domingo, 28 de septiembre de 2014

Mis razones contra la independencia

El nacionalismo catalán es el proyecto político que persigue la construcción nacional de Cataluña, es decir, el predominio de los elementos claramente emocionales que, a juicio de los nacionalistas, construyen la identidad catalana: la lengua y la cultura basada en ella, fundamentalmente.

La independencia de Cataluña es, al propio tiempo, la consecuencia lógica y una condición sine qua non de dicho proyecto: una vez Cataluña sea una nación, carece de sentido que forme parte de un Estado en que coexista con otras naciones o, en otras palabras, donde esos elementos identitarios no sean predominantes. Pero también, para conseguir ese predominio es imprescindible eliminar la protección que el Estado español representa para los elementos foráneos, en otras palabras, para la lengua y la cultura españolas (dentro de Cataluña, obviamente).

Para quien escribe estas líneas, nacido en Cataluña de padres no catalanes, educado en lengua castellana, que aprendió el catalán en la edad adulta y vinculado emocionalmente a España, pero también a Cataluña, el proyecto nacionalista y la independencia como consecuencia obligada y herramienta para la consecución de dicho proyecto plantean un dilema: optar por una u otra identidad. Si Cataluña se convierte en un Estado - nación, deberé abandonar parte de mi identidad y asumir como propios los elementos que, a juicio de los nacionalistas, determinan la identidad catalana. Si no quiero hacerlo, seré un extranjero en Cataluña, o deberé emigrar a otro país, donde también seré extranjero, totalmente o, en el caso de España, por mi vinculación emocional con Cataluña.

Las celebraciones del tricentenario de la toma de Barcelona por las fuerzas de Felipe V son una expresión perfecta de esta situación: para los nacionalistas catalanes, los catalanes que apoyaron al archiduque Carlos eran y son los buenos y los españoles eran y son los malos. Ante este maniqueísmo, uno debe optar por el bien o por el mal. Planteado el problema en estos términos, no caben la síntesis o el compromiso.

Pero, naturalmente, si que caben soluciones. En primer lugar, reconocer que estamos en el siglo XXI y que el mundo, Cataluña y España han cambiado. Aceptar nuestra propia responsabilidad ante los desafíos de la vida actual, en lugar de pretender aplicar una receta de hace tres siglos. Reconocer a los demás el derecho a tener sus propios sentimientos, sin pretender en ningún caso imponerles los nuestros. Y, sobre todo, admitir que el mundo no es, ni puede ser perfecto.

Por lo que a mi respecta, me niego a definirme en términos de la Guerra de Sucesión. No quiero renunciar a ninguna parte de mi identidad (si acaso a mis defectos, si forman parte de ella). No quiero imponer a nadie mis sentimientos; sólo que los demás los respeten como yo respeto los sentimientos ajenos.

Hoy mismo, tengo claro que una Cataluña independiente no satisfaría estos deseos, porque el objetivo de la independencia es construir una sociedad no solo distinta, sino contraria a ellos. Por ello soy partidario de que Cataluña siga formando parte del Estado español, aunque ello suponga también soportar elementos que me desagradan.

P.S.: Si alguien lee estas líneas, le ruego que advierta que no aparecen en ellos los términos "nación española", "Constitución", "sagrada unidad de la Patria" u otros similares. 

domingo, 31 de agosto de 2014

Nacionalismo e Historia

Por regla general, todos tenemos unos sentimientos acerca del lugar de donde procedemos, del grupo humano al que, por nacimiento y educación, pertenecemos. Normalmente, tales sentimientos son favorables, en cuanto hemos interiorizado los elementos comunes de dicho grupo y, por tanto, pensamos favorablemente acerca de algo que forma parte de nosotros mismos.

Estos sentimientos son normales e, incluso, es posible que hayan sido importantes para nuestra supervivencia como especie: como animales sociales, nos han facilitado la incorporación al grupo, la tribu o el clan y el trabajo o el sacrificio por dicho grupo, tribu o clan.

Por supuesto, en la actualidad, nadie conoce a todos los miembros, ni siquiera todos los asentamientos de su grupo de pertenencia: ni siquiera en países pequeños un ciudadano conoce a todos los demás, o todas las poblaciones y lugares de su país de origen o de residencia. Por ello, vinculamos nuestro sentimiento de pertenencia a unas generalizaciones, a unos elementos ideales que consideramos representativos de nuestro grupo o país, que pueden ser la lengua, la religión, las costumbres u otros similares que, a nuestro entender, nos unen a nuestros compatriotas y nos diferencian de los extranjeros, de los otros.

Pero el nacionalismo político es otra cosa. El nacionalismo político sólo surge cuando consideramos que esos elementos representativos de nuestro país y, por tanto, este mismo, corren el riesgo de desaparecer como consecuencia de la acción de elementos extraños, ya sea la pertenencia a un Estado en que esos elementos no son compartidos por todos sus integrantes, ya por la presencia de inmigrantes de otros orígenes que, igualmente, no comparten tales elementos integradores. El nacionalismo es el proyecto de crear un país en que predominen esos elementos que consideramos definitorios del país con el que nos identificamos.

Por ello, por ejemplo, pese a las reiteradas referencias del general De Gaulle a la "grandeur" de Francia, no creó un partido nacionalista francés, sino que éste surgió cuando Le Pen aglutinó el miedo a la inmigración y al riesgo de que Francia perdiese su esencia por la entrada de inmigrantes.

De igual manera, en España los denominados "nacionalismos periféricos" surgen como proyecto de construir países en que los correspondientes elementos integradores (fundamentalmente la lengua) sean predominantes. Los partidos de ámbito estatal no pueden ser calificados como partidos nacionalistas (españoles) en cuanto sus integrantes sienten que sus propios elementos integradores son ya hegemónicos. Sólo cuando esta hegemonía es contestada desde la periferia, surgen partidos que hacen bandera del proyecto de defender y mantener tal hegemonía, aunque sus votantes y partidarios ya compartiesen los sentimientos de pertenencia que subyacen bajo tales proyectos.

Cosa distinta es la retórica de los diferentes partidos. Cada uno de ellos afirma que, en el pasado, sus elementos integradores eran hegemónicos en los correspondientes grupos y, de ello, extraen la consecuencia de que así debe seguir siendo por siempre. Con ello incurren en un doble error: consideran que la Historia es definitiva y vinculante, pero sólo en cuanto al período que se ajusta a sus proyectos. Para el nacionalismo español, los siglos en que la Península estuvo dividida en una pluralidad de reinos son sólo preparatorios de la unión bajo una sola monarquía (y la separación de Portugal es un hecho antihistórico que debe ser corregido algún día), mientras para el nacionalismo catalán los siglos de pertenencia a la monarquía española son tan solo producto de una imposición y, por tanto, pueden ser borrados de la Historia.

No podemos modificar la Historia, pero eso no significa que no podamos, en el presente, decidir hacia dónde queremos dirigirnos en el futuro, siendo siempre conscientes de que esas metas podrán, a su vez, ser modificadas o abandonadas. Pero, en cualquier caso, al mirar hacia atrás, al tratar de aprender de la historia, no podemos fijar nuestro campo de visión únicamente en el período que nos interesa, prescindiendo de aquéllos que no convienen a nuestros prejuicios, pues ello equivale a edificar castillos en las nubes.

¿Qué conclusiones podemos extraer? La primera, que en esta materia predominan los sentimientos y, como no es posible imponer o corregir sentimientos, debemos tratar de evitar que el debate político se centre en este ámbito. Y, en segundo lugar, que la idea de que la Historia es vinculante es profundamente antidemocrática y, por tanto, debe ser rechazada. Debemos construir la casa en la que hemos de vivir nosotros y que, presumiblemente, hemos de dejar a nuestros hijos, que se encargarán de hacer las reformas que su tiempo requiera. No estamos obligados a vivir en la casa de nuestros abuelos, como nuestros nietos no estarán obligados a vivir en la nuestra.


domingo, 26 de enero de 2014

La dignidad del sirviente

En su artículo "Fue hermoso mientras duró" (La Vanguardia, 25 de enero de 2014, pág. 28) Juan-José López Burniol afirma que, el que un socialista procedente de la inmigración -José Montilla- alcanzase la presidencia de la Generalitat honra tanto al país que lo hizo posible por su talante abierto como a quien asumió el cargo por la dignidad con que la ejerció. (Ir al artículo)

José Montilla había sido durante muchos años alcalde de una localidad tan importante como Cornellà de Llobregat y, antes de asumir la presidencia de la Generalitat, ministro del Gobierno español. ¿Por qué, pues, el Sr. López-Burniol destaca la dignidad con que ejerció el cargo, como si fuese dudoso, a priori, que estuviese a la altura e, incluso, como si fuera sorpredente? ¿Hablaría de la dignidad con que ejercieron el mismo cargo Pujol, Maragall o Mas?

Pese a su talante moderado, se le escapa aquí al señor notario el prejuicio fundamental del nacionalismo (no de CiU, sino de todos los que defienden que Cataluña es una nación): los catalanes son superiores, los dueños de la finca , por eso, tienen derecho natural a gobernar. Los charnegos (la palabra es tabú, pero es la que cuadra al concepto) son unos advenedizos, buenos sólo para servir, para obedecer.

Esta idea es profundamente antidemocrática, ya que es contraria a la igualdad de todos los ciudadanos, sin que puedan admitirse diferencias por causas tales como el sexo, la raza, la religión, el origen...Las diferencias deben venir determinadas por el mérito, por la preparación, por la ejecutoria y, en último término, por el apoyo de los votantes según el viejo dicho: un hombre (una persona) un voto.

La realidad que el Sr. López-Burniol describe en su artículo es la expresión de este mismo prejuicio: un partido en que los líderes pertenecían a la burguesía catalana de toda la vida, nacionalistas, pero con ideas progresistas, y las bases procedían mayoritariamente de la inmigración, votando al mismo partido, al aparecer el PSC como franquicia del PSOE, aunque tal vez no al mismo ideario, ya que éste lo imponían las élites según sus criterios. La contradicción tenía que manifestarse en algún momento.

La solución ha de ser, necesariamente, el abandono del prejuicio y de la política de asimilación de los charnegos (la mayoría) por parte de los "catalanes de toda la vida", es decir, la aceptación por parte de los primeros de la lengua, cultura y sentimientos de los segundos, que es la plasmación de ese prejuicio. Cataluña es mestiza, plural y un país democrático no puede dar la espalda a esta realidad. 

domingo, 29 de diciembre de 2013

Legalidad

Las autoridades, civiles y, sobre todo, militares que permanecieron fieles a la República durante al Guerra Civil española fueron después condenadas por los sublevados victoriosos. Paradójicamente, el delito que se les imputó fue el de rebelión militar, el mismo que habían cometido los vencedores.

La  argumentación que utilizaron para ello fue que, una vez producido el pronunciamiento, la legitimidad correspondía a los rebeldes y prevalecía sobre la legalidad, de forma que todos estaban obligados a unirse y someterse al bando nacional. Quien no lo hizo, ajustándose a la legalidad republicana, se rebeló contra la supuesta legitimidad del levantamiento franquista.

No pretendo, en modo alguno, comparar o equiparara los actuales independentistas catalanes con los sublevados de 1936. Pero su argumentación es la misma: el derecho a decidir que alegan no está reconocido en ningún texto legal, interno o internacional, pero lo esgrimen como si procediese de una norma de rango superior a la misma Constitución. Así, exigen un referéndum sobre la independencia de Cataluña prescindiendo de los límites constitucionales de dicha figura: referéndum consultivo de todos los ciudadanos, señala el artículo 92 de la Constitución, que añade que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Es decir, generalidad y un procedimiento riguroso.

Como se ha señalado en otra entrada de este blog, es posible resolver la situación con arreglo al ordenamiento jurídico vigente. Pero, lo importante es que, si prescindimos del principio de legalidad en virtud de una supuesta legitimidad superior a la ley formal, convertimos a esta legitimidad en norma suprema que todo lo justifica. Como condenar a quien cumplió las obligaciones que le imponían la Constitución y las leyes como rebelde, precisamente por parte de unos rebeldes. 

Addenda a "El coste de la independencia"

Una pregunta me ronda la cabeza desde hace días. Creo que es importante para muchos ciudadanos catalanes que, como yo, contemplan la jubilación como un acontecimiento relativamente próximo (aunque no sepamos de cuantos años hablamos, como consecuencia de la crisis económica que no ha acabado).

La Seguridad Social a la que hemos estado cotizando durante nuestra vida profesional, en cuanto a la prestación de jubilación, al menos, se basa en un sistema de capitalización, aunque no puro: existe un fondo de reserva constituido por las aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores, que se ha de destinar al pago de las pensiones.

El importe de la pensión depende de lo aportado para cada trabajador, es decir, del número de años cotizados y del importe de las aportaciones, determinado en función de la escala salarial. Para tener derecho a la prestación, es preciso haber cotizado durante un número suficiente de años y el importe se determina de acuerdo con las cuantías cotizadas durante el número de años que determina la Ley, partiendo de la fecha de jubilación.

Pues bien, ¿qué ocurrirá con las pensiones en caso de que Cataluña se independice? Quienes ya hubiesen empezado a percibir las prestaciones no tendrán más problemas que los de un pensionista expatriado: seguirán cobrando de la Seguridad Social española. Pero quienes no hayan alcanzado la edad de jubilación ¿tendrán derecho a percibir algún importe de la Seguridad Social española, no habiendo cotizado a la misma durante los últimos años de su vida profesional? ¿Tendrán derecho a percibir una pensión de la Seguridad Social catalana, no habiendo cotizado a la misma más que unos pocos años (desde la independencia hasta la jubilación)?

Si la independencia se produjera de forma amistosa cabría negociar la división del fondo de reserva: la Seguridad Social catalana podría percibir la parte del fondo correspondiente a los trabajadores catalanes, asumiendo el pago de las correspondientes pensiones, con lo que se reproduciría (aproximadamente) la situación actualmente normal: se podría computar, para determinar el derecho a la prestación y su importe la totalidad de la vida laboral.

Pero, en caso de separación unilateral, la Seguridad Social española retendrá el fondo de reserva, y pagará a los trabajadores catalanes, cuando se jubilen, únicamente si, en los años en que hayan cotizado, han devengado derecho a la prestación, es decir, no computarán los años posteriores a la independencia, en que el trabajador ya habrá cotizado a la Seguridad Social catalana. Ésta, por su parte, sólo concederá pensión a quienes cumplan los requisitos de cotización que se establezcan que, lógicamente, no podrán tomar en consideración las cotizaciones a la Seguridad Social española.

Creo que la cuestión tiene importancia suficiente como para exigir que nos la aclaren antes de que se celebre cualquier consulta o se adopte cualquier decisión en este sentido. Como cantaba Lluís Llach, ...la fe no ens farà viure del passat.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Independencia, democracia y legalidad

Desde un punto de vista de derecho positivo, tiene razón Rajoy cuando afirma que la Constitución no permite celebrar un referéndum entre los catalanes acerca de la independencia de Cataluña.

Sin embargo, parece que también los independentistas están cargados de razón cuando afirman que es antidemocrático negarse a consultar a los ciudadanos acerca de un punto esencial de la organización política de la que forman parte.

En realidad, ambas partes están en ámbitos diferentes que se rigen por reglas diferentes. Los independentistas olvidan que un elemento esencial de la democracia es el Estado de derecho, el principio de legalidad: en democracia, la voluntad de los ciudadanos se traduce en leyes obligatorias para todos, tanto los que han votado (directamente o a través de representantes) a favor, como los que han votado en contra. Si las leyes no se cumplen, no hay democracia porque la voluntad de los ciudadanos no decide, no llega a determinar la realidad.

Ahora bien, Rajoy olvida que la Constitución prevé su propia reforma, por lo que, dentro del sistema legal, es posible cambiar todas las leyes, incluidos los artículos esenciales del texto constitucional. Por tanto, es posible conciliar ambos niveles, respetando el texto y el espíritu de la Constitución de forma estrictamente democrática.

Una vía para ello sería modificar la Constitución (por el procedimiento previsto en su artículo 168, que incluye un referéndum entre todos los ciudadanos españoles) para reconocer a Cataluña (rectius, a los ciudadanos de Cataluña) el derecho de autodeterminación. No obstante, esta vía parte de suponer que los ciudadanos de Cataluña quieren la independencia, lo que, en cualquier caso, no se les ha preguntado de forma explícita y vinculante, previo el correspondiente debate.

Por ello, parece mejor, menos complejo, plantear primero una consulta no vinculante (o vinculante sólo para el gobierno de la Generalidad) acerca de la voluntad de los catalanes de constituirse en un estado independiente y, sólo si la respuesta es afirmativa, iniciar el proceso de reforma constitucional.

En este proceso tendría un papel esencial la pregunta que formulábamos en otra entrada del blog: ¿Qué argumentos permitirían al resto de España obligar a Cataluña a permanecer unida al Estado español, simplemente por el juego de las mayorías?

Entendemos que este mecanismo es perfectamente legal, ya que no se atribuye a los catalanes una decisión que la Constitución atribuye a todos los ciudadanos españoles, y permite tanto a unos como a otros expresar democráticamente su voluntad. Además, no supone reconocer  a Cataluña el denominado "derecho a decidir" (la facultad de decidir unilateralmente su separación de España) si saber siquiera si es solicitado por la mayoría de los ciudadanos catalanes.

(Se han pronunciado en términos semejantes en "La Vanguardia" Francesc de Carreras y José Arias Velasco y no descartamos otros textos en sentido similar en otros medios).

jueves, 13 de junio de 2013

Opresión fiscal

Hoy, 13 de junio de 2013, el Vicedirector de "La Vanguardia" acaba su editorial titulado "¡Menudo día! con las siguientes palabras: Sobre el salvaje golpe propinado por el jacobinismo represor contra nuestro Messi, opinaremos si abandonamos la UCI.http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54375599070/index.html

Sin duda, el Sr. Abián considera que la querella por delito contra la Hacienda Pública presentada por el Fiscal contra Leo Messi y su padre constituye un ataque a Cataluña ordenado por la caverna nacionalista española a sus esbirros de las fuerzas de ocupación, la Fiscalía y Hacienda. En la Cataluña independiente que desea "La Vanguardia", ésto no pasaría.

¿Por qué no pasaría? Hay dos posibilidades. Según la versión, un tanto optimista, del portavoz de la Generalidad, en una Cataluña independiente los contribuyentes pagarían alegremente sus impuestos, porque la Agencia Tributaria catalana sería una institución modélica. Lo que ocurre ahora es que los defraudadores fiscales practican una política de resistencia activa contra la opresión española en el ámbito tributario y esta política no tendría razón de ser en una Cataluña independiente.

Más realista parece la segunda posibilidad: en una Cataluña independiente, se inspeccionaría a quien decidiese el Gobierno de la Generalidad que, naturalmente, se cuidaría muy mucho de dejar que la Agencia Tributaria de Cataluña molestase a quienes el poder político desea proteger.

O sea, que si algunos defraudadores son descubiertos y llevados a juicio en Cataluña es solo porque actúa la odiada Hacienda estatal. ¿Verdad, Sr. Millet?