Un profesor universitario se queja en "La Vanguardia" de la reducción de los fondos públicos destinados a I+D y, sobre todo, de la falta de reacción ante ella.
Afirma que "estamos condenados a ser un país con alta tasa de paro, trabajo de muy baja cualificación y sueldos de risa y cuya principal actividad económica será el cuidado de veraneantes y jubilados de toda Europa."
Tiene razón el profesor, pero confunde la causa con el efecto. No es la falta de apoyo a la investigación lo que nos condena a ser un país de camareros y albañiles. La falta de apoyo a la investigación es la consecuencia lógica del tipo de economía que han elegido quienes tienen el poder político y económico en nuestro país.
Han elegido una economía centrada en la compra del suelo, su recalificación y la construcción de segundas residencias, hoteles y viviendas para los trabajadores que emplea la misma actividad. Han elegido hacer de Barcelona un parque temático donde el turista de poco poder adquisitivo es el rey, al que se permite todo.
Por éso la crisis ha sido más grave en España y nos cuesta más salir de ella (por éso y porque a los políticos no les interesa salir de la crisis sino ganar las elecciones). Y esperan, una vez superemos la crisis, volver a lo mismo.
El gran negocio es la recalificación del suelo: permitir la construcción donde antes estaba prohibida o aumentar la edificabilidad. El pelotazo consiste en comprar suelo rústico y vender suelo urbano. Y los Ayuntamientos (y los partidos y los políticos que los forman), que aprueban los proyectos urbanísticos, se llevan parte del negocio, por lo que están interesados en mantener el mismo tipo de economía. La producción de bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo, no les resulta tan rentable, ya que sólo les aporta el rendimiento de los impuestos.
En otros sectores productivos, el arma competitiva de las empresas españolas ha sido y es un nivel salarial inferior al de los países de nuestro entorno. El proyecto de nuestros empresarios es producir lo de siempre, como siempre, ofreciendo precios bajos por la contención de los salarios.
Naturalmente, con este modelo económico, ¿para qué investigar?¿para qué mejorar la educación en todos los niveles?¿para qué pagar más a quien tenga mejor formación? Nuestras empresas desean una gran masa de trabajadores poco cualificados, que pueden ser sustituidos fácilmente y, por supuesto, cobran salarios reducidos, unos cuadros con la formación justa para desempeñar sus funciones, y una selecta élite con un nivel formativo altísimo para aquellas tareas delicadas de las que no se puede prescindir (el arquitecto del edificio emblemático, el médico de los ricos) que, si es necesario, se importan.
La reducción del apoyo a la I+D es perfectamente lógica. Pero éso no significa que sea acertada.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
viernes, 11 de septiembre de 2009
Charnego histórico
La Vanguardia publica hoy, 11 de septiembre, un sensato artículo de Pilar Rahola, en que critica la importancia que se ha atribuido, tanto desde posiciones nacionalistas catalanas como españolas, a algo tan nimio como el referendum de Arenys, olvidando, como siempre, que tenemos problemas reales y acuciantes (véase la crisis económica).
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
Sorprende, sin embargo, una metáfora del artículo. Dice Rahola que, durante un ratito, unos habrán jugado a ser Roger de Flor y los otros a ser Rodrigo Díaz de Vivar.
Roger de Flor fue un jefe de los almogávares que obtuvo victorias frente a los turcos y los alanos, en defensa del emperador de Bizancio que, finalmente, le mandó asesinar por temor a sus ambiciones políticas. Es, pues, una figura bastante acertada para representar el héroe épico de Cataluña.
Pero Roger de Flor no era catalán. Su nombre real era Roger von Blume, hijo de un caballero alemán y una dama de Brindisi, en Italia, donde nació. Fue caballero templario y, con la experiencia militar adquirida, se convirtió en caudillo de los mercenarios que la corona de Aragón envió a Oriente. Fue, pues, un charnego, que vino a Cataluña a ganarse la vida (aunque no físicamente, ya que luchó en Constantinopla).
Resulta sorprendente que una nacionalista, como es Pilar Rahola, que defiende la conservación de las esencias patrias catalanas frente a la influencia extranjera (léase española) mencione como ejemplo de héroe catalán a un charnego. Alguien que es precisamente, el portador del peligro que el nacionalismo quiere conjurar.
Pero, quizá, precisamente, la figura de Roger de Flor suponga una enseñanza: cuando estaba dispuesta a acoger el talento cualquiera que fuera su origen, Cataluña era (o formaba parte de) una potencia mundial; ahora que se cierra para defender a ultranza su catalanidad, Cataluña ha perdido incluso la posición de locomotora que venía desempeñando en España.
Qui habet aures audiendi audiat.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Remuneraciones bancarias
Los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania propondrán al G-20 establecer reglas obligatorias para las remuneraciones de los directivos de los bancos, al menos de aquéllos que desarrollen operaciones arriesgadas (¿considerarán arriesgada la concesión de préstamos con garantía hipotecaria?), según informa hoy La Vanguardia.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
Si se logran establecer unas limitaciones reales, los banqueros encontrarán la forma de burlarlas. Los directivos están interesados en ello y los consejeros o miembros de órganos de control también lo estarán, pues también obtienen pingües retribuciones por sus funciones.
Pero, de lo que nadie habla es de exigir responsabilidades a los directivos bancarios cuya codicia y temeridad, cuya infracción de las reglas de prudencia del negocio crediticio provocaron la actual crisis. Responsabilidad civil, no penal, por el daño causado a los propios bancos, a los prestatarios, a los trabajadores que han quedado sin empleo y a los Estados (o sea, a los contribuyentes de esos Estados) que han tenido que aportar fondos para reflotar los bancos y evitar males aún peores, como consecuencia de una conducta imprudente, en el mejor de los casos.
Que los banqueros ganen lo que quieran, pero que respondan con su patrimonio personal de los daños causados por sus decisiones. No bastará para resarcir las pérdidas, pero no es éso lo importante. Lo esencial es que esos banqueros que han causado el estropicio lo pierdan todo. He dicho todo, menos los bienes que la Ley declara inembargables. Que pasen de la riqueza desmedida a carecer de techo y de empleo y, si consiguen un trabajo, que les embarguen el sueldo hasta que paguen el daño que han causado. No es nada revolucionario, la Ley ya lo prevé.
Ahora bien, hay una condición: eliminar los paraísos fiscales, de forma que no sea posible ocultar la titularidad de bienes o inversiones. Que la Justicia pueda, investigando, conocer todo el patrimonio de estos delincuentes de cuello blanco, superando las trabas que suponen los testaferros, sociedades pantalla, fiduciarios y demás personas o entidades interpuestas.
Y, si finalmente se descubre que el directivo puso sus bienes a resguardo de los posibles embargos judiciales, entonces queda el código penal: es una conducta claramente constitutiva de los delitos de insolvencia punible, el alzamiento de bienes y sus variantes.
Ésta sería una sanción real de las conductas contrarias a las reglas profesionales de quienes actúan en los mercados financieros. Satisfarían a los perjudicados, pues los culpables no se irían de rositas, conservando las ganancias obtenidas y constituiría una prevención eficaz (aunque no infalible). Más eficaz, cuando menos, que limitar las retribuciones de los banqueros.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Rubalcaba: burro
Dos grandes orejas de burro, como en los antiguos colegios, se deberían aplicar al Sr. Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, por sus recientes declaraciones, que hoy recoge "La Vanguardia" digital.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
El Sr. Ministro afirma que "España no puede negar la decisión de un parlamento democrático", refiriéndose a la sentencia, aún pendiente, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta afirmación evidencia que el Sr. Rubalcaba no ha aprendido nada de derecho constitucional, pese a los años que lleva en la política o, lo que quizá sea peor, que le tiene sin cuidado la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el derecho constitucional en su conjunto.
En efecto, la función propia del Tribunal Constitucional consiste en juzgar acerca de la adecuación de los actos de los diferentes poderes del Estado de derecho a la Constitución y la expulsión del mundo jurídico de aquéllos que no se adecúan a las disposiciones de la carta magna. En particular, efectúa el control de constitucionalidad de las leyes que, en nuestro país, emanan siempre de un parlamento democrático, sea éste las Cortes generales o un parlamento autonómico. Y los preceptos que declara contrarios a la Constitución quedan sin valor alguno, no pudiendo el parlamento que los aprobó hacer otra cosa que conformarse o promover la modificación de la Constitución.
Y ésto es así porque los poderes de todos los órganos del Estado y, por tanto, también de los parlamentos, emanan de la Constitución, que recoge los principios que el pueblo, en quien reside la soberanía, ha dispuesto que rijan la vida pública. Estos principios pueden ser modificados, pero no por un parlamento constituido, sujeto a la Constitución, sino únicamente por un parlamento constituyente, habilitado para alterar la norma fundamental (más exactamente, por el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución, que puede exigir la disolución de las Cámaras y la celebración de nuevas elecciones, cuando la reforma es general o afecta a determinadas instituciones).
Por tanto, o el Sr. Pérez Rubalcaba ignora lo que no puede ignorar un político, o bien, mucho peor, piensa realmente que el pasteleo de los politicastros todo lo puede, incluso contravenir la Constitución.
Bien está que exprese su convicción de que el Estatuto es constitucional, convicción que comparten otros muchos y que puede ser refrendada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, en cualquier caso, el atentado contra la democracia no será que este órgano cumpla su función, sino que otros pretendan impedírselo.
lunes, 31 de agosto de 2009
Valores
Parece mentira que, precisamente Jordi Pujol, cuya política se caracterizó siempre por el pragmatismo y por vender su apoyo al mejor postor ("peix al cove"), se permita hoy, en "La Vanguardia" pontificar sobre valores ("Ideas, Valores, Actitudes") y condenar los valores que denomina "líquidos", enalteciendo los de carácter absoluto.
Más sorprende que lo haga en "La Vanguardia", un periódico que trata de acentuar cada vez más su ideario catalanista, y lo haga en castellano, pero sin duda sabe que, si lo hace en la que él considera la única lengua de Catalunya, le leerá menos gente. Pragmatismo triunfante, frente a ideas y valores.
Hay que recordar al Sr. Pujol que la verdad absoluta es el justificante habitual de los crímenes contra la humanidad. Que la religión verdadera dio lugar a la Inquisición y a las cruzadas. Que hoy, otra religión verdadera ampara los atentados del 11-S y del 11-M, además del trato denigrante que, en los países más fervorosamente musulmanes, recibe la mujer (y el cristianismo no está libre de pecados históricos en este sentido).
Hay que recordarle que la sagrada unidad de la Patria y, nuevamente, la fe verdadera, fueron las coartadas de la rebelíón y la dictadura franquistas. Que la verdad histórica de la teoría marxista justificó y justifica los regímenes totalitarios comunistas. Que la superioridad de la raza aria, probada científicamente (bueno, éso decían ellos), llevó al exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y, en definitiva, todos aquéllos que no podían servir ni siquiera como esclavos del Tercer Reich.
Que el dogma que defiende el Sr. Pujol ("Catalunya és una nació"), verdad indiscutible, ha justificado la violencia de Terra Lliure, como un dogma equivalente sigue justificando los crímenes de ETA. El que, conociendo la verdad, no la acepta, se pone conscientemente del lado de la mentira y del mal, y por tanto, en defensa de la verdad, el creyente debe exterminarlo.
La única solución consiste en no confundir nunca las creencias con verdades absolutas. El otro puede ver aspectos de la realidad que a mi se me escapan, tener prioridades distintas, que le hagan valorar negativamente lo que a mi me parece indudablemente positivo.
Quizá, como mucho, podamos decir que una idea, un valor, funciona mejor que otro, que es más útil para que los seres humanos, todos, vivamos un poco mejor, en paz, en un mundo un poco más justo y mejor repartido. Y que no intentemos imponer a los demás nuestros valores que, muchas veces, no son sino una traducción de nuestros intereses. Y, también aquí, que el Sr. Pujol vea qué intereses defienden los valores que el considera absolutos.
Más sorprende que lo haga en "La Vanguardia", un periódico que trata de acentuar cada vez más su ideario catalanista, y lo haga en castellano, pero sin duda sabe que, si lo hace en la que él considera la única lengua de Catalunya, le leerá menos gente. Pragmatismo triunfante, frente a ideas y valores.
Hay que recordar al Sr. Pujol que la verdad absoluta es el justificante habitual de los crímenes contra la humanidad. Que la religión verdadera dio lugar a la Inquisición y a las cruzadas. Que hoy, otra religión verdadera ampara los atentados del 11-S y del 11-M, además del trato denigrante que, en los países más fervorosamente musulmanes, recibe la mujer (y el cristianismo no está libre de pecados históricos en este sentido).
Hay que recordarle que la sagrada unidad de la Patria y, nuevamente, la fe verdadera, fueron las coartadas de la rebelíón y la dictadura franquistas. Que la verdad histórica de la teoría marxista justificó y justifica los regímenes totalitarios comunistas. Que la superioridad de la raza aria, probada científicamente (bueno, éso decían ellos), llevó al exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y, en definitiva, todos aquéllos que no podían servir ni siquiera como esclavos del Tercer Reich.
Que el dogma que defiende el Sr. Pujol ("Catalunya és una nació"), verdad indiscutible, ha justificado la violencia de Terra Lliure, como un dogma equivalente sigue justificando los crímenes de ETA. El que, conociendo la verdad, no la acepta, se pone conscientemente del lado de la mentira y del mal, y por tanto, en defensa de la verdad, el creyente debe exterminarlo.
La única solución consiste en no confundir nunca las creencias con verdades absolutas. El otro puede ver aspectos de la realidad que a mi se me escapan, tener prioridades distintas, que le hagan valorar negativamente lo que a mi me parece indudablemente positivo.
Quizá, como mucho, podamos decir que una idea, un valor, funciona mejor que otro, que es más útil para que los seres humanos, todos, vivamos un poco mejor, en paz, en un mundo un poco más justo y mejor repartido. Y que no intentemos imponer a los demás nuestros valores que, muchas veces, no son sino una traducción de nuestros intereses. Y, también aquí, que el Sr. Pujol vea qué intereses defienden los valores que el considera absolutos.
jueves, 6 de agosto de 2009
Políticos
Arturo Pérez Reverte ha plasmado perfectamente lo que probablemente sea el sentimiento compartido por una amplia capa de la población española respecto de los políticos que padecemos. http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_edicion=4307&id_firma=9091
Sorprende, sin embargo, que diga que hace veinte o treinta años él admiraba a los políticos de entonces. Hace treinta años gobernaba la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Hace veinte, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por el tándem Felipe González - Alfonso Guerra. Sobre todo éste último gobierno se vió salpicado por buen número de casos de corrupción que, finalmente, tuvieron buena parte en el vuelco electoral y el triunfo del Partido Popular de José Mª Aznar.
Sin embargo, creo que todos estábamos convencidos de que, incluso con sus casos de corrupción, aquellos gobiernos trataban de trabajar por el bien común (y por el suyo; todo el que trabaja lo hace, en definitiva, por ganarse la vida). Unos cuantos socialistas, qué duda cabe, aprendieron a utilizar el poder para beneficiarse personalmente, más allá de lo que permite la Ley. Pero el Gobierno, los gobiernos, además, trataron de llevar a la práctica las ideas que tenían acerca de la mejor gestión de los intereses generales. A veces, esas ideas podían ser insensatas; otras, su puesta en práctica resultó nefasta. Pero ése es el riesgo de la democracia: elegimos a quien nos parece que ha de hacerlo mejor, nos podemos equivocar y nunca sabemos realmente si nos hemos equivocado (nunca sabemos qué hubiera hecho realmente el otro).
Los políticos de hoy, en cambio, han olvidado completamente el interés público y se limitan a hacer lo que creen que les ha de beneficiar, personalmente o al partido. Son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos para los ciudadanos que, pacientemente, les votamos (o no) y, con seguridad, pagamos sus sueldos, sus escoltas, sus guateques, sus viajes, sus coches oficiales y los medios de comunicación que les dan la sensación de ser personas importantes.
El Gobierno no tiene empacho en negar una crisis evidente y creciente, sólo porque le interesaba electoralmente y, cuando la admite, sus medidas no se dirigen a combatir o paliar la crisis, sino a preparar las elecciones. Y la oposición, si hace algo, es sólo para desgastar al Gobierno, o sea, para lograr acceder al gobierno.
No es de extrañar que añoremos aquellos tiempos en que los políticos hacían como todo el mundo: trabajar en beneficio propio (todos queremos el sueldo que nos pagan para vivir lo mejor posible), pero conscientes de que ello implicaba atender a los intereses del pagador. Ahora, los políticos quieren que les paguemos el sueldo sólo por ocuparse de sus propios intereses. Y un día nos podemos cansar.
Sorprende, sin embargo, que diga que hace veinte o treinta años él admiraba a los políticos de entonces. Hace treinta años gobernaba la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Hace veinte, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por el tándem Felipe González - Alfonso Guerra. Sobre todo éste último gobierno se vió salpicado por buen número de casos de corrupción que, finalmente, tuvieron buena parte en el vuelco electoral y el triunfo del Partido Popular de José Mª Aznar.
Sin embargo, creo que todos estábamos convencidos de que, incluso con sus casos de corrupción, aquellos gobiernos trataban de trabajar por el bien común (y por el suyo; todo el que trabaja lo hace, en definitiva, por ganarse la vida). Unos cuantos socialistas, qué duda cabe, aprendieron a utilizar el poder para beneficiarse personalmente, más allá de lo que permite la Ley. Pero el Gobierno, los gobiernos, además, trataron de llevar a la práctica las ideas que tenían acerca de la mejor gestión de los intereses generales. A veces, esas ideas podían ser insensatas; otras, su puesta en práctica resultó nefasta. Pero ése es el riesgo de la democracia: elegimos a quien nos parece que ha de hacerlo mejor, nos podemos equivocar y nunca sabemos realmente si nos hemos equivocado (nunca sabemos qué hubiera hecho realmente el otro).
Los políticos de hoy, en cambio, han olvidado completamente el interés público y se limitan a hacer lo que creen que les ha de beneficiar, personalmente o al partido. Son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos para los ciudadanos que, pacientemente, les votamos (o no) y, con seguridad, pagamos sus sueldos, sus escoltas, sus guateques, sus viajes, sus coches oficiales y los medios de comunicación que les dan la sensación de ser personas importantes.
El Gobierno no tiene empacho en negar una crisis evidente y creciente, sólo porque le interesaba electoralmente y, cuando la admite, sus medidas no se dirigen a combatir o paliar la crisis, sino a preparar las elecciones. Y la oposición, si hace algo, es sólo para desgastar al Gobierno, o sea, para lograr acceder al gobierno.
No es de extrañar que añoremos aquellos tiempos en que los políticos hacían como todo el mundo: trabajar en beneficio propio (todos queremos el sueldo que nos pagan para vivir lo mejor posible), pero conscientes de que ello implicaba atender a los intereses del pagador. Ahora, los políticos quieren que les paguemos el sueldo sólo por ocuparse de sus propios intereses. Y un día nos podemos cansar.
lunes, 3 de agosto de 2009
Regalos
Espectacular. Increíble. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa contra Camps y Costa porque no se ha descubierto relación entre los regalos que recibieron y adjudicaciones de contratos públicos a favor de Orange Market. Costa, además, como diputado autonómico, no podía influir en la elaboración de leyes que pudiesen favorecer a la generosa empresa.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
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