la conclusión de que quienes afirman que el castellano debería ser cooficial en la Cataluña independiente hacen, como buenos políticos, promesas que no sólo saben que no podrán cumplir, sino que en ningún momento han pensado en cumplir. La independencia es un medio para realizar el proyecto nacionalista y éste es la construcción nacional de Cataluña, vertebrada en torno a la lengua catalana como factor diferencial que se ha de potenciar. La cooficialidad del castellano implicaría ni más ni menos que la renuncia a ese proyecto, para construir un país que en poco se diferenciaría de la Cataluña actual, formando parte del Estado español.

Creus de Sant Jordi

El Gobierno de la Generalitat, como cada año, ha acordado la concesión de la "creu de Sant Jordi" a unas personalidades y entidades a las que, por su trayectoria, considera acreedoras de tal distinción. La lista de las personalidades es la siguiente:

• Jordi Aguadé i Clos
• Josep Miquel Aixalà i Martí
• Josep Maria Aragonès i Rebollar
• Peter Bush
• Maria Teresa Cabré i Castellví
• Ramon Coll i Huguet
• Manuel Antoni Condeminas Hughes
• Lluís Coromina Isern
• Llibert Cuatrecasas i Membrado
• Joan de Muga Dòria
• Eudald Maideu i Puig
• Jesús Massip i Fonollosa
• Vicenta Pallarès i Castelló
• Lluís Pasqual i Sánchez
• Joan Pera
• Carme Pinós i Desplat
• Agustí Pons i Mir
• Philippe Saman
• Mercè Sampietro i Marro
• Llorenç Sànchez i Vilanova
• Anna Soler-Pont
• Carles Vallbona i Calbó
• Emma Vilarasau Tomàs
• Miquel Vilardell i Tarrés
• Carles Vilarrubí i Carrió
• Jacint Mora i Obrador (a títol pòstum)
• Francesc Xavier Vilamala i Vilà (a títol pòstum)

Sin ánimo de cuestionar los merecimientos de los galardonados, sorprende que el número de los apellidos de origen claramente catalán supere ampliamente la proporción que estos apellidos suponen entre los de la población de Cataluña. Los apellidos más corrientes son, actualmente, originarios de otras regiones españolas, hasta el punto de que el apellido de origen catalán más común aparece en decimoséptimo lugar. 

Cabría pensar mal y suponer que el Gobierno, en definitiva de ideología nacionalista, ha elegido premiar personas "catalanas por los cuatro costados", tanto en sus orígenes como en su orientación política. Pero no creemos que un gobierno democrático actúe de forma tan partidista, sobre todo tan descaradamente. Luego hay que buscar otra explicación.

La más evidente es que el desequilibrio refleja una desproporción entre los méritos reunidos por las personas de origen catalán y las que proceden de la emigración. Que los catalanes de origen triunfan en sus profesiones o actividades, o ejecutan labores u obras de importancia para la comunidad en medida mucho mayor que quienes, ellos mismos, sus padres o abuelos, vinieron desde otros lugares.

A su vez,esta desproporción puede deberse a dos causas. La primera, que los catalanes de origen son más inteligentes, hábiles o generosos que los otros y, por ello, sobresalen sobre éstos. La segunda, que tienen mayores medios, oportunidades y contactos, por lo que, a igualdad de dotes, tienen más facilidad para sobresalir. 

En definitiva, estas listas parecen reflejar, o bien una superioridad de los catalanes "de debó" sobre los "xarnegos" o bien que la acción pública no genera una igualdad real de oportunidades. 

¿O quizá debemos volver a la idea de una selección partidista de los premiados?